A 18 meses de la publicitada recuperación de Cresta Roja la empresa sigue sin cumplir con los acuerdos. Mientras tanto, cientos de trabajadores están en la calle.
Uno podría decir que todo comenzó a finales de 2015: quiebra de Cresta Roja, intervención del gobierno, anuncios oficiales de reactivación, licitación, confirmación de venta exitosa, aumento de producción y reincorporación de trabajadores despedidos. Un logro de Cambiemos, una promesa de campaña cumplida, trabajadores y empresarios felices. Todos ganan. Sólo que la historia no fue así. Y no sólo porque la historia no haya comenzado en 2015.
LA EXTENSIÓN DELIBERADA DE UNA AGONÍA
Cresta Roja fue, en su momento de esplendor, la segunda empresa avícola en importancia del país: controlaba nada menos que el 13% del mercado interno. Fundada en 1959 por la familia Rasic, la avícola llegó a tener 3700 empleados. Sin embargo, su tamaño y su posición en el mercado no fueron garantía de éxito. Hacia finales de 2012, con el fin de los subsidios que las empresas de este tipo recibían discrecionalmente del poder central (dinero que terminaba, en muchos casos, en propiedades privadas en la Costa Atlántica o en inversiones en Europa según cuentan en off varias voces del sector), Rasic comenzó a dar señales de crisis.
Según un especialista y experimentado conocedor del sector avícola a quien consultamos, el problema fundamental de Cresta Roja era su estructura productiva. Ya sea por su mala administración o por su mala estrategia de ventas (o por ambas), lo cierto es que su estructura productiva chocaba con su eficiencia en las ventas, un problema de estrategia empresarial que sus dueños nunca se abocaron a resolver y que volvió obsoleto el funcionamiento de la empresa, que sobrevivió sus últimos años a fuerza de paliativos del Estado: al principio fue debido a las políticas de precios máximos de Guillermo Moreno, que involucraban los antes mencionados subsidios y, luego, de mero sostenimiento de los puestos de trabajo vía Repro, hacia fines de 2012 y principios de 2013, situación que se extendió en una lenta agonía que duró hasta finales de 2015.
Según las palabras de nuestro especialista: “La empresa intentó una reestructuración que implicaba una fuerte reducción de personal. Tanto desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires como desde la Nación no se lo permitieron, de modo que se acordó que Rasic pagara sólo parte de los salarios y el resto lo pagara el Estado vía Repro. En suma: se pateó el problema de fondo, la empresa fue acumulando deuda, sobreviviendo gracias a los paliativos y enfrentando un sindicalismo combativo que, por ejemplo, le paralizaba su planta de faena y los obligaba a faenar en otro lado, pagando el doble del costo. Los últimos 6 meses de la empresa fueron de total decadencia: terminaron acordando un esquema donde desde el gobierno se financiaba el alimento de los pollos exclusivamente con maíz y soja. El problema es que este es un modo deficiente de alimentar a los pollos y produjo la mala nutrición de los animales, que llegaron a pesar incluso menos que un kilogramo. La consecuencia fue la caída en picada de la producción y el final anunciado de la quiebra”. Tras varios conflictos con sus trabajadores y negociaciones que no llevaron a ninguna resolución satisfactoria la empresa declaró la quiebra en diciembre de 2015.
[blockquote author=»» pull=»normal»]El gobierno lo utilizó como un emblema de su política de recuperación de empleo y de crecimiento económico. Pero Cresta Roja aún espera. [/blockquote]
A partir de ese momento es historia mediática conocida: el gobierno de Mauricio Macri lo utilizó como un emblema de su política de recuperación de empleo y de crecimiento económico y anunció un plan que consistía en que la empresa se vendiera (cosa que ocurrió casi un año después, cuando la oferta de la compañía Proteinsa, compuesta por Ovoprot, Tanacorsa y Grupo Lacau ganó la licitación con una oferta de 121 millones de dólares) y, luego, que la nueva empresa reincorporara a los trabajadores y aumentara la producción.
Proteinsa reincorporó efectivamente a 1.800 trabajadores, cumpliendo parte de su promesa, y dejando a aproximadamente otros 1.200 trabajadores a la espera pero con el seguro compromiso de que iban a ser reincorporados, según expresaba el propio Santiago Perea, gerente general de la compañía. La estrategia del nuevo grupo empresario era elevar la exportación del 10 por ciento actual y pasar de los 180.000 pollos de faena actual diaria a 400.000 en el segundo semestre de 2017. Junto con ello, el plan estableció además que la fecha límite para la reincorporación del total de los trabajadores sería el 30 de junio de 2017.
VUELVEN LAS PROTESTAS
Consultado al respecto del futuro y de la viabilidad del plan oficial, el especialista se mostró escéptico: “Al día de hoy los empleados siguen cobrando con Repro y las indemnizaciones que recibieron algunos trabajadores fueron pagadas con acciones de la empresa. El asunto es que, en los hechos, Proteinsa aún no pagó por la compra de Cresta Roja, y aún debe impuestos a la AFIP y dinero a los acreedores de Rasic. Que yo sepa, aún no cobró nadie. Además, en este momento el mercado avícola está deprimido, de modo que el mentado aumento de la producción que proyectan los nuevos dueños podría ser sólo paliado por el aumento de las exportaciones, algo que no se ve en el horizonte cercano”.
Sus declaraciones coinciden con la realidad de los reclamos: hacia finales de marzo los trabajadores bloquearon los portones de las instalaciones de una de las plantas de la empresa en reclamo por el cumplimiento reincorporación de unos 800 empleados despedidos y el pago de la primera cuota de indemnización tras la presentación de quiebra de la firma avícola.
Según informaban por ese entonces los trabajadores, la empresa se negaba a informar el plan de pago de deudas, las reincorporaciones e incluso las faenas en negro, a pesar de que la Justicia había ya emitido una intimidación. “Después de incumplir las instancias formales, la empresa sigue sin pagar la indemnización con fechas vencidas y postergadas muchas veces”, informaba el cuerpo de trabajadores a mediados de abril. Habían ya pasado varios meses desde la supuesta recuperación, y ya más de dos semanas desde la primera protesta. Se enfrentaban, además, con portones cerrados y prohibición de ingreso a las plantas por parte de la patronal.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Y allí están, todavía: con 400 operarios en la calle, un conflicto desgastante de años y muchas promesas incumplidas.[/blockquote]
Confundidos y frente a la incertidumbre, los trabajadores continuaron protestando. A principios de este mes volvieron los reclamos y las acciones: pararon la producción de no ya una, sino de las dos plantas productoras de pollos, en reclamo del pago de las ya mencionadas indemnizaciones, adeudadas desde diciembre. Mediante un comunicado, los trabajadores informaban: “La empresa que se hizo dueña en el último período incumplió con el pago de las indemnizaciones comprometidas ante la jueza. Tampoco avanzó con las reincorporaciones, lo que dejó sin trabajo a más de 1000 trabajadores”.
Según uno de los delegados, la empresa pagó en tiempo y forma únicamente la primera cuota de las tres que habían firmado, la correspondiente al mes de enero. Desde la compañía, no obstante, aseguraron que los plazos se están cumpliendo, que en la actualidad la producción está al 70 por ciento de la capacidad y que sólo falta reincorporar menos de 400 trabajadores.
Más allá de las versiones, lo cierto es que las partes se reunieron nuevamente el 12 de mayo y se acordaron nuevas promesas. Pasaron las semanas y hoy volvió a recrudecer el conflicto: delegados de Cresta Roja se encadenaron esta mañana en el Ministerio de Trabajo, con los mismos reclamos que sostienen desde, al menos, el mes de marzo. Y allí están, todavía: con 400 operarios en la calle, un conflicto desgastante de años y muchas promesas incumplidas.
A pesar de los anuncios oficiales, Cresta Roja (aún) espera.
Fuentes: Infogremiales, La Nación
