Un «no» rotundo al referéndum

Italia irá a un referéndum para recortar el número de representantes parlamentarios. Con dudas sobre los supuestos y objetivos de la medida, numerosos intelectuales se expresan en contra de forma rotunda.

El domingo 20 y el lunes 21 de septiembre los italianos deberán expresar su voto sobre la reducción del número de diputados y senadores. La cuestión sobre la que versa el referéndum es objetivamente perniciosa, ya que invita a los ciudadanos italianos a limitar su poder para influir -aunque sea de forma indirecta- en la definición de las leyes que regulan la vida en sociedad.

La propuesta de reducción del número de parlamentarios (el recorte también afecta a los representantes políticos de los italianos residentes en el extranjero) se basa en la convicción de que al reducir la representación, con un recorte lineal, se obtenga una mejor gobernabilidad y se reduzcan los gastos “inútiles”.

Sin embargo, pensar que un recorte de representantes políticos constituye la manera más eficaz para introducir mejoras cualitativas en la acción legislativa es completamente engañoso. La multiplicación de sus tareas, de hecho, solo tendría el efecto deletéreo de un debilitamiento del Parlamento en general y sobre su capacidad de control sobre el trabajo del ejecutivo, en particular. 

Sin embargo, pensar que un recorte de representantes políticos constituye la manera más eficaz para introducir mejoras cualitativas en la acción legislativa es completamente engañoso.

Frente a ese terrible riesgo quiero expresar un NO rotundo. Mi convicción deriva del hecho de que creo que esta opinión es errónea e incluso peligrosa porque:

• encuentra sus raíces históricas en el antiparlamentarismo de principios del siglo XX, en el que se fundaron los movimientos nacionalistas;
• en los últimos tiempos ha sido la expresión de un pasotismo populista, basado en el instinto transversal y atávico de la así llamada “antipolítica”, en la que se funda una aversión generalizada hacia la clase política -definida como “casta”- y la actividad política e institucional en general;
• al reducirse el número de parlamentarios, se ataca a las minorías, se debilita el pluralismo y se sacrifican las autonomías territoriales;
• la motivación económica constituye el corolario de estas premisas, no sólo porque se trata de un gasto realmente casi irrelevante, sino porque “cosifica” un derecho y un deber de representación y participación.

Además, el “recorte” propuesto está completamente desvinculado tanto de una ley electoral, que permita una efectiva elección de representantes -fuera de lógicas que corren el riesgo de ser cada vez más oligárquicas- como de un posible proyecto orgánico de reforma constitucional, sobre el cual hay que confrontarse de manera rigurosa (dado que para nosotros la implementación de la Constitución sigue siendo una prioridad y ciertamente no su “reforma”).

Es decir, prevalece una motivación “destructora”, que no hace más que alimentar una cultura anti-institucional y lacerar, así, el tejido civil del país.

En efecto, en la base de tal concepción hay, como bien se ha explicado en el llamamiento de más de 150 estudiosos y estudiosas de la Filosofía y Sociología del Derecho en apoyo de las razones del NO, una profunda aversión hacia la mediación como resultado de un sano proceso democrático, alimentado por el conflicto entre intereses y posiciones diferentes.

La globalización, las nuevas fronteras de la economía y de las tecnologías reclaman, en cambio, un fortalecimiento de los lugares de participación para combatir la fragmentación y el individualismo que ponen en peligro todas las formas de solidaridad, libertad y justicia.

La deslegitimación del Parlamento, de las estructuras sociales intermedias (partidos, sindicatos, etc.) y de los lugares donde se desarrolla el conocimiento (escuelas y universidades) se inscribe plenamente en el contexto de esta deriva.

La globalización, las nuevas fronteras de la economía y de las tecnologías reclaman, en cambio, un fortalecimiento de los lugares de participación para combatir la fragmentación y el individualismo que ponen en peligro todas las formas de solidaridad, libertad y justicia.

Mi NO se basa, por lo tanto, en los principios de defensa del debate pluralista, expresión de la única tutela del interés general, que es el fundamento de la democracia constitucional y republicana.