En los últimos años se construyó un acuerdo en materia productiva que trascendió la grieta: el consenso extractivo que el gobierno actual sigue, permeó a gran parte de la clase política.
Ambicionar una política de desarrollo implica acordar inversiones prioritarias, lo cual requiere de un determinado financiamiento debe ser acompañada de una visión de largo plazo que, además, necesita de acuerdos. La gobernabilidad debe entenderse como un proceso histórico, sujeto a tensiones, donde coexisten diferentes ideas así como configuraciones de fuerzas. En un contexto democrático, tal proceso se legitima (periódicamente) en las urnas pero se cimenta en el diálogo, conlleva acuerdos mínimos.
Si el neoliberalismo ha servido para introducir la dinámica del mercado en áreas otrora reservadas al accionar público, la extrema derecha procede con el desmantelando el sistema regulatorio de protección del medio ambiente así como a deslegitimizar el activismo ambiental tal como se observa en Argentina. Lo primero puede ser sintetizado por la eliminación del Ministerio de Medio Ambiente, o el desfinanciamiento de la unidad de lucha contra los incendios forestales, tanto por el interés del gobierno de Javier Milei en habilitar la minería en zonas peri-glaciares o alterar la ley de bosques – objetivo “desarrollista – libertario” compartido por un vasto número de mandatarios provinciales. Respecto a la supresión del disenso, basta recordar lo ocurrido en Chubut, Jujuy, o Catamarca en el pasado, comportamiento represivo, en definitiva, que se impone más allá de la grieta.
GRANDES INVERSIONES
Es en este contexto en el que debe analizarse el esquema RIGI recientemente aprobado. De vocación extractivista, el régimen profundiza (aún más) la explotación de los vastos recursos naturales que posee el país. Al premiar a los grandes proyectos el esquema induce una mayor concentración económica, un mayor protagonismo de las empresas extranjeras. Los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que otorga el régimen a los inversores extranjeros resultan excepcionales, amén del blindaje absoluto que se les ofrece. Las prebendas que se otorgan implican, desde una perspectiva pública, menores fondos para el soberano, por caso, en derechos de exportación, regalías o impuestos que se dejan de percibir.
La pérdida de espacio de decisión que conlleva el RIGI tiene consecuencias aún más graves, amén de altos costos de salida. La amenaza de enfrentar un juicio ante los tribunales arbitrales que operan bajo el marco del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dependiente del Banco Mundial, bloqueara el accionar del gobierno por los próximos 30 años: se perpetúa el extractivismo. Nadie le avisó a los legisladores de la retirada de la Unión Europea del Tratado de la Energía, ninguno recuerda los costos que estos esquemas arbitrales le generó a la economía argentina tras la salida de la convertibilidad. Votan pensando en los beneficios del mes próximo, para que pensar en las restricciones que impone el esquema.
Nadie le avisó a los legisladores de la retirada de la Unión Europea del Tratado de la Energía, ninguno recuerda los costos que estos esquemas arbitrales le generó a la economía argentina tras la salida de la convertibilidad. Votan pensando en los beneficios del mes próximo, para que pensar en las restricciones que impone el esquema.
No solo el RIGI genera escasas divisas, tampoco las empresas se hayan obligadas a comercializar su producción en el mercado interno o reclutar mano de obra local. Estamos frente a un modelo de economía de enclave, que no genera ningún tipo de encadenamiento productivo, mucho menos garantiza resolver el problema de balanza de pagos. Tal como ha sido aprobado, poco o nada quedará para fomentar el tan buscado desarrollo.
LOS GOBERNADORES
Independientemente de la orientación política, sin embargo, la adhesión al RIGI demuestra un amplio consenso entre un grupo de gobernadores.
Varios de ellos se adelantaron al Decreto del PE, vociferando su adhesión a cuatro vientos. Ya han adherido Río Negro [Alberto Weretlineck (Juntos Somos Río Negro – Unidos x Río Negro – REDES – Partido de la Victoria Popular – Movimiento Patagónico Popular – UCR – Nuevo Encuentro – PJ)], Salta [Gustavo Saez (PJ)], Jujuy [Carlos A. Sadir (UCR – JXC], Chubut [Ignacio A. Torres [Chubut (PRO – JXC)], Mendoza [Alfredo Cornejo (UCR – JXC), San Juan [Marcelo Orrego, JXC)], y Corrientes (UCR – JXC). A este conjunto se espera se sume Tucumán en los próximos días, cuyo gobernador [Osvaldo Jaldo (PJ)] es uno de los principales aliados de Javier Milei. También se descuenta la adhesión de Santiago del Estero (UCR – JXC) y Neuquén (Comunidad – UCR – PJ – PRO). Esta última promete adherirse cuando se apruebe la nueva ley de hidrocarburos. Se lo identifica como la “única y quizás última alternativa” para poder desarrollarnos e insertar, definitivamente, a la Argentina en el mundo. Un mensaje nada novedoso que, la mayoría de las veces resultó efimero.
Sin embargo, la profundización del modelo extractivo genera tensiones, moviliza a numerosas comunidades locales. De la montaña a la costa, vastos sectores de la población de Río Negro se movilizan contra el proyecto minero en Calcatreu o la construcción del oleoducto y puerto petrolero en Punta Colorada. Poco importa que el emplazamiento de éste último se ubica en el Parque Nacional Islote de Lobos. Poco le importó al gobernador Alberto Weretilneck, apurado por ser la primera provincia en adherir al RIGI. Las presiones por las promesas empujaron también la adhesión de los primeros municipios al RIGI: San Antonio Oeste y Sierra Grande (Río Negro) y Bahía Blanca (Buenos Aires). El proyecto de Patagonia Gold, por su parte, impulsó la modificación de la Ley de Tierra y el Código Minero por parte de la legisltura provincial. Como ocurre en cientos de localidades de la región, te prometen el oro pero se llevan el agua. Algo similar ocurre en Mendoza, donde la aprobación del RIGI confronta una conquista histórica, como la Ley 7722, la cual prohíbe el uso de las soluciones contaminantes inherentes a la megaminería
La oposición al RIGI también involucra a varios gobiernos provinciales, tales los casos de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, La Rioja, Misiones y La Pampa.
Sergio Ziliotto (PJ), gobernador de La Pampa, considera que el RIGI solo favorece al extractivismo (minería), actividad que se asentaría en la vecina Mendoza y que comprometería los recursos hídricos compartidos (Río Colorado).
En cierta medida, la queja pampeana muestra la imposibilidad de lograr acuerdos tanto como la mirada de corto plazo de la dirigencia mendocina – que desconsidera el agravamiento del problema hídrico asociado al problema climático. Para el gobierno provincial, el cobre vale más que el agua. También nos muestra cómo la ausencia de consensos mínimos impide diseñar un esquema de promoción de inversiones que busque reinsertarnos en el mundo en cadenas de valor dinámicas y competitivas al tiempo que sustentables. Cabe destacar que dicho cometido se inscribe en leyes, normas y reglamentaciones, muchas de ellas reconocidas por la Constitución. Por ejemplo, el carácter (ambientalmente) regresivo del esquema va contra lo ley 27.566/20 – la cual refleja la adhesión de nuestro país al Acuerdo Escazu. Al anular la posibilidad de ejercer el derecho de consulta previa e informada de las comunidades indígenas, el esquema va contra el Convenio 169 de la OIT ratificado en 1992 por ley 24.471. El RIGI también resulta contrario al artículo 41 de la Constitución Nacional, a todo principio de «no regresividad en materia ambiental», a la Ley General de Ambiente, a las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 del Acuerdo de la COP de París de 2015, y a cualquier tipo de planificación que sirva a las mayorías populares y esté en armonía con la naturaleza. En definitiva, todo lo anterior permitiría accionar judicialmente contra el RIGI.
El RIGI también resulta contrario al artículo 41 de la Constitución Nacional, a todo principio de «no regresividad en materia ambiental», a la Ley General de Ambiente, a las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 del Acuerdo de la COP de París de 2015, y a cualquier tipo de planificación que sirva a las mayorías populares y esté en armonía con la naturaleza.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
El proyecto también resultó rechazado por la Provincia de Buenos Aires, jurisdicción que promueve un régimen provincial de inversiones estratégicas (RPIE). Para gozar de exenciones, las inversiones deberían generar valor agregado y crear puestos de trabajo de calidad. Las inversiones podrían acarrear mayores beneficios fiscales, si los proyectos se radican en parques industriales o zonas de bajos ingresos, bien cuenten con políticas que promuevan la equidad de genero y la sostenibilidad ambiental, apuesten por la renovación tecnológica, promuevan exportaciones o apunten a sustituir importaciones. También baja el umbral a US$ 5 millones, reducción que habilita a las PyMEs a presentarse en el marco del RPIE.
La propuesta presentada por el gobierno de Axel Kiciloff, en definitiva, podría catalogarse como una alternativa neo-desarrollista. Aunque aún no ha sido tratada, el rechazo del PRO y los libertarios está asegurado. Ello puede colegirse de las declaraciones de Alejandro Rabinovich, diputado nacional, fuertemente vinculado al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Un liberalismo que se tiñe cada día más libertario.
El RIGI aún no resultó aprobado por las legislaturas provinciales de Santa Fe ni de Entre Ríos. Maximo Pullaro y Rogelio Frigerio le achacan un sesgo extractivista, crítica que, como vimos, también surge entre mandatarios provinciales justicialistas.
Tampoco ha pasado por la legislatura cordobesa. La adhesión del gobernador Martín Llaryora al documento presentado por los industriales metalúrgicos en su último congreso (al cual también adhirieron Kiciloff, Pullaro y Frigerio) habla de un eventual realineamiento. Estas cuatro provincias no solo albergan establecimientos agro-ganaderos, en ellas se asientan los principales establecimientos fabriles del país. A conciencia que, para ello, necesitan un Estado presente y una macroeconomía ordenada.
EL CONSENSO EXTRACTIVISTA
El RIGI, en definitiva, impone fuertes restricciones a la transición energética, blinda a las empresas extractivas ante cualquier denuncia de contaminación. Consagra al mercado como árbitro supremo, los reclamos de los inversores no tienen límite. Induce una mayor concentración económica y extranjerización empresaria, al tiempo que refuerza el carácter primario de la estructura productiva del país. No se discute ganar competitividad en algunos sectores estratégicos, el régimen se centra en receptar inversiones en aquellos que ofrecen la mayor rentabilidad.
Aunque a priori pueda aventurarse una profundización del consenso extractivo, en los hechos podemos visualizar el surgimiento de dos alternativas: una anarco – liberal – extractiva, otra de tipo (neo) desarrollista – industrial. Avanzar hacia un modelo inclusivo y sostenible está fuera de la órbita de discusión, aunque no avalen la postura negacionista de Milei, todos ellos concuerdan con la postura del gobierno respecto a la necesidad de explotar los recursos naturales. Para la dirigencia política argentina, el problema climático o la pérdida de la biodiversidad no son tema para discutir hoy, son un lujo de los países desarrollados. Habría que averiguar en cada uno de los territorios, quienes se benefician del modelo extractivo, quienes lo padecen. Se trata, en definitiva, de repensar la dependencia que este nuevo régimen introduce, como ya está cambiando el mapa de poder. Tal como hace más de cincuenta años se planteaba Guillermo O´Donnell, debemos repensar cómo esta profundización del modelo extractivo que encarna el gobierno actual y acompañan numerosos mandatarios provinciales, terminará de redefinir la toma de decisiones políticas en este país.
