Es claro que municipios y comunas pueden y deben intervenir en políticas de seguridad. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son los límites y las experiencias? Algunas respuestas.
Los municipios en Argentina se constituyeron de manera gradual en interlocutores indispensables e inevitables en temas de seguridad. Indispensables, en el sentido de que difícilmente los otros niveles de gobierno puedan hoy prescindir del conocimiento y de los recursos humanos, materiales y políticos de los gobiernos locales para gestionar ciertos tipos de conflictividad. Inevitables, ya que la ciudadanía tiende a esperar que el nivel político más cercano le ofrezca algún tipo de respuesta a los reclamos que le urgen.
Es cierto que las realidades de nuestros más de 2.200 gobiernos locales difieren en gran medida. También lo es que la contribución de los municipios a la seguridad suele emplear moldes (institucionales) y recetas (sustantivas) familiares. Se crean áreas de seguridad en los municipios, se ponen en funcionamiento centros de monitoreo y se avanza con algún proyecto participativo.
A veces, las estructuras no son más que eso: cáscaras vacías; los centros de monitoreo concentran personal sin capacitación, interés ni instrucciones claras; y a la participación se la trata como un acto performativo.
Muchas de estos conceptos están desarrollados en el libro «Políticas de seguridad municipal» de pronta presentación (ver al final).
FALTA SISTEMATIZACIÓN
Sin embargo, con las limitaciones propias de la situación económico-financiera, a pesar de la recurrente falta de capacidad instalada y de otros factores que poco contribuyen, los municipios han iniciado el diálogo sobre el alcance de una política de seguridad municipal. Lo han hecho con experiencias concretas, cuya riqueza pocas veces es documentada.
Este diagnóstico compartido de respuestas uniformes, innovaciones aisladas y de exiguo registro nos motivó a un grupo de investigadoras e investigadores de distintas ciudades de nuestro país a trabajar en un libro de reciente publicación titulado “Política de seguridad municipal”. Allí, nos propusimos reflexionar sobre la dimensión local de la política de seguridad de una manera integral.
POLICIA LOCAL, CREACIÓN DE ÁREAS DE GOBIERNO Y OTRAS RESPUESTAS RECURRENTES
La bibliografía en seguridad, aunque cada vez mayor, tiende a enfocarse en debates teóricos. A su vez, los estudios tienden a especializarse. De esta manera, se pierde la mirada sistémica de la seguridad. Importan más los resultados que los procesos. Se destacan los éxitos y se disimulan los fracasos. Pero la evidencia es útil en todos los casos: sea que nos ayude a identificar lo que funciona o lo que no. Salvo por el primer artículo, que procura derribar la barrera imaginaria de la necesidad de cambios legislativos como condición previa para definir una política de seguridad municipal, los restantes aplican la teoría para examinar experiencias concretas.
Desde una concepción tradicional de la seguridad, asimilada a la labor policial, los municipios aparecen todavía como entidades carentes de las herramientas necesarias para asumir un rol protagónico.
MUNICIPIOS PUEDEN INFLUIR
Desde una concepción más amplia de la seguridad, las oportunidades para promover o participar de políticas de seguridad desde cada uno de los subsistemas (gobierno, policial, prevención, información, seguridad privada, participación ciudadana y relaciones interestatales) son múltiples.
Los municipios pueden influir en la seguridad a través de una gama de mecanismos propios y de coordinación.
Algunos de ellos son la creación de observatorios locales de seguridad, la promoción de la participación de los vecinos en la gestión y control de la seguridad local y el monitoreo, evaluación y/o participación en las políticas de seguridad provinciales o nacionales que se implementan en la jurisdicción.
Los municipios pueden influir en la seguridad a través de una gama de mecanismos propios y de coordinación.
Además de las medidas señaladas, aparecen aquellas recurrentes: la creación o ampliación de estructuras de gobierno de la seguridad, la instalación o ampliación de centros de monitoreo y el desarrollo de sistemas de patrullaje municipal.
Un aspecto a destacar de la primera, es que en el caso analizado de la provincia de Buenos Aires no se observan diferencias significativas en las características de la conformación de estas áreas según las identidades políticas: prevalecen titulares de áreas varones, abogados, expolicías o exmilitares.
Si la academia dio por saldado el debate sobre la policialización y la militarización de la seguridad y sobre la paridad de género, la práctica nos interpela.
Para no eludir al elefante en la habitación, nos preguntamos qué significa que una policía sea municipal.
ALCANCES DE UNA POLÍTICA LOCAL
La definición propuesta contiene tres características definitorias: que su modelo sea de proximidad; que actúe territorialmente dentro de los límites de un municipio; y que dependa funcionalmente del gobierno local.
Esta definición es útil para el análisis de casos como el de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con iniciativas tanto provinciales como municipales que, sin embargo, no cumplen con las propiedades identificadas. No es un tema menor la descentralización policial. Sin embargo, a la luz de las experiencias registradas, no parece viable continuar evitando el abordaje directo de este tema.
Tampoco procuramos obviar otros dos de los grandes temas: la videovigilancia y la participación comunitaria.
En el caso de la instalación de cámaras de seguridad presentada como una medida de prevención situacional ambiental del delito, esto es, con expectativas de modificación del comportamiento de potenciales infractores, se hizo un repaso de los estudios existentes.
DE QUE PARTICIPACIÓN HABLAMOS
Si bien estos nos hablan de otras experiencias y no suplen, en modo alguno, la necesidad de realizar evaluaciones de impacto y de generar evidencia propia, sí nos advierten sobre sus límites en cuanto al objetivo preventivo, sobre los temas éticos que surgen al emplear determinadas tecnologías (como ser, el reconocimiento facial) y sobre una amplia gama de derechos que entran en juego y cuya resguardo va a requerir de la adopción de medidas especiales de protección de la información recabada.
En lo que hace a la participación comunitaria, la publicación toma el caso de Bahía Blanca para reflexionar sobre sus alcances. Descarta así la posibilidad de pensar a la participación en abstracto.
Las formas que tomó el caso analizado no son muy distintas a las que se observan en otras ciudades: el impulso que otrora tuvieron los foros, su persistencia casi exclusiva a nivel legislativo, el peso de los liderazgos locales y las dificultades vinculadas a la convocatoria de la ciudadanía.
Si antes destacamos la importancia de la producción local de información, en este punto reforzamos la necesidad de considerar a los y las ciudadanas como algo más que un sujeto de información: la participación requiere acción.
NARCOTRÁFICO, ACOSO CALLEJERO Y OTRO POSIBLES CAMPOS DE INNOVACIÓN LOCAL
En el intento de ampliar el abanico de opciones de intervención, incorporamos también otros posibles ejes de trabajo. Entre ellos, la aplicación del enfoque de mercados ilícitos para definir intervenciones locales en materia de narcotráfico. El narcotráfico opera a través de redes que atraviesan a los municipios.
Con una mirada realista de los recursos necesarios, destacamos el potencial de los gobiernos locales en la producción de información sobre las dinámicas del mercado ilícito de drogas en su territorio. También, en la coordinación de acciones, la contención de sectores poblacionales vulnerables y otras medidas que parten de un enfoque de salud.
Por otro lado, el rol activo de los gobiernos locales en el diseño de políticas de seguridad con perspectiva de género encuentra en el acoso callejero una temática muchas veces invisibilizada que podría atender.
El urbanismo feminista ha contribuido a poner de relieve que la vida en la ciudad no es la misma para todas las personas. Las situaciones de acoso callejero son violencias que afectan particularmente a mujeres. Destacamos algunas de las iniciativas en materia de mapeo, de facilitación de canales de denuncia, de reglamentación y de prevención.
DERECHOS HUMANOS
Por último, la prevención de la violencia institucional, temática poco trabajada desde los gobiernos locales, aparece como un campo necesario para asegurar una distribución equitativa de los servicios de seguridad que permita superar la falsa dicotomía entre derechos humanos y seguridad.
Repasamos algunas de experiencias como la del Consejo Local de Control Ciudadano para la Prevención de la Violencia Institucional de Punta Indio y el Observatorio de Violencia Institucional de las Fuerzas de Seguridad hacia las niñeces y juventudes de La Matanza.
En resumen, con la publicación» referida»Políticas de seguridad municipal» intentamos continuar y profundizar ese diálogo abierto sobre el rol de los gobiernos locales en seguridad en la Argentina.
Así como creemos que es necesario no perder una mirada integral de la seguridad, también sostenemos que no somos el único país que enfrenta dificultades a la hora de diseñar políticas de seguridad desde el territorio.
PRESENTACIÓN DE LIBRO
Estos conceptos están en el libro «Políticas de seguridad municipal», editado por María Eugenia Carrasco, miembro de Amassuru, red de mujeres expertas en seguridad y defensa en Latinoamérica y el Caribe. Se presentará el 17 de noviembre de manera virtual con aportes de autoras de Guatemala, Colombia, México, Chile y Argentina. El aprendizaje es colectivo, regional y con perspectiva de género.
