{"id":11218,"date":"2020-12-23T11:59:01","date_gmt":"2020-12-23T14:59:01","guid":{"rendered":"http:\/\/159.65.255.251\/?p=11218"},"modified":"2021-02-08T11:40:11","modified_gmt":"2021-02-08T14:40:11","slug":"licencia-social-para-salvar-al-ambiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavanguardiadigital.com.ar\/index.php\/2020\/12\/23\/licencia-social-para-salvar-al-ambiente\/","title":{"rendered":"Licencia social para salvar al ambiente"},"content":{"rendered":"\n
La Ley General del Ambiente, en casi dos d\u00e9cadas de vigencia, no ha sido \u00fatil para frenar los desastres ambientales en la Argentina. En esta columna se sostiene que la causa es que no establece como vinculante la consulta a la ciudadan\u00eda (\u201clicencia social\u201d), por eso mismo es necesario que ese mecanismo se plasme en una ley.<\/em><\/strong><\/h5>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Todo parece indicar que la\ndecisi\u00f3n del oficialismo es que la Ley de Humedales no se tratar\u00e1 en lo poco\nque queda del a\u00f1o legislativo. A pesar de que existe un texto consensuado, a\npesar de que tuvo dictamen inicial tras cotejar y limar diferencias entre\nquince proyectos, a pesar del protagonismo de las organizaciones de la\ncomunidad, que fue central para ese consenso. Y ese texto consensuado, de\naprobarse, ser\u00eda un gran avance en muchos sentidos.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, aunque el Congreso la aprobara en extraordinarias, aunque a los legisladores actuales les diera un repentino ataque de conciencia ambiental, esa ley no frenar\u00eda los desastres ambientales presentes ni futuros. Como no ha logrado frenarlos, en casi dos d\u00e9cadas de vigencia, La Ley General del Ambiente, que no ha sido \u00fatil para impedir la mayor parte de los conflictos socioambientales en la Argentina. <\/p>\n\n\n\n

Ese es el aspecto en el que me quiero enfocar en esta columna y que es, a mi juicio, un d\u00e9ficit presente desde hace a\u00f1os en cada discusi\u00f3n sobre tem\u00e1ticas ambientales. Se trata de la forma en que la legislaci\u00f3n sigue considerando la participaci\u00f3n social en estos asuntos. En otras palabras, el rol que juega la comunidad en la autorizaci\u00f3n (o no) de cualquier proyecto que potencialmente afecte lo ambiental. Y aqu\u00ed debo hacer un rodeo peque\u00f1o: esta cuesti\u00f3n se vincula con nuestra definici\u00f3n de democracia. <\/p>\n\n\n\n

En las luchas ambientales, esa idea de democracia profunda se ha expresado en una consigna: el derecho a la \u201clicencia social\u201d. La idea de que la formulaci\u00f3n de pol\u00edticas que regulen la gesti\u00f3n de los bienes comunes debe garantizar procedimentalmente la participaci\u00f3n ciudadana en instancias deliberativas basadas sobre informaci\u00f3n completa y relevante. <\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

LA\nDECISI\u00d3N SOBRE LO QUE ES DE TODOS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Hay distintas nociones de qu\u00e9 debemos entender por democracia. Para algunas personas, entre quienes me cuento, la idea profunda de democracia se define sencillamente: significa que el destino com\u00fan debe ser resuelto en com\u00fan. Es decir, que nadie puede decidir por nosotros sin nuestro consentimiento. Que nadie puede tomar medidas que afectar\u00e1n nuestros intereses sin que participemos de esa decisi\u00f3n. Los mecanismos para lograrlo implican un amplio debate, pero creo que el principio est\u00e1 bastante claro.<\/p>\n\n\n\n

De hecho, desde\nel derecho romano, ese principio estaba incorporado en el C\u00f3digo de Justiniano\n(1.500 a\u00f1os atr\u00e1s) en la siguiente versi\u00f3n: \u201cQuod omnes tangit ab omnibus\ntractare et approbari debet\u201d <\/em>(literalmente \u00ablo que a todos toca, todos\ndeben tratarlo y aprobarlo\u00bb). Claro que ese \u201ctodos\u201d se refer\u00eda s\u00f3lo a\nquienes eran considerados ciudadanos en el imperio romano. Y eran muy pocos,\npor supuesto. Uno de nuestros avances desde esa \u00e9poca es que hemos expandido\nenormemente la noci\u00f3n de ciudadan\u00eda: hoy la abrumadora mayor\u00eda de las personas\nest\u00e1n incluidas en esa categor\u00eda. Al menos en el concepto legal.<\/p>\n\n\n\n

Nuestro pa\u00eds es\nfirmante de la Declaraci\u00f3n de R\u00edo sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de\n1992, cuyo Principio 10 dice lo siguiente: \u201cEl mejor modo de tratar las\ncuestiones ambientales es con la participaci\u00f3n de todos los ciudadanos\ninteresados, en el nivel que corresponda\u201d. Como se puede apreciar, es la misma\nidea. <\/p>\n\n\n\n

En las luchas ambientales, esa idea de democracia profunda se ha expresado en una consigna que se comenz\u00f3 a escuchar hace algunos a\u00f1os en Gualeguaych\u00fa\u00a0 y que se replica en cada reclamo contra la megaminer\u00eda: el derecho a la \u201clicencia social\u201d. La idea de que la formulaci\u00f3n de pol\u00edticas que regulen la gesti\u00f3n de los bienes comunes debe garantizar procedimentalmente la participaci\u00f3n ciudadana en instancias deliberativas basadas sobre informaci\u00f3n completa y relevante. <\/p>\n\n\n\n

Es decir: el desaf\u00edo es hacer intervenir a la comunidad en esta discusi\u00f3n y en las decisiones que se deben tomar. Para eso, por supuesto, hace falta informaci\u00f3n y deliberaci\u00f3n. Y aqu\u00ed quiero hacer una distinci\u00f3n, en la que vengo enfatizando desde hace algunos a\u00f1os<\/a>. Se puede hablar de participaci\u00f3n (o de \u201clicencia social\u201d) en sentido d\u00e9bil y en sentido fuerte, y la diferencia es muy importante. <\/p>\n\n\n\n

En sentido d\u00e9bil es lo que se hace por ejemplo con los aumentos de tarifas en las empresas de servicios p\u00fablicos: audiencias p\u00fablicas, consultas p\u00fablicas informativas, etc. Podemos participar, expresarnos, \u201chacer catarsis\u201d incluso, pero la decisi\u00f3n la toman otras personas, no nosotros. En cambio, es en sentido fuerte cuando se establece el car\u00e1cter vinculante de la consulta a la ciudadan\u00eda, es decir la palabra definitiva la tiene la comunidad, no un equipo t\u00e9cnico ni un funcionario pol\u00edtico. Y ese car\u00e1cter vinculante de la consulta solo puede llevarse adelante mediante un proceso complejo, con plazos, con informaci\u00f3n completa, veraz y oportuna, con debates abiertos, p\u00fablicos y regulados, y concluyendo con una consulta popular. Y por supuesto la decisi\u00f3n surgida de esa consulta popular debe ser ley. <\/p>\n\n\n\n

LA\nPARTICIPACI\u00d3N NO ES VINCULANTE<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Aqu\u00ed viene el aspecto que me preocupa. \u00bfDe qu\u00e9 manera se asegura la participaci\u00f3n ciudadana (la \u201clicencia social\u201d) en relaci\u00f3n con los humedales (o en cualquier otra discusi\u00f3n ambiental)? <\/p>\n\n\n\n

En los proyectos obrantes en el Congreso<\/a> e incluso en el texto consensuado, se hace referencia expl\u00edcita a la participaci\u00f3n de la sociedad civil, de las comunidades (incluso de \u201ctoda persona interesada\u201d) en numerosas ocasiones. Pero cuando se establecen procedimientos espec\u00edficos en relaci\u00f3n con la participaci\u00f3n de la comunidad, se limita a marcar que la autoridad de aplicaci\u00f3n de cada jurisdicci\u00f3n deber\u00e1 garantizar \u201cel cumplimiento estricto de los art\u00edculos 16, 18, 19, 20 y 21 de la Ley Nro. 25.675 (Ley General del Ambiente) con car\u00e1cter previo al otorgamiento de las autorizaciones solicitadas. Asegurando brindar la informaci\u00f3n a la ciudadan\u00eda de forma previa, garantizando la libre participaci\u00f3n ciudadana\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El problema es que esos art\u00edculos de la Ley General del Ambiente no dan car\u00e1cter vinculante a esa consulta. Son muy importantes, brindan herramientas, dan elementos al reclamo ciudadano en varios sentidos: establecen el derecho a la informaci\u00f3n ambiental (en el art. 16) y el derecho\u00a0de toda persona a ser consultada y\u00a0a opinar (art. 19), e incluso disponen (art. 20) que las autoridades deber\u00e1n institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias p\u00fablicas como instancias obligatorias para la autorizaci\u00f3n de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. <\/p>\n\n\n\n

Creo que es hora de que en nuestro entramado legal y jur\u00eddico nos planteemos que la participaci\u00f3n ciudadana debe ser vinculante en temas ambientales. Es lo que llamo \u201clicencia social\u201d en sentido fuerte<\/em>. <\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Pero el art\u00edculo 20 dice expl\u00edcitamente que \u201cla opini\u00f3n u objeci\u00f3n de los participantes no ser\u00e1 vinculante para las autoridades convocantes\u201d; s\u00f3lo indica que \u201cen caso de que \u00e9stas presenten opini\u00f3n contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta p\u00fablica deber\u00e1n fundamentarla y hacerla p\u00fablica\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Este es el d\u00e9ficit del que hablo. Creo que es hora de que en nuestro entramado legal y jur\u00eddico nos planteemos que la participaci\u00f3n ciudadana debe ser vinculante en temas ambientales. Es lo que llamo \u201clicencia social\u201d en sentido fuerte<\/em>. Personalmente estoy convencido de que ese es el mejor camino para, a la vez, crear conciencia ambiental y cambiar nuestra relaci\u00f3n con la naturaleza, y en el caso que nos ocupa, frenar la destrucci\u00f3n de los humedales (uno de los elementos del tiempo que estamos viviendo, el Antropoceno, la \u00e9poca geol\u00f3gica actual seg\u00fan propone una parte cada vez m\u00e1s importante de la comunidad cient\u00edfica, caracterizada porque la acci\u00f3n humana, por primera vez en la historia de la vida, modifica las condiciones del planeta y genera la v\u00eda que conduce a nuestra propia extinci\u00f3n). <\/p>\n\n\n\n

NADA LO\nIMPIDE<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Estoy convencido de que la participaci\u00f3n de la comunidad es la \u00fanica forma de zanjar la brecha entre lo que la ley ya dice con tan bellas palabras, y lo que en la realidad ocurre. Ni las disposiciones constitucionales ni la Ley de Ambiente han logrado frenar, con sus disposiciones, los desastres ambientales en la Argentina. Creo que los hechos evidencian que s\u00f3lo ponemos en aprietos a los poderosos cuando los obligamos a que le expliquen a la comunidad lo que quieren hacer. Cuando tienen que explicarle a la comunidad con palabras sencillas, con claridad, qu\u00e9 modificaciones har\u00e1n si prosperan sus proyectos, para qu\u00e9 los quieren llevar adelante, cu\u00e1les son los riesgos no solo ambientales sino tambi\u00e9n sociales, qui\u00e9nes se benefician con lo que quieren hacer. Porque creo que la comunidad \u2013como las personas individualmente\u2013 por lo general tenemos mucho m\u00e1s claro lo que no queremos que lo queremos, como alguna vez escribi\u00f3 Arturo Jauretche. <\/p>\n\n\n\n

En distintas reuniones y conversatorios sobre el tema se me ha objetado que para dar car\u00e1cter vinculante a la participaci\u00f3n ciudadana habr\u00eda que modificar la Ley de Ambiente. Pero en realidad no es as\u00ed: es asunto de voluntad pol\u00edtica. Conforme al principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos, no se pueden tomar medidas\u00a0que\u00a0disminuyan la protecci\u00f3n de derechos fundamentales. Pero nada impide dar pasos que expandan esa protecci\u00f3n, que ser\u00eda el caso. <\/p>\n\n\n\n

Estoy convencido de que la participaci\u00f3n de la comunidad es la \u00fanica forma de zanjar la brecha entre lo que la ley ya dice con tan bellas palabras, y lo que en la realidad ocurre. Ni las disposiciones constitucionales ni la Ley de Ambiente han logrado frenar, con sus disposiciones, los desastres ambientales en la Argentina. <\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Adem\u00e1s del poderoso argumento de qu\u00e9 entendemos por democracia como noci\u00f3n profunda, tambi\u00e9n hay bastante evidencia emp\u00edrica a favor: por ejemplo, los refer\u00e9ndum ambientales que se vienen haciendo en distintos lugares de nuestro continente. En los \u00faltimos veinte a\u00f1os se realizaron cerca de cien consultas populares en Am\u00e9rica Latina sobre miner\u00eda met\u00e1lica, en diferentes pa\u00edses: todas dijeron \u201cno\u201d<\/a>. Los poderosos no han ganado una sola. Y esa es la raz\u00f3n por la que no quieren \u201clicencia social\u201d. Cuando los poderosos y los privilegiados tienen que explicarnos con sencillez lo que quieren hacer, parece que no hay modo de que avancen los proyectos que amenazan con la destrucci\u00f3n del ambiente.<\/p>\n\n\n\n

La legislaci\u00f3n actual permite que las comunidades le arranquen a la fuerza consultas populares, plebiscitos o refer\u00e9ndum a las autoridades pol\u00edticas y judiciales, que siguen siendo hostiles a la decisi\u00f3n comunitaria. Quiz\u00e1s porque representan mucho m\u00e1s a los sectores del poder que al pueblo que los legitima en sus cargos. Pero ese camino (que exploraron, por ejemplo, Esquel en 2003, Loncopu\u00e9 en 2012, Misiones 2014) es accidentado y termina siempre en una resoluci\u00f3n judicial. Incluso la CEPAL reconoce<\/a> que los numerosos conflictos socioambientales tienen sus \u201cprincipales causas asociadas a a una falta de consulta previa e informada\u201d. Lograr una ley que establezca la \u201clicencia social\u201d como requisito en cualquier proceso de autorizaci\u00f3n de proyectos que afecten al ambiente es, en mi opini\u00f3n, la forma m\u00e1s eficaz de evitar que los sectores del poder sigan avanzando con sus planes aunque los valores y principios consagrados en la legislaci\u00f3n vigente sean suficientemente bellos y elevados. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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