Es en base al pedido de distintas organizaciones iniciado en 2012 y se funda en la “indubitable peligrosidad de los agrotóxicos”.
El fiscal federal en lo Contencioso Administrativo N° 8 Fabián Canda pidió que se dicte una medida cautelar para que se prohíba el uso del glifosato para fumigaciones aéreas y una zona de protección de 5 kilómetros para las fumigaciones terrestres, en relación a los centros poblados, escuelas, pueblos, casas rurales, ríos, lagunas y pozos de extracción de agua subterránea.
El fiscal le dio lugar a una causa iniciada a fines de 2012 en base a afectados por malformaciones y múltiples enfermedades como epilepsia, anemia hipocrónica y leucemia: “Los informes y antecedentes dejan en evidencia, por lo menos, la indubitable peligrosidad de los agrotóxicos a base de glifosato”, indicó. Ignorarlos “es asumir una postura que va en contradicción con la jurisprudencia emanada de la Corte Federal en materia ambiental, respecto de la aplicación del principio de precaución por parte de los jueces” argumentó.
Canda expresó que corresponde aplicar el principio precautorio y considerar las conclusiones de “estudios científicos, informes técnicos realizados en el plano local e internacionales, incluso informes producidos por órganos de control con jerarquía constitucional tales como la Auditoria General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación».
Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal recordó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene enfáticamente que el principio de precaución produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público. Por lo tanto, no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer su efecto, con el propósito de actuar una vez que esos daños se manifiesten».
[blockquote author=»» pull=»normal»]Para el fiscal, corresponde aplicar el principio precautorio y considerar las conclusiones de “estudios científicos locales e internacionales, e informes de órganos de control como la Auditoria General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación». [/blockquote]
«El administrador que tiene ante sí dos opciones fundadas sobre el riesgo, debe actuar precautoriamente, y obtener previamente la suficiente información a efectos de adoptar una decisión basada en un adecuado balance de riesgos y beneficios”, agrego el fiscal.
Por otra parte, la doctora Graciela Vizcay Gómez, abogada y periodista ambiental especializada durante años en este drama, y que fue una de las firmantes en esa causa de 2012 que ahora provocó el pedido de suspensión del glifosato, afirmó que los avances para intentar regular las fumigaciones en municipios «son pocos y esporádicos, y en ciudades o pueblos inmersos en distintas provincias donde no se cumple la normativa en general, por lo tanto cuando se logra una Ordenanza es un paso adelante, pero solo localmente. Por eso es necesaria una ley nacional. La provincia de Buenos Aires tiene una Ley antigua que no prevé las fumigaciones en forma terrestre, por lo tanto cada municipio hace lo que quiere respetando los intereses de los productores y nunca a favor de la gente».
«Los síntomas son inimaginables, pero las autoridades tienen que sufrir en carne propia para tomar conciencia», concluye Vizcay Gómez.
Hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronunció al respecto, al advertir en marzo de 2015 que el glifosato es «probablemente cancerígeno para los seres humanos».
EL HERBICIDA MÁS USADO
En la Argentina este herbicida es el más utilizado en la producción agrícola: de acuerdo a números de la industria, de los casi 300 millones de litros de agroquímicos que se fumigan por año, más de la mitad corresponden a este herbicida creado en Norteamérica en 1974 por la multinacional Monsanto.
Ya a principios de este año un informe presentado por científicos del CONICET exponía que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica, está altamente contaminada con el herbicida glifosato o AMPA, su degradación.
Asimismo, a finales de 2015 un estudio realizado por investigadores del Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (EMISA), perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata (UNLP), alertaba también que el cien por ciento de los algodones y gasas estériles contienen glifosato o su derivado AMPA.
El pedido de la medida cautelar del fiscal federal Fabián Canda fue presentado el 1° de diciembre y lo deberá resolver la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de Buenos Aires. Las novedades se conocerán durante el primer cuatrimestre de 2017.
En base a Infobae, Diario Judicial, Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y Entre Ríos Ahora
Foto: 0223.com.ar
