La Ley de Alquileres está en discusión, pero, una vez más, parece atravesada por la tensión irresoluble entre oficialismo y oposición, sin soluciones a un problema que tiene a los inquilinos como principales víctimas. Desde Córdoba, Matías Chamorro propone atender la cuestión con medidas concretas y focalizada en los y las jóvenes, pero a sabiendas de que se requiere una solución integral.
La Cámara de Diputados de la Nación se encuentra tratando la mentada reforma de la Ley de Alquileres, habiendo emitido recientemente dictamen de las comisiones, tanto por la mayoría como de minoría, con distintos alcances y contenidos.
El dictamen de mayoría del Frente de Todos obtuvo 40 firmas, mientras que el de minoría, que unificó el de Juntos por el Cambio y de Identidad Bonaerense (Camaño), alcanzó 37. A grandes rasgos, el primer proyecto plantea ciertos cambios en la misma línea a la reforma anterior, manteniendo el plazo mínimo de los contratos a 3 años y los incrementos anuales fijados a partir del promedio del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).
En cambio, el dictamen por minoría iría más en línea de las solicitudes de liberalización del mercado inmobiliario. Volviendo a dos años el plazo de los contratos, permitiendo ajustes cada 3, 6 o 12 meses por acuerdo libre entre las partes. El único aporte que parece más consensuado entre ambos dictámenes implicaría “invitar” a los gobiernos locales a establecer incentivos fiscales para que quienes poseen viviendas las ofrezcan en alquiler.
Aunque la discusión central debiera estar puesta en la necesidad de llevar adelante una política pública de hábitat para garantizar el derecho constitucional a la vivienda, parecería que en este país agrietado, volvimos a la discusión clásica de la conveniencia de intervención o no del Estado en los mercados.
Es el Estado quien debe garantizar los derechos de los ciudadanos, no podemos esperar eso del mercado. Los que pensamos que además, debe ser el Estado quien priorice las necesidades de aquellos más débiles, siendo el único capaz de equilibrar las condiciones hacia la justicia social, esperamos mucho más de quienes conducen los destinos del país.
Por otro lado, las estadísticas del sector resultan alarmantes. Según los datos de INDEC, en las grandes ciudades el porcentaje de hogares que alquilan ha ido en aumento año a año. Algunos investigadores adelantan que los datos de este año duplicarán al porcentaje del año 2001, llegando a casi el 30%. Estamos frente un proceso de inquilinización de las ciudades, cuando el sueño de la casa propia cada vez se vuelve más una utopía.
La discusión por reformar la ley de alquileres parece haber abierto nuevamente la grieta entre oficialismo y oposición. El oficialismo niega la realidad y pareciera no querer hacer ningún cambio de fondo ni proponer políticas públicas concretas. Parte de la oposición cree que solo es un problema del libre juego del mercado, cuestión que ya no sorprende. Este tema no debe ser un nuevo botín para la grieta.
En el contexto actual de inflación y caída del salario, cada vez se hace más difícil y más costoso alquilar. La última encuesta nacional de inquilinos, arrojó que el 46.7% del salario es destinado al pago de alquileres en promedio, sin contar expensas e impuestos.
La discusión por reformar la ley de alquileres parece haber abierto nuevamente la grieta entre oficialismo y oposición. El oficialismo niega la realidad y pareciera no querer hacer ningún cambio de fondo ni proponer políticas públicas concretas. Parte de la oposición cree que solo es un problema del libre juego del mercado, cuestión que ya no sorprende. Este tema no debe ser un nuevo botín para la grieta. Lo que debemos recordar, es que en medio se encuentran las familias inquilinas: Las más damnificadas por la actual situación económica nacional. Una ley sancionada sin amplios consensos no va dar tranquilidad ni solucionar la situación de los millones de inquilinos en Argentina ni darle una perspectiva a quienes ponen sus propiedades en alquiler.
Desde mi rol como legislador provincial, vengo trabajando respecto a un sector específico de la población inquilina: Las juventudes. Sector que no sólo presenta dificultades de inserción al mercado laboral, sino que además, son los que destinan aún mayor porcentaje de su sueldo al alquiler.
Solamente tomando los datos de la UNC, el 57% de estudiantes de las carreras de grado provienen de regiones externas a la ciudad de Córdoba. Además, el 40% trabaja y de los que no trabajan, el 38% busca trabajo. Es decir, una parte importante de estudiantes requieren de algún ingreso propio para poder cubrir su costo de vida en la ciudad. Estos datos, me llevaron a pensar en la necesidad de contar con una política pública que brinde beneficios a la población jóven para poder costear los gastos iniciales destinados al primer alquiler.
Es necesario en nuestra provincia un programa de promoción que efectúe un relevamiento de las condiciones legales y económicas de los alquileres en zonas de acceso educativo, incluya facilidades crediticias con el objeto de financiar gastos administrativos asociados al inicio del contrato de alquiler y mudanza de las personas jóvenes que no sean consideradas sujetos de crédito por la banca formal. Adicionalmente, que brinde asesoramiento con información de utilidad acerca de derechos y obligaciones de locadores y locatarios; así como también prever la creación de consultorios jurídicos que asesoren en materia contractual.
Sabiendo tal vez que estas medidas no resuelven la discusión de fondo a nivel nacional, pero implican tender la mano del Estado a jóvenes inquilinos e inquilinas que han caído en la grieta del desamparo.
