¿Cómo fue escalando los conflictos entre la dictadura de Daniel Ortega y la iglesia católica? Desde la revolución sandinista y agravios del papa Juan Pablo II hasta las políticas de persecusión más recientes
Desde 2018, Daniel Ortega ha sostenido una confrontación abierta con la iglesia católica en Nicaragua. En los últimos meses los ataques se han incrementado e incluyen la detención y procesamiento de dos sacerdotes católicos por supuestos delitos de orden común. Durante los primeros días de agosto, emprendió un ataque directo en contra de monseñor Rolando Alvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, en el norte del país. Al cierre de este análisis, la policía había emitido una nota de prensa en la que señalan que el obispo está bajo investigación por alterar el orden e incitar al odio; mientras tanto un excesivo dispositivo policial lo mantiene sitiado junto a un grupo de acompañantes dentro de las instalaciones religiosas e impide qué personas creyentes se acerquen al lugar.
UNA LARGA HISTORIA DE CONFRONTACIÓN
La iglesia católica en Nicaragua es la institución que tiene los más altos porcentajes de confianza y credibilidad ciudadana desde hace varias décadas. Su autoridad ha trascendido en el tiempo y la ha convertido en uno de los actores sociales más relevantes; por eso no es extraño que las autoridades religiosas tengan una fuerte preeminencia política y social tanto entre las élites como entre la ciudadanía. A finales del siglo XX, la jerarquía católica, particularmente el cardenal Miguel Obando y Bravo, jugó un papel significativo de mediación en situaciones de crisis política, por ejemplo durante la toma del Palacio Nacional en 1978 por parte de un comando guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y en 1989, cuando se firmaron los Acuerdos de Sapoá entre el gobierno sandinista y la llamada “contra”.
Durante la década de los 80, el gobierno de la revolución sandinista mantuvo una relación conflictiva con ella, especialmente a raíz de acontecimientos como el agravio al papa Juan Pablo II durante su visita a Managua en 1983.
A pesar de la relevancia de la iglesia católica entre la sociedad nicaragüense, durante la década de los 80, el gobierno de la revolución sandinista mantuvo una relación conflictiva con ella, especialmente a raíz de acontecimientos como el agravio al papa Juan Pablo II durante su visita a Managua en 1983.
En esa época también se produjo persecución y vigilancia sobre sacerdotes católicos en diferentes localidades del país y las contradicciones se mantuvieron en el tiempo, enfocándose en ciertos momentos en las figuras de Daniel Ortega y el cardenal Obando, tal como sucedió en 1996, previo a las elecciones presidenciales, cuando el jerarca religioso hizo referencia a una parábola sobre una víbora en una clara referencia a Ortega y que terminó de sellar su derrota electoral frente a su oponente Arnoldo Alemán.
Las hostilidades entre Obando y Ortega terminaron a inicios del 2002 cuando ambos se acercaron y entablaron una relación cordial que se mantuvo hasta el fallecimiento del cardenal en el año 2018. Se rumora que el acercamiento estuvo motivado por presiones de Ortega a Obando; sin embargo, es indudable que esa buena relación se mantuvo debido a la protección y respaldo de Ortega a Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral y discípulo cercano de Obando.
A pesar de la relación cercana entre ambos, con el resto de la iglesia católica Ortega mantuvo relaciones distantes y de tensión, sobre todo desde su regreso a la presidencia en 2007. Una de las razones de ese distanciamiento es la manipulación de los símbolos religiosos de parte de Rosario Murillo, vocera gubernamental, actual vicepresidenta y esposa de Ortega.
En el año 2014 la Conferencia Episcopal dirigió una carta pública a Ortega que lleva como título “En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor”. En ella, además de señalar las precarias condiciones económicas y sociales de la población, expresaba su preocupación en relación a la situación de los derechos humanos, el discurso pseudo religioso del gobierno, la libertad de expresión, la importancia de la institucionalidad democrática y el rumbo político del país. Proponían la realización de un gran diálogo nacional y reformas políticas al sistema electoral. Ortega ignoró la carta y acentuó su distanciamiento de la jerarquía religiosa.
Las hostilidades en la crisis
En 2018, a los pocos días del estallido social, Ortega convocó a un diálogo nacional y pidió la mediación de la Conferencia Episcopal. Su papel como mediadora fue bastante amplio, de tal manera que tomaron parte activa en la convocatoria de los diferentes actores y sectores sociales que participarían en el diálogo; la definición de la metodología y el lugar entre otros aspectos. Después de varias sesiones, se hizo evidente la falta de voluntad del régimen para avanzar y resolver la crisis. Las posiciones inflexibles de Ortega y sus delegados provocaron tensiones con la Conferencia Episcopal hasta que el diálogo se suspendió por la falta de avances y la ejecución de la “Operación Limpieza” de parte de los Ortega-Murillo.
Los obispos y sacerdotes fueron agredidos por los paramilitares pero lograron rescatar a las personas refugiadas. Algo similar ocurrió unos cuantos días después, cuando los sacerdotes le dieron refugio a jóvenes, periodistas y personal médico que huían del ataque paramilitar a un recinto universitario.
El activo papel que ha tenido la iglesia protegiendo a la población de la represión, le ha generado la animadversión del régimen y en diferentes momentos no ha dudado en atacarlos directa y abiertamente como sucedió el 9 de julio de 2018 en el departamento de Carazo, cuando un grupo de obispos y sacerdotes encabezados por el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, llegaron a la iglesia de la ciudad de Jinotepe a rescatar a un grupo de personas que se encontraban dentro del templo asediadas por grupos paramilitares del gobierno. Los obispos y sacerdotes fueron agredidos por los paramilitares pero lograron rescatar a las personas refugiadas.
Algo similar ocurrió unos cuantos días después, cuando los sacerdotes le dieron refugio a jóvenes, periodistas y personal médico que huían del ataque paramilitar a un recinto universitario.
Los ataques a templos y sacerdotes se mantuvieron durante el 2019 e incluyeron agresiones físicas directas y amenazas, tal como sucedió en el caso del obispo Silvio Báez que fue obligado a salir del país para preservar su integridad.
En noviembre de ese mismo año, la policía rodeó y sitió por más de diez días la iglesia San Miguel Arcángel en la ciudad de Masaya cuando un grupo de familiares de personas presas políticas se refugiaron en el templo para realizar una huelga de hambre. Durante el sitio, interrumpieron los servicios de energía y agua, impidieron el suministro de alimentos y medicinas hasta el punto de detener y procesar a dieciséis personas que intentaron acercarse a la iglesia para llevarles agua.
Justo cuando iniciaba la pandemia provocada por el Covid-19, se produjo el deceso de Ernesto Cardenal, el reconocido poeta y sacerdote. Sus honras fúnebres realizadas en la catedral de Managua, fueron invadidas por simpatizantes gubernamentales que irrespetaron la celebración religiosa y terminaron atacando a periodistas en los patios de la iglesia. En julio de ese mismo año, se produjo una explosión que dañó la antigua y venerada imagen de la Sangre de Cristo en la catedral de Managua; aunque la policía argumentó que se había tratado de un accidente, el cardenal Leopoldo Brenes confirmó que se había tratado de un ataque cometido por un hombre.
Se han producido 190 agresiones de diferente tipo, entre ellas: pintas en paredes de templos y mensajes anónimos; profanaciones de templos y robos; amenazas públicas de parte de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus voceros; agresiones, amenazas, persecución, hostigamiento y presiones para que abandonen el país; obstáculos y cancelación de personerías jurídicas a organizaciones religiosas sin fines de lucro y caritativas.
Durante el 2021 y la primera mitad de 2022, los ataques contra la iglesia se han dirigido a impedir la entrada al país de clérigos, retirarles la residencia a los sacerdotes extranjeros o bien, negarles la salida y privar de su pasaporte a religiosos nicaragüenses. El padre Edwin Román fue forzado a exiliarse; meses después los Ortega-Murillo expulsaron al representante del Vaticano, monseñor Waldemar Sommertag. En 2022 los ataques se han dirigido a cancelar las personerías jurídicas de diferentes organizaciones religiosas, confiscar sus bienes y expulsar a quienes las manejaban tal como ocurrió con las Misioneras de la Caridad que fueron obligadas a salir de Nicaragua.
Este comportamiento se ha repetido a lo largo del tiempo. De acuerdo con el informe “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida? 2018-2022”, que sistematiza los ataques a la iglesia católica desde que estalló la crisis sociopolítica hasta mayo de 2022, en ese período se han producido 190 agresiones de diferente tipo, entre ellas: pintas en paredes de templos y mensajes anónimos; profanaciones de templos y robos; amenazas públicas de parte de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus voceros; agresiones, amenazas, persecución, hostigamiento y presiones para que abandonen el país; obstáculos y cancelación de personerías jurídicas a organizaciones religiosas sin fines de lucro y caritativas.
La cantidad de hostilidades y ataques ha tenido un comportamiento similar en el tiempo con un promedio de 42 por año; aunque es muy probable que por el nivel de violencia que está empleando el régimen, el número de ataques y agresiones se incremente en 2022. También es posible observar que el nivel de agresividad se ha incrementado sensiblemente sobre todo a partir de 2021 no solamente en contra de las autoridades eclesiales sino también en contra de los feligreses que ahora son frecuentemente citados a la policía por expresar públicamente su respaldo a sacerdotes o iglesia.
EL SILENCIO, LA CÁRCEL O EL DESTIERRO
A raíz de la expulsión del representante de El Vaticano a inicios de 2022, los ataques y la persecución contra los religiosos se ha incrementado. El nivel de presión y violencia política ha llevado a varios religiosos a la cárcel, al silencio forzado y al destierro. Como se mencionó antes, varios sacerdotes como monseñor Silvio Báez y el padre Edwin Román fueron forzados a salir del país en 2019 y 2021, respectivamente, igual que las recién expulsadas Misioneras de la Caridad.
En estos primeros meses del año se produjeron acosos, intentos de detención y sitios al menos a tres religiosos: los sacerdotes Uriel Vallejos y Harving Padilla, párrocos de las iglesias en Sébaco y Masaya, respectivamente; y el obispo Rolando Alvarez. El padre Vallejos sufrió acosos en mayo y en ese mismo mes el padre Padilla fue sitiado durante más de diez días en su iglesia.
En esos mismos días, monseñor Rolando Alvarez fue perseguido sistemáticamente por la policía y al refugiarse en una iglesia en Managua, también fue sitiado durante aproximadamente una semana. Ambos religiosos salieron de las iglesias aparentemente por una negociación de la arquidiócesis de Managua y en el caso del sacerdote Padilla, significó reclusión y silenciamiento.
El episodio más reciente es el sitio que la policía ha instalado contra Monseñor Rolando Alvarez, uno de los obispos más reconocidos y queridos de Nicaragua, que tiene a su cargo las dos diócesis más importantes al norte del país y ha tenido una posición crítica respecto al gobierno y la situación en general.
En junio, el sacerdote de la localidad de Nandaime, Manuel García Rodríguez, fue apresado por la policía después de ser expuesto al acoso de simpatizantes gubernamentales. La detención se debió supuestamente a violencia doméstica en contra de una mujer que luego de su declaración inicial se retractó de la acusación. Aun así el sacerdote fue enjuiciado y condenado. En julio, monseñor Leonardo Urbina de la ciudad de Boaco también fue apresado y enjuiciado por el supuesto delito de abuso sexual a una menor.
A inicios de agosto y después de numerosos episodios de hostigamiento, la iglesia de Sébaco fue atacada y allanada por la policía a pesar de los reclamos de sus feligreses. Durante el ataque, los policías hicieron disparos, golpearon y detuvieron personas y sitiaron por varios días al sacerdote encargado Uriel Vallejos que se encontraba refugiado en una de las habitaciones del local. Estos ataques han ocurrido en el marco de un cierre masivo de emisoras y televisoras locales, la mayoría de ellas religiosas, por disposición del régimen de los Ortega-Murillo.
El episodio más reciente es el sitio que la policía ha instalado contra Monseñor Rolando Alvarez, uno de los obispos más reconocidos y queridos de Nicaragua, que tiene a su cargo las dos diócesis más importantes al norte del país y ha tenido una posición crítica respecto al gobierno y la situación en general. Se le considera una voz profética entre todos los líderes religiosos y fue uno de los obispos más activos en las sesiones del diálogo nacional que se efectuaron en 2018. Por esa razón ha sido objeto de vigilancia, hostigamientos y persecución de parte del régimen de los Ortega-Murillo.
CERCO POLICIAL
La policía tiene cercado al obispo dentro de la curia de la ciudad de Matagalpa, ha ocupado todos los locales vecinos y dispuesto un gran dispositivo policial que impide a cualquier persona acercarse al lugar y mucho menos, facilitarle alimentos o medicinas a él y las personas que se encuentran acompañándolo. No se le permite salir y en días pasados la policía emitió una nota donde informa que lo están investigando por alterar el orden e incitar al odio; mientras que Rosario Murillo, la vicepresidenta y vocera única del régimen, lo acusó de cometer crímenes de “lesa espiritualidad”, amenazándolo con cárcel. Aparentemente, el régimen pretende forzarlo a salir del país, pero el obispo no ha aceptado.
Las muestras de respaldo han sido amplias, tanto de parte de la población como de parte de órdenes y autoridades religiosas dentro y fuera del país. También personalidades e instancias políticas como el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA. La Conferencia Episcopal de Nicaragua se pronunció al respecto con una declaración que fue considerada como tímida por muchas personas; mientras que El Vaticano no se ha referido a los ataques a pesar que hay numerosas peticiones para que lo haga.
Al parecer, El Vaticano ha optado por dejar que los jerarcas nicaragüenses resuelvan la situación y por eso no ha intervenido públicamente.
Evidentemente, la confrontación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la iglesia católica está llegando a uno de sus puntos más álgidos y los quiere forzar a tomar uno de tres caminos: el silencio ante la situación del país, la cárcel o el destierro en el caso de que no acepten bajar la cabeza.
UNA TERCIA PENDIENTE DE RESOLUCION
Aunque parezca una locura o irracionalidad, esta escalada de confrontación de los Ortega-Murillo en contra de la iglesia en realidad se corresponde con su estrategia de institucionalizar el estado policial sobre Nicaragua y esto pasa por terminar de silenciar todas las voces críticas o no subordinadas que existen. De ahí que la iglesia y particularmente ciertos líderes religiosos, son vistos por Ortega y Murillo como “enemigos” que dificultan la imposición de su poder dominante.
Adicionalmente, es posible que exista otra intención es la de conseguir que la iglesia se pliegue y favorezca a Ortega otorgándole la legitimidad que le negó la ciudadanía en las elecciones pasadas y el rechazo de la comunidad internacional. En un escenario en el que cuenta con apoyos reducidos, contar con el beneplácito de la iglesia que es la institución con mayor confianza, credibilidad y autoridad entre la ciudadanía, les podría resultar beneficioso para avanzar en la búsqueda de alternativas a su medida para salir de la crisis.
Hasta ahora, la jerarquía de la iglesia católica se ha negado, pero es probable que frente a la presión gubernamental, terminen aceptando un estado de “coexistencia” que les permita seguir realizando su labor pastoral en tanto, tal como han dicho en diferentes declaraciones públicas, su ámbito de acción no es político sino espiritual. Al parecer, El Vaticano ha optado por dejar que los jerarcas nicaragüenses resuelvan la situación y por eso no ha intervenido públicamente.
Mientras tanto, por mucho que Daniel Ortega y Rosario Murillo reciban nuevamente la bendición de los religiosos, los agravios que ya han infringido a las creencias religiosas de los nicaragüenses solamente han servido para alimentar el descontento que ya existía pues la fe es una de las cuerdas más sensibles de la población. De allí que, por más que tengan a jerarcas católicos a su lado como sucedió con Obando y Bravo, y por más que tengan leyes a su medida, el régimen de los Ortega-Murillo no tiene Dios ni ley frente a la ciudadanía.
