{"id":16234,"date":"2023-12-26T12:30:29","date_gmt":"2023-12-26T15:30:29","guid":{"rendered":"https:\/\/lavanguardiadigital.com.ar\/?p=16234"},"modified":"2023-12-26T12:30:29","modified_gmt":"2023-12-26T15:30:29","slug":"gobierno-de-la-ley-o-gobierno-del-ejecutivo-los-dnu-como-instancia-perturbadora-de-la-democracia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavanguardiadigital.com.ar\/index.php\/2023\/12\/26\/gobierno-de-la-ley-o-gobierno-del-ejecutivo-los-dnu-como-instancia-perturbadora-de-la-democracia\/","title":{"rendered":"\u00bfGobierno de la ley o gobierno del ejecutivo? Los DNU como instancia perturbadora de la democracia"},"content":{"rendered":"

El autor analiza las consecuencias institucionales del decreto de necesidad y urgencia. Es una pr\u00e1ctica de arrastre que confronta con la Constituci\u00f3n y el equilibrio republicano. Su l\u00f3gica, argumentaci\u00f3n y resultados debilitan el sistema democr\u00e1tico y abren la puerta a nuevas pr\u00e1cticas autoritarias.<\/strong><\/em><\/h4>\n

\"\"<\/p>\n

\u201cNuestro Presidente es una figura an\u00e1loga al Rey\u2026\u201d<\/span><\/i> (Rodolfo Barra, 22\/12\/2023)<\/span>\u00a0 \u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cCualquier disposici\u00f3n de car\u00e1cter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo debe reputarse prima facie inconstitucional\u201d.<\/span><\/i> (C. Argibay, Jueza de la Corte Suprema, 2006.<\/span><\/p>\n

La historia del pensamiento pol\u00edtico est\u00e1 signada por una sencilla y a la vez, perturbadora, pregunta: \u00bfqu\u00e9 es mejor, el gobierno de los hombres o de las leyes? Arist\u00f3teles en \u00abLa Pol\u00edtica\u00bb, se hab\u00eda interrogado: \u201c\u00bfes m\u00e1s \u00fatil ser gobernado por el mejor de los hombres o por las mejores leyes?\u201d El maestro Norberto Bobbio precisar\u00e1 el problema: el tema no se refiere a la forma de gobierno sino al modo de gobernar.<\/span><\/p>\n

A trav\u00e9s de la historia fue ganando sustento la tesis de la superioridad del gobierno de las leyes: el rule of law<\/em> pas\u00f3 desde Inglaterra a los pa\u00edses continentales, dando origen a la doctrina moderna del Estado de Derecho, o sea, del Estado que tiene como principio inspirador la subordinaci\u00f3n de todo poder al derecho, desde el m\u00e1s bajo hasta el m\u00e1s alto, a trav\u00e9s del proceso de legalizaci\u00f3n de toda acci\u00f3n de gobierno que ha sido llamada desde su primera constituci\u00f3n escrita en la Edad Media, \u201cconstitucionalismo\u201d.<\/span><\/p>\n

Tan asentada ha sido esta verdadera declaraci\u00f3n de principios que cuando no se quieren reconocer los valores sustantivos que inspiran al Estado de Derecho, se invocan otras \u201crazones\u201d de estado: el \u201cestado necesidad\u201d o de \u201cexcepci\u00f3n\u201d.\u00a0 La apelaci\u00f3n a la necesidad y a la excepcionalidad ha sido una constante en la pol\u00edtica argentina. Desde la utilizaci\u00f3n del estado de necesidad para convalidar pol\u00edtica y jurisprudencialmente golpes de estado (bajo la llamada \u201cdoctrina de facto\u201d, la Acordada de la Corte Suprema de 1930 otorg\u00f3 validez al acto usurpador que derroc\u00f3 a Yrigoyen por \u201crazones de polic\u00eda y necesidad\u201d), hasta homologar los \u201cdecretos leyes\u201d de gobiernos surgidos al margen de la Constituci\u00f3n, que primero con pudor denomin\u00f3 \u201cllamadas leyes\u201d, hasta que finalmente las nombrar\u00e1 directamente \u201cleyes\u201d, equiparando las normas surgidas de hechos de fuerza a las emanadas por los \u00f3rganos representativo de la voluntad popular.\u00a0<\/span><\/p>\n

Sin embargo, el concepto de \u201cley\u201d no puede ser asimilado a cualquier formato derivado de los poderes p\u00fablicos: s\u00f3lo se considerar\u00e1n leyes en sentido \u201cformal\u201d en tanto sean las emitidas por el poder Legislativo y promulgadas por el Ejecutivo. Ello reforzado por el principio de reserva establecido por el art\u00edculo 19 de nuestra Ley Fundamental.\u00a0<\/span><\/p>\n

Como dice, el Prof. Hern\u00e1n Gullco, el principio de reserva cumple un rol fundamental: esta disposici\u00f3n es muy clara en tanto exige que los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna s\u00f3lo sean reglamentados a trav\u00e9s de una ley dictada por el \u00f3rgano legislativo. Esta interpretaci\u00f3n est\u00e1 avalada por la Opini\u00f3n Consultiva 6\/86 de la Corte Interamericana de Derecho Humanos cuando reafirma, en primer lugar, que \u201cla protecci\u00f3n de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder p\u00fablico, sino que est\u00e9n rodeados de un conjunto de garant\u00edas enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona, dentro de los cuales, acaso la m\u00e1s relevante, tenga que ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la Constituci\u00f3n. Y por otro lado agrega: \u201cPara que los principios de legalidad y reserva de ley constituyan una garant\u00eda efectiva de los derechos y libertadas de la persona humana, se requiere no s\u00f3lo su proclamaci\u00f3n formal, sino la existencia de un r\u00e9gimen que garantice eficazmente su aplicaci\u00f3n y un control adecuado del ejercicio de las competencias de los \u00f3rganos\u201d.<\/span><\/p>\n

\n

\u00abLas atribuciones que otorga la Constituci\u00f3n argentina al Presidente, no lo convierte ni en un rey absoluto ni en un rey de una monarqu\u00eda parlamentaria\u00bb<\/strong><\/span><\/h3>\n<\/blockquote>\n

Por eso, cuando se soslaya al Congreso de sus competencias espec\u00edficas, no s\u00f3lo se est\u00e1 afectando la legalidad sino al coraz\u00f3n mismo del sistema democr\u00e1tico que exige deliberaci\u00f3n p\u00fablica y consensos. Carlos Nino lo dice en estos t\u00e9rminos: \u201cNo solamente el Congreso por su car\u00e1cter colegiado act\u00faa mediante discusi\u00f3n, sino que esa discusi\u00f3n tiene un car\u00e1cter p\u00fablico que hace que ella retroalimente el debate en el \u00e1mbito de la sociedad en general. Por otro lado, el car\u00e1cter pluralista del Parlamento contribuye a que la orientaci\u00f3n general deba ser consensuada entre sectores con ideolog\u00edas e intereses diferentes, cuando o bien no hay ninguno de ellos que tenga la mayor\u00eda necesaria para impulsarla por s\u00ed misma, o bien, cuando la intensidad del conflicto entre intereses contrapuestos o la profundidad de las reformas que deben encararse, requieren un consenso vasto\u201d<\/span><\/p>\n

Desde ese punto de vista, los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que ven\u00edan dict\u00e1ndose antes de la reforma de 1994 fueron regulados (constitucionalizados) a trav\u00e9s del art\u00edculo 99, inc. 3. Esto, m\u00e1s all\u00e1 de las buenas intenciones del constituyente, ha producido un doble efecto perturbador: por un lado, restringe la deliberaci\u00f3n democr\u00e1tica y p\u00fablica de los asuntos comunes; y por otro, debilita, como apunta Gullco, el \u201cmonopolio de la funci\u00f3n legislativa en cabeza del Congreso\u201d. En el Congreso reside la soberan\u00eda popular y su esencia es la divisi\u00f3n de poderes elemento de la forma republicana de gobierno seg\u00fan el art\u00edculo 1ero. de nuestra Constituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Los DNU en la Argentina: entre usos y abusos.\u00a0<\/b><\/p>\n

A partir de la d\u00e9cada de los noventa y por el constante acrecentamiento de facultades en el Presidente de la Naci\u00f3n, se refuerza el fen\u00f3meno -del que no est\u00e1 exento el resto de los pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica- que ha sido caracterizado como \u201c<\/span>hiperpresidencialismo<\/span><\/i>\u201d. La enorme concentraci\u00f3n de atribuciones en manos del Presidente ha llevado a la configuraci\u00f3n de sistemas pol\u00edticos, que, en la pr\u00e1ctica, han perdido parte de sus atributos republicanos.\u00a0<\/span><\/p>\n

La reforma constitucional de 1994 intent\u00f3 limitar esa propensi\u00f3n a la ampliaci\u00f3n de atribuciones del ejecutivo a trav\u00e9s de la regulaci\u00f3n de la <\/span>delegaci\u00f3n legislativa<\/span><\/i> (art. 76) y la emisi\u00f3n de <\/span>decretos de necesidad y urgencia<\/span><\/i> (art. 99, inc.3)<\/span>. Sin embargo, la pr\u00e1ctica pol\u00edtica ha evidenciado que en muchos casos m\u00e1s que limitar, produjo efectos expansivos en favor de esas atribuciones.\u00a0<\/span><\/p>\n

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\u00abUna reforma estructural y de desregulaci\u00f3n de la econom\u00eda y del estado tan profunda (que incluye privatizaciones) y con impacto directo en relaci\u00f3n a derechos fundamentales de la poblaci\u00f3n a trav\u00e9s de un mega DNU, es incompatible con la Constituci\u00f3n, inviable jur\u00eddicamente y temeraria desde lo pol\u00edtico.\u00bb<\/span><\/strong><\/h3>\n<\/blockquote>\n

Los presidentes argentinos usaron y abusaron de estas facultades atribuidas al presidente, generalmente fundado en razones de \u201cemergencia\u201d y \u201cestado de necesidad\u201d, confusamente expuestas e invocadas. En un art\u00edculo a comienzo de este siglo XXI, el Dr. Horacio Rosatti, actual Ministro de la Corte Suprema distingu\u00eda: no debe confundirse \u201c<\/span>emergencia<\/span><\/i>\u201d con \u201c<\/span>necesidad<\/span><\/i>\u201d: aquella presupone \u201cun tipo\u201d de necesidad caracterizada por su \u201cextrema gravedad\u201d y por su \u201cimprevisibilidad\u201d. La declaraci\u00f3n de emergencia debe ser la \u201cconsecuencia\u201d de una necesidad imprevista y grave, nunca puede ser \u201c<\/span>causa<\/span><\/i>\u201d: la emergencia debe resolver y no causar (agravar) una necesidad grave e imprevisible. Y en cuanto a la amplitud y control de esta figura el autor se\u00f1ala: \u201cel car\u00e1cter restrictivo con que debe interpretarse todo r\u00e9gimen jur\u00eddico de emergencia incluye la necesaria comprobaci\u00f3n de su juridicidad por parte de quien lo invoca y no de quien lo padece\u201d.<\/span><\/p>\n

A partir del reconocimiento en la pr\u00e1ctica pol\u00edtica de una \u201csistem\u00e1tica extralimitaci\u00f3n del uso de los DNU\u201d, la Corte Suprema ha tratado de fijar l\u00edmites y pautas interpretativas. As\u00ed, en la Causa \u201cConsumidores Argentinos\u201d (2010), declar\u00f3 la inconstitucionalidad del Decreto 558\/02 del 27 de marzo de 2002 que modific\u00f3 la ley 20.091 de entidades de seguros y dijo:\u00a0<\/span><\/p>\n

1)\u00a0<\/b>Las facultades para dictar un DNU son admitidas en condiciones de rigurosa excepcionalidad para limitar y no para ampliar el sistema presidencialista<\/span>\u00a0<\/i><\/b>(considerandos 1 a 10). (Lorenzetti, Highton, Fayt, Maqueda, Zaffaroni y Argibay). Como consecuencia de ello dicen:<\/span><\/p>\n

    \n
  • Que la finalidad de su regulaci\u00f3n fue atenuar el sistema presidencialista, fortaleciendo el rol del Congreso y la mayor independencia del Poder Judicial.<\/span><\/i><\/li>\n
  • Que el principio que organiza el funcionamiento del estatuto del poder es la divisi\u00f3n de funciones y el control rec\u00edproco.<\/span><\/i><\/li>\n
  • Que no caben dudas de que la admisi\u00f3n del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeci\u00f3n a exigencias formales, que constituyen una limitaci\u00f3n y no una ampliaci\u00f3n de la pr\u00e1ctica seguida en el pa\u00eds.<\/span><\/i><\/li>\n<\/ul>\n

    2) Los jueces pueden controlar la existencia del estado de necesidad y urgencia, la que no es igual a la mera conveniencia pol\u00edtica<\/span>\u00a0<\/b>(considerandos 11,12,13).\u00a0La mayor\u00eda (Lorenzetti, Highton, Fayt, Maqueda y\u00a0Zaffaroni). Como corolario de ello, afirman:\u00a0<\/span><\/p>\n

      \n
    • Que \u201ccabe descartar de plano, como inequ\u00edvoca premisa, los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisi\u00f3n de su titular de imponer un derecho excepcional a la Naci\u00f3n en circunstancias que no lo son. El texto de la Constituci\u00f3n Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanci\u00f3n de una ley o la imposici\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto\u201d.<\/span><\/i><\/li>\n<\/ul>\n

      3) En el precedente \u201cVerrocchi\u201d(1999),<\/span> la Corte ya hab\u00eda resuelto que para que el Presidente de la Naci\u00f3n pueda ejercer leg\u00edtimamente las excepcionales facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:<\/span> 1) que sea imposible dictar la ley mediante el tr\u00e1mite ordinario previsto por la Constituci\u00f3n, vale decir, que las c\u00e1maras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurrir\u00eda en el caso de acciones b\u00e9licas o desastres naturales que impidiesen su reuni\u00f3n o el traslado de los legisladores a la Capital Federal; o 2) que la situaci\u00f3n que requiere soluci\u00f3n legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el tr\u00e1mite normal de las leyes (considerando 9\u00b0).\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

      Como agravante, el art\u00edculo 99 inc. 3, no establece, como s\u00ed lo hacen otras legislaciones (vg. Espa\u00f1a) que, a falta de convalidaci\u00f3n expresa de parte de ambas c\u00e1maras en un plazo determinado se consolidar\u00e1, la invalidez de aquel. Esta omisi\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 ausente en la Ley 26.122 de reglamentaci\u00f3n de los DNU del a\u00f1o 2006. Es m\u00e1s, los art\u00edculos 22 y 24 exigen para la aprobaci\u00f3n o rechazo la mayor\u00eda absoluta de ambas c\u00e1maras, lo cual contradice el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, que previene que \u201cse excluye, en todos los casos, la sanci\u00f3n ficta\u201d. Concretamente: la falta de plazo dentro del cual debe expedirse el Congreso, establece la aprobaci\u00f3n t\u00e1cita o ficta de los DNU prohibida por la Constituci\u00f3n e impugna la constitucionalidad de los art\u00edculos 22 y 24 de la ley 26.122. El ex miembro de la Corte Gustavo Bossert dir\u00e1 sobre este tema: \u201c<\/span>nos encontramos con la irracional paradoja de que, mientras que para la sanci\u00f3n de una ley emanada del Congreso -con participaci\u00f3n de cientos de legisladores- se requiere la aprobaci\u00f3n expresa de ambas c\u00e1maras, para la aprobaci\u00f3n y vigencia de una norma (DNU) cuyo contenido es el de una ley, dictada por una persona (el Presidente), basta con la aprobaci\u00f3n y hasta con el silencio de una sola de las c\u00e1maras\u201d.<\/span> \u00a0<\/span><\/p>\n

       <\/p>\n

      El mega DNU del Presidente Milei: incompatible con la Constituci\u00f3n.<\/b><\/p>\n

      Nuestro estado constitucional y convencional de derecho se edifica sobre el modelo republicano de gobierno de divisi\u00f3n de poderes establecido en el art\u00edculo 1ero de la Constituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

      El Poder Ejecutivo no puede en ning\u00fan caso y bajo pena de nulidad absoluta e insanable, ejercer funciones legislativas, seg\u00fan consagra nuestra propia Constituci\u00f3n. La regla es la prohibici\u00f3n y la excepci\u00f3n es dictar DNU. Y en caso de hacerlo, deber\u00e1 ser interpretado en forma restrictiva, bajo severas prohibiciones: que no sea la materia penal, tributaria, electoral y de partidos pol\u00edticos; y en determinadas y expresas situaciones objetivas de excepcionalidad y urgencia que hagan imposible el tr\u00e1mite previsto por la Constituci\u00f3n para la sanci\u00f3n de las leyes. Como sostuviera la Dra. Carmen Argibay: <\/span>\u201cCualquier disposici\u00f3n de car\u00e1cter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo debe reputarse prima facie inconstitucional\u201d. (Jueza C. Argibay, CS, 27\/12\/2006)<\/span><\/p>\n

      Como fue dicho, todos los Presidentes argentinos, en mayor o menor medida, usaron y abusaron de los DNU, pero nunca nadie dict\u00f3 un DNU -el Nro. 70 del 20 de diciembre de 2023- con 366 art\u00edculos que deroga o modifica cientos de normas y leyes, incluidas el C\u00f3digo Civil, Aduanero, la Ley de Contratos de Trabajo, la Ley de alquileres, y hasta fulmina el derecho de huelga el 14 bis de la Constituci\u00f3n, cuando en el art\u00edculo 97 del DNU se estipula que frente a conflictos colectivos, casi todo es incluido como \u201cservicio esencial o actividades de importancia trascendental\u201d.<\/span><\/p>\n

      Si el n\u00famero de normas que pretende derogar y reformar el DNU 70\/2023, constituye un acto sin precedentes por su extensi\u00f3n, tambi\u00e9n aparece como in\u00e9dita la profundidad y pluralidad de tem\u00e1ticas que contiene la norma. El propio DNU es titulado \u201cBases para la reconstrucci\u00f3n de la econom\u00eda argentina\u201d, que coincide con los discursos tanto del Presidente como de ministros y funcionarios, aludiendo al car\u00e1cter \u201cfundacional\u201d del programa incluido en el decreto en cuesti\u00f3n. Precisamente, por ser una verdadera plataforma de gobierno, con reformas tan extraordinarias que afectan derechos humanos b\u00e1sicos, la exigencia del debate democr\u00e1tico y plural y la necesaria b\u00fasqueda de consensos en el marco del \u00f3rgano representativo de la voluntad popular es vital, imprescindible y el \u00f3rgano principal para ese debate es el Congreso. M\u00e1s all\u00e1 del necesario di\u00e1logo social especialmente que permita que tengan voz quienes son los destinatarios principales (los m\u00e1s d\u00e9biles o desventajados) de pol\u00edticas agresivas y excluyentes: quienes trabajan, producen, quienes reciben una jubilaci\u00f3n o est\u00e1n precarizados.<\/span><\/p>\n

      Se afirma que el DNU pasar\u00e1 por el Congreso y con ello, se supera el test de constitucionalidad. Sin embargo, la \u00fanica posibilidad que tienen ambas c\u00e1maras es la de aprobar o rechazar el decreto. No podr\u00e1n modificar, incluir o suprimir nada. Un proceso de derogaci\u00f3n y modificaci\u00f3n \u201cmega\u201d es incompatible con el veh\u00edculo del DNU, afirma el Dr. Gustavo Arballo, que, por su propia y marcada especificidad, presupone una identificaci\u00f3n circunstanciada y no gen\u00e9rica o \u201cen paquete\u201d de un c\u00famulo masivo de normas.\u00a0<\/span><\/p>\n

      Ese debate cercenado no es el que exige la deliberaci\u00f3n p\u00fablica. La intenci\u00f3n es eludir las reglas del juego democr\u00e1tico. El deber gubernamental es canalizar los disensos, no eludirlos. Por el contrario, con el DNU 70\/2023 se intenta sustituir integralmente al Congreso en su funci\u00f3n legislativa lo que constituye dice, el Dr. Andr\u00e9s Gil Dom\u00ednguez, un desv\u00edo de poder y un abuso del derecho: un intento de obtener la suma del poder p\u00fablico, prohibido por el art\u00edculo 29 de nuestra Constituci\u00f3n.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

      Ni de los fundamentos gen\u00e9ricos del DNU ni de las explicaciones del Presidente, voceros y funcionarios, surge la adecuaci\u00f3n del decreto a los requisitos de excepcionalidad exigidos por la propia Constituci\u00f3n y por los est\u00e1ndares impuestos por la Corte Suprema en los fallos a los que nos hemos referido. En verdad, los argumentos justificatorios han sido, por decirlo buenamente, muy modestos\u2026<\/span><\/p>\n

      \n

      \u00abEl mega DNU constituye un atajo que intenta eludir la Constituci\u00f3n y por ello causa una severa perturbaci\u00f3n para la legalidad y la democracia argentina. Lo razonable ser\u00eda que el Presidente retire el DNU y env\u00ede sus proyectos a sesiones extraordinarias para su tratamiento.\u00bb<\/span><\/strong><\/h3>\n<\/blockquote>\n

      Federico Sturzenegger, el autodenominado \u201cautor\u201d del DNU, afirm\u00f3 que \u201cla idea era dar una imagen de cambio de r\u00e9gimen. Milei debe dar una se\u00f1al y hacerlo en forma r\u00e1pida y contundente\u201d. Ese es un argumento de \u201cmera conveniencia pol\u00edtica\u201d que en nada permite justificar la excepcionalidad que impone el art\u00edculo 99, inc. 3 de la Constituci\u00f3n. Menos se acredita la \u201curgencia y necesidad\u201d. \u00bfQu\u00e9 urgencia tiene derogar o modificar la Ley de Abastecimiento, la ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Tierras, la Ley de G\u00f3ndolas, el C\u00f3digo Civil y la Ley de alquileres, la de clubes para su transformaci\u00f3n en sociedades an\u00f3nimas, liberar el precio de los medicamentos, etc, etc.? A veces, m\u00e1s que un programa de gobierno parece un plan destinado -con nombre y apellido- a gestionar buenos negocios: la espec\u00edfica -e ins\u00f3lita- referencia del Presidente a Elon Musk por el inter\u00e9s de \u00e9ste por el servicio de internet y el litio, es una acabada muestra de ello.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

      El propio Sturzenegger y otros funcionarios, aluden a la situaci\u00f3n de \u201cemergencia\u201d. Sin embargo, como lo expres\u00f3 en su momento el Juez de la Corte Augusto Beluscio: <\/span>\u201cLa mera invocaci\u00f3n de la crisis o la emergencia no basta para demostrar que ha sido imposible seguir los tr\u00e1mites previstos en la Constituci\u00f3n\u201d (CS, 24\/11\/1998, \u00abDella Blanca…\u00bb)<\/span><\/p>\n

      En realidad, \u201cla Argentina vive en emergencia permanente\u201d dice el Profesor Hugo Quiroga y aclara: con esta pr\u00e1ctica no se suspende el estado de derecho, como lo indicar\u00eda una perspectiva decisionista schmittiana, sino que, al contrario, se valen de la Constituci\u00f3n para ejercer plenos poderes: la delegaci\u00f3n legislativa, el veto parcial y los decretos de necesidad y urgencia.<\/span><\/p>\n

      Los DNU est\u00e1n permitidos \u201csolamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los tr\u00e1mites ordinarios previstos por esta Constituci\u00f3n para la sanci\u00f3n de las leyes\u201d (Art. 99, inc. 3, CN). Ese supuesto hoy no se satisface, porque ambas c\u00e1maras han elegido nuevas autoridades y el propio Presidente ha convocado al Congreso a sesiones extraordinarias desde el 26 de diciembre de 2023 hasta el 31 de enero de 2024. Tampoco puede admitirse como descargo la elecci\u00f3n de la v\u00eda del DNU basado en que el Gobierno posee una minor\u00eda parlamentaria: como ha dicho la Corte,<\/span> \u201c<\/b>la Constituci\u00f3n Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanci\u00f3n de una ley o la imposici\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto<\/span>\u201d.<\/b><\/p>\n

      Se ha dado como argumento de legitimidad, que el DNU est\u00e1 regulado por la Constituci\u00f3n, y \u201cpor eso es constitucional\u201d. En realidad, decir esto \u201ces no decir nada\u201d: lo que define la constitucionalidad y lo que eval\u00faan los tribunales, es si las circunstancias invocadas son excepcionales para eludir al Congreso o son manifiestamente inexistentes o irrazonables.\u00a0<\/span><\/p>\n

      Tambi\u00e9n se ha pretendido \u201cjustificar\u201d el actual DNU basado en la \u201clegitimidad de la tradici\u00f3n\u201d: como otros presidentes lo han utilizado, esto avala, el dictado actual. Nunca algo que estuvo \u201cmal\u201d (es inconstitucional) en el pasado -y fue criticado por los propios impulsores de la nueva norma- se convierte en \u201cbueno\u201d (en constitucional) ahora. Al contrario, es lamentablemente, continuar con una tradici\u00f3n anti republicana y anti democr\u00e1tica que debiera promover su rechazo y no su reproducci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

      \n

      El Presidente Milei no debe temer al disenso. No debe calificar a los adversarios como enemigos ni considerar los l\u00edmites institucionales como un estorbo: son los reaseguros de la convivencia democr\u00e1tica que hay que preservar y no quebrantar<\/b><\/span><\/h3>\n<\/blockquote>\n

      Otros, como el Procurador del Tesoro y miembro de la mayor\u00eda autom\u00e1tica en la Corte Suprema en \u00e9pocas del menemismo, Rodolfo Barra, pretende justificar la potestad del dictado del mega DNU porque, seg\u00fan el art\u00edculo 99, inc. 1 de la Constituci\u00f3n, es \u201cel jefe supremo de la Naci\u00f3n, jefe del gobierno y responsable pol\u00edtico de la administraci\u00f3n general del pa\u00eds\u201d y eso lo convierte, seg\u00fan \u00e9l, en una \u201cfigura an\u00e1loga al Rey (por ejemplo, en Espa\u00f1a) o al Jefe de Estado (en la Rep\u00fablica en Italia)\u201d. Afirmar que el Presidente es el jefe supremo del gobierno no le otorga ning\u00fan poder especial en una rep\u00fablica democr\u00e1tica: sus atribuciones y tambi\u00e9n sus l\u00edmites, surgen del texto constitucional. La analog\u00eda europea tambi\u00e9n es equ\u00edvoca: en Espa\u00f1a, el Rey no dicta los Decretos-Leyes, sino el Gobierno a trav\u00e9s de su Presidente (art. 86 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola). Y en Italia, la competencia para dictar decretos con fuerza de ley, la tiene el Gobierno -a trav\u00e9s del Presidente del Consejo de Ministros, art\u00edculo 77 de la Constituci\u00f3n italiana- no, el Presidente de la Rep\u00fablica. Ergo: las atribuciones que otorga la Constituci\u00f3n argentina al Presidente, no lo convierte ni en un rey absoluto ni en un rey de una monarqu\u00eda parlamentaria.<\/span><\/p>\n

      Una reforma estructural y de desregulaci\u00f3n de la econom\u00eda y del estado tan profunda (que incluye privatizaciones) y con impacto directo en relaci\u00f3n a derechos fundamentales de la poblaci\u00f3n a trav\u00e9s de un mega DNU, es incompatible con la Constituci\u00f3n, inviable jur\u00eddicamente y temeraria desde lo pol\u00edtico. Los cambios debieron ser formalizados mediante leyes, seg\u00fan el procedimiento dise\u00f1ado constitucionalmente.<\/span><\/p>\n

      El mega DNU constituye un atajo que intenta eludir la Constituci\u00f3n y por ello causa una severa perturbaci\u00f3n para la legalidad y la democracia argentina. Lo razonable ser\u00eda que el Presidente retire el DNU y env\u00ede sus proyectos a sesiones extraordinarias para su tratamiento.\u00a0<\/span><\/p>\n

      La hora indica la imperiosa necesidad de di\u00e1logos, acuerdos amplios y profundos, y no alentar la conflictividad pol\u00edtica y social. Guillermo O\u2019Donnell cuando defin\u00eda a la democracia delegativa sosten\u00eda que era el r\u00e9gimen basado en elecciones y vigencia de ciertas libertades, pero aquel que gobierna considera que debe hacerlo sin el \u201cestorbo\u201d del control institucional. <\/span>El Presidente Milei no debe temer al disenso. No debe calificar a los adversarios como enemigos ni considerar los l\u00edmites institucionales como un estorbo: son los reaseguros de la convivencia democr\u00e1tica que hay que preservar y no quebrantar. Y tener siempre presente: los derechos y las libertades se consagran y protegen desde la Constituci\u00f3n que hay que respetar, no son la concesi\u00f3n graciosa de un gobernante, aunque se crea iluminado por las \u201cfuerzas del cielo\u201d.\u00a0<\/b><\/p>\n

       <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      El autor analiza las consecuencias institucionales del decreto de necesidad y urgencia. Es una pr\u00e1ctica de arrastre que confronta con la Constituci\u00f3n y el equilibrio republicano. Su l\u00f3gica, argumentaci\u00f3n y resultados debilitan el sistema democr\u00e1tico y abren la puerta a nuevas pr\u00e1cticas autoritarias. \u201cNuestro Presidente es una figura an\u00e1loga al Rey\u2026\u201d (Rodolfo Barra, 22\/12\/2023)\u00a0 \u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":96,"featured_media":16238,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[3],"tags":[768,774],"coauthors":[537],"class_list":["post-16234","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opinion","tag-constitucion","tag-democracia"],"yoast_head":"\n\u00bfGobierno de la ley o gobierno del ejecutivo? 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