La autora, socióloga nicaragüense, tiene más de veinte años de experiencia en la investigación sobre los procesos de pacificación y construcción de paz, análisis de conflictos, seguridad y derechos humanos en Nicaragua y Centroamérica. Integraba dos organizaciones que repentinamente en 2018 fueron clausuradas. No pudo volver a su país por seguridad. Desde el exilio cuenta la situación del régimen de Ortega.
A Nidia, Suyén, Julia, Samantha, Ana Margarita, María Fernanda, Evelyn, María Esperanza, Violeta, Tamara, Dora María, Karla, Cristiana y María Lourdes.
Cuando George Orwell escribió su novela “1984”, no imaginó, -o tal vez sí-, que esa ficción distópica se vería retratada en las realidades latinoamericanas y de otras latitudes de finales del siglo pasado. Menos podía imaginar, -o tal vez sí-, que esa ficción sería superada con creces en pleno siglo XXI por los nuevos autoritarismos que, disfrazados de democracias formales primero, han terminado desnudando su esencia dictatorial como en el caso de Nicaragua.
HIBRIDISMO AUTORITARIO Y ESTALLIDO SOCIAL
Antes de 2018, pocas personas identificaban signos de preocupación por el rumbo político que llevaba Nicaragua. Para los más pesimistas de entonces, el gobierno encabezado por Daniel Ortega, en la presidencia, y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, a sumo era calificado como un régimen híbrido en el que se combinaban rasgos de la democracia formal y estilos autoritarios de gobierno. Pero la verdad es que ya para entonces Ortega había marcado el derrotero de su proyecto personal familiar.
En efecto, en 2014 promovió una reforma a la Constitución Política y otras leyes que modificaron la naturaleza del régimen político y del Estado; avanzó un proceso de control sobre los demás poderes estatales, particularmente el Consejo Supremo Electoral (CSE) y reforzó una alianza corporativa con el ejército y la gran empresa privada para apalancar la conformación de un nuevo grupo económico familiar aprovechando los recursos recibidos de la cooperación venezolana.
Como Ortega no logró su propósito, desencadenó una escalada de represión y violencia conocida como “Operación Limpieza”. Por la fuerza contuvo las protestas y hasta la actualidad ha impuesto una política de represión sistemática en contra de toda la población nicaragüense.
Además, desde su regreso a la presidencia en 2007 promovió un estilo de gobierno centralizado en el Ejecutivo, cerró el sistema político a la participación de agrupaciones y partidos no colaboracionistas y avanzó en la restricción de libertades y derechos ciudadanos. Su propósito era asegurar por todos los medios el establecimiento de un régimen dinástico autoritario.
La “rebelión cívica de abril” como se le ha llamado al estallido social de descontento que emergió en 2018 truncó su proyecto y elevó el nivel de la contienda política hasta el punto más alto cuando Ortega respondió con represión y violencia letal a las primeras protestas por la reforma de la seguridad social. La represión no hizo más que incrementar el descontento y las protestas se multiplicaron multitudinariamente por todo el país a lo largo de varios meses a pesar que en mayo de ese año se abrió un diálogo convocado por el propio Ortega que tenía como propósito contener las protestas más que resolver la crisis que hizo evidente entonces.
Como no logró su propósito, desencadenó una escalada de represión y violencia conocida como “Operación Limpieza”, que dejó centenares de personas asesinadas, heridas, prisioneras políticas y miles de personas forzadas al exilio para proteger sus vidas. Por la fuerza contuvo las protestas y hasta la actualidad ha impuesto una política de represión sistemática en contra de toda la población nicaragüense.
ELIMINAR LA COMPETENCIA, ACALLAR VOCES
Por estos días, hace un año, cuando las fuerzas de la oposición y el movimiento cívico que nació de las protestas del 2018 se preparaban para las elecciones de noviembre, Ortega decidió emprender una nueva escalada de violencia para eliminar toda la competencia electoral posible y acallar las voces críticas. La razzia política inició con las acusaciones a la fundación que llevaba el nombre de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, por supuesta malversación de fondos, pero en realidad escondían la intención de criminalizar a Cristiana Chamorro Barrios, su hija y a la vez, aspirante a la presidencia. Cristiana fue la primera aspirante presidencial en ser detenida; después le siguieron seis candidatos más de la oposición: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
Entre junio y noviembre de 2021, fueron apresadas más de 50 personas entre las que se cuentan líderes y activistas de organizaciones y movimientos sociales, periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios privados, analistas y académicos, y destacados exguerrilleros como Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres, quien falleció en un hospital bajo custodia aparentemente a causa de una enfermedad que no fue atendida a tiempo y se agravó por los malos tratos recibidos en la cárcel. De ellas, 24 tienen más de 60 años, solamente ocho se encuentran bajo arresto domiciliario tal como manda la ley, pero se encuentran aisladas junto con las personas que viven en la misma casa.
En otros centros penitenciarios se encuentran detenidas otras 130 personas prisioneras políticas. Todas sufren de torturas, malos tratos, mala alimentación y aislamiento. A algunas las mantienen en total aislamiento, como Tamara Dávila, quien ha perdido cerca de 90 libras de peso; a otras las obligan a permanecer en la oscuridad o con las luces encendidas las 24 horas; a quienes tienen hijos e hijas menores, no les han permitido verlos en un año; y a Nidia Barbosa, la trasladaron directamente de una UCI a su celda a pesar de sufrir problemas cardíacos.
Sus familiares, especialmente las mujeres, también están sometidas a torturas, malos tratos, vigilancia y represalias de parte del gobierno de Ortega. Por ejemplo, a algunas de ellas les han retirado los pasaportes e impedido salir del país, como en el caso de Pinita Vijil, madre de Ana Margarita Vijil, a quien no le permiten viajar para recibir un tratamiento de cáncer.
La escalada de violencia se extendió a los medios y periodistas independientes. La Prensa, el diario impreso más antiguo y el único que quedaba funcionando en el país, fue allanado y cerrado; igual suerte corrió el medio digital Confidencial; mientras que un buen grupo de periodistas se vio forzado a salir para escapar de la persecución y las capturas.
El 7 de noviembre de 2021, a pesar de las amenazas, chantajes, vigilancia y represión generalizada sobre la sociedad nicaragüense, una amplia mayoría estimada en 80 %, decidió abstenerse de participar en las votaciones. El órgano electoral anunció la reelección de Daniel Ortega para un cuarto período consecutivo en la presidencia, y Rosario Murillo para un segundo período continuo en la vicepresidencia. Al acto de investidura asistieron únicamente mandatarios y representantes de gobiernos cuestionados por su autoritarismo.
En el corto plazo, uno de los retos más importantes es liberar a las personas presas políticas porque su integridad física y psicológica se encuentra seriamente comprometida por el régimen de torturas al que están sometidas. Su situación se asemeja mucho a la de los prisioneros políticos de las dictaduras militares de unas décadas atrás como seguramente recordarán algunos sobrevivientes de esa época que lleguen a leer este artículo. Ninguna posición ideológica ni interés político puede anteponerse a esta urgencia.
EL ESTADO POLICIAL COMO ÚNICO RECURSO
Con una legitimidad prácticamente en cero, el amplio rechazo de la comunidad internacional y un visible proceso de erosión entre sus bases de apoyo, los Ortega-Murillo han decidido “institucionalizar” un estado policial sobre Nicaragua mediante la aprobación de leyes que limitan el ejercicio de derechos fundamentales, la “normalización” de la vigilancia y el control, y el autoaislamiento respecto al resto del mundo.
La población está duramente golpeada por la prolongada crisis política, los efectos de la pandemia y las consecuencias económicas de ambas; pero además, por la incertidumbre y el temor sobre el futuro del país en condiciones de represión y autoritarismo. Eso ha empujado a decenas de miles de personas a migrar principalmente con destino a Estados Unidos buscando mejores oportunidades, mientras en el país se está acumulando nuevamente un descontento subterráneo que algún momento buscará su propio cauce de salida.
El movimiento cívico que surgió en 2018 sigue vivo pero disperso y sumamente golpeado por la escalada de violencia gubernamental del año anterior; está en proceso de recomponerse y durante los últimos meses han surgido varias iniciativas para una convergencia de fuerzas. En el corto plazo, uno de los retos más importantes es liberar a las personas presas políticas porque su integridad física y psicológica se encuentra seriamente comprometida por el régimen de torturas al que están sometidas. Su situación se asemeja mucho a la de los prisioneros políticos de las dictaduras militares de unas décadas atrás como seguramente recordarán algunos sobrevivientes de esa época que lleguen a leer este artículo. Ninguna posición ideológica ni interés político puede anteponerse a esta urgencia.
Quienes leímos tempranamente a Orwell pensamos que esa ficción terrible sería solamente eso: una ficción. Sin embargo, la terrorífica realidad política que vivimos los nicaragüenses ha superado a la novela. Quienes permanecen en Nicaragua, todos los días aparentan vivir en un estado de normalidad para no ser presas del poder represivo; quienes estamos fuera, nos levantamos con la idea de que la fecha de regreso se acerque cada día. Y, aunque el futuro parece oscuro e incierto, sabemos que la libertad es el punto inevitable de llegada.
