En tiempos de repliegue, el Estado de Bienestar volvió al centro de la escena, sus defensores dieron un paso adelante y sus detractores a morigerar ciertas críticas. Ese reverdecer, no obstante, no morigera la magnitud de los desafíos que dejó la actual crisis ni los muchos obstáculos para forjar sociedades más justas e igualitarias.
Conversar con Tomás Fernández García, Doctor en Trabajo Social y profesor Titular en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, España), sobre el Estado de Bienestar y, en cierto modo, el proyecto socialdemócrata es adentrarse en una reflexión intelectual, pero también en un proyecto político y en una historia de vida. Décadas de análisis y decenas de publicaciones respaldan una trayectoria y reflejan la irrenunciable vocación de pensar las bases teóricas e ideológicas del bienestarismo y, además, sus traducciones prácticas y desafíos concretos. En el centro de esas reflexiones anida una preocupación profunda por la igualdad y la justicia, más todavía en tiempos donde nos encontramos asediados por una crisis inédita en sus características y confrontados por discursos de una derecha radicalizada.
La pandemia del coronavirus tuvo un efecto paradójico, su profusión no distinguió de clases o grupos sociales, pero evidenció, de manera cruel, los efectos perniciosos del embate que el Estado de Bienestar sufrió durante décadas, en particular en áreas sensibles como la salud y la educación. El desafío es reflexionar sobre las instituciones del Estado de Bienestar sin nostalgias, a pesar de que, como él mismo me dijo: «fue un modelo que ha sido tan beneficioso para los europeos y que logró sacar a mi familia, como a otras muchas familias europeas, de la pobreza». El objetivo es mirar hacia el futuro, dar nuevas respuestas a problemas tan graves como antiguos y enfrentar, con arrojo y creatividad, los desafíos de los nuevos tiempos. Sobre esto y otras cuestiones tuvimos el placer de conversar con Tomás Fernández García.
«La actual pandemia provocada por la enfermedad COVID 19, ha agravado la crisis que veníamos arrastrando, afectando a la capacidad de respuesta de los sistemas de protección social europeos, haciéndolos más frágiles, aunque en mejores condiciones si los comparamos con los países que han seguido aplicando las políticas neoliberales, impulsadas desde de la década de los años 70 en algunos países latinoamericanos».
La pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia tanto las cicatrices que dejó el repliegue del Estado de Bienestar en los últimos cuarenta años como, al mismo tiempo, aquellas áreas en las que resulta insustituible. Como estudioso del tema, ¿cuál crees que es el balance que debemos hacer al respecto?
Para enfrentarnos a las cicatrices del repliegue del modelo, primero deberíamos analizar históricamente las heridas que las fuerzas conservadoras han intentado inferir desde hace tres décadas aproximadamente al modelo del Estado de Bienestar europeo. Éste ha sido un ejemplo político que trajo a los países de la Europa Occidental altas cotas de igualdad y solidaridad colectiva a través de las políticas económicas redistributivas keynesianas para abordar el desempleo, la pérdida de producción y el colapso del sistema financiero después de la II Guerra Mundial.
La universalidad de los servicios públicos en los ámbitos educativos, sanitarios y de pensiones, junto con una legislación social moderna, evitaban que la enfermedad, la incapacidad o la vejez, llevaran a los ciudadanos a la pobreza. Aunque el modelo no acabó con la reproducción de la desigualdad social, las políticas sociales sí han generado una mayor equidad entre las clases sociales, además de facilitar la igualdad de oportunidades, haciendo posible que, al margen de las diferencias de clases, edad o género, los ciudadanos tuvieran los mismos derechos para desarrollar sus capacidades vitales.
El modelo funcionó durante los primeros treinta años mientras existió el pleno empleo, pero la crisis económica de los años setenta y ochenta quebró las expectativas del crecimiento económico, cronificando los procesos de desigualdad. Una crisis que sirvió de excusa a las fuerzas neoliberales para erosionar el consenso que había existido durante años sobre las políticas sociales, teniendo como referentes políticos a Ronald Reagan en Estado Unidos y Margaret Thatcher en Reino Unido, que apoyándose en las teorías neoliberales propusieron sustituir las ideologías por la economía, aumentando el poder del mercado a expensas del debilitamiento del Estado.
Con esta concepción ideológica y política, en el año 2008, Europa se adentró en una crisis crediticia por la bancarrota de diversas entidades financieras relacionadas con el mercado de las hipotecas inmobiliarias, como el Banco de Inversión Lehman Brothers, entre otras compañías, que abocaron en el año 2011 a los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea a dedicar 3, 8 billones de euros, lo que suponía el 31,4 % del Producto Interior Bruto europeo, a rescatar bancos y entidades financieras para devolver la estabilidad al conjunto del sistema, sirviendo de excusa a algunos gobiernos conservadores para privatizar parte de los servicios públicos. Esta decisión, trajo consigo un alto grado de precariedad de millones de familias europeas que perdieron sus empleos, sus salarios y, en muchos casos, hasta sus viviendas. La actual pandemia provocada por la enfermedad COVID 19 ha agravado la crisis que veníamos arrastrando, afectando a la capacidad de respuesta de los sistemas de protección social europeos, haciéndolos más frágiles, aunque en mejores condiciones si los comparamos con los países que han seguido aplicando las políticas neoliberales.
Más allá de las generalidades y siendo que usted conoce tanto la realidad europea como la latinoamericana: ¿la crisis impactó de manera uniforme?, ¿cuánto influyó la preexistencia de instituciones del Estado de Bienestar en el tipo de respuesta de cada país?, ¿la calidad y universalidad de ciertos servicios públicos, fue un elemento decisivo per se o varió según las respuestas concretas a la pandemia?
El tipo de respuesta para enfrentarse a la crisis motivada por la COVID 19 ha sido desigual según el área geográfica donde se resida y la ideología política que gobierne. Los Estados de Bienestar europeos, aunque hayan sufrido históricamente recortes en sus políticas sociales, al ser universales, con una calidad todavía aceptable en sus servicios, fueron más eficientes que las respuestas neoliberales con sistemas precarios y residuales, donde las familias no han podido acceder masivamente a las políticas sociales de salud, de pensiones o de servicios sociales.
A la crisis, hay que sumar las manifestaciones conservadoras que algunos dirigentes políticos realizaron al principio de la pandemia, negando la existencia de la COVID 19 o llamando a primar la economía de mercado por encima de las muertes y los contagios. Finalmente se sumaron al resto de los dirigentes que se habían responsabilizado del grave problema que estábamos sufriendo, solicitando que cerraran las empresas para que sus operarios pudieran realizar el trabajo en línea, a pesar de la carencia de una preparación previa para enfrentarse al modelo tecnológico. Otras empresas optaron por cerrar definitivamente, dejando a millones de personas desempleadas. Otros tantos, que vivían de la economía informal, se quedaron en la calle, sin poder acceder a los artículos de primera necesidad como la alimentación, la luz, el agua. Confirmándose una vez más que las crisis siempre afectan a la parte más vulnerable de la escala socioeconómica, quienes cuando pierden su ocupación abandonan su único patrimonio, que es su fuerza de trabajo, sin poder acceder ni siquiera a un ingreso mínimo económico público para satisfacer sus necesidades más básicas. Sin embargo, en las democracias occidentales europeas, una parte importante de la sociedad desempleada está accediendo a un 70% de su salario temporal o a líneas de refuerzo económico destinadas a autónomos y a pequeñas empresas bajo las premisas de sostenibilidad, digitalización, cohesión social e igualdad, a través de un fondo de recuperación creado por la Comisión Europea de 750.000 millones de euros, al menos mientras dure la excepcionalidad de la crisis. Esos programas, aunque no evitarán que la brecha de la desigualdad siga aumentando, servirán para paliar una parte de las necesidades básicas de las familias.
«El panorama es desolador, donde los altos grados de desigualdad acompañados por elevados niveles de informalidad en el trabajo, desprotección social y limitado acceso a salud pública y de calidad, han llevado a millones de ciudadanos a la pobreza e incluso a la muerte».
Viendo el escenario completo, ¿las respuestas demostraron una variación ideológica significativa? ¿hubo una respuesta socialdemócrata y otra neoliberal europea y latinoamericana, respectivamente?
Si la persistencia de la pobreza, de la desigualdad o la inequidad era preocupante hasta hace unos meses, la situación ha empeorado con el confinamiento, que ha puesto en entredicho, una vez más, las políticas económicas, sociales y sanitarias que se venían aplicando en la región. En el Informe que publicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hace unos meses, ya se advertía que, si no se aplanaba cuanto antes la curva de contagios, las consecuencias económicas y sociales serían devastadoras, dando lugar a un incremento importantísimo del desempleo, con la consecuente reducción de la demanda de bienes y servicios. En este contexto histórico laboral y social, al finalizar el pasado año se registró la mayor contracción económica desde la Segunda Guerra Mundial, donde el volumen del comercio mundial de bienes había caído en casi un 20% con respecto al mismo mes del año 2019. El panorama es desolador, donde los altos grados de desigualdad acompañados por elevados niveles de informalidad en el trabajo, desprotección social y limitado acceso a salud pública y de calidad, han llevado a millones de ciudadanos a la pobreza e incluso a la muerte.
En las soluciones que han ofrecido los diversos gobiernos se constata la polaridad existente entre las distintas fuerzas ideológicas, donde las respuestas socialdemócratas a través del Estado de Bienestar europeo, aunque hubieran sufrido los ataques de la economía de mercado en los últimos años, han sido más contundentes y eficaces que la de los gobiernos conservadores. Las primeras, incluso reflejando una disminución de la calidad de los servicios, en la práctica, han seguido protegiendo a sus ciudadanos a través de la intervención del Estado en la economía para mantener unos niveles aceptables de ocupación en los servicios públicos con sistemas de protección universales, y con una legislación social moderna, que ha facilitado que las familias pudieran sobrevivir más dignamente. Sin olvidar que, a corto plazo, se necesitarán respuestas concluyentes para volver a los niveles de crecimiento que teníamos anteriormente a la crisis, y así remontar los índices de ocupación y seguir financiando las políticas públicas. Las segundas, vinculadas a políticas neoliberales que se aplicaron radicalmente desde los años 70 y 80 del siglo pasado en algunos países de América Latina, han facilitado la extensión de la iniciativa privada a todas las áreas de la actividad económica, privatizando las empresas públicas, aplicando políticas fiscales restrictivas a través de la reducción de impuestos sobre la producción, sobre la renta personal o los beneficios empresariales, reduciendo drásticamente los ingresos estatales y generando unos sistemas públicos de protección social residuales, que, ante una crisis de estas características, están generando unos altos costes humanos y sociales.
En algunas áreas claves, como la educación y la salud, más allá de coexistir diferentes sistemas de gestión, estatales o privados, ¿la evidencia indica que la coordinación estatal es imprescindible?
La coordinación estatal siempre es fundamental para aplicar las grandes políticas públicas en la salud o en la educación cuando existe una crisis tan importante como la de la COVID 19. Porque la armonización de las respuestas deben dirigirse a la totalidad de los ciudadanos de cualquier país, región o municipio: aplicando siempre el principio de equidad sobre los derechos y obligaciones de manera justa, distribuyendo de forma igualitaria los recursos públicos con los que cuenta el Estado para enfrentarse a los desequilibrios económicos y sociales que genera la propia sociedad capitalista, compensándolos con políticas de discriminación positiva para erradicar las diferencias que históricamente sufren los sectores más vulnerables de la sociedad (que por la pandemia han sido los más afectados) o aquellas familias que tradicionalmente han sufrido procesos de exclusión social. La salida ante estas dramáticas situaciones solo se podría conseguir con la aprobación de normativas jurídicas específicas que faciliten, entre otras medidas, satisfacer las necesidades más básicas de las familias para enfrentarse con más garantías al futuro.
La educación escolar ha sido una de las áreas más castigadas ante la crisis porque millones de niños y niñas no han logrado terminar sus estudios más básicos al verse abocados a incorporarse prematuramente al trabajo para ayudar a sus familias, obligando a las distintas administraciones públicas en coordinación con el Estado a garantizar este derecho a todos los niveles educativos. Porque, además de ser uno de los instrumentos de inclusión social más relevantes, la educación, es una institución social que promueve la adquisición de habilidades, de conocimientos, de valores, creencias y hábitos, además de ampliar los horizontes personales para que puedan enfrentarse con más garantías a su porvenir. Y, para conseguir estas metas, hay que garantizar la equidad y la universalidad de la educación para que todos los estudiantes tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades.
El concepto de salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), está vinculado al estado de bienestar físico, mental y social de las personas, así como también de sus sociedades, convirtiéndose en un instrumento de tranquilidad para el sostenimiento y la inclusión social de las familias, donde la pandemia ha dejado al descubierto los frágiles servicios de salud públicos, al aplicar históricamente políticas restrictivas en protección social. La CEPAL calcula que 95 millones de personas en Latinoamérica afrontan gastos en salud de su propio bolsillo, y que al menos 12 millones serán aún más pobres debido a estos desembolsos, al tiempo que sus ingresos son muy limitados o carecen de ellos por las consecuencias de la parálisis económica, poniendo una vez más en evidencia que los sistemas públicos de salud regionales son endebles, producto de años de baja inversión: 4% del PIB en comparación del 6% que recomienda la OMS. Las consecuencias de estas preocupantes cifras se han visto reflejadas en las graves carencias de centros de atención primaria, hospitales, profesionales de la salud, medicinas, material técnico, camas en unidades de cuidados intensivos, mascarillas, respiradores, ropa de aislamiento…, convirtiéndose en las claves para el aumento exponencial del número de contagiados y muertos. Hemos podido ver en directo a través de los medios de comunicación como miles de enfermos se quedaban fuera de los hospitales porque estaban colapsados, o no se disponía de oxígeno medicinal para abastecer a una población que se ahogaba, literalmente, ante la carencia de recursos. Una vez más, las personas más vulnerables han sido las más golpeadas en términos médicos. Ante esta situación tan dramática, es necesario que se articulen sistemas de salud pública universales, que incluyan la puesta en funcionamiento de estrategias capaces de prevenir y tratar cualquier enfermedad, así como la protección, promoción y restauración de la salud.
«La presión de la pandemia está teniendo un protagonismo crucial para programar una agenda política más progresista que la teníamos hace apenas un año, al quedar demostrado los riesgos y los peligros de las políticas económicas individualistas basadas en el libre mercado y alejadas de las tradicionales economías de corte keynesiano, que favorecían el consumo, el crecimiento y el aumento del gasto público».
La crisis evidenció y profundizó las brechas económicas y sociales que existen en las sociedades actuales. ¿Resultan suficientes las herramientas tradicionales del Estado de Bienestar o urge pensar nuevas?, ¿cuántas de las medidas que se implementaron deberían volverse permanentes?
Los mecanismos en los que se ha apoyado tradicionalmente el Estado de Bienestar fueron los adecuados durante las primeras décadas, aunque no estáticos, porque han ido adaptándose a las sucesivas crisis económicas que hemos sufrido, como a las necesidades o demandas de los ciudadanos en cada momento histórico. En el actual contexto, los Estados de Bienestar europeos deben de enfrentarse a diversos desafíos demográficos, económicos, laborales y políticos, para volver a encontrar nuevas vías para seguir proporcionando protección social a sus ciudadanos, e impulsar conjuntamente el crecimiento económico sostenible.
La presión de la pandemia está teniendo un protagonismo crucial para programar una agenda política más progresista que la teníamos hace apenas un año, al quedar demostrado los riesgos y los peligros de las políticas económicas individualistas basadas en el libre mercado y alejadas de las tradicionales economías de corte keynesiano, que favorecían el consumo, el crecimiento y el aumento del gasto público. Aunque el modelo ha sufrido fuertes envites políticos, lo que ha generado una reducción de los índices de bienestar, se ha conseguido un cierto consenso europeo para mantener posiciones más ventajosas de los sistemas de protección social.
Ahora la situación ha cambiado de nuevo, porque la crisis actual ha demostrado, una vez más y en contra de las posiciones conservadores, que sigue existiendo un amplio acuerdo europeo en los valores sociales que defiende el modelo de bienestar como un logro político altamente valorado por la población, con la que los ciudadanos vinculan su identidad europea y nacional, que les legitima para institucionalizar las políticas sociales tradicionales, y ampliar su régimen de servicios sociales para enfrentarse a las graves consecuencias de la pandemia. Esto implica la vuelta a la ortodoxia de las políticas fiscales progresivas, que han sido una de las característica clásicas de los modelos socialdemócratas, al ser más redistributivas, más eficaces, más prósperas y competitivas en el mundo global, porque nunca han sido un obstáculo, sino al contrario, un elemento indispensable para su mantenimiento y crecimiento.
Además de los pilares fundamentales en los que se ha asentado tradicionalmente los modelos del Estado de Bienestar para enfrentarse a las dificultades, necesidades y problemas que han sufrido las familias a lo largo de su vida, y que siguen estando vigentes, debería sumarse una nueva prestación urgente y regulada para reducir el alto riesgo de vulnerabilidad económica de las personas que están sufriendo los avatares de la crisis. Se debe bregar por la aplicación normativa de un salario social público, como prestación de carácter económico para garantizar una renta mínima, que permita a las familias su supervivencia hasta que encuentren un nuevo empleo.
La alta desocupación de los trabajadores menos cualificados, la inestabilidad en el trabajo y los bajos ingresos de los adultos jóvenes, también deberían utilizarse de manera más proactiva para evitar la inactividad en el mercado laboral, que solo se puede conseguir a través de inversiones sociales destinadas a la formación y capacitación a lo largo de la vida, porque permite que las personas puedan acceder a un empleo remunerado y de más calidad, para poder alcanzar mayores cotas de bienestar económico, lo que indudablemente mejoraría el crecimiento inteligente, la integración y la sostenibilidad financiera del Estado de Bienestar a largo plazo.
«Sigue siendo clave fomentar el sentimiento de pertenencia al modelo de bienestar, basado en la inclusión de todos los miembros de la sociedad y en la igualdad de oportunidades, valorando social y políticamente mucho más a las familias, impulsando que, dentro de ellas, los hombres y mujeres compartan por igual el trabajo, el poder, el tiempo y las funciones en el ámbito político y privado para seguir generando una sociedad más justa».
Los nuevos modelos laborales basados en jornadas de teletrabajo desde casa que empezaron a implantarse hace aproximadamente cinco años en las empresas europeas, se han consolidado con la pandemia, calculándose que aproximadamente seis de cada diez trabajadores realizarán sus tareas a distancia en los próximos años. Es necesaria una regulación acordada entre gobiernos, trabajadores y sindicatos, donde se asuman los derechos y deberes de ambas partes, y se responsabilicen del control de horarios, de la compensación de gastos del empleado (electricidad o internet), hasta de la prevención de riesgos laborales, sin que suponga ningún perjuicio en relación al sueldo, la jornada o la estabilidad laboral.
La crisis de la COVID 19 también ha puesto en evidencia a los sistemas educativos con la denominada “brecha digital” que, ante la pandemia, ha dejado al margen a una parte de los estudiantes que viven en entornos de familias vulnerables, que no han podido acceder a la educación en línea por la falta de conectividad, ordenadores, tabletas electrónicas, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos. En ocasiones, porque sus padres no podían comprárselas, y en otros casos, porque sus familias han tenido que empobrecerse aún más, al tener que optar por satisfacer las necesidades más básicas, o pagar los costos de la adquisición de estos dispositivos digitales para que sus hijos pudieran continuar sus estudios. Lo que hemos aprendido de esta crisis es que la conectividad y los dispositivos de acceso a internet han sido los grandes protagonistas durante la pandemia, condicionando el futuro de la educación en general cuando se han iniciado de nuevo las clases. Así que es necesario universalizar urgentemente la conectividad para que llegue a todos los rincones, porque se ha convertido en una necesidad fundamental en este momento histórico para facilitar la igualdad de oportunidades, que junto a la adquisición de dispositivos informáticos masivos, deberían ser las inversiones públicas más urgentes, porque la formación presencial o virtual ofrece muchas ventajas que tienen que ver con el valor de la equidad, teniendo en cuenta que cualquier sociedad democrática, plural y moderna debe comprometerse con los estudiantes más vulnerables, pero también con aquellos estudiantes que por cualquier otra particularidad, necesitan apoyo tecnológico y formativo por sus circunstancias personales, familiares, laborales o de residencia.
En este escenario, sigue siendo clave fomentar el sentimiento de pertenencia al modelo de bienestar, basado en la inclusión de todos los miembros de la sociedad y en la igualdad de oportunidades, valorando social y políticamente mucho más a las familias, impulsando que, dentro de ellas, los hombres y mujeres compartan por igual el trabajo, el poder, el tiempo y las funciones en el ámbito político y privado para seguir generando una sociedad más justa.
¿La socialdemocracia debería volver a recuperar alguna de sus viejas raíces anticapitalistas?, ¿la relación entre Estado de Bienestar y socialdemocracia es contingente o necesaria?
Aunque el sinónimo de socialdemocracia expresa mejor el contenido político de un proyecto global democrático, el Estado de Bienestar en sus inicios se utilizó para referirse al conjunto de medidas e instituciones de la seguridad social como resultado de las luchas de clases, donde la economía mixta de mercado fue ganando protagonismo como función rectora del Estado. Posteriormente, la forma en cómo ha discurrido el progreso social dentro del capitalismo, mediante la interrelación de la expresión política, el desarrollo sociológico y las estrategias económicas para financiar los pilares del Estado de Bienestar, dieron lugar a una identificación necesaria y nunca contingente con la socialdemocracia. Dos términos que representan en una economía social y mixta de mercado, el acceso universal a los servicios de salud, educación y pensiones como derechos fundamentales exigibles que han logrado mejorar la vida de los ciudadanos, dando lugar a sociedades más igualitarias y seguras.
Estas conquistas de la socialdemocracia, siempre se han visto amenazadas por las fuerzas conservadoras cuando han tenido la oportunidad de alcanzar cotas de poder sirviendo a los intereses de unos pocos privilegiados y generando desigualdades económicas, sociales y geográficas, promoviendo un sistema de ganancias a corto plazo, beneficios fáciles, y reglas relajadas que siempre han conducido a las peores crisis económicas y sociales de los últimos tiempos, recrudeciéndose aún más con la grave crisis de la COVID 19.
La socialdemocracia, frente a estos grandes problemas, no debe renunciar a sus viejas raíces: la defensa de los valores inherentes a la democracia, la libertad, la solidaridad, la equidad y la cooperación altruista de las políticas públicas. La crisis no puede hacernos retroceder en el terreno de las políticas sociales, aunque haya que buscar nuevas formas de desarrollo y adaptaciones al nuevo contexto histórico, porque no es incompatible salir de la crisis con mantener la igualdad, las prestaciones sociales y los servicios públicos que defienden las políticas sociales. La igualdad hace a la sociedad más justa, y la mejor manera de que siga progresando es no estar satisfechos con las respuestas que se están ofreciendo a la actual situación económica, social y sanitaria. El reconocimiento de la dignidad de las personas como ciudadanos de una democracia avanzada, se constituye como un criterio de acción, pero también de interpretación de la realidad. Así que, desde la defensa de la dignidad, la vulnerabilidad, la exclusión social o la pobreza se muestran como una ignominia que debe ser corregida, como lo ha sido a lo largo de la historia a través de los derechos establecidos, posicionándose en contra de las corrientes ideológicas que, siempre que han podido, han intentado convertir a las personas en mercancías para ser explotadas y empobrecidas.
«La socialdemocracia, frente a estos grandes problemas, no debe renunciar a sus viejas raíces: la defensa de los valores inherentes a la democracia, la libertad, la solidaridad, la equidad y la cooperación altruista de las políticas públicas».
Son muchas las proyecciones políticas que se han aventurado sobre el escenario pospandémico. ¿Consideras que la socialdemocracia tiene un papel que cumplir en él?, ¿qué reformas en materia de intervención económica deberían adoptarse y serían aplicables al Estado de Bienestar?
Los sueños por configurar una sociedad en la que sea posible la realización personal y el ejercicio de la ciudadanía se han hecho posibles a través de las políticas socialdemócratas y del desarrollo del Estado de Bienestar, destacando tres características que actualmente siguen estando vigentes.
La primera de ellas es el efecto positivo que ha tenido sobre el crecimiento económico sostenido en los países occidentales, basados en una teoría económica que resaltaba la búsqueda del interés común, mediante la expansión de compra de amplias capas de la población como estrategia política, que permitía hacer frente a los desafíos de la pobreza y exclusión social.
La segunda es que la intervención del Estado ha tenido una función crucial en la regulación de la economía, donde los cambios en el funcionamiento de la comunidad, los movimientos demográficos o las tensiones cotidianas serían cargas inasumibles por las familias. Esta intervención basada en los derechos jurídicos, económicos y sociales ha permitido dar cobertura a los riesgos a los que se enfrentaban miles de ciudadanos y ciudadanas. El Estado estaría legitimado como el principal impulsor del crecimiento económico mediante la intervención en la economía y la estimulación de la demanda, ejerciendo una función central como mediador en los conflictos sociales, en la medida que fomenta la extensión progresiva de los servicios de educación, de salud, de pensiones y servicios sociales a un número cada vez mayor de personas.
Por último, la universalidad de una seguridad social que se deriva de la propia ciudadanía, que en el ejercicio de sus derechos facilita el disfrute de los bienes comunes, asumiendo la responsabilidad colectiva en la conformación de la propia sociedad. La universalidad de los servicios requiere la intervención de las instituciones públicas como garantía de su acceso sin discriminación, como condición previa para poder participar en la comunidad como ciudadanos integrados y activos. En el modelo de bienestar siempre puede observarse como la íntima conexión entre democracia y universalidad de derechos legitima la función de las instituciones públicas e impulsa la reclamación de servicios por parte de colectivos que se encuentran excluidos del sistema.
Desde las II Guerra Mundial no hemos tenido una crisis tan grave y profunda como la actual, así que habría que volver de nuevo a la ortodoxia de los valores socialdemócratas a través de una reforma de las políticas fiscales y de las prestaciones sociales como los instrumentos más directos para aumentar la redistribución, porque las considerables pérdidas económicas que sufren los grupos de bajos ingresos ponen de manifiesto la importancia de las trasferencias gubernamentales y las políticas de ayudas a los ingresos, donde los beneficios que perciben los grupos de renta más alta, indica que estas personas, empresas, o grupos económicos, tienen ahora una mayor capacidad tributaria. Los gobiernos progresistas podrían reexaminar la función redistributiva de las ganancias con el objetivo de garantizar que los grandes capitales satisfagan su parte correspondiente de la carga fiscal.
Por otro lado, las políticas redistributivas, el derecho laboral y la negociación colectiva han sido la base del periodo más duradero de expansión y libertad en Europa, donde se forjaron unas relaciones profesionales modernas con una gran participación de los asalariados a través de sus organizaciones en las empresas. Por eso, el empleo sigue siendo el mejor medio para hacer frente a la desigualdad, por lo que el desafío consiste en crear más y mejores empleos, que ofrezcan mejores horizontes laborales para garantizar la emancipación y superar la pobreza.
QUIÉN ES
Tomás Fernández García es Doctor en Trabajo Social, Licenciado en Antropología y Diplomado en Trabajo Social. Actualmente es Profesor Titular de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). También ha sido profesor de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Castilla La Mancha. Ha ocupado numerosos cargos académicos en la UNED: Coordinador de los Estudios de Trabajo Social, Secretario Docente y Director del Departamento, Director de Comunicación, Vicerrector de Centros Asociados.
Sus líneas de investigación se centran en el área de las políticas sociales, trabajo social con grupos e intervención social con familias. Ha publicado más de una veintena de libros, entre los que podemos destacar Fundamentos de Trabajo Social (Alianza, 2009), Estado de bienestar y socialdemocracia: ideas para el debate (junto a Manuel Marín Sánchez, Alianza, 2002) y Nociones básicas del Trabajo Social (junto a Laura Ponce de León Romero, Alianza, 2019).
