La decisión de la Corte, que no fue unánime, provocó un rechazo generalizado que atraviesa el espectro de todas las fuerzas políticas y sociales de la Argentina. Incluso aliados del Gobierno manifiestan su repudio a la sentencia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo y se aplica “siempre” a todos los delitos, sin distinción alguna. Con este fundamento, declaró aplicable en el caso de un represor condenado, la Ley 24.390 (conocida como 2×1), que estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando fue derogada, y que computa dos años por cada uno efectivamente preso a partir de los dos años de prisión preventiva. El caso en cuestión es el de Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires.
La decisión de la Corte, que se conoció este miércoles, fue tomada por mayoría (con los votos de los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz). En disidencia, votaron los jueces Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y Juan Carlos Maqueda, quienes manifestaron que no consideran aplicable esa reducción a los delitos de lesa humanidad. La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”).
Las voces de repudio no tardaron en alzarse: los organismos de derechos humanos fueron los primeros en marcar el carácter «abominable» (Estela de Carlotto), «inaudito» (Taty Almeida) y «una aberración jurídica» (Adolfo Pérez Esquivel). También hubo organizaciones políticas y sociales que se expresaron con preocupación.
Aunque el fallo solo beneficiará a unos pocos militares, la medida provoca pesar porque se inscribe en lo que aparece señalado como un «cambio de clima» en la perspectiva que la democracia argentina había parecido construir en relación con las atrocidades cometidas por la última dictadura: medidas como la prisión domiciliaria al represor Etchecolatz, el curioso llamado a la reconciliación de la Iglesia Católica (que justamente se inició este miércoles, casi al momento de conocerse el fallo de la Corte), se suman a las controvertidas declaraciones de funcionarios del Gobierno cuestionando la cifra de desapariciones, y del mismísimo Presidente de la Nación hablando de «Guerra Sucia».
[blockquote author=»» pull=»normal»]Para los organismos de derechos humanos la decisión es «abominable» (Estela Carlotto), «inaudito» (Taty Almeida) y «una aberración jurídica» (Adolfo Pérez Esquivel).[/blockquote]
RECHAZOS
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, abundó: “El tribunal evalúa crímenes de lesa humanidad como si fueran delitos comunes. Por un lado los equipara para aplicar el beneficio, pero por otro esta jurisprudencia no se va a aplicar sobre esos delitos comunes, sino que sólo beneficiará a los condenados por delitos de lesa humanidad”.
Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo no ocultó su pesar: «Estoy mal. No acabo de reponerme de lo que dijo la Iglesia cuando ahora me entero de este dos por uno aprobado por la Corte que es abominable». Por su parte, Taty Almeida había dicho que «tratar de dejar en libertad a los genocidas es inaudito» y no dejó pasar la ocasión para cuestionar la intención de las autoridades eclesiáticas de impulsar una reconciliación entre militares y familiares de las víctimas de la dictadura: «No perdonamos, no nos reconciliamos, la jerarquía eclesiástica demuestra que no tiene memoria».
Desde el Congreso se sumaron valoraciones similares de diferentes bloques políticos: desde el Frente para la Victoria aseguraron que el fallo es «un enorme retroceso en la lucha contra el terrorismo de Estado» y afecta «la imagen que el país había recuperado a nivel internacional en la defensa de los Derechos Humanos». Por su parte, el massismo aprovechó para insistir con su mensaje «manodurista». En su comunicado oficial, rechazaron «el 2×1 en todos los casos y fundamentalmente en los de lesa humanidad. Es un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor justicia y que los delincuentes de lesa humanidad cumplan su pena completa», desde el espacio que lidera Sergio Massa.
[blockquote author=»» pull=»normal»]El socialismo consideró que la Corte «dilapida la historia reciente de memoria, verdad y justicia».[/blockquote]
El Partido Socialista dio a conocer una declaración en la que lamenta la decisión «porque determina un nuevo capítulo de injusticias como en el pasado lo fueron el indulto y el punto final». Cuestiona severamente que la Corte «dilapida la historia reciente de memoria, verdad y justicia» y sugestivamente señala la coincidencia en el voto favorable de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los mismos que el Presidente de la Nación quiso imponer por decreto. «Un paso atrás, que pone en evidencia una política de impunidad amparada desde el Ejecutivo Nacional», al que acusa de negacionismo en virtud de una enumeración de acciones cuestionables: «la presencia de represores y carapintadas en actos oficiales, las reuniones con familiares de represores, la ausencia del Estado como querellante en las causas y la tristemente célebre frase del Presidente Macri calificando de “curro” a las políticas de derechos humanos».
También las Juventudes Socialistas de la Argentina, entre otras organizaciones políticas, repudiaron el fallo. Anunciaron que «redoblamos nuestro compromiso con los Derechos Humanos», y volvieron a reclamar «perpetua y cárcel común a genocidas».
EL GOBIERNO TRATA DE TOMAR DISTANCIA
Algunas de las opiniones más críticas acusaron directamente al Gobierno de Cambiemos de ser el impulsor de ese fallo de la Corte. Por esa razón el ministro de Justicia Germán Garavano intentó capear la tormenta de cuestionamientos y manifestó su posición «contraria a la ley del 2×1 que es un desatino. Esta ley beneficia a lo peor del delito. Es un fallo de la Corte y hay que respetarlo, pero tengo una mirada crítica», declaró el funcionario, que no obstante evitó confrontar con el máximo tribunal: «La decisión del Gobierno es no opinar sobre los procedimientos judiciales, nosotros debemos cumplir los fallos, no es nuestro rol hacer una crítica», aclaró. «No me parece justo para ninguna persona que esté hoy condenada que se aplique esa ley. Un fallo de 2×1 en ningún escenario me parece bueno», indicó.
El ministro aprovechó también para hacer, otra vez, profesión de fe de su manodurismo, cercano al de Massa: “La ley del 2×1, tanto en este caso como en otros, fue uno de los peores engendros de las cuestiones más perversas que se ha hecho en materia de política criminal en nuestro país”.
También el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, procuró separar al Gobierno del fallo: «Es un fallo de uno de los poderes del Estado, que ha actuado en forma independiente. Es un error dirigir las críticas hacia el gobierno nacional. No tenemos ninguna injerencia. Defendemos la independencia de los poderes del Estado».
[blockquote author=»» pull=»normal»]»Es un error dirigir las críticas hacia el Gobierno nacional. No tenemos ninguna injerencia», intentó despegarse el secretario de Derechos Humanos.[/blockquote]
RADICALES EN CONTRA
Incluso aliados del Gobierno o miembros de Cambiemos se manifestaron en contra de la decisión del tribunal máximo. Así, diputados nacionales de la UCR como Miguel Bazze consideraron que se trata de “una decisión altamente cuestionable”, y afirmó que “no se puede invocar un tecnisismo legal para otorgarle la libertad a una persona que violó los derechos humanos”.
Poco después, el Comité Nacional de la UCR, «sin perjuicio de su irrestricto apoyo y respeto a la independencia del Poder Judicial» expresó su «enérgica disconformidad con la sentencia de la Corte Suprema». «Lamentamos y repudiamos el criterio adoptado entendiendo que implica un grave retroceso de una Política de Estado en materia de derechos humanos que ha sido delineada por los tres órganos del poder, soslayando un principio fundamental como lo es el de la no regresión en la materia».
[blockquote author=»» pull=»normal»]En su página de facebook, el Comité Nacional de la UCR expresó su «enérgica disconformidad con la sentencia de la Corte Suprema».[/blockquote]
TAMBIÉN VOCES A FAVOR
El ex juez Guillermo Ledesma, miembro del tribunal que en 1985 condenó a militares que gobernaron el país durante la última dictadura, dijo a Télam estar «muy de acuerdo» con el fallo de la Corte: «A mí me parece una enormidad no aplicar el beneficio de la ley penal más benigna, sólo porque se trate de un caso de lesa humanidad», explicó.
Otro constitucionalista, Jorge Vanossi, opinó de similar manera: «La aplicación de la ley penal más benigna debe ser extensiva a todos los delitos, sin distinción alguna, y, como dice la norma penal, en todos los casos, o sea, siempre».
Coincidió con ellos otro constitucionalista perteneciente a los sectores más reaccionarios del pensamiento juridico argentino: Gregorio Badeni, defensor de represores como Antonio Bussi y panegirista de la dictadura, dijo que la Corte Suprema «retomó la senda que imponen la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos y el Código Penal al establecer que, en todos los casos, corresponde la aplicación de la ley penal más benigna».
[blockquote author=»» pull=»normal»]»Una persona de 70 años enferma en la cárcel no nos modifica a nadie, es más venganza que justicia» (Graciela Fernández Meijide).[/blockquote]
PRECEDENTE PERO NO OBLIGATORIO
Una voz que procuró llevar mesura fue la de Graciela Fernández Meijide, quien tiene un hijo desaparecido y fue una activa luchadora por los derechos humanos. Dijo sobre el fallo que: «Es cierto que esto sienta precedente pero no lo hace obligatorio para todos los fallos». Y aunque participó del diálogo por la reconciliación convocado por la Iglesia, afirmó que «No puedo entender que se crea que se puede establecer reconciliación cuando no hay voluntad de determinados sectores», expresó.
«De Macri nunca esperé que tuviera una especial atención por el tema derechos humanos, ni de Scioli ni de Massa», afirmó. Sin embargo destacó la continuidad de los juicios contra los represores acusados de delitos de lesa humanidad, como también que las personas mayores de 70 y enfermas obtengan el beneficio de la prisión domiciliaria. «El gran desafío de ser igualitario en derechos humanos es que yo pueda pedir el mismo trato para un hijo como para el asesino de mi hijo», y agregó: «Hay que reconocer que una persona de 70 años enferma en la cárcel no nos modifica a nadie, es más venganza que justicia; pero entiendo que otros piensen diferente».
