La Corte Suprema de la Nación ratificó días atrás la condena a un agricultor y un aeroaplicador acusados por “contaminación ambiental dolosa”. Otros casos llegan a juicio oral en estos días.
En nuestro país hace poco tiempo que estos casos están llegando a la justicia: la contaminación con agrotóxicos y las muertes silenciosas que aquella causa, aun hoy son vistas por nuestra sociedad como parte del sistema de agronegocios, el sistema que usa venenos para cosechar comida y que está más preocupado por generar ganancias, que por respetar la vida.
La justicia no es lo suficientemente rápida y los nombres, que mayoritariamente son niños, se acumulan en carteles, fotos, reclamos y tumbas. Pero los veredictos llegan y lo esperable es que se cumplan, porque lo que está en juego es la vida de todos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto por los abogados defensores de los condenados en el marco de la denominada causa Barrio Ituzaingó Anexo. De este modo quedó firme la sentencia de la Cámara Primera del Crimen que condenó a los imputados a la pena de prisión en suspenso de 3 años.
El caso del barrio Ituzaingó, ciudad de Córdoba, donde se realizaban fumigaciones indiscriminadas con agrotóxicos, se convirtió en el primero en llegar a juicio penal y en el que un productor agropecuario y un aerofumigador fueron encontrados culpables por el delito de contaminación ambiental.
A cinco años de aquel fallo inédito, el pasado martes 12 de septiembre, la Corte Suprema ratificó la condena a tres años de prisión condicional al agricultor Francisco Parra y al aeroaplicador Edgardo Pancello, acusados por “contaminación ambiental dolosa”.
Tanto Parra como Pancello deberán cumplir la pena que además incluye la inhabilitación de 8 y 10 años respectivamente para realizar aplicaciones de agroquímicos en campos.
Ninguno de los dos irá a prisión, pero deberán cumplir tareas comunitarias de 10 horas semanales, durante cuatro años, para el Estado o en instituciones de bien público relacionadas con el ambiente y la salud.
MUCHOS CULPABLES
Si bien este caso fue emblemático para la justicia argentina, no es el único que en los últimos años y como última instancia y muchas veces muy tarde, llega a juicio.
En 2016 en el Tribunal Oral Penal de Goya, provincia de Corrientes, un agricultor, Ricardo Nicolás Prieto, enfrentó el juicio oral acusado de la muerte de Santiago Arévalo, de 5 años, y de severas lesiones a Celeste Estévez, de 4, en 2011. Los niños vivían en la finca lindera e inhalaron las fumigaciones ilegales.
La tragedia ocurrió en abril de ese año en la localidad correntina de Lavalle. Nicolás perdió la vida a causa de un edema pulmonar derivado de la inhalación de los agroquímicos utilizados para la fumigación de la tomatera que quedaba muy cerca de su casa (según se acreditó con certificados médicos, historias clínicas, informes químicos y resultados de la autopsia). Su situación empeoró por pisar un charco contaminado con Endosulfán. Celeste, su prima, que ahora tiene 11 años y enfermó en la misma época que Nico, quedó con secuelas permanentes que la obligan a un tratamiento en el Garrahan.
O el de José Carlos Rivero, donde la Cámara Criminal de Corrientes Capital rechazó un recurso de apelación y confirmó el procesamiento del productor Oscar Candussi, único imputado por homicidio culposo con uso de agrotóxicos por la muerte de José, un niño de 4 años oriundo de Lavalle.
Después de pelear por su vida en el Hospital Garrahan, José Carlos Rivero murió en diciembre de 2012, envenenado por un organofosforado, una sustancia que fue detectada en un análisis de orina que le hicieron en el hospital de Goya, compatible con el tipo de agrotóxicos que se usan en las tomateras. Además, pericias posteriores encontraron el compuesto en las hojas de las plantas de tomate del establecimiento hortícola y en el cuerpo de los chanchos muertos en la propiedad de la familia Rivero.
Es el segundo caso de este tipo que en la Argentina llegará a juicio oral, ambos por hechos ocurridos en la provincia de Corrientes.
[blockquote author=»» pull=»normal»]La contaminación con agrotóxicos y las muertes silenciosas que causa todavía son vistas por la sociedad como parte del sistema de agronegocios.[/blockquote]
En estos días se realiza un nuevo juicio, esta vez en Entre Ríos, por la causa de una escuela rural fumigada en 2014, es la Nº 44 “República Argentina” de Colonia Santa Anita, en el departamento Uruguay, donde el 4 de diciembre de ese año una avioneta fumigó un campo cercano al edificio, afectando gravemente la salud de docentes, alumnos y directivos.
Los acusados son el titular de la explotación agropecuaria; el presidente de Aero Litoral SA (la empresa que realizó la fumigación) y el piloto que manejó la aeronave. La fiscal Melisa Ríos terminó la investigación penal preparatoria en marzo de este año y elaboró el requerimiento de elevación de la causa a juicio ante el Juzgado de Garantías Nº1 de Concepción del Uruguay, acusándolos de contaminación ambiental culposa y lesiones leves culposas.
FRUTA ENVENENADA
Hace pocos días se conoció otra triste noticia, otra vez los niños pagan las consecuencias del uso indiscriminado de agrotóxicos que caracteriza al sistema de agronegocios de nuestro país, y otra vez en Corrientes, en la localidad de Mburucuyá, donde una niña murió a causa de estos venenos.
Según indicaron fuentes policiales, la niña presentaba un cuadro de intoxicación y, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, murió mientras era trasladada al hospital “María Auxiliadora” de la ciudad de Saladas, a 54 kilómetros de distancia de Mburucuyá.
Rocío tenía 12 años y Damián 10. Iban juntos a la capilla Santa Librada, a unos 1.500 metros de su casa. Pero a unos 90 metros de la vivienda de los chicos en un portón grande que da a un establecimiento citrícola, de producción de mandarinas, una de las frutas estaba al lado del portón. “Rocío la levantó, la partió, comió ella la mitad y le convidó a Damián”. Lo que no sabían era que la fruta estaba inyectada con veneno, el furadán, veneno brutal e imprescindible para que el modelo del agro negocio siga en pie. El resultado fue fulminante: “Se paralizó casi en forma instantánea”. Damián, con una descompostura atroz, volvió a la casa como pudo, usando un palito de bastón, para buscar ayuda. La nena murió en el hospital de Mburucuyá. La causa judicial está caratulada “Muerte por envenenamiento”.
Así lo cuenta el abogado Francisco Pisarello, quien se echó al hombro la tragedia de una familia carente de todos los recursos imaginables: económicos y sociales.
El abogado intenta además describir un procedimiento frecuente en la producción de cítricos: “El raleo es quitar algunas frutas de la planta, las que sean de menor calidad, para que la producción en sí sea la mejor. A ésas se las traslada”. La pregunta que Pisarello se hace es de una lógica fatal: “¿Qué se hizo con el resto de las frutas cosechadas?”
Aparentemente, se las cargó en canasto de plástico sobre un carro tirado por un tractor. “Por el traqueteo del tractor, la mandarina que comió Rocío se cayó a la salida”. Es decir, que el resto estaba tan envenenado como la fruta que mató a la nena que fruncía el ceño y hablaba en guaraní cuando algo no le gustaba, como recuerda Graciela Galeano, la directora de la escuela rural a la que asistía Rocio.
Según Pisarello, esas frutas, “posiblemente inyectadas de furadán”, son utilizadas para “matar a los pájaros” en el cultivo de arándanos “en otro establecimiento a 1500 metros” de la zona entre Saladas y Mburucuyá. La fruta envenenada con furadán para matar pájaros, mató a Rocío y destruye la vida de Damián.
El de Rocío es otro crimen que por ahora está impune. Porque a los muertos del sistema de agronegocios los aportan los anónimos, los pobres, los dueños de nada, los nadies.
En base a El Federal / El Miércoles Digital / Pelota de Trapo
