Marcos Filardi, de la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria, es uno de los impulsores del rechazo al memorándum de entendimiento con China. Aquí explica las razones del repudio al convenio que pretende instalar megafactorías de cría de cerdos para exportarlos a ese país.
Marcos Filardi es abogado especializado en Derechos Humanos, integra la cátedra libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición (UBA) y la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria (RedASA). En esta entrevista explicita las razones de la oposición al acuerdo entre Argentina y China para la cría masiva de cerdos con destino a ese mercado: advierte que acarreará graves problemas económicos, sociales y ambientales para toda la región.
¿De qué se trata este convenio que tanta alarma genera en científicos, especialistas en cuestiones ambientales, intelectuales y movimientos sociales en nuestro país?
Básicamente es por la posible firma del memorándum de entendimiento entre Argentina y China, a través del cual se establecerían -de mínimo- 25 megafactorías de producción porcina en el país, de 12 mil madres cada una para exportar carne a China. La información la conocimos en enero de este año a partir de un comunicado de la empresa Biogénesis Bagó, que comercializa los fármacos que se utilizan en la intensificación productiva animal y que decía que, por la peste porcina africana que obligó a China hace dos años a sacrificar entre el 20 y el 50 por ciento del stock total de cerdos -millones y millones de animales encerrados vivos, calcinados por esa peste-, celebró que esa producción que no se podrá hacer en China se externalice en la Argentina. Ya en contexto de pandemia, la Cancillería emitió un comunicado el 6 de julio manteniendo esas mismas cifras que había dado el laboratorio, que implicaba aumentar la producción porcina de seis a cien millones de cerdos, representando nueve millones de toneladas exportables. A partir de ahí, un sinnúmero de personas empezamos a compartir esta preocupación y, por lo pronto, decidimos un pronunciamiento público llamado “No queremos convertirnos en una megafactoría de cerdos para China ni para nadie, ni en una fábrica de pandemia”, que desató un debate público por algo que se venía trabajando de manera muy poco transparente. Hoy, más de 500 mil personas y organizaciones de todo el país han adherido a este primer pronunciamiento, ya hubo movilizaciones en distintos puntos del país, tanto el 25 como el 31 de agosto, conversatorios, expresiones en las redes sociales. Una muy fuerte organización colectiva para expresar los puntos críticos que el proyecto así planteado genera.
Dijiste que los dos elementos centrales para el rechazo a este posible convenio es que “no queremos transformarnos en una fábrica de cerdos ni para China ni nadie, y tampoco queremos ser una fábrica de nuevas pandemias”. No es menor que Felipe Solá, ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que auspició en los años 90 la introducción de la soja transgénica sea el mismo que está impulsando este acuerdo. Otra vez hay riesgos de otra posible transformación productiva del país con el impacto social y ambiental que eso tiene, y sin que lo decidamos nosotros.
El mismo personaje con la misma modalidad. En el verano del 96, en menos de tres meses, a partir de la información suministrada por la propia empresa interesada en introducir la soja transgénica en el país, luego de haber sido aprobado meses atrás por Estados Unidos, sin siquiera exigirles a esa empresa que traduzca esa información científica al castellano, sin hacer estudio propio, sin siquiera tener el dictamen jurídico previo al acto administrativo como se exigen en todos. En menos de tres meses y 180 folios, don Felipe Solá, en pleno gobierno de (Carlos) Menem, le daba la autorización a esta soja transgénica en nuestro país, que cambió el modelo productivo de manera radical, inaugurando ese proceso de sojización de lo que hoy llamamos “modelo agroindustrial dominante”, a través del cual nos convertimos en el tercer país del mundo productor de transgénicos, no sólo de soja, sino también de algodón, de maíz, destinado principalmente a exportación para engordar a los ganados de otros mercados, principalmente de cerdos en China y la producción de agrocombustibles para llenar los tanques de nafta. El mismo personaje, devenido a canciller 24 años después de este modelo de agronegocios -impuesto de arriba hacia abajo, no debatido en la sociedad, no debatido en el Congreso de la Nación, no plebiscitado, con devastadores consecuencias en los territorios-, con la misma modalidad viene impulsando este acuerdo de espaldas al pueblo con poca información y contradictoria.
“Es increíble que las conversaciones y negociaciones estuviesen tan avanzadas sin que Argentina hubiese puesto en la mesa de negociación la cuestión ambiental”.
¿Y después qué pasó?
Días después de ese pronunciamiento tan masivo que abrió el debate público alrededor de este tema, la propia Cancillería, en lugar de hacer una rectificación, una fe de erratas de su comunicado inicial del 6 de julio, editó ese comunicado. Y no es menor esa edición: allí reduce la cantidad a exportar de nueve millones de toneladas por año a 900 mil, baja un cero. Pero en el comunicado inicial había un párrafo que decía que este acuerdo le proporcionaría a China la seguridad absoluta en el suministro de carne en los próximos años. Ese párrafo se eliminó y es reemplazado por otro que dice que será de manera gradual e incorporará los más altos estándares ambientales. Tras todas las movilizaciones y demás, el domingo a la noche, a través de un twitter oficial, el jefe de las negociaciones de la Cancillería, que había anunciado en un conversatorio interno del movimiento Arraigo que se hacía la primera firma del memorándum el pasado martes 1º de septiembre, informó que se postergaba hasta noviembre porque Argentina había introducido una cláusula que tiene que ver con la protección de los recursos naturales, de la bioseguridad y los estándares ambientales, cosa que en los conversatorios previos vinieron asegurando una y otra vez que se iba a hacer con los más altos estándares ambientales.
Es increíble que las conversaciones y negociaciones estuviesen tan avanzadas sin que Argentina hubiese puesto en la mesa de negociación la cuestión ambiental.
Sí. A eso sumemos que desde la RedASA pedimos información pública oficial, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, a todas las dependencias del Estado involucradas en el tema y a los gobiernos provinciales. Al día de hoy, y vencidos ya los plazos que establece esa Ley, sólo nos contestó la Cancillería muy escuetamente con la firma de Martín Granovsky. Nos contestó la Jefatura de Gabinete, diciendo que el órgano primario encargado de la negociación era, justamente, la Cancillería y el Ministerio de Salud, diciendo que no tenían ninguna intervención en el tema y demás. Todavía no respondió Agricultura, ni Ambiente ni los gobiernos provinciales con los que sabemos se compartió las características del proyecto a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Por el contrario, tuvimos información de las características del proyecto, pero no por el propio Estado de manera oficial, sino filtrada a nuestras organizaciones por gente de bien dentro del gobierno. De ahí apareció el famoso Powerpoint que estuvo circulando en el Ministerio de Agricultura y que da características técnicas de cómo están pensando el modelo teórico de la implementación del proyecto, y recientemente el texto del memorándum de entendimiento que será firmado en noviembre de este año.
¿Hay información de los puntos ambientales que se agregarían para la firma en noviembre?
La cuestión ambiental está mencionada solamente en un considerando y en un artículo de este memorándum del que tuvimos acceso en esa versión nuevamente en inglés. No tiene mayores precisiones. Lo importante es que conversemos colectivamente de por qué nos oponemos al proyecto tal como está planteado. El primer punto es que viene a profundizar o mantener ese modelo de agronegocio transgénico de los últimos 24 años que venimos denunciando en los territorios por sus devastadoras consecuencias porque, elementalmente, esos cerdos serán alimentados con maíz y sojas transgénicos, resistentes a venenos. Ya queremos que cambie. Una de las características de esas megafactorías es que se deben establecer cerca de la producción de maíz y de soja. Proyectemos hacia atrás de lo que genera esa soja y maíz transgénicos: fumigaciones con agrotóxicos, contaminación de agua, aire, etcétera, todo lo que venimos denunciando. A eso, el uso del agua dulce, potable, para estas megafactorías. El proyecto señala que se necesita 1,5 millones de litros por día de agua potable donde estarán 12 mil madres y albergarán de manera hacinada 400 mil cerdos. Es una escala más grande a las ya existentes en el país, implica duplicarlas, por lo menos. Eso afectaría la accesibilidad al agua dulce para un país que ya tiene serias crisis de disponibilidad de agua en diferentes puntos del país. Como si eso fuese poco, el riesgo de contaminación, que es central, absoluto, propio de estas megafactorías. Esto tiene que ver con varias razones. En primer lugar, el riesgo de contaminación del agua: los cerdos producen hasta siete veces la cantidad de deshechos de lo que produce un ser humano. Todo eso desemboca en lo que se llama purines, que tienen más de cien sustancias tóxicas distintas, volátiles, que están presentes, desde amoníacos y nitratos hasta residuos antibióticos. Esos purines se van a utilizar como fertilizantes según las características del proyecto, pero esas presencias tóxicas seguirán presentes en esos purines. Donde se han instalado esas megafactorías ha habiodo contaminación de agua.
¿Hay alguna experiencia previa de algún país en donde se haya instalado un proyecto de estas dimensiones?
Sin ir más lejos, en un pueblito llamado Freirina, en Chile, se estableció lo que era hasta ese momento la megafactoría más grande del mundo, de capitales chilenos (Agrosuper), justamente para exportar a China. Un pueblito de seis mil habitantes, que en principio creyó de muy buena fe las promesas de la empresa y del gobierno, que son las mismas que nos están transmitiendo ahora: que iba a generar trabajo y progreso, que iba ser construida con los más altos estándares ambientales, ¿y qué pasó? Todo lo contrario: presencia de olores nauseabundos intolerables con todo lo que eso trae aparejado para la salud física y mental de los pobladores aledaños, presencias de moscas, roedores, mosquitos, animales que son vectores y transmiten enfermedades… El pueblo se cansó, comenzó a organizarse en asambleas territoriales y empezaron a liderar una lucha muy fuerte para que esa megafactoría más grande del mundo se fuera del territorio, y luego de mucha lucha lo lograron. Pero también hubo represión mediante, porque estos modelos impuestos vienen desde arriba hacia abajo y siempre con represión cuando los pueblos empiezan a advertir las consecuencias, porque no quieren vivir en esas condiciones. A pesar de la fuerte represión sufrida de Carabineros, lo consiguieron.
“El mismo personaje (Solá), devenido a canciller 24 años después de este modelo de agronegocios, con la misma modalidad viene impulsando este acuerdo de espaldas al pueblo con poca información y contradictoria”.
¿Hubo más casos?
Lo mismo pasó en Yucatán (México), en Cataluña (España), en Colombia. Donde quiera que se establezcan estas megafactorías generan conflictividad social y, al mismo tiempo, rescato un aspecto que señaló Pedro Peretti en sus últimas intervenciones: el carácter racista, colonial y neoliberal de este proyecto, tal como está planteado. Racista porque no es que estas megafactorías se establecerán en Puerto Madero, sino que se van a establecer en lo que llaman zonas desfavorecidas del país, como han dicho en algún conversatorio: “Donde no hay nada”… ¿Cómo que no hay nada? Ahí hay pueblos, hay vida, se instalarán ahí donde se admite la idea implícitamente de que hay alguien más, que no somos nosotros, los que vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que nos tenemos que sacrificar en aras de este supuesto interés general. La idea profundamente racista y neocolonial en ese enclave que implican cada una de estas megafactorías.
Se viene planteando desde hace tiempo que existe una especie de consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias que no se discute y nos es impuesto, el consenso extractivista. ¿Este plan entra en eso?
Sí, porque es la posibilidad efectiva de convertir en carne, lo que llaman darle valor agregado a la soja y maíz transgénico que ya existe en nuestro país. Centralmente está pensado para las provincias del NOA (Noroeste Argentino), que tienen un alto costo del flete para llevar ese maíz y soja transgénica al puerto de San Lorenzo y que, de esa manera, evitarían ese costo al convertirlo en carne porcina. Pero no es que se está pensando un esquema de dos mil granjas de cien o de 200 madres cada una, se está pensando un esquema llave en mano, de integración vertical que requiere, según el propio proyecto oficial, de una inversión de cada una de esas megafactorías de 150 millones de dólares. Es decir, muy capital e intensiva esta integración vertical que lo liderarán grandes capitales chinos. Recordemos que el grupo económico que lidera la producción porcina a nivel global es chino, el grupo WH, que fue el que compró a Smithfield, que era la principal productora de carne porcina del mundo y que empezó a externalizar la producción en distintos países.
Y acá, con la “pata local”…
Esos capitales chinos u otros, asociados a grandes capitales nacionales, que ya juegan muy fuerte en el mercado porcino en este sistema de producción intensiva pero que son los mismos actores que producen la soja y el maíz fruto del desmonte en el NOA. Este año se dio a conocer un informe de Greenpeace con los nombres y apellidos de las personas que materialmente son responsables de la desforestación en el NOA y el NEA (Noreste Argentino) en nuestro país. Esas personas son las asociadas directamente a este proyecto. Nos dicen que va a beneficiar a los pequeños y medianos productores, pero ni siquiera están contemplados. Esto es un proyecto llave en mano de grandes capitales chinos y nacionales que sólo redundará en ganancias para esos actores tan concentrados de un lado como del otro del charco.
Es un tema central la salud. Esto sucede en un marco en el que estamos encerrados por un virus. El 60 por ciento de las enfermedades transmisibles son zoonósicas, de animales a seres humanos. Ya vivimos el brote de la gripe porcina, que nació de una megafactoría porcina en Estados Unidos, la gripe aviar producto de la intensificación productiva aviar y ahora una nueva cepa de gripe porcina H1N1 que se llama G4EA, ya con potencial demostrado de pasaje a seres humanos, se está incubando una nueva pandemia en China. Una nota del New York Times hace una semana expresó muy claramente que ya hay trabajadores de factorías porcinas en China infectados por esa nueva cepa. Sin ir más lejos, hace poco, en Brasil, se detectó una nueva gripe porcina vinculada a este tipo de explotaciones. Brasil es un productor muy importante de cerdos con estos sistemas.
El Gobierno habló de soberanía alimentaria, un ratito, digamos, cuando lo de Vicentin. ¿Qué impacto tendrá este proyecto en esa aspiración de soberanía alimentaria?
La soberanía alimentaria es un paradigma, antitético, contrapuesto y superador de este modelo agroindustrial dominante, y lo mismo de estos proyectos de megafactoría que lo vienen a profundizar. Decimos que esto es una falsa solución, nosotros aspiramos a construir otra cosa en nuestros territorios, que tienen que ver con priorizar la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos para atender las necesidades alimentarias adecuadamente de los 45 millones de habitantes, y también con los excedentes que podamos generar de alimentos sanos poder compartirlos con otros pueblos. Eso implica localizar los sistemas alimentarios. Es decir, priorizar la producción local para abastecimiento local, garantizar el acercamiento directo del productor con los comensales, poner en el centro del sistema productivo a la agricultura familiar campesina-indígena y apostar por la agroecología en todas sus formas, producir de distintas formas en todo nuestro territorio que no dependan de este paquete de venenos, de agrotóxicos, transgénicos y fertilizantes sintéticos que utiliza el modelo agroindustrial dominante.
Lo importante es que ese modelo que soñamos construir en todo el territorio no sólo es necesario, es urgente y posible, sino que tiene expresiones concretas. La agroecología avanza en nuestro país. Sin ir más lejos, la Red Nacional de Municipios (Renama) y comunidades que la fomentan reunió a más de 30 municipios, más de cien mil hectáreas de manejo agroecológico extensivo. Y también con estas señales contradictorias de que el referente de la Renama, Eduardo Cerdá, es quien está a punto de ser designado por el mismo gobierno como director nacional de Agroecología. Respondiendo esa demanda social de que haya un avance de la agroecología, se crea en el ámbito del Ministerio de Agricultura una Dirección Nacional de Agroecología.
Desde el mes de febrero se está dando vueltas con la creación de esa Dirección y con el nombramiento de Cerdá, lo cual sería una gran noticia, pero se viene demorando. Pareciera que en la disputa interna del gobierno nacional vienen ganando las posiciones que frenan esta idea.
Recién la semana pasada salió el organigrama de todo el Ministerio, donde se incluyó la Dirección. Ahora están en tratativas para designarlo a Cerdá, pero durante estos meses pasaron muchas cosas. No es un Ministerio que estuvo quieto. Durante estos meses vimos desembarcar a las Astec, a las llamadas tecnologías 4.0 de la revolución industrial, con una dirección específica, de tecnología agrícola, con el anuncio público del desembarco de esas tecnologías con la presencia de tres ministros distintos y con una convocatoria del propio Ministerio de Agricultura a todo el sector Astec de todo el país para generar oportunidades de negocios. Hemos tenido el anuncio del Consejo Agroindustrial, de que logró reunirse con la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner), el presidente (Alberto Fernández), con el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) en poco tiempo para, supuestamente, maximizar y profundizar las exportaciones a través del modelo agroindustrial dominante. Y también recordemos que, mientras estábamos encerrados por el virus, nos desayunamos que, fruto de la intervención de Felipe Solá como canciller, hay una reducción a los aranceles de los insumos necesarios para la fabricación de agrotóxicos. Es decir, para hacerlos más baratos en el mercado interno y que se puedan usar más.
“No queremos convertirnos en una megafactoría de cerdos para China ni para nadie, ni en una fábrica de pandemias”.
Es abrumadora la coherencia de Solá, aunque siempre para el lado que no nos gusta.
Si, al servicio del modelo agroindustrial desde los diferentes lugares que ocupó. Incluso antes del 96. Ya en el 81 había dirigido un informe de impacto en el mercado en la venta de glifosato para la propia empresa Monsanto, con la marca comercial Roundup. Él mismo lo reconoce en una entrevista imperdible titulada Verano del 96 que le hace Horacio Verbitsky en Página/12.
¿Qué se discute ahora? Tras la postergación de la firma a noviembre.
Por lo pronto, seguir instalando el debate. Estamos convencidos de que el proyecto no se tiene que firmar ni en noviembre ni nunca en los términos que está planteado. Desde el propio Primer Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular hemos arrimado propuestas alternativas por las que se podría, incluso, producir para exportar carne de cerdo a China, pero con otra forma. Seguir intercambiando información, movilizándonos, seguir expresándonos con todas las vías de que lo estamos haciendo desde la gente que salió a las redes sociales, a los que se expresan en las redes sociales, a la comunicación comunitaria que le dan aire a estos temas tan importantes que no encuentras su eco en los grandes medios de comunicación. Es decir, colectivamente hacernos oír, para que esto que llamamos “una falsa solución” no tenga lugar en nuestro territorio; que en serio haya políticas públicas decididas, coherentes hacia la agroecología y la soberanía alimentaria. Lejos de esa esquizofrenia, de presuntas coexistencias entre los dos modelos que no es posible, que no están, que las políticas públicas fruto de esta movilización vayan en el sentido de la agroecología y la soberanía alimentaria.
Hoy hay otra conciencia respecto de lo ambiental. No es poco que el llamamiento haya generado tanto impacto como para que el tema apareciera en los grandes medios. ¿Qué crees que pasará?
De nosotros depende. Tenemos el ejemplo del pequeño pueblo de Freirina que, ya instalada la megafactoría, produciendo, exportando, dijeron “ya la tenemos acá” y lograron echarla de los territorios. No debemos llegar a ese punto, pero sí hacernos oír fuertemente, porque en definitiva es en defensa de la vida. Esto es un caldo de cultivo de zoonosis de todo tipo, genera resistencia bacteriana que ya se cobra hoy, según la OMS, 200 mil muertes al año. El acuerdo con China es un negocio para unos pocos bajo las promesas de trabajo y demás, quitamos ese velo y vemos que es dinero para muy pocos grandes sectores, muy concentrados. Los más ricos de nuestro país junto a grandes capitales trasnacionales chinos están muy interesados en esto. Y es pesar para las grandes mayorías, conflictividad social para las grandes mayorías, contaminación y demás. Lo interesante es que nos encuentra parados muy distintos entre 1996 y hoy. Muchas cosas pasaron en estos 24 años, y uno de ellas es que hubo una tremenda conciencia popular que fue creciendo de abajo hacia arriba alrededor de las consecuencias de este modelo agroindustrial dominante que supimos conseguir. Y la necesidad de construir otra cosa basada en la soberanía alimentaria, de ahí el nivel de respuestas. No fue lo mismo en el 96, donde hubo voces críticas, que alertaban lo que iba a pasar, pero eran realmente minoritarias a lo que es esta movilización masiva, popular en distintos puntos del país diciendo “esto no lo queremos, es una falsa solución, vamos por el otro lado”.
Entrevista realizada en el programa radial “En La Víspera” de la cooperativa El Miércoles, que se emite los martes a las 22 por radio Nacional Concepción del Uruguay LT 11 y por Radio UNER.
