El desarrollo de la agroecología ofrece una oportunidad y un desafío para nuestras economías locales. Además, se requiere de un esfuerzo mancomunado para poder realizar la transición a modos más sustentables de producción.
En los últimos meses en la Argentina se ha puesto en discusión pública la cuestión de cómo conciliar el cuidado de la salud y el ambiente con el estímulo a la actividad productiva. El historiador Roy Hora anticipa que resulta un gran desafío para nuestro país, en especial a la luz de la palpable dificultad que tenemos para encontrar mecanismos que nos permitan negociar o acercar visiones e intereses contrapuestos y lograr así acuerdos duraderos. Sabiendo además que no existe una respuesta fácil ya que tenemos por un lado bienes y recursos naturales de un valor inconmensurable y por el otro, la necesidad de la Argentina de expandir su economía para atender las impostergables demandas de inclusión y mejora de la calidad de vida de nuestros compatriotas.
Somos un país productor agrícola, con una matriz exportadora fuertemente anclada en la venta de commodities. La necesidad de aumentar el ingreso de dólares a través de esta vía ha llevado a una sacralización indiscutible del sistema de producción tradicional, sin tener en cuenta los costos sociales o externalidades asociadas a la misma. A su vez, como lo demuestra nuestra historia económica y política, tampoco esta apuesta plena al modelo vigente ha podido consolidar una constante de crecimiento nacional sostenible.
La transición agroecológica abordando las tensiones con la producción agrícola industrial es una posibilidad concreta y necesaria, pero es preciso generar un escenario adecuado para su fomento.
En general, nuestros centros urbanos han quedado rodeados de parcelas productivas con cultivos, fundamentalmente de cereales y oleaginosas, expuestos a las consecuencias de la aplicación del paquete tecnológico basado en el uso de semillas transgénicas, plaguicidas y agroquímicos. Tensionando a productores que reclaman se les garantice lograr máximos beneficios de su actividad a corto plazo y vecinos que reclaman su derecho a vivir en un ambiente más saludable de cara al futuro.
Ante esta conflictividad, la situación se encuentra en un estado de puja de intereses, a la espera de políticas públicas que puedan abordar las barreras estructurales y comiencen a generar condiciones favorables a esquemas de transición rentables con sustentabilidad, como alternativa real de desarrollo local. La transición agroecológica abordando las tensiones con la producción agrícola industrial es una posibilidad concreta y necesaria, pero es preciso generar un escenario adecuado para su fomento.
Varias localidades de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe han sancionado distintas ordenanzas para delimitar Zonas de Resguardo Ambiental (ZRA) alejando las aplicaciones de síntesis química de los vecinos. A su vez, en la provincia de Córdoba, la Ley Nº 9.164 de “Productos químicos y/o biológicos de uso agropecuario” prohíbe toda fumigación aérea a menos de 1.500 metros de zonas pobladas y restringe las fumigaciones terrestres en forma parcial, estipulando que en los 500 metros próximos a viviendas no pueden aplicarse algunos productos. Las ZRA plantean un límite a la producción tradicional en cuanto recorte del suelo productivo, pero también una gran oportunidad para generar una transición hacia la agroecología.
Nos encontramos ante la urgencia de pensar para nuestras zonas periurbanas, otras estrategias de producción superadoras al actual sistema, que a su vez cuente con los incentivos necesarios para generar empleabilidad y mejor acceso a los alimentos de calidad en nuestros territorios. En este sentido, la perspectiva agroecológica y su implementación en las zonas circundantes a nuestras ciudades es una gran oportunidad para garantizar el desarrollo sustentable con escasa conflictividad. No sólo por los beneficios que genera en términos ambientales, sino por su capacidad de generar empleos en el medio rural, mejorar la alimentación y salud integral de los ciudadanos y ser un cauce hacia la soberanía alimentaria.
El asunto consiste en cómo aprovechar esas zonas hoy improductivas. Para ello, debe nutrirse de los aportes de especialistas y el asesoramiento técnico del Estado, pero, a su vez, debe retomar los saberes locales y ancestrales con la especificidad de los territorios. Se debe evitar el avance de la frontera urbana sobre estas parcelas productivas, garantizando el aprovechamiento agroecológico en las mismas. Hay acabadas muestras de que las restricciones a las aplicaciones de agroquímicos, si no vienen acompañadas de propuestas de producción sustentables para esas ZRA, empiezan a ser foco de especulaciones inmobiliarias que producen cambios en el uso del suelo con la consiguiente pérdida de espacios productivos.
El asunto consiste en cómo aprovechar esas zonas hoy improductivas. Para ello, debe nutrirse de los aportes de especialistas y el asesoramiento técnico del Estado, pero, a su vez, debe retomar los saberes locales y ancestrales con la especificidad de los territorios.
También se comprueba que los municipios que han avanzado con ordenanzas que restringen por encima de los parámetros provinciales el uso de agroquímicos no han podido, en la mayoría de los casos, generar un esquema de promoción de la agroecología como complemento productivo a esa realidad. Es en los gobiernos locales sobre quienes recae la competencia del ordenamiento territorial y el uso del suelo. A estos les ha resultado muy difícil incentivar modelos productivos alternativos sin el apoyo concreto y efectivo de los otros niveles de gobierno.
Por ello, para poder iniciar la transición hacia modos locales de producción más sustentables, se torna imprescindible impulsar marcos regulatorios nacionales, provinciales y locales que fortalezcan y fomenten este proceso de transformación de los sistemas convencionales hacia sistema de base agroecológica. Urgen políticas para aprovechar las ZRA, teniendo como beneficiarios a los agricultores familiares, jóvenes campesinos y organizaciones sociales. Se deben generar para ellos estímulos impositivos, transferencia de recursos materiales y de capacitación en producción agroecológica, accesibilidad a la tierra y perdurabilidad de los espacios productivos cercanos a las ciudades, desarrollo y potenciación de ferias de comercialización, compra pública para los requerimientos del sistema de emergencia social, entre otras posibilidades.
Además, desde el punto de vista individual, debemos entender que otra herramienta poderosa es nuestro rol como ciudadanos consumidores. Alimentarnos es un acto ecológico y político, con nuestra dieta podemos contribuir a la creación de otro mundo posible.
