Los éxitos iniciales de la política económica encarada por el equipo de Martín Guzmán no deben hacer perder de vista los desafíos en el mediano plazo. Los diferentes planos de la crisis económica deben ser encarados con diferentes instrumentos y con temporalidades y alcances distintos.
El gobierno de Alberto Fernández ha hecho su primer movimiento en el tablero económico político de la Argentina. En un somero balance, tras las primeras semanas de desarrollo, hay cierto consenso de que la mega ley ha tenido éxito tanto en sus finalidades directas como indirectas. Entre las primeras, logró penalizar ciertas importaciones, restituir un esquema de porcentajes como retenciones a la exportación, tomar el control de variables decisivas como son los salarios y las jubilaciones y entre las segundas, logró un shock de confianza inicial que permitió la recuperación de los bonos argentinos, una mejora en la acciones de las empresas y volver con éxito al financiamiento del estado en su propia moneda. Hasta aquí, todo un éxito. Sin embargo, es posible que el camino seguido esté implicando costos por ahora invisibles. La retórica del proyecto puso en un mismo plano fenómenos económicos de naturaleza diferente y, particularmente, confundió, quizá sin otra alternativa, la coyuntura con problemas de fondo, el corto con el mediano plazo, la táctica con la estrategia. En este breve artículo se vierten algunas reflexiones sobre estas confusiones o falsas equivalencias, con el ánimo de contribuir a un debate sincero sobre el tipo de reformas que la Argentina podría, con alguna probabilidad de éxito, llevar a cabo, no sólo para salir de la crisis actual sino también para construir un horizonte con objetivos de mayor calibre. Objetivos que, por cierto, también guardan cierta urgencia.
AL PAN, PAN Y AL VINO, VINO
Es harta conocida la expresión de Hegel que explicaba “hacer pasar su Absoluto por la noche en la que, como suele decirse, todos los gatos son pardos, es la ingenuidad del vacío en el conocimiento”. Según el filósofo alemán, aquel que pretende conocer una realidad de conjunto suponiendo que todo es lo mismo, como en la noche cuando los todos los gatos son pardos, se condena al vacío, incluso de un modo ingenuo. Algo parecido pasa con la política, con la economía nacional y la geopolítica, si de lo que se trata de abordar una totalidad compleja, la clave está en tener claridad acerca de las distinciones internas que la componen. En particular si se pretenden establecer distinciones entre el corto y el largo plazo.
Vayamos al punto. El ministerio de economía estableció la base inicial de su política económica, mediante una ley ómnibus en la cual, al menos en la superficie, tres cuestiones se analizaron en un mismo plano: el déficit público transitorio producido por la caída en la actividad, la estructura tributaria y la incidencia del estado en la economía nacional, y el endeudamiento en dólares con acreedores privados o multilaterales.
En todo caso el gobierno dejó entrever un argumento como el siguiente: se requiere gasto (moderado) para activar la economía (moderadamente, “frenar la caída), pero ese gasto no puede ser financiado con deuda en pesos (ya sea con privados o con el BCRA) por razones no especificadas (para cuidar la “consistencia”, sin que se comprenda exactamente qué significa). Por lo tanto, se apela al cobro de impuestos a los ricos y a los exportadores, que ahorran, para dar a los pobres, jubilados y mipymes, que gastan. A esto se agrega que, en una coyuntura de falta de dólares y renegociación de la deuda con el FMI, encarece la importación de bienes finales por parte de las personas, el atesoramiento en dólares y los servicios del turismo, y se cobran impuestos a la tenencia de dólares en el exterior bajando los impuestos que recaen sobre el ahorro en pesos.
Sin embargo, es posible que el éxito de la estrategia se apoye en lograr una adecuada separación de los fenómenos económicos y políticos a resolver, ya que los mismos se distinguen por su fundamento o el origen del problema (algunos son un problema en sí, como el endeudamiento, otros se apoyan en problemas anteriores, como en la caída en la actividad económica general) incluso por su naturaleza (transitorios, estructurales o permanentes), y el modo de resolución (algunos pueden ser abordados directamente por el gobierno, en otros se requiere mayor legitimidad y por lo tanto una acción conjunta con fracciones de la sociedad civil). La adecuada separación puede además permitirles ganar en factibilidad política y tener consistencia con una estrategia de mediano plazo a formularse en los próximos meses.
Un aumento moderado de la demanda efectiva a partir de un programa igualmente moderado de gasto social efectivamente podría detener la caída de la actividad económica real en el corto plazo. Sin embargo, ¿tiene sentido el argumento de que es necesario financiar este gasto extra con impuestos?, pues no.
Más allá de los resuelto en la ley económica del Ministro Guzmán, podemos poner en consideración a los argumentos generales, es decir, la lógica de funcionamiento de la economía nacional. En este sentido, un aumento moderado de la demanda efectiva a partir de un programa igualmente moderado de gasto social (transferencias sociales, bono para las jubilaciones mínimas, moratoria a mipymes, financiamiento extra bancario a la producción) efectivamente podría detener la caída de la actividad económica real en el corto plazo. Sin embargo, ¿tiene sentido el argumento de que es necesario financiar este gasto extra con impuestos?, pues no.
Es importante en este punto hacer una distinción de fondo: estos impuestos tienen por finalidad redistribuir riqueza y respaldar el papel estructural del estado en la economía, no resolver problemas de coyunturales para los cuales existen instrumentos más adecuados, en particular el endeudamiento del Estado, ya sea con los privados como con el propio Banco Central. En un marco de sensatez, el programa de gasto (moderado) y reactivación, vía transferencia a los sectores que consumen sus ingresos, podría ser financiado con deuda pública en pesos, activos que el estado debería crear y que inclusive podrían coadyuvar a la reconstrucción del ahorro en pesos, con tasas de interés positivas de mediano a largo plazo. Estos bonos podrían ser adquiridos directamente por las personas (o con intermediación de los bancos en un estricto acuerdo) y con la regulación necesaria para garantizar buenas tasas para el ahorro en moneda nacional.
La disfuncionalidad de los bancos privados (en el sentido tradicional) es evidente: tenedores de títulos públicos, prestamistas a tasas altas (tarjetas de crédito) y deudores a tasas bajas (pasivas), con rentas aseguradas sin el más mínimo riesgo. Y se ha puesto de manifiesto inmediatamente, pues la baja en la tasa de interés de referencia por parte del BCRA a motivado caídas inmediatas en las tasas de los plazos fijos menores que la expectativa de devaluación fijada por el propio gobierno.
Volviendo sobre el punto anterior, la reactivación económica futura permitirá mejorar la recaudación y pagar sin dificultades estas deudas denominadas en la moneda que, en última instancia, el BCRA imprime y que, además, es posible que nadie exija si se convierten en un buen instrumento de ahorro.
¿Tiene sentido reformar la estructura tributaria de un modo parcial e incompleto, en una sesión maratónica, que por los tiempos de su aplicación no evitará que el gasto público requiera financiamiento (tanto privado como del BCRA)? ¿No conspira ello con la posibilidad de discutir en profundidad y con el consenso suficiente una reforma en la que puedan trazarse objetivos que hoy podrían tener amplio consenso: desplazar la carga de los tributos desde la actividad productiva hacia las personas, recayendo sobre los ingresos, el consumo de lujo y el patrimonio neto, evitando gravar el ahorro y las inversiones y el capital de trabajo de las empresas, avanzando significativamente en la progresividad del sistema?
DEUDA Y FUGA DE CAPITALES
En este punto, conviene introducir la segunda problemática: el endeudamiento en dólares. Cuando se trata de la divisa internacional la cuenta es, literalmente, de almacenero. Hagámosla a trazo grueso: con la recesión actual, tenemos un superávit comercial de 15 mil millones de dólares, de los cuales tenemos que detraer las regalías a la Inversión Extranjera Directa, cerca de los 8 mil millones, es decir, poco más de la mitad. Por lo tanto, tenemos que repartir los 7 que quedan en pago de intereses (debemos de intereses un promedio estimado de 8,6 mil millones en los próximos cuatro años). Es decir, pagando la totalidad de los intereses no hay dólares para financiar el crecimiento ni para acumulación de reservas.
Supongamos que el gobierno logra reperfilar y pagar un total de 5 mil millones de intereses durante unos 8 o 9 años (en vez de cuatro), entonces nos queda un total de 2 para mejorar la situación económica interna y acumular divisas en el BCRA para respaldar la moneda. Si un 1 por cien de crecimiento del PIB nos cuesta un 3 por cien de crecimiento de las importaciones (con unas importaciones promedio de 60 mil millones), entonces un punto de crecimiento de PIB nos cuesta 1.8 mil millones de dólares al año (tenemos 2 mil millones disponibles). Luego, regla de tres: o podemos crecer en 2020 1% y acumular 0.2 mil millones en el BCRA o crecer 1.11% y no acumular nada. En 2021 deberíamos administrar el estancamiento, a menos que mejoren sustancialmente nuestras exportaciones.
En consecuencia, debemos ser claros al respecto: la renegociación está estrictamente evitando los costos asociados a un default, aunque, salvo que las exportaciones, Vaca Muerta mediante, se disparen, o que llegue una nueva “lluvia de inversiones”, en este caso, no financieras, sino orientadas a sectores con capacidad exportadora o a infraestructura que de sustento a una mayor exportación futura, el gobierno se prepara a la administración de un estancamiento relativo por un tiempo, pero que puede prolongarse largamente.
El gobierno se prepara para la administración de un estancamiento relativo por un tiempo, pero que puede prolongarse largamente.
Incluso en este punto, el gobierno ha incorporado una especie de premiación para capitales repatriados, en línea con la necesidad de dólares para el corto plazo. ¿Pero es esta una buena estrategia para el mediano plazo? Nuevamente, aquí se superponen dos momentos, hay que distinguir aquí que la Argentina, como economía, es decir, en su conjunto, ha prestado muchos miles de millones de dólares al resto del mundo, incluso más que los inversores del resto del mundo en la economía argentina. Sin embargo, nuestros activos en el exterior son de bajo rendimiento (dos tercios son billetes y monedas, cuentas corrientes o cajas de ahorro, bienes inmobiliarios o bonos del tesoro de los Estados Unidos) mientras que los del exterior en Argentina son de buen rendimiento (inversión extranjera directa, inversiones de carteta, títulos públicos de alto rendimiento). Pongamos en números: en promedio, durante el 2018 los argentino mantuvieron en el exterior activos por 362 mil millones de dólares que “rindieron” (e ingresaron como ingresos en el balance de pagos), en todo el año, 5,7 mil millones de dólares, mientras que los inversores del resto del mundo mantuvieron durante 2018 activos en Argentina por un promedio de 309 mil millones de dólares aunque, en cambio, se llevaron como rendimientos de estas inversiones 24,7 mil millones de dólares, 4,3 veces más, implicando un saldo de 19 mil millones de dólares, un 26% más que el superávit comercial estimado de 2019.
Para tomar nota: la Argentina debería rever, no tanto la penalización por la fuga de capitales, sino la creación de instituciones para la orientación de inversiones internacionales que coloque estos ahorros en sectores de mayor rendimiento, estableciendo una alianza entre el estado y los capitalistas para mejorar este perfil, incluso en actividades que se desarrollan en nuestro propio territorio y que requieren financiación internacional. Quizá no se trata sólo de impedir la fuga, como de darle una orientación estratégica para que rinda a los inversores y al país en su conjunto.
LA PUJA POR LA DIVISA Y DESARROLLO ARGENTINO
Probablemente uno de los aspectos más exitosos del programa se encuentre en las medidas que tienen por meta directa o indirectamente intervenir en la puja por la divisa (limitada o escasa frente a las pretensiones de diferentes grupos o clases sociales). Entre las primeras, pueden mencionarse la recomposición de las retenciones a las exportaciones, el encarecimiento de la compra de dólares para atesoramiento (que podríamos considerar un bien de lujo por el que se paga el precio de la inflación en dólares), los servicios de turismo o, en general, la compras de bienes finales en el exterior. Esto implica cierta baratura relativa de los dólares utilizados para la compra de insumos, piezas y bienes de capital, una medida ciertamente positiva para un país que dependen de ello para el crecimiento de su industria, aunque si la presión sobre la divisa se incrementa (dado el incremento de la actividad más allá de la disponibilidad) entonces el racionamiento de la divisa se incrementará. En todo caso, la sociedad toleró sin mayores dificultades estas regulaciones que se suman al estrecho límite cuantitativo que hoy mantiene el BCRA para la compra de la divisa.
En este marco debe interpretarse también la recuperación por parte del gobierno del control de salarios y jubilaciones, dos variables claves para definir el nivel de consumo y, por lo tanto, de la actividad económica que, como se dijo previamente, insume dólares en una relación de 3 puntos de crecimiento de las importaciones por un punto de crecimiento del producto.
Probablemente uno de los aspectos más exitosos del programa se encuentre en las medidas que tienen por meta directa o indirectamente intervenir en la puja por la divisa (limitada o escasa frente a las pretensiones de diferentes grupos o clases sociales).
Pero en este punto podemos volver a hacernos la misma pregunta que ordena este artículo: ¿tiene sentido considerar a las retenciones en su función recaudatoria? ¿es realmente esa su principal función o, al menos, en qué medida? Desde luego que podemos pensar a las retenciones a las exportaciones en parte como una carga sobre la rentabilidad natural de la tierra, es decir, en su finalidad fiscal/redistributiva, en donde la segmentación o la devolución a aquellas tierras de menor productividad es indispensable. Por otro lado, las retenciones influyen en el precio de la canasta básica, lo que supone que, en rigor, funcionan del mismo modo que un sistema de cuotas que asegura la provisión a un precio más bajo que el internacional de aquellos bienes que producimos y exportamos. Pero, fundamentalmente, las retenciones permiten que una parte de las exportaciones sean sustraídas del control de los exportadores poniéndolas a disposición de otros agentes económicos según el modo en que la provisión de divisas se administre.
Si el argumento es: necesitamos las retenciones para financiar la expansión del gasto para mejorar el nivel de actividad, se comete, entonces, un error de base. Una confusión innecesaria que probablemente conspire, en aras del corto plazo, contra las posibilidades de construir un sistema integral para el manejo y administración de la divisa con fines múltiples, que desde luego requiere acuerdos extendidos entre exportadores, industriales, trabajadores, clases medias, sectores populares, etc. Incluso debe integrarse en este punto a las propias transnacionales, para el financiamiento de encadenamientos industriales que pueden ser desarrollados en nuestro territorio y reemplazar importaciones.
¿LA REALIDAD MATA PROYECTO?
La necesidad de superar la restricción que supone la mega deuda de corto plazo que nos heredó el gobierno de Mauricio Macri, y los logros alcanzados por el gobierno con su ley económica (y otras medidas complementarias) de cara a la negociación con los acreedores de un nuevo perfil de pagos, nos obligan a considerar que todo lo dicho anteriormente puede ser un conjunto de buenas intenciones impracticables. Es decir, hay buenas razones para pensar algo por el estilo.
Sin embargo, esta posición tiene poco sentido, ya que nos precipitamos con velocidad a un nuevo punto muerto y no preverlo, no preparar el terreno para un discusión fructífera en este plano, sólo nos llevará a la resolución de esta problemática en el marco de la urgencia y la opacidad, repitiendo un patrón institucional cuyos resultados han sido nefastos. Ninguna coyuntura, por difícil que sea, debe hacernos perder de vista el conjunto de reformas que la argentina requiere para tomar un camino diferente, en donde, básicamente, la dictadura de las condiciones externas deje paso a la acción deliberada y al control de nuestro propio devenir.
Ninguna coyuntura, por difícil que sea, debe hacernos perder de vista el conjunto de reformas que la argentina requiere para tomar un camino diferente, en donde, básicamente, la dictadura de las condiciones externas deje paso a la acción deliberada y al control de nuestro propio devenir.
En este sentido, vale también una pregunta escéptica: ¿y si no logramos en el corto plazo construir una estrategia que desplace la restricción externa o no podemos financiar un crecimiento sostenido del producto per cápita, incremento del empleo industrial e incorporación de población excluida al sistema de producción? ¿Y si realmente tenemos que administrar un estancamiento de muchos años sin mayores perspectivas a futuro? ¿Qué implicaría asumir un futuro de este tipo?
En este punto, la voces alternativas parecen ser escasas y las ideas que orbitan intentan ser más originales de lo necesario, considerando la historia más o menos reciente de sociedades capitalistas que han atravesado dificultades más o menos comparables. En este sentido, podemos preguntarnos con sinceridad y abiertamente si no es más factible la construcción de un sistema de seguridad social y empleo, que atienda directamente a la condiciones de vulnerabilidad e inseguridad económica de la población, cambiando radicalmente las condiciones de reproducción de nuestra población, implicando en ello un conjunto de bienes públicos o mixtos que nuestros pueblo está en condiciones de levantar, producir y distribuir, sin afectar seriamente el consumo de divisas, o incluso asumiendo los costos en divisas que ello implica, con razonabilidad y eficiencia, integrando los intereses de todas las clases y grupos que componen nuestra comunidad nacional y sus territorios. Pero un camino de esta naturaleza, por más viable que resulte, requiere de reformas tan profundas que nadie individualmente podría prever con claridad. Es, necesariamente, el pueblo argentino, con sus distinciones internas (clases y grupos), con sus mediaciones institucionales y organizaciones de distinto tipo, con sus territorios componentes, y en el marco de la democracia, el único que puede establecer las bases de un proyecto de esta envergadura. En todos los casos, no hay salida posible si no es, finalmente, subordinando la táctica a la estrategia, es decir, la suma de las partes al proyecto colectivo.
