La anulación en Brasil de las causas contra el ex Presidente suma paradojas a la discusión por el supuesto lawfare, esa categoría de la cual se apropió –bastante acríticamente– buena parte del progresismo latinoamericano. En este diálogo, el eminente estudioso argentino Roberto Gargarella analiza por qué esa noticia refuta, y no confirma, la teoría de una conspiración jurídica continental para atacar a líderes progresistas.
Aunque muchos parecen ignorarlo, la expresión “lawfare” fue inventada por los abogados de criminales de guerra yanquis para eludir las acusaciones por violar derechos humanos. De hecho, ese concepto fue utilizado por Estados Unidos para desconocer la autoridad de la Corte Penal Internacional.
Para quienes usan la expresión en América Latina, el lawfare parece describir una estrategia planificada de los sectores del poder con el fin de manipular los mecanismos judiciales para operar en contra de líderes progresistas o de sus principales colaboradores. Así se presentan como una ratificación de la existencia de esa maquinación los casos de Lula en Brasil, de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, de Rafael Correa en Ecuador o de Fernando Lugo en Paraguay.
Claro que la teoría del lawfare no alcanza a explicar otros casos de mandatarios de derecha acorralados en causas de corrupción en esa misma oleada de acciones judiciales continentales: Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Alan García en Perú; Álvaro Uribe en Colombia, Sebastián Piñera en Chile, Mauricio Macri y varios de sus funcionarios en la Argentina, y la enorme cantidad de empresarios presos o procesados por el escándalo de Odebrecht, entre otros.
Digo que el caso de Lula suma paradojas porque la misma noticia (la anulación de las causas por las que estaba preso, y su inmediata liberación y con ella la posibilidad de volver a ser candidato presidencial) parece confirmar la existencia del lawfare a quienes agitan esa figura, y al mismo tiempo parece la evidencia más clara en su contra: el mismo tribunal y hasta el mismo juez que posibilitaron la condena son quienes ahora la anulan.
Para entender mejor este punto, dialogamos con Roberto Gargarella, uno de los constitucionalistas más prestigiosos del continente, y apasionado estudioso de estas temáticas.
«La fantasía es que hay una conspiración internacional que vincula a jueces, empresarios mediáticos de Argentina y del exterior que trabajan contra las fuerzas progresistas».
A diferencia de lo que se afirma desde amplios sectores del oficialismo, no reconocés en la expresión lawfare una categoría que se corresponda con la realidad. Quisiera que expliques brevemente por qué.
Yo alguna vez describí la idea del lawfare en paralelo a una idea que era común en los años 50/60: la de la “sinarquía”, o la conspiración internacional donde convergen judíos, masones, comunistas, etcétera. Creo que tiene un paralelo muy fuerte porque lo usa una agrupación política, no importa cuál, a partir de trocitos de verdades desperdigados para construir una fantasía que es funcional a su relato y que termina haciendo un daño respecto de lo que es la realidad. Y en donde la realidad los involucra a ellos, los propulsores de la idea, como parte protagonista del problema. Ese sería el punto a mi juicio. El nacionalismo, sectores del peronismo, hablaban de “sinarquía”. Y digo trocitos de verdad porque es cierto que hay empresarios de multinacionales con apellido judío. Y es cierto que las empresas internacionales tienen intereses. Y es cierto que esos intereses suelen chocar con las conveniencias nacionales. Pero eso no tiene nada que ver con el cuento de que hay una conspiración judía masónica marxista internacional contra la patria o contra el peronismo o cosas por el estilo. Eso es una fantasía peligrosa y engañadora, embustera, porque cubre una parte de la realidad, que es que muchos de los problemas, como la injusticia social, también tienen que ver con el peronismo, o que los proyectos económicos que desarrolla el peronismo en el gobierno, son parte del problema.
Con el lawfare ocurre algo similar: se monta sobre trocitos de verdad.
Claro. Acá también están esos trocitos de verdad. No hay ninguna duda de que la justicia, sobre todo en sociedades con instituciones frágiles como las nuestras, está muy tomada por intereses y que, por tanto, decide muchísimas veces –y sobre todo en los casos que involucran a miembros de la élite o a funcionarios públicos importantes o a empresarios poderosos– no de acuerdo a lo que el derecho exigiría sino de acuerdo a los privilegios de algunos grupos. Eso está totalmente claro desde hace 200 años. Pero otra vez está montado sobre eso la fantasía.
¿Y cuál sería esa fantasía?
La fantasía es que hay una conspiración internacional que vincula a jueces, empresarios mediáticos de Argentina y del exterior que trabajan contra las fuerzas progresistas. Eso es un cuento chino, que lo que hace, la principal pretensión –como en la idea de sinarquía– es ocultar, no revelar. No nos ayuda a pensar mejor, no ayuda a ver mejor, sino que contribuye a ocultar que en este caso muchos de los llamados gobiernos progresistas de los años 2000 fueron protagonistas en aprietes a la justicia, en actos de corrupción, en casos de lo que fue la tradición latinoamericana de dependencia judicial.
¿En qué consiste esa tradición? Vos trabajaste mucho sobre ese tema.
Consiste en que cada gobierno de turno, desde siempre, desde hace 200 años, ha estado en excepcionales condiciones para presionar a la justicia. Muy particularmente en el contexto de sociedades institucionalmente frágiles donde el vínculo entre poder político y poder judicial está muy aceitado y hay muchas maneras de presionar y socavar la independencia de los jueces. Entonces el cuento del lawfare viene a ocultar el hecho, por ejemplo en nuestro caso, de que el kirchnerismo ha sido, como lo ha sido después el macrismo, protagonista de aprietes a la justicia. Y que, además, mucho de lo que está en juego son actos de corrupción reales, que se dieron en toda la región siempre, pero yo diría muy especialmente en ese tiempo donde era pródigo el recurso, el auge y el boom de las commodities, donde pasaron muchas cosas interesantes y muchas cosas horrendas y hay que hacerse cargo de eso.
La impactante noticia de la anulación de las causas contra Lula es vista por los “teóricos” del lawfare, como una ratificación de sus nociones al respecto. Vos asegurás que, en realidad, es todo lo contrario. ¿Qué análisis hacés de estos sucesos?
El caso de Lula evidencia que la teoría del lawfare es una tontería. Los que abogan por esa teoría señalan al supremo tribunal brasileño como demostrando que queda ratificado que en Brasil existió lawfare. Pero ese mismo tribunal federal que hoy anula las causas que impedían a Lula ser candidato, es el tribunal que en el 2018 rechazó los hábeas corpus que había interpuesto Lula. ¿En qué quedamos? Es muy extraño que la decisión del máximo tribunal brasileño ratifique un lawfare que aparentemente había construido de modo protagónico hasta hace dos años ¡ese mismo tribunal!
«El cuento del lawfare viene a ocultar el hecho, por ejemplo en nuestro caso, de que el kirchnerismo ha sido, como lo ha sido después el macrismo, protagonista de aprietes a la justicia. Y que, además, mucho de lo que está en juego son actos de corrupción reales, que se dieron en toda la región siempre».
Sin que en el medio ocurriera nada que lo forzara, por imaginar algo, una formidable movilización popular de millones de personas en las calles reclamándolo. Nada de eso ocurrió, simplemente funcionaron los mecanismos institucionales.
Claro. Entonces, simplemente, se ratifica que el lawfare es un cuento chino. Dicho eso, y esto creo que es lo que confunde la discusión, eso no quiere decir que no haya habido, tanto en el caso de Brasil como en el de la Argentina, causas inventadas hacia Lula como aquí causas injustas o inmerecidas o inconsistentes hacia Cristina Kirchner. Todo eso puede ser cierto. Lo que hay que romper es el cuento que viene a ocultar parte central del problema. Y el cuento lo que oculta es que muchos de estos acusados por la justicia intervinieron de modo decisivo en actos de corrupción. En el caso de Cristina evidentemente, no voy a detenerme en eso, pero en el caso de Lula también: Lula fue protagonista en lo que es un escándalo de corrupción único en la historia brasileña que es el “Mensalao”. Pero la causa por la que se lo persiguió y se le impidió ser candidato fue una causa yo diría completamente endeble, la que tiene que ver con el triplex.
Y una cosa no quita la otra.
Por supuesto. Uno puede decir, sin ningún problema –y nuestra independencia de criterio nos tiene que permitir decirlo– que esa causa fue un invento, que Lula fue en esa causa mal perseguido, que hubo una animosidad hacia él en la que participó de modo decisivo parte del poder judicial. Ahora, en Brasil existieron controles, esos controles los mantuvo en su momento en 2018 la Corte, ratificando el proceso cuando parecía que era limpio. Y ahora esa misma Corte lo desmiente diciendo no, acá no hubo en realidad problemas. Pero eso no niega que Lula y su partido fueron los que pusieron en el poder a Temer y a toda una banda de empresarios neoliberales que ahora dicen que eran los que lo perseguían. ¡No! Ellos estuvieron pactando con esos empresarios neoliberales, lo pusieron en la vicepresidencia a Temer, pactaron con ellos un plan económico que era completamente reaccionario.
Pareciera, como escribió Rodolfo Walsh, que “no pudiéramos tener dos ideas en la cabeza al mismo tiempo: si hay contradicciones, las consideramos antagónicas; cuando nos damos cuenta de que no son antagónicas, nos olvidamos de que existen”. Pero el mismo Walsh advertía que “eso es reaccionario: anular con una opinión hechos de la realidad”.
Es que tenemos que poder tener la mirada limpia y poder decir “eso esta allí”. ¿Eso niega que Lula haya hecho un plan social único en la historia de Brasil? No, de ningún modo. ¿Eso niega la Bolsa Familia y los programas de acción afirmativa de Lula para los grupos negros en las unviersidades, que fueron fantásticos? En absoluto, eso es completamente defendible. ¿Eso niega que el fiscal Moro por intereses personales persiguió indebidamente a Lula? No, de ningún modo. Pero saquémonos de encima el cuento que dice que ha habido una persecución a los líderes de los programas progresistas para darles una lección y que no vuelvan a hacer lo que habían hecho. Eso es una mentira absoluta, destinada, por ejemplo, a hacernos creer que (Amado) Boudou era un líder social revolucionario cuando era un chanta, un ladrón de cuarta, como demostró la justicia en una catarata de decisiones, yo diría, tan impecables como lo puede ser un proceso penal en la Argentina.
Y ese esquema tampoco permite explicar desde ninguna perspectiva por qué no ocurrió ese lawfare contra Tabaré Vazquez, contra José Mujica, contra Michelle Bachelet, contra Hermes Binner…
Totalmente. Si hubiese habido una conspiración internacional el primer objetivo debería haber sido sacarse de encima a Tabaré Vazquez o a Mujica, símbolos del Frente Amplio, de la izquierda gobernando. ¿Por qué no tuvieron procesos en su contra y no fueron perseguidos por la justicia? Porque tuvieron gobiernos básicamente limpios, fundamentalmente limpios. Tampoco el lawfare explica por qué al mismo tiempo otros gobernantes de derecha también sufrían procesos judiciales. Alan García que se mató por el tipo de persecuciones que recibía, Kuczynski que tuvo que renunciar, Uribe que está siendo perseguido por la justica, Piñera perseguido por la justicia, entonces tenemos que terminar con el cuento. El lawfare viene siendo parte de ese cuento que nos quieren hacer creer, en la fantasía, que hubo una conspiración internacional contra el gobierno progresista. No. Muchos de los líderes de los llamados gobiernos progresistas, lamentablemente, desgraciadamente, fueron protagonistas de actos de corrupción extraordinarios, como otros líderes de la derecha en ese mismo momento. Fueron unidos, estuvieron favorecidos por una oleada económica, algunos la surfearon mejor que otros, pero todos ellos vieron la oportunidad económica de favorecerse, enriquecer a sus amigos, repartir privilegios y lo hicieron, independientemente de la ideología. Y la justicia, como suele ocurrir en América Latina, ha sido durante todo este tiempo muy sensible a las presiones del poder, ya sea de gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda, ya sea gobierno progresista o lo contrario. El lawfare viene a ocultar parte de esa historia y presentarla de un modo que es atractivo para los fanáticos pero que no nos tiene que impedir ver, a quienes queremos acercarnos a esa realidad, con los ojos limpios. Ver que las cosas han venido mucho más mezcladas y ratificando una patética historia latinoamericana de dependencia política a la justicia.
«Las prioridades de una reforma judicial de verdad deberían ser terminar con la impunidad y terminar con la marginación en la justicia de los más pobres».
Has marcado muchas veces la necesidad de realizar reformas en el sistema de justicia de la Argentina. ¿Cuáles son los principales déficit para la ciudadanía? ¿En qué aspectos principales debería poderse avanzar, y qué intenciones crees que el Gobierno tiene en ese sentido?
Mirá, acabo de escribir un texto para Anfibia que se llama “Una reforma judicial para Noruega” y que muestra por qué la reforma judicial debería orientarse a terminar o combatir el problema de la desigualdad, sobre todo la desigualdad de los pobres frente a la justicia y desigualdad en el trato a los privilegiados. Los privilegiados son los privilegiados también de la justicia. Y sin embargo se han propuesto reformas judiciales que o bien caminan en la dirección contraria o ignoran olímpicamente este tipo de necesidades. Las prioridades de una reforma judicial de verdad deberían ser terminar con la impunidad y terminar con la marginación en la justicia de los más pobres.
Con los viejos privilegios…
Privilegios que para mí son la cara y la contracara del mismo problema. La desigualdad explica la marginación y destrato de los pobres en la justicia y la desigualdad explica del otro lado los privilegios, beneficios que tienen los más ricos o los más poderosos del sistema judicial.
QUIÉN ES ROBERTO GARGARELLA
Es extenso el currículum de Roberto Gargarella: abogado, jurista, sociólogo, filósofo del derecho, escritor y académico especialista en derechos humanos, democracia, filosofía política, derecho constitucional e igualdad y desarrollo. Es también profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de Buenos Aires. Además, dirige la Revista Argentina de Teoría Jurídica. Su último libro es La derrota del derecho en América Latina. Siete tesis, editado por Siglo XXI, en el que explora, precisamente, las bases mismas del derecho en nuestro continente, planteando un escenario alarmante, hecho de impulsos poco democráticos y falta de escrúpulos éticos en el ejercicio profesional. Pero también muestra, con una convicción inquebrantable, un camino por recorrer y un horizonte de salida.
