La Juventud Socialista organizó una jornada de debate contra las propuestas de baja en la edad de punibilidad
Hace algunos días la Juventud Socialista, junto a la Fundación Friedrich Ebert Stiftung y el CEMUPRO, organizaron un encuentro entre distintas organizaciones y partidos políticos, donde el eje central fue el debate en torno a la situación penal y social de las juventudes en Argentina. Se hicieron presentes como panelistas Denisse Legrand, del Movimiento No a la Baja de Uruguay, Cristian Penna de INECIP y Vanesa Salgado del Instituto Gino Germani. Los participantes coincidieron en promover un Estado activo que piense con y desde los jóvenes, políticas públicas con el fin de incentivar la participación, con inclusión social que posibilite el desarrollo de un proyecto de vida.
Marcial Sorazábal, secretario general de las Juventudes Socialistas Argentinas, expresó «el gobierno nacional brinda fragmentadas, y muchas veces escasas, respuestas ante las diversas problemáticas sociales. Pretenden resolver estas temáticas desde el derecho penal, evidenciando la insistencia en recetas que ya han fracasado en Argentina y el resto del mundo».
Durante el encuentro se reflexionó sobre cómo la participación en hechos delictivos de menores de edad, y su comercialización mediática, alimentan la construcción de un sujeto fácilmente identificable y estigmatizante: jóvenes, fundamentalmente varones, pobres y con “gorrita”, de las zonas periféricas de las grandes ciudades. Sin embargo, según datos de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y Unicef Argentina, de 871 jóvenes privados de su libertad por edad, el 90,6% tiene entre 16 y 17 años, y el 9,4% corresponde a chicos considerados no punibles según la ley argentina. Por lo cual, la baja de la edad de punibilidad sólo implicaría un cambio efectivo en la situación de 82 chicos menores de 16 años privados de libertad en todo el país.
Concentrar el debate en torno a la edad en que una persona puede ser sometida a un proceso penal, siendo susceptible de ser sometido a una condena punitiva, deja por fuera la discusión los derechos y garantías de cada una de los niños, niñas y adolescentes, echando por tierra la incorporación en 1994 de la convención de los Derechos del Niño como tratado internacional con jerarquía constitucional. Preocupado Sorazábal expresó que «la posibilidad de bajar la edad no sólo desoye los acuerdos firmados, también retrocede en el paradigma de un Estado garantista de derechos a las infancias, reconocidas hasta los 18 años, y juventudes».
Finalmente, se concluyó que la ley actual no prevé ninguna de las garantías procesales previstas en nuestra Constitución Nacional y en la Convención de los Derechos del niño –tales como principio de legalidad, de inocencia, derecho de defensa, igualdad ante la ley, humanidad, privación de libertad como excepción, lesividad, entre otras-, por eso, más allá de la coyuntura, la cuestión penal-juvenil es un problema que necesariamente exige soluciones políticas. Los presentes se comprometieron en trabajar por un régimen penal juvenil que sea respetuoso de los derechos humanos, las garantías constitucionales y los tratados internacionales, considerando al encierro como excepción.
