El gobierno arremete con una serie de reformas económicas de corte liberalizador. El proyecto económico del presidente Macri empieza a quedar más claro para todos.
Envalentonado luego del triunfo en las elecciones de medio término de octubre, el gobierno de Cambiemos acelera el paso para imponer una nueva agenda de reformas económicas. Tal como describiera el presidente Macri, el concepto es el de instalar la idea de que se inicia una etapa de “reformismo permanente”, en la que se plantean cambios en diversos temas más allá de lo económico. Los proyectos del gobierno en salud, educación y reforma política se suman a las nuevas medidas en materia tributaria, laboral y previsional.
Estas tres últimas reformas tienen un alto impacto en la economía y, a pesar de que se intenta adornarlas con la mística que ofrece el marketing del cambio y la mejora, representan parte del clásico recetario de los organismos internacionales de crédito.
De acuerdo a la visión del gobierno, las medidas propuestas generarían nuevas inversiones y puestos de trabajo, impulsarían al crecimiento y consolidarían un sistema tributario más justo que permitiría cumplir con las metas fiscales.
El respaldo electoral recientemente obtenido le permite impulsar una estrategia indisimulada de estimular a la oferta en lugar de la demanda. Es decir, se plantean beneficios que intentan inducir a las empresas a invertir más, a partir de una importante reducción de costos impositivos, previsionales y laborales que harían más rentables los negocios.
[blockquote author=»» ]El respaldo electoral recientemente obtenido le permite impulsar una estrategia indisimulada de estimular a la oferta en lugar de la demanda.[/blockquote]
Las principales medidas son: la baja del impuesto a las ganancias para las utilidades reinvertidas, la devolución de saldos a favor del IVA por inversiones, incremento del pago a cuenta de ganancias del impuesto a los débitos y créditos, reducción gradual de Ingresos Brutos y sellos, y reducción de aportes patronales. A esto se suma la propuesta de flexibilización laboral que promueve, entre otras cosas, un esquema de banco de horas para reducir las horas extras, un nuevo sistema de cálculo de indemnizaciones que deja afuera ítems remunerativos como aguinaldo, horas extras y viáticos con el objetivo de bajar el costo de las mismas, y propone a futuro un esquema de un fondo de auto-ahorro para indemnizaciones futuras.
Las reformas planteadas se potencian con el acuerdo logrado entre el gobierno nacional y las provincias (a excepción de San Luis), que determina cambios en la distribución de recursos a favor de las provincias por la eliminación del artículo 104 de la Ley de Coparticipación, condicionada a dejar sin efecto las demandas cruzadas por deudas y el compromiso de cumplir las pautas del nuevo pacto fiscal. Este pacto implica, entre otras cosas, el compromiso de reducir impuestos de Ingresos Brutos y Sellos, aprobar y adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal, impulsar la modificación de las valuaciones fiscales para el cálculo del impuesto inmobiliario, adherir al acuerdo por el Fondo del Conurbano Bonaerense y aceptar un nuevo mecanismo de actualización de haberes jubilatorios de carácter trimestral basado en la evolución de la inflación más un adicional variable vinculado al desempeño del PBI.
Los claros ganadores de las reformas son el empresariado y el gobierno nacional. Los empresarios se garantizan menores costos y mayores ganancias. El gobierno nacional se hace de aproximadamente 120.000 millones de pesos por el ajuste a jubilados y planes sociales, frena todos los reclamos judiciales pendientes de las provincias y se garantiza sin conflictos fondos frescos para la Provincia de Buenos Aires, pieza clave del plan reeleccionista 2019.
A excepción de Vidal, los gobernadores sacaron un empate. La firma del acuerdo les garantiza continuidad de obras públicas, resuelven sus conflictos de deudas pendientes y en el corto plazo tendrán fondos adicionales por la derogación del citado artículo 104.El panorama se complica un poco más para adelante, cuando haya que modificar impuestos y ajustar el gasto provincial.
Los grandes perdedores son los jubilados y pensionados, los beneficiarios de planes sociales, y los trabajadores en general. La realidad es que todo este paquete se financia con el ajuste a los jubilados y se erosiona la sustentabilidad futura del ANSES con la baja de aportes patronales que se promueve. La cereza del postre viene por la idea de ofrecer “voluntariamente” la posibilidad de extender la edad jubilatoria, en una situación en la que no se contemplan mejoras reales en las jubilaciones, ya que el ajuste propuesto a duras penas lograría, con suerte, mantener el magro poder adquisitivo actual.
La realidad económica de nuestro país nos muestra con claridad que la receta detrás de las medidas es equivocada. En un contexto en el cual el consumo ha caído significativamente y en donde la capacidad ociosa industrial en septiembre de 2017 es del 32,7%, lo que hace falta en una primera etapa es un estímulo a la demanda ya que la oferta está en condiciones de crecer sustancialmente sin necesidad de inversiones adicionales.
Las medidas tributarias necesarias son aquellas que fomenten el consumo: reducción/eliminación del IVA en las facturas de servicios públicos de los consumos de familias, PYMES, y comercios. Eliminación del IVA en una canasta básica de productos. Eliminación del IVA en los intereses de créditos bancarios o financiación de tarjetas de crédito.
[blockquote author=»» ]Las medidas tributarias necesarias son aquellas que fomenten el consumo: reducción/eliminación del IVA en las facturas de servicios públicos de los consumos de familias, PYMES, y comercios.[/blockquote]
Asimismo, es necesario terminar con los tarifazos y planificar la evolución de precios de las tarifas de servicios públicos y demás precios regulados con una pauta de incremento máximo anual que no podrá superar en un 10% al aumento del salario de los empleados públicos nacionales. Por otra parte, la política de tasas de interés debe tender a la baja para estimular las inversiones productivas por sobre la especulación financiera.
El costo fiscal inicial de estas medidas será en gran parte absorbido por el crecimiento del consumo y probablemente tienda a revertirse en muy breve plazo.
Una vez alcanzado un nivel de actividad razonable, y con un nuevo umbral de recaudación fiscal producto de la reactivación lograda, se podrá avanzar en una segunda etapa en la cual potenciar estrategias para estimular la inversión que pueda acompañar el crecimiento de la demanda. Y será recién en ese momento cuando el gobierno en sus tres niveles, empresas y trabajadores deberán consensuar las medidas que garanticen nuevas inversiones que apunten a generar empleo y permitan mejorar el desempeño futuro en términos de eficiencia y competitividad.
