Legalidad y legitimidad entraron en directo conflicto en el irregular proceso de referéndum catalán y la torpe respuesta del gobierno español. Zanjar esa disociación es el principal desafío de los tiempos que vienen.
Cuando legalidad y legitimidad se separan, quien se queda con la legalidad suele llevarse la peor parte. Porque al fin y al cabo es previsible que la ley quede desfasada, pero no la legitimidad. Más aún, ésta es la plataforma para actualizar la ley anacrónica.
Pues bien, en España lo que ha eclosionado es una profunda separación entre legalidad y legitimidad, entre las reglas y la aprobación/aceptación social que éstas requieren para funcionar políticamente. Cataluña es el nombre de esa escisión.
Y quien se ha quedado con la legalidad ha sido el gobierno central de Mariano Rajoy, del Partido Popular. No es que el gobierno catalán de Carles Puigdemont, del Partit Demòcrata Europeu Català, renuncie a tener la legalidad de su lado, pues incluso constitucionalistas de prestigio, no catalanistas, entendían que un referéndum sobre el futuro de Cataluña en España era constitucional. Pero su gran apoyo es la legitimidad de la demanda. A su vez, Rajoy reclamó también legitimidad, pero sólo como derivado de la existencia de la ley.
Lo que está en juego en este conflicto es la cuestión nacional española, el sentido de ésta como comunidad política. Si es un sujeto político o no. Ni siquiera si es una nación, cuestión que los llamados “nacionalismos periféricos” (País Vasco, Cataluña, Galicia) y la izquierda estatal (Izquierda Unida, Podemos, parte del PSOE) no consideran así. Estas fuerzas hablan más bien de Estado, para subrayar el carácter administrativo de España como conjunto o, a lo sumo, de nación de naciones o Estado plurinacional. Sólo los populares hablan de España como la única e indiscutible nación.
La cuestión nacional fue uno de los conflictos de la guerra civil, junto a la cuestión de clase y la forma del Estado. La Transición no la resolvió. Apostó a amortiguar el problema distinguiendo, en su artículo 2, entre nación (España), nacionalidades (País Vasco, Cataluña, Galicia) y regiones (el resto de autonomías). En lugar de utilizar ese primer momento para ganar tiempo y construir una hegemonía alrededor de un sentido compartido de comunidad, confundió legitimidad con legalidad. Se quedó con ésta y aquélla acaba de estallar. Dando fin, probablemente, a la propia Transición. No en el sentido cronológico, sino como proyecto político colectivo.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Rajoy y el Partido Popular ven ahora las consecuencias de su profunda falta de entendimiento del país que gobiernan. Confundieron la demanda catalanista con una anomalía pasajera. [/blockquote]
La Transición no fue de ruptura, sino continuista, y significó un proyecto de arriba abajo. Por eso fue un proceso sin memoria o, mejor dicho, que gestionó el pasado (guerra civil y dictadura franquista) como un todo indiferenciado, hecho de “bandos” fratricidas, igualmente fanáticos, antidemocráticos y responsables de esa época oscura. No hubo nada similar a la desfascistización de la Europa post-1945. Se valoró la democracia, sí, pero sin reconocer ningún pasado, ni para bien (la República), ni para mal (el franquismo), salvo para evitar su repetición.
La cuestión social se resolvió con la construcción de un Estado de Bienestar inédito, si bien incompleto en relación a Europa. La palabra clave fue “modernización” y “europeización”. España viviría finalmente como Europa. Se consagró el progreso social: los hijos vivían mejor que sus padres.
La cuestión nacional se buscó resolver administrativamente, con un régimen en la práctica federal, como el de las autonomías. Si inicialmente se pensó en dos niveles, uno más profundo para las “nacionalidades” y otro menos para las “regiones”, finalmente todas se igualaron en autogobierno, si bien con algunas diferencias como Navarra, País Vasco y luego Cataluña.
Esta combinación de democracia pluralista y europea, Estado de Bienestar y régimen autonómico hizo ganar legitimidad al proyecto de la Transición. No obstante, la cuestión nacional permaneció incierta e inacabada en su desarrollo. No casualmente, “encaje” es la palabra para nombrar desde hace muchos años la relación sobre todo de País Vasco y Cataluña con el resto de España. Decir encaje es (¿era?) el modo de no poder decir unión.
Los partidos nacionalistas vascos (PNV) y catalanes (CiU) construyeron nación desde el gobierno de sus territorios. Paradójicamente, el requisito para ello fue contribuir a la gobernabilidad de España, cambiando estabilidad estatal por mayores competencias autonómicas (que les permitían profundizar la construcción nacional). Sus respectivas minorías-llave en el Parlamento de Madrid —gracias a un sistema electoral que los favorece— posibilitaron formar gobierno tanto al PSOE como al PP. Un entendimiento que siempre era consecuencia de una negociación previa alrededor del “encaje” de ambas autonomías con España (no “con el resto de España”).
El Partido Popular y el Partido Socialista, afirmados en el bipartidismo, veían en este intercambio un reaseguro para un proyecto como el de la Transición, con grandes dificultades para automodificarse y avanzar, debido a que no quería enfrentar el pasado. Probablemente también vieron en el nacionalismo “periférico” una mera herramienta de negociación, apaciguable por esa vía. La presencia de ETA sirvió durante mucho tiempo como cemento entre todos los partidos de gobierno y contribuyó a neutralizar el nacionalismo español implícito en todo el andamiaje institucional con el “constitucionalismo”. El fin de ETA permitió a los diversos actores liberar su energía e imaginación política, abocarse a sus propios valores. Junto a la crisis económica de 2008 está operando para conmover los pilares de la Transición.
El gobierno de Zapatero quizá pase a la historia como el de Illia en Argentina. Muy criticado en su momento por su presunto “buenismo” —si a Illia le dibujaban una paloma en la cabeza, a Zapatero lo llamaron “Bambi”, en una curiosa continuidad zoológica—, vio sin embargo la necesidad de actualizar el proyecto de la Transición. Esto pasaba por leves correcciones del proyecto original, que sin embargo lo continuaban en términos de democratización, europeización y modernización. Zapatero impulsó una tímida Ley de Memoria Histórica, que consagraba el derecho privado e individual a la memoria, al que el Estado ayudaría (hay más de cien mil cadáveres en las cunetas españolas y el Valle de los Caídos sigue funcionando como capilla de la Iglesia Católica y sitio de exaltación de la dictadura franquista). En esa dirección, promovió la asignatura de Educación para la Ciudadanía en la currícula escolar y revitalizó la reforma de muchos estatutos de autonomía. También profundizó derechos liberales como el matrimonio igualitario. Todo fue durísimamente combatido por el PP, que ya entonces blandió aquello de que “España se rompe”.
Un probable inicio inmediato (el mediato es histórico, como se ha dicho) de la eclosión del 1-O es cuando Zapatero se comprometió en 2003 a apoyar el Estatut que el Parlament de Catalunya aprobara, en una muestra de confianza hacia el catalanismo que Aznar no había tenido e irritaba al PP. El Parlament aprobó el Estatut en septiembre de 2005 (por 120 votos contra 15 del PP, que adujo que el texto alejaba a Cataluña de España), que fue refrendado por el Parlamento nacional en mayo de 2006 (con el voto en contra del PP) y finalmente fue aprobado en junio de ese año por la ciudadanía catalana en referéndum con casi el 74% de los votos. Concluía así el trámite constitucional.
Tras entrar en vigor el Estatuto, el PP —minoritario en Cataluña, precisamente debido a su nacionalismo español de cuño neofranquista— objetó en 2006 que el Preámbulo afirmaba que Cataluña era una nación. Comenzó entonces una movilización contra el Estatut por arriba, llevándolo al Tribunal Constitucional (Corte Suprema), y por abajo, reuniendo firmas en Cataluña. Finalmente, en junio de 2010 el Tribunal Constitucional —en un fallo dividido (6 a 4) y polémico por su carácter político— mantuvo la definición de nación en el Preámbulo pero subrayando su “ineficacia jurídica”, lo que en la práctica fue entendido por el catalanismo como una negación del carácter de nación para Cataluña. Desde entonces, ésta es la única autonomía que cuenta con un Estatuto que no desea.
[blockquote author=»» pull=»normal»]La cuestión nacional fue uno de los conflictos de la guerra civil, junto a la cuestión de clase y la forma del Estado. La Transición no la resolvió. [/blockquote]
A partir de allí, el independentismo ha crecido en Cataluña. En julio de 2010, pocos días después del fallo del Constitucional, hubo una manifestación amplísima (un millón de personas, según los organizadores) en rechazo de esa sentencia bajo el lema «Som una nació. Nosaltres decidim». Esa movilización se continuó con cada Diada (la fiesta nacional catalana del 11/9), transformándose hasta hoy en una masiva afirmación catalanista y de protesta contra el Estado central. Así se fue constituyendo un frente transversal pro-independencia, con su ala derecha (PdCAT), su ala izquierda (ERC) e incluso su ala rupturista, soberanista pero no nacionalista (las CUP). Esta voluntad independentista alcanzó el 48% de los votos en las últimas elecciones autonómicas de 2015, en la práctica un plebiscito sobre la independencia.
Pero lo más notable y clave es que la demanda mayoritaria (un 70/80% de los catalanes) es en favor de un referéndum a la escocesa en el que se vote independencia sí o no. Es decir que un 20/30% de los que votarían en contra de la independencia son favorables a un referéndum en el que podrían perder. Esto muestra que el soberanismo o catalanismo es un sentimiento transversal a independentistas y no independentistas.
Esto permitió que la demanda de referéndum se asimilara con la de democracia e, incluso, se despegara relativamente de la de independencia. Todo ello pese a las graves faltas de garantías democráticas que el referéndum acabó teniendo —si bien por los impedimentos del Estado central— y a la violación del reglamento de la cámara por parte del Parlament en las sesiones del 6 y 7 de septiembre, que permitió la aprobación de la Ley de Referéndum y la de Transitoriedad (hacia la independencia).
Esa capacidad del frente independentista de cobijarse en el frente democrático es lo que le permite recoger legitimidad al gobierno catalán actual frente al inmovilismo del gobierno del PP. Éste se aferra a una interpretación de la Constitución según la cual el referéndum sería ilegal, lo cual le sirve de escudo para ocultar su auténtico móvil: que la nación española, entendida a la manera conservadora clásica —monárquica, castellana e imperial—, no es discutible. Tampoco el PP ha tenido la finezza política de reconocer la demanda ya no de independencia, sino de referéndum, para abrir una negociación. La ha judicializado y, el 1-O, finalmente militarizado, causando una ruptura quizá irreversible entre una parte muy importante de los catalanes (no todos independentistas) y el Estado español.
El gobierno nacional y el autonómico pudieron tensar la cuerda al extremo hasta el 1-O porque hasta entonces no había habido violencia física. El domingo la hubo, aunque sin muertos que lamentar, y en una situación tan deteriorada, quizá éste sea el único y débil estribo que queda para una solución negociada. El frente interno independentista catalán no es sencillo, pues allí conviven negociadores y rupturistas. Está por verse si el PP logra constituir un frente en su derredor. El PSOE lo intentará hasta el último minuto, pero no puede perder Cataluña (el PSC ha pedido elecciones nacionales y autonómicas), ni pasar por alto la represión del 1-O, ni bendecir el camino independentista.
Rajoy y el Partido Popular ven ahora las consecuencias de su profunda falta de entendimiento del país que gobiernan. Confundieron la demanda catalanista con una anomalía pasajera. Como si España fuera esa nación que ellos quieren que sea, sueñan que ha sido, o pretenden imponer al resto.
El punto es si hay tiempo para volver a soldar (o simplemente buscar un encaje) legalidad y legitimidad. No lo tienen fácil los nacionalistas españoles, y ni siquiera los partidarios de un Estado plurinacional. La demanda de referéndum sale ganadora, pero por una parte resulta una “pantalla pasada” para los nacionalistas catalanes, y por otra obligaría a abrirla para el caso vasco y quizá gallego. Pero cometerían un error los nacionalistas catalanes en declarar unilateralmente la independencia, pues perderían el crédito democrático que les ha permitido llegar hasta aquí.
Reunir legalidad y legitimidad es quizá la tarea política más compleja, pues supone una ruptura de lazos de convivencia. Esta semana será clave para el futuro de España y de Cataluña.
