Comercios cerrados, vecinos en la ruta y manifestaciones en toda la provincia intentan defender la constitucionalidad de la Ley 7.722 que prohíbe la minería con químicos tóxicos en la provincia.
El radical Rodolfo Suárez, a pocos días de asumir, envió un proyecto de ley a la legislatura provincial para modificar la Ley de «Prohibición de Sustancias Químicas» a medida de las mineras. La ley 7.722 se aprobó hace más de 12 años, tras intensos debates en toda la provincia y en ambas cámaras legislativas, y en su artículo 1º dice que «se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos».
Inmediatamente aprobada, recibió de parte de empresas mineras una decena de denuncias de inconstitucionalidad, que recién fueron aclaradas casi ocho años más tarde, cuando la Suprema Corte de Justicia de Mendoza no sólo ratificó su constitucionalidad, sino que en un extenso fallo plenario dejó en claro que se trata de una ley que protege el recurso hídrico de la provincia y que de ningún modo impide el desarrollo de la minería, metalífera o no metalífera.
Sin embargo, la nueva redacción de la ley que impulsa el flamante gobernador, sólo prohíbe el mercurio y señala que el uso de sustancias quedará restringido a aquellas que «aseguren la sostenibilidad del proyecto y cuya producción, importación y uso esté permitido en Argentina». El nuevo texto también elimina la aprobación legislativa de las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos mineros.
Otra vez Mendoza entra en disputa acerca de si realizar actividades mineras o priorizar otras actividades socio-económicas.
Quienes sostienen que el proyecto en realidad es “positivo”, lo defienden indicando que generaría nuevos puestos de trabajo y que además se impulsarían auditorías internacionales (para suplantar la carpeta de impacto ambiental), y se crearía una especie de “policía ambiental”. La reforma a la ley 7.722 cuenta con el apoyo del PJ provincial. Así lo hizo saber el mismo gobernador Suárez, “festejo que el Partido Justicialista esté apoyando esto”, afirmó.
TODOS JUNTOS CONTRA EL PUEBLO
El pasado martes 17 de diciembre, la Legislatura de Mendoza se convirtió en un escenario de debates y protestas en el marco del tratamiento de la reforma de la Ley Provincial 7.722.
Mientras allí se debatía en Comisiones, afuera del recinto miles de personas reclamaban que no se modifique la norma que restringe la minería y cuya constitucionalidad fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. En simultáneo, cientos los vecinos se sumaron a diferentes movilizaciones en varias de las principales ciudades de la provincia y a través de las redes sociales.
Y en un hecho sin precedentes, al finalizar la intensa jornada y sin que todavía el plenario de Comisiones de LAC, Ambiente y Economía de Diputados y Senadores, emitiera despacho, se llamó a sesión especial en el Senado Provincial para tratar el tema a primeras horas de la mañana del próximo viernes 20 de diciembre. En la misma se analizaría la aprobación del proyecto de modificar la Ley 7.722.
Aunque ya hay legisladores mendocinos que se oponen a la reforma que aseguran que se trata de un hecho que se aprobará, por ahora en el oficialismo y en el sector minero prefieren bajar las expectativas y esperar a ver los resultados que se den en el recinto.
Quien sí adelantó un resultado y, de paso, condicionó de manera importante a la oposición, es el presidente Alberto Fernández, quien en el almuerzo de fin de año de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) dijo que en «Mendoza logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera». El mandatario hizo referencia de esta manera al consenso que existe entre el oficialismo y el PJ mendocino, a pesar que aún falta el despacho y la votación.
SIN CONSENSO SOCIAL
A pesar de todo esto muchos acompañan el reclamo del pueblo mendocino como el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien expresó a través de un comunicado que «el derecho a la vida es constitucional» y que recordó que «Quedará en el recuerdo de todos los luchadores de este país, aquellas jornadas en donde toda la provincia organizada se animó a gritar ‘Ni un paso atrás’ frente al avance de los poderes corporativos, tanto políticos como megamineros. Desde Alvear, pasando por San Rafael y el Valle de Uco y llegando hasta Mendoza Capital. No lo olvidemos, la 7.722 es hija de ese proceso, no fue dádiva de ningún gobernante».
También Greenpeace manifestó que expresa su rechazo y preocupación al intento del Gobierno de la Provincia de Mendoza de modificar la histórica Ley provincial 7.722 que protege el agua de las y los mendocinos: “Esta ley vigente significó una normativa de avanzada al proteger el agua con la prohibición del uso de sustancias tóxicas en la actividad minera y establecer mecanismos novedosos para la aprobación legislativa de los proyectos.
El nuevo texto también elimina la aprobación legislativa de las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos mineros.
Cualquier modificación negativa significará una violación inconstitucional al principio de no regresión ambiental y al de progresividad, expresamente establecido en la Ley General de Ambiente (Ley Nacional Nº 25.675)”, manifestaron.
Mientras que Vida Silvestre, la Fundación Biodiversidad y la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza subrayaron que «Mendoza se encuentra declarada en crisis hídrica desde hace 10 años» y «la modificación de esta ley dejaría los recursos hídricos en una situación desprotegida y vulnerable, afectando la calidad de vida de sus habitantes y todas las actividades que dependen directa o indirectamente de estos».
Nora Moyano, de la Asamblea por el Agua Pura de Las Heras, planteó además que «la lucha es también contra el fracking además de la megaminería» y «contra todas estas transnacionales que vienen a llevarse nuestras riquezas dejándonos en la desolación, la desocupación y el desplazamiento territorial. El agua de Mendoza no se negocia».
Otra vez, la provincia de Mendoza entra en disputa acerca de si realizar actividades mineras o priorizar otras actividades socio-económicas, más aun en el actual contexto mundial donde el agua dulce escasea cada vez más por consecuencia de las actividades humanas y de las sequías provocadas por el ya casi imparable cambio climático.
Esta lucha que visibiliza el pueblo mendocino tiene que ser de todos, el agua es uno de los recursos más valiosos que tenemos y no debemos permitir que se derroche o contamine en beneficio de los intereses de unos pocos. El agua de Mendoza, no se negocia.
