La medida abre la puerta a la privatización de los “troles”, como se conoce en Mendoza a los vehiculos de la Empresa Provincial de Transporte.
Sesionando a puertas cerradas, con la Legislatura provincial vallada por completo y con un fuerte operativo policial, este martes el Senado mendocino aprobó con 20 votos a favor, 16 en contra y una abstención, la disolución de la Empresa Provincial de Transporte de Mendoza (EPTM). Se crea la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), una sociedad anónima cuyas acciones, si bien continúan perteneciendo al Estado mendocino, abren la puerta a su privatización.
La oposición mendocina cuestionó sobre todo dos aspectos de la norma: la posibilidad de que muchos de los casi 500 empleados de la vieja empresa estatal pierdan sus puestos de trabajo y la apertura de un nuevo negocio a privados. Por ahora, el Gobierno sólo está ocupado en lo primero: quedarán sólo unos 200 empleados en la nueva sociedad y «todos los demás (más de la mitad) serán reubicados» en otros organismos del Estado o deberán acogerse al retiro voluntario y anticipado. Hay dudas sobre la continuidad del pasaje gratuito para los jubilados en los trolebuses.
La privatización de la empresa estatal de transporte se concretaría recién a mitad de año. El plan, todavía en elaboración, implicaría que el Estado provincial se asocie con empresarios para desarrollar los futuros recorridos troncales del servicio urbano. Aún no hay negociaciones en firme con ningún privado, pero en el Gobierno no esperan sorpresas: «Van a venir a ofrecerse los mismos de siempre», afirman en la Secretaría de Servicios Públicos.
Claudia González, trabajadora desde hace doce años de la EPTM, afirmó en declaraciones al portal MDZ Online: “Estaba cantado el voto por la mayoría de las bancas del oficialismo pero teníamos la esperanza de que usaran el buen criterio y el sentido común”. “Los trabajadores seguiremos unidos para que se nos cumpla todo lo que está prometido, que ninguno va a cobrar menos, que se nos creará un ítem para quienes sean transferidos a otras reparticiones, que quienes estén en la empresa tampoco reciban recortes en su jornada laboral que siga siendo de ocho horas, entre otras promesas”, añadió.
Por otro lado, el director de la actual EPTM y próxima STM, Leopoldo Cairone, sostuvo en declaraciones públicas: “La empresa va a estar funcionando con cerca de 200 a 220 personas que, según me lo han informado en distintas entrevistas que hemos hecho, quieren quedarse en la empresa”, es decir con menos de la mitad de la actual planta.
Esta ley obtuvo media sanción el miércoles 21 de diciembre en la Cámara de Diputados de Mendoza, por 24 votos afirmativos frente a 21 negativos, mientras graves incidentes ocurrían en la puerta de la Legislatura entre la policía y el personal de la empresa y otras organizaciones sindicales y políticas que se acercaron a mostrar su rechazo a la iniciativa. Finalmente este martes fue aprobada también en el Senado, con 20 votos de la bancada radical a favor, 14 votos del peronismo y 2 del FIT en contra, y la abstención del Senador de Libres del Sur e integrante del frente “Cambia Mendoza”.
Creada en 1958 bajo un gobierno radical, la empresa encargada de prestar el tradicional servicio de trolebuses, además del metrotranvía y otras líneas de colectivos urbanos en la provincia, fue defendida también por la UCR durante las privatizaciones en la década de 1990. Paradójicamente, hoy es el gobernador radical Alfredo Cornejo quien impulsa su privatización, con el objetivo de reducir su situación deficitaria.
No obstante en el Gobierno aseguran que no todo es reducción de gastos: dicen que en junio se licitarán dos servicios troncales (Norte-Sur, entre Godoy Cruz y Las Heras; y Este-Oeste, entre la calle Tirasso de Guaymallén y la UNCuyo) en la que debutaría la sociedad del Estado con los privados. Para el desarrollo de estas líneas troncales, el Gobierno piensa en la incorporación de 35 vehículos híbridos, o sea, que funcionen con gasoil y electricidad. Pero en principio nadie piensa en que la compra de micros no contaminantes la haga el Estado: el o los concesionarios deberían afrontar la inversión de unos 140 millones de pesos para explotar esas líneas.
Según explicó una fuente de la Secretaría de Servicios Públicos, la sociedad consistiría en que el Estado ponga los empleados y «el uso del suelo», y los privados, el capital para adquirir los micros híbridos, cuyo precio en el mercado ronda los 250 mil dólares por unidad.
En base a MDZ On line
