Más de seis millones de jubilados y pensionados -6.644.764 para ser exactos- casi  volvieron a ser víctimas de un injustificado ajuste del gobierno nacional de Cambiemos, ante un intencionado error técnico de cálculo en el cómputo para la actualización de los haberes jubilatorios dispuesta por la normativa previsional vigente desde 2009. Si bien el Gobierno Nacional decidió revertir y dejar sin efecto la polémica resolución 807/2017 de la ANSeS que disminuía la fórmula que fijaba el ajuste semestral de los haberes previsionales de 12,96% a 12,65%, significando un recorte de más de 132 millones de pesos –casi en sintonía con la recomendación efectuada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Reporte 16/346 para corregir el “desfasaje previsional” en la Argentina. Mario Quintana, secretario de Estado, nos lanzó la pregunta: Qué son veinte pesos. En el proceso inflacionario de nuestra economía, podríamos decir con toda certeza que veinte pesos no llegan a significar las famosos “tres empanadas”, fragmento de un guión de una célebre película argentina de Jacobo Langsner y Alejandro Doria. Y esa pregunta, lejos de legitimar una respuesta fundada, le procede la formulación de interrogantes siempre postergados en la agenda política. ¿Qué son treinta años de aportes? ¿Para cuándo el 82% móvil?

Desde 1958, la Argentina fijó la movilidad del haber previsional en el susodicho porcentual reclamado y judicializado en tiempos coetáneos de la democracia argentina. Los derechos de la Seguridad Social, bajo el precepto de garantizar el principio de una jubilación digna para todo trabajador, fueron por primera vez contemplados en la Constitución Nacional de 1949 y sostenido en la reforma de 1957. En 1992, la jubilada y devenida en activista Norma Pla, exponía al desnudo la verdad de un sistema jubilatorio menesteroso que no permitía a nuestros trabajadores pasivos poder gozar de un retiro digno, enfrentando al entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, a quien le reclamaba el pago de 450 pesos como jubilación mínima. De aquellos 150 pesos argentinos en tiempos de la Convertibilidad del Austral, que constituían la jubilación mínima, el vicejefe de Gabinete de la Nación no entendía cómo los corrían por “corregir” un error por veinte pesos. Faltaba nada más que se quebrara en llanto como el ex ministro de Economía, para trazar la verosimilitud de la comparación.

La lucha de Norma Pla fue el ocaso del neoliberalismo menemista, al demostrar una de las tantas caras ocultas de la miseria argentina ante un modelo económico abrasivo y una matriz de saqueo perpetuada en la administración del Estado, conservada y amplificada luego por el duhaldismo y en la década del kirchnerismo. La crisis del 2001, ante la ineptitud y complicidad de La Alianza, terminó de empobrecer a los millones de jubilados y pensionados argentinos, que vieron su poder adquisitivo aniquilado, el brutal recorte del 13% de sus jubilaciones, sus ahorros secuestrados y la imposibilidad de acceso a una nueva fuente de ingresos capaz de garantizar su subsistencia.

A lo largo del último decenio, más de 440.000 jubilados judicializaron el reajuste de sus haberes jubilatorios, reivindicando sus derechos constitucionales, vulnerados ante el sistema previsional de la Ley 24.463 de “Solidaridad Previsional”, logrando la jurisprudencia que el kirchnerismo optó por no obedecer, a pesar del compromiso asumido frente la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el pago oportuno de las sentencias y el desistimiento de los recursos apelatorios para aletargar la resolución judicial en beneficio de los jubilados. Badaro, Sánchez y Elliff son algunos de aquellos fallos, muchos de los cuales dieron el pie para impulsar las sentencias de los reajustes jubilatorios de miles –alrededor de 380.000- de trabajadores pasivos, que a pesar de obtener una sentencia firme y consentida –se estima un total de 60.000 adultos mayores litigantes- nunca llegaron a ver la liquidación de sus haberes reactualizados en vida y aún esperan la debida reparación histórica, lejos de la falsedad propuesta por la Ley 27.260 que obliga a los jubilados a desistir de la vía judicial y a consentir una sustancial quita –hasta un 70%- de sus haberes devengados. Debemos comprender que no es menor la declaración de emergencia en materia de “litigiosidad previsional” de un gobierno que quiere aumentar la edad jubilatoria de las mujeres a 65 y los varones a 70 años, cancelar los planes de moratoria previsional e implementar un sistema de asignaciones sociales para la vejez que no den derecho a una pensión, recortando el alcance de los beneficios de la Seguridad Social.

La jubilación debe ser el sustituto del salario de un trabajador, tal como se desprende del Art. 14 bis de la Constitución Nacional. Son pocas las provincias, como Santa Fe, que cumplen y garantizan el 82% móvil para sus jubilados y pensionados. Lo que debemos comprender es que el 82% móvil no resulta una cuestión ajena a la realidad de los trabajadores activos. El porcentual objeto de disputa, denegada por el ex director de la ANSeS y líder del Frente Renovador Sergio Massa por “no ser posible”, vetada por la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2010 por ser una “ley de quiebra”, resultó siempre financiable con el polémico Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), una de las principales arcas del financiamiento político del kirchnerismo, con un capital que rondaría más de $ 90.000 millones de pesos hasta el año 2016, que posibilitó los contratos con la AFA por el enviciado Programa “Futbol para Todos” cuya rescisión bilateral del contrato costará para todos los argentinos más de $ 350 millones de pesos. A pesar de que los tres candidatos presidenciales de 2015, Daniel Scioli (PJ – Frente para la Victoria), Sergio Massa (Frente Renovador) y Mauricio Macri (PRO – Cambiemos), prometieron el 82% móvil, lejos estuvieron y están sus acciones para establecer dicha política previsional.

En enero 2017 se fijó en $8.060 pesos el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Considerando dicha remuneración, de aplicarse el 82% móvil, el haber jubilatorio mínimo debería ser de $6609,20 pesos, unos $155,48 pesos más de la actual jubilación mínima establecida ($6.453,72.-) a partir de marzo. Quizás Quintana debería repreguntarse qué son $ 20 pesos. En la Argentina de hoy, dependiendo en dónde nos ubiquemos podemos llegar a pagar una docena de empandas con $ 155 pesos, aunque la variedad de precios hace honor al consejo de Lita de Lázzari: «hay que caminar». Es evidente que el reclamo por el 82% móvil, puede quizás hasta parecer obsoleto, pero nunca es menor. El trasfondo del debate es la lucha de la equiparación del salario mínimo vital y móvil con el cómputo de la Canasta Básica, y por ende su extensión a las jubilaciones. A partir de la Encuesta de Gastos y Consumos del INDEC (Diciembre 2016), se estima que la Canasta Básica Total se ubica en $13.155,83 pesos para no estar bajo la línea de pobreza.  De guiarnos por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, la Canasta Básica está cerca de triplicar el salario mínimo.

Sólo tres economías según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) superan la tasa jubilatoria del 82%, siendo Holanda (88,9%), Luxemburgo (90,1%) y Grecia (95,7%), estando casi equiparados con España (81,2%). Aunque el verdadero trasfondo no es el porcentual de la tasa, sino el poder adquisitivo del trabajador frente a la inflación lo que hace a las grandes desigualdades a las que nos vemos sometidos.

El Partido Socialista tiene el deber de volver a impulsar el reclamo del 82% móvil de los jubilados y pensionados en el Congreso de la Nación hasta la sanción y promulgación definitiva de la ley que fije la tasa de reemplazo o sustitución, así como determinar y actualizar periódicamente el salario mínimo vital y móvil acorde a los índices de la canasta básica, para garantizar una calidad de vida digna para los trabajadores y sus jubilados y pensionados.