El tema tarifas ha sido uno de los más comentados en los medios y entre el público en general desde que el gobierno decidió lanzarse a realizar un ajuste feroz en los precios del gas y la electricidad. Los reclamos judiciales de los usuarios consiguieron frenar temporariamente los incrementos, dejando pendiente la resolución definitiva en manos de la Corte Suprema de Justicia.
En una situación semejante a la vivida por el gobierno de CFK con la famosa resolución 125, el presidente tomó una postura inflexible frente al tema desoyendo todos los consejos, de propios y ajenos, de modificar el modo de implementar un nuevo cuadro tarifario.
La postura asumida se justificaba en la idea de que ceder ante este reclamo generaría una pérdida de autoridad presidencial.
Cumpliendo el mismo rol que Cobos en el pasado, la Corte con sus fallos, logró desactivar una verdadera encerrona política autogenerada por el ejecutivo. El gobierno encontró de esta manera una salida elegante desde afuera para destrabar el conflicto, sin tener que asumir el costo de dar marcha atrás con su propuesta.
Con la obligación de sostener las audiencias públicas y mantener la tarifa social, el gobierno baraja y da de nuevo. Los errores del planteo oficial original las implicancias económicas y sociales de esas medidas ya fueron analizadas desde todos los ángulos posibles. Sin embargo, parecen muy poco claras las propuestas sobre las que se impulsaran los cambios que planteará el oficialismo en esta materia. Acostumbrados a la improvisación que caracteriza la gestión del gobierno, es fundamental que desde la oposición, y en especial desde el progresismo, se marquen pautas claras que permitan ofrecer una alternativa seria en la materia.
Es necesario realizar un intenso trabajo en las audiencias públicas para plantear propuestas concretas que contemplen el interés general y las mejores políticas posibles en cada caso. Es fundamental contar con toda la información relevante que se pueda obtener de parte de las empresas, el gobierno y las organizaciones de consumidores para que aquellos representantes propios que participen de las audiencias cuenten con todas las herramientas necesarias para enfrentar estos debates.
Como alternativa a las propuestas originales del gobierno algunas de las ideas que podrían considerarse para confeccionar el nuevo esquema tarifario son:
1. Es imperioso exigir un estudio serio y de actualización permanente de los costos reales de producción y distribución de la energía para poder contar con una herramienta básica para la elaboración de políticas serias y sostenibles. No es posible cuantificar el precio de una tarifa si los costos reales no se conocen fehacientemente.
2. Solicitar al gobierno que exija a las empresas a que informen detalladamente cuales han sido los montos recibidos en concepto de subsidios, de qué modo han sido aplicados esos fondos y cuáles han sido las inversiones realizadas en cada período. Los reportes sobre los planes de inversiones, como el uso de los subsidios que pudieran continuar existiendo, deberían presentarse periódicamente, con una frecuencia trimestral, y con anterioridad a cualquier proceso de análisis respecto de modificaciones en los valores de las tarifas y/o condiciones en los servicios prestados.
3. Teniendo en claro los costos reales, los planes de inversión asociados al crecimiento de la oferta energética deseada y proyectando los montos de los subsidios, es posible trazar un esquema tarifario realista y equilibrado hacia el futuro. Es necesario tener presente un mecanismo equitativo para el cálculo de las llamadas tarifas sociales. Esto significa, no solo contemplar precios especiales para determinados segmentos de la población en función de sus ingresos, sino que también es necesario tener en cuenta aspectos climáticos propios de las diferentes regiones del país, ya que son determinantes del consumo real que necesita cada hogar.
4. Modificar la carga impositiva en las facturas de de electricidad, gas y agua buscando eliminar aquellos impuestos que puedan ser eliminados.
Teniendo en cuenta la magnitud de los aumentos en las tarifas que se pretenden realizar, y dada la alta incidencia de los impuestos en el monto final de las facturas, se sugiere poner un tope fijo anual a la carga tributaria. Este límite sería equivalente al monto promedio abonado durante el año previo a la modificación de precios. El Estado, de este modo mantiene nominalmente el mismo ingreso fiscal durante el primer año, pero reduce sus egresos en subsidios por el incremento en las tarifas. Se debería evaluar un sistema único de impuestos en el futuro que tienda a reducir la incidencia de los mismos en el total de las facturas.
5. Modificar los actuales sistemas de incentivos y castigos que se aplican actualmente y que se basan en comparar el consumo del actual período contra el consumo del mismo período del año anterior. Teniendo en cuenta la variabilidad climática que se verifica en nuestro país, es necesario impulsar un esquema más equitativo y realista que realmente permita al usuario comprometerse con el ahorro de energía y que realmente dependa de él y no de lo alocado que se presente el clima cada año. Una posibilidad es la de tomar un valor mensual promedio del consumo de los últimos dos años y compararlo contra el valor promedio del mes en el año en curso. En segundo lugar es importante ofrecer incentivos concretos por el reequipamiento de artefactos del hogar que permitan, con nuevas tecnologías, el ahorro en el consumo. Se puede pensar en líneas de crédito para reequipar el hogar, impulsando, asimismo, planes de canje con la participación de empresas fabricantes y comercios especializados.
La situación de las tarifas es una muestra parcial de varios problemas relacionados que no han sido correctamente abordados por el gobierno anterior, y que claramente el gobierno de Cambiemos, hasta ahora, no ha podido solucionar.
Consideramos muy importante acercar al debate las ideas y aportes que podamos hacer desde un enfoque alternativo a los que se han venido planteando. Somos aquellos que, estando comprometidos con el objetivo de alcanzar el desarrollo del país, nos preocupamos por el impacto social de las medidas económicas cuando éstas se toman sin tener en cuenta que las mismas afectan a personas reales
