La falta de respuesta del gobierno produjo una oleada de reclamos de los tomadores de créditos UVA que se sienten, a su modo de ver, como damnificados de una política estatal. Ante muchas voces críticas, que consideran que se trató de un acuerdo entre privados, se sugieren alternativas para salir del atolladero.
Luego de la gran expectativa generada en torno al tema durante la campaña electoral, finalmente se conoció el 28 de enero el plan del gobierno para los créditos UVA.
El anuncio tan esperado estableció un mecanismo gradual de descongelamiento de las cuotas para los hipotecarios de hasta 120.000 UVA para la compra de propiedades para vivienda única de hasta 140.000 UVA de valor, que había sido establecido por el gobierno de Macri y cuyo plazo había sido extendido hasta fines de enero por el actual gobierno.
Sencillamente, se trata de un esquema de actualización gradual del valor de la cuota en un período de 12 meses, hasta que ésta alcance el valor total calculado con la UVA correspondiente a la fecha en que termina el proceso.
Adicionalmente, se menciona la posibilidad de implementar algún mecanismo de negociación con los bancos, en el caso que la relación cuota/ingreso supere el 35% (originalmente el promedio en los créditos otorgados era del 25%), aunque sobre esta instancia no hay mayores precisiones.
La percepción general es que no hay propuesta, ya que el gobierno decide sostener el sistema de los créditos UVA sin cambios.
La percepción general es que no hay propuesta, ya que el gobierno decide sostener el sistema de los créditos UVA sin cambios. La oferta de un mecanismo gradual para recomponer el valor de las cuotas, culmina con la validación del valor de la UVA real al final de los 12 meses del plan de “empalme”.
La respuesta oficial fue inesperada y ha generado mucho desconcierto entre los deudores que confiaban poder derrotar al esquema de usura de los UVA a partir de la llegada del nuevo gobierno. Entre los afectados hay que sumar a los miles de tomadores de préstamos personales y prendarios que sufren del mismo modo la voracidad del sistema UVA, y que han sido sistemáticamente ignorados por las autoridades.
Para muchos resulta casi inentendible que el mismo gobierno que ha priorizado enfrentar la emergencia alimentaria, que ha impulsado la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, y que plantea ante los acreedores del país la necesidad de hacer sustentable el pago de la deuda soberana de la Nación, sea incapaz de aplicar el mismo criterio para los deudores UVA de todos los tipos de préstamos.
La sensación que transmite el gobierno es que no ha encontrado un mecanismo razonable que permita solucionar el problema de manera equilibrada, mientras que pareciera estar condicionado a mostrarse muy “prolijo” y austero en la antesala a la renegociación de la deuda que se avecina.
Ante este complejo escenario, lo primero que debe hacer el gobierno es aceptar su responsabilidad ineludible para terminar de manera definitiva con el problema de todos los tipos de créditos UVA (hipotecarios, personales y prendarios), garantizando un modelo equitativo y sostenible para todos los damnificados.
En lo inmediato, antes de proceder al cambio de modelo, es necesario tomar las siguientes medidas:
- Ampliar el congelamiento de las cuotas hasta el 31 de marzo de 2020, para contar con el tiempo suficiente sin aumentos hasta lograr la reconversión de los créditos actuales.
- El congelamiento de los hipotecarios con la cuota de agosto 2019 sería extendido a la totalidad de los tomadores, incluyendo a aquellos que quedaron afuera por la normativa original.
- Se congela el resto de los créditos UVA personales y prendarios con el valor cuota de diciembre de 2019.
Ante este complejo escenario, lo primero que debe hacer el gobierno es aceptar su responsabilidad ineludible para terminar de manera definitiva con el problema de todos los tipos de créditos UVA (hipotecarios, personales y prendarios), garantizando un modelo equitativo y sostenible.
En reemplazo de los actuales créditos UVA se lanzan los Créditos Transitorios Reprogramados con las siguientes características:
- El abandono del coeficiente UVA utilizando un nuevo coeficiente denominado UVC (Unidad de Valor Crediticio) que evoluciona utilizando el 80% de la variación mensual del CVS (Coeficiente de Variación Salarial para el total de los salarios publicado por el INDEC).
- Establecimiento de tasas fijas máximas del 3,5% para créditos hipotecarios, 6% para prendarios y 10% para préstamos personales.
- Recálculo de todos los préstamos con estas nuevas variables con los datos originales de otorgamiento para determinar el nuevo saldo de deuda del capital y el nuevo valor de la cuota, manteniendo el plazo que restaba de duración del crédito al momento de realizarse el recálculo.
- Cláusula de salida sin costo para todos los préstamos reconvertidos para que el tomador pueda optar por pasar su crédito sin costo a cualquier línea crediticia que su banco pudiera ofrecer en el futuro.
El proyecto planteado ofrece una solución práctica e inmediata que permite concretar el concepto de esfuerzo compartido entre los bancos y los tomadores de los créditos, tal como fue planteado en la Ley de Emergencia recientemente aprobada.
Se trata de un esquema razonable que garantiza la equidad y la sustentabilidad futura del sistema sin implicar erogaciones del Estado ni la aplicación de subsidios solventados por el resto de los contribuyentes.
La solución es posible y depende del gobierno. Antes de que sea tarde.
