Durante el G20, el Gobierno argentino avanzó en acuerdos para realizar viajes desde nuestro país hacia las Islas Malvinas. Estos acuerdos, módicos y parciales, parecen soslayar el histórico reclamo por la soberanía.
En el marco de la cumbre del G20 la Cancillería argentina emitió un comunicado en el que expresa que la concreción de un nuevo vuelo de Latam, desde San Pablo (Brasil) a Islas Malvinas con una escala en la ciudad de Córdoba, tiene un valor positivo para el avance de las negociaciones por la recuperación de las Malvinas.
El hecho de que la conexión aérea, por decisión de Gran Bretaña, no pueda ser realizada por Aerolíneas Argentinas y que explícitamente haya sido excluida la ciudad de Buenos Aires, revela la inconsistencia de la posición asumida por el Gobierno nacional. Es erróneo por parte del Gobierno avanzar en estos acuerdos sobre Malvinas sin respetar la histórica posición que ha mantenido la Argentina desde que se recuperó definitivamente la democracia en el país en 1983. Esta posición ha sido institucionalmente la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que es una lucha indisoluble de los argentinos y que se vincula con la esencia de nuestra nacionalidad.
Los diversos argumentos del Reino Unido por sus derechos sobre las islas no resisten un análisis serio. Es innegable que el descubrimiento de las Islas Malvinas fue obra de los españoles, quienes las administraron durante los tiempos de la Colonia. En ese sentido, luego de declarada la Independencia nacional, las Provincias Unidas del Río de la Plata tomaron posesión de las islas, hasta que en 1829 asume como gobernador Luis Vernet.
En enero de 1833 los ingleses se apoderan por la fuerza de las Islas Malvinas y reemplazan nuestra enseña nacional por la británica.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Es erróneo por parte del Gobierno avanzar en estos acuerdos sobre Malvinas sin respetar la histórica posición que ha mantenido la Argentina desde que se recuperó definitivamente la democracia en el país en 1983.[/blockquote]
El Congreso Nacional fue siempre el receptáculo natural de la opinión unánime de los argentinos por el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Como socialistas nos queda la inocultable actitud asumida históricamente por nuestros legisladores, que se remonta a la acción del senador Alfredo Palacios que en 1934 hizo aprobar una ley para editar el libro sobre las Malvinas escrito por Paul Groussac, para que el pueblo conociese la historia de las islas. Por el mismo proyecto hizo imprimir un resumen de dicho libro para ser repartido en todas las escuelas.
Con el devenir del tiempo Argentina logró, a través de su participación en los foros de Naciones Unidas, resoluciones importantes:
1 – La Asamblea General de la ONU aprobó en 1960 la resolución 1514, “Sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”, que representó un aval de gran importancia para el movimiento de descolonización alrededor del mundo. En esta resolución se consagra el derecho a la libre determinación de los pueblos, que Gran Bretaña intenta aplicar a los habitantes de las islas. Pero en Malvinas la situación es diferente, no se trata de una colonia a la que debe otorgársele independencia, sino de un territorio usurpado violando el principio de integridad territorial de la Argentina, a la que la potencia ocupante debe reintegrárselo.
Los kelpers son una población colonial implantada y sus descendientes, para los cuáles no es válido el principio de autodeterminación, y en cambio quien sí tiene derecho a ejercerlo en dicho territorio es el pueblo argentino, que fue expulsado y al que se le impidió volver luego de la ocupación británica.
2 – Posteriormente, mediante su resolución 2065 y resoluciones posteriores, la ONU reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido en torno a las Islas Malvinas e instó a ambos Gobiernos a proseguir las negociaciones y resolver el conflicto de forma pacífica, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, conforme a las recomendaciones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, y a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras continúe el proceso de negociación.
En vísperas de cumplirse los 30 años de la Guerra de Malvinas, en febrero de 2012, legisladores de todos los bloques del Congreso Nacional suscribieron la “Declaración de Ushuaia”, firmada en esa ciudad y posteriormente ratificada por unanimidad en ambas cámaras legislativas. El documento rescata la continuidad histórica de los reclamos argentinos en democracia por la legítima e imprescriptible soberanía de nuestro país en el Atlántico Sur tal como lo establece la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, en su condición de partes integrantes del territorio nacional.
La declaración advierte ante la comunidad internacional y las Naciones Unidas de la militarización e introducción de armas nucleares en el Atlántico Sur, por parte del Reino Unido, en violación de la Zona de Paz (Resolución Asamblea General ONU 41/11) y el rechazo a la realización de prácticas contrarias a la necesidad de mantener a la región libre de medidas de militarización, de carreras armamentísticas, de presencia militar extra regional y de armas nucleares.
Los legisladores expresan su condena a las “acciones unilaterales ilegítimas del Reino Unido en materia pesquera e hidrocarburífera que violan las diversas resoluciones de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, y su denuncia del potencial peligro de un desastre medioambiental en el Atlántico Sur como consecuencia de actividades ilegales del Reino Unido en la zona”. La posición del Congreso fue de acompañar todas las decisiones que conviertan a la República Argentina en un activo participante de las acciones de protección del medio ambiente en la Antártida y el Atlántico Sur.
Estas actividades extractivas, al igual que el establecimiento de los vuelos que mencionamos al inicio, son parte del Comunicado Conjunto firmado entre ambas cancillerías en Buenos Aires el del 13 de septiembre de 2016, documento que nunca fue remitido al Congreso Nacional para su análisis.
La solidaridad latinoamericana e internacional se ha manifestado numerosas veces en apoyo de los justos reclamos de la Argentina. Todos los organismos como MERCOSUR y Estados Asociados, la OEA, la UNASUR, la CELAC, así como grupos biregionales o regionales como la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre América del Sur- África (ASA), la Cumbre de países Sudamericanos y países Árabes (AFA) y el Grupo de los 77 más China se han manifestado a favor del histórico reclamo argentino.
[blockquote author=»» pull=»normal»]La posición argentina no es contra de los isleños, sino de rechazo absoluto al colonialismo. [/blockquote]
En 2009 se realizó una presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma que depende de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, fruto de un trabajo de años iniciado en 1996 por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina, dependiente de la Cancillería. En marzo de 2016 el organismo internacional aprobó por unanimidad el pedido argentino de extensión sobre el límite exterior de la plataforma continental, que incluyen las Malvinas, las islas del Atlántico Sur y la Antártida. Nuestro país sumó así 1.700.000 kilómetros cuadrados de plataforma, que representa un 35% más que la superficie anterior y están comprendidos entre las 200 millas marinas y el límite exterior. Este dictamen de la ONU ratifica y otorga más fuerza a los límites planteados por Argentina y la soberanía nacional sobre el Atlántico Sur, así como los derechos sobre los recursos naturales de nuestra plataforma continental.
La posición argentina no es contra de los isleños, sino de rechazo absoluto al colonialismo. A estas alturas, en pleno siglo XXI, defender un enclave colonial es completamente anti histórico. Está claro a través de lo que expresamos que la posición del Reino Unido es rechazada por la mayoría abrumadora de los países del mundo.
Como señala la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, cuyo absoluto cumplimiento reivindicamos: “La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
En resumen, y más allá de la ocupación por la fuerza que allá lejos en 1833 llevó adelante Gran Bretaña, para el pueblo argentino las Malvinas son, por obra y gracia de la comprensión de nuestra gente, profunda y totalmente argentinas. Esto implica también recordar la memoria de nuestros soldados caídos y heridos en la guerra de 1982 y el dolor de sus familias, y nos reafirma en entender que la cuestión Malvinas no debe ser tomada unilateralmente desde un gobierno. Es una cuestión de todo el pueblo argentino y para eso está el Congreso Nacional.
