A casi un año de iniciada la nueva gestión, la Provincia de Buenos Aires sufre los efectos negativos de las políticas macroeconómicas implementadas por el gobierno nacional. A pesar de verificarse un agravamiento de la delicada situación económica y social que afecta a la provincia, la administración de Vidal cuenta con un alto nivel de apoyo en la ciudadanía. Este fuerte respaldo, se basa fundamentalmente en el carisma y buena imagen personal de la gobernadora y parece, por ahora, no erosionarse con los pobres resultados obtenidos en su primer año de gestión. La sociedad en general, ha aceptado la idea de la pesada herencia que dejó la administración Scioli, y, luego de la difusión de diversos escándalos de corrupción ocurridos durante la misma, le ha otorgado una cierta inmunidad a la gobernadora. Por el momento, la buena imagen se sustenta en intenciones, deseos y proyectos futuros que no comienzan a arrancar.
El gobierno provincial carece de un verdadero plan de acción. Al igual que el gobierno nacional, parece ir aprendiendo sobre la marcha. Esto, que en otras circunstancias podría ser positivo, es muy grave en este caso, ya que el prueba y error al que nos tiene acostumbrados el modelo de gestión de Cambiemos lastima con mucha fuerza a millones de personas reales. La improvisación que caracteriza el accionar del gobierno le ha hecho perder nada menos que un cuarto del mandato total, sólo para ver agravados todos los índices que prometían corregir.
Inflación, pobreza, déficit fiscal, tasas de interés, endeudamiento, nivel de actividad: en todos estos temas relevantes estamos mucho peor que antes. No se trata de un movimiento inercial, ni casual, es el resultado concreto de las políticas aplicadas desde el ejecutivo nacional.
La situación Provincial
El análisis de la situación de la provincia puede realizarse desde dos perspectivas diferentes. Uno concerniente a las políticas y los resultados de la gestión Vidal, y otro que mensure las cuestiones estructurales que afectan a la provincia.
Si bien se trata de dos temas diferentes, se encuentran muy relacionados entre sí ya que tienen que ver con decisiones políticas y de gestión fundamentales desde la órbita del gobierno provincial.
Las políticas específicas del gobierno provincial y sus resultados:
La caída en el nivel de actividad y el importante aumento del desempleo ha agravado la situación crítica que afecta a millones de bonaerenses. Entendiendo el efecto generado por las medidas tomadas por el gobierno nacional, era de esperar una cierta sintonía entre ambos gobiernos con el objetivo de moderar los efectos adversos de las mismas. Desde el gobierno provincial no se ha logrado demasiado en ese sentido y tampoco muestra acciones concretas de cierta magnitud para poder contener el avance de la pobreza y la desigualdad en la provincia.
La caída en la inversión pública es muy significativa y, al cabo de un año en dónde la sub ejecución presupuestaria es muy notoria, los efectos negativos en el nivel de empleo no tienden a revertirse. La demora en el arranque de la obra pública podría ser interpretada como perversa estrategia para contar con muchos más recursos en 2017 para acompañar la campaña política que se avecina.
Enumerando los elementos relevantes para la evaluación objetiva de la gestión del gobierno provincial podemos comentar:
- No se verifica plan concreto de acción propio.
- No se verifica una colaboración concreta y eficaz del gobierno nacional.
- Hay subejecución presupuestaria muy visible: falta de obra pública afecta particularmente a la construcción; se nota gran deterioro en materia vial a nivel provincial y municipal; crisis en infraestructura hospitalaria y colapso del sistema penitenciario. Falta de alcaldías y colapso en comisarías no resuelto.
- Siguen sin concluir las obras finales de electrificación del Ferrocarril Roca desde La Plata a Capital, que acumula más de un año de demora. La obra tiene financiamiento acordado y está demorada por falta de decisión política atribuible a ambos gobiernos (nacional y provincial).Se verifica una falta de coordinación en materia de transporte entre Nación, Provincia y CABA.
- Los colosales agujeros negros del presupuesto: ABSA y IOMA, a pesar de muchas declaraciones, siguen siendo pésimamente administradas y sin mostrar un claro cambio de tendencia, habiendo transcurrido prácticamente un cuarto del mandato del gobierno.
- El presupuesto 2017 muestra algunos elementos alarmantes: un endeudamiento del orden de los U$D 3.300 millones; Un incremento contra el presupuesto 2016 del 26% cuando la inflación del año en curso se estima en no menos de un 40%; la pauta de incremento salarial ha sido estipulada en un 17% mientras que el impuesto inmobiliario subirá un 36%; desde el oficialismo se descartaron los incrementos sobre los impuestos al juego que fueron reclamados por la oposición (haciéndose eco del lobby del juego muy ligado al oficialismo); si bien se contempla una reducción de la alícuota de Ingresos Brutos para 120 mil pequeños comercios, no se presupuestan cambios en el Impuesto Automotor.
- El tarifazo del corriente año ha afectado mucho a la provincia de Buenos Aires y no se sabe claramente cuál va a ser la evolución de tarifas del 2017. Tampoco se conoce cuales serán las políticas públicas a aplicar para atenuar el impacto que este nuevo incremento tendrá en el conjunto de la sociedad.
- No existe ningún plan provincial aplicable al desarrollo y estímulo de las PYMES.
- En el marco del incremento de la pobreza y del aumento de la población bonaerense que habita asentamientos y villas, no existen políticas de relevancia para combatir la pobreza y enfrentar el problema habitacional de estas personas.
El análisis estructural de la problemática de la provincia.
Además de las pésimas administraciones provinciales que se han sucedido desde el retorno a la democracia, Buenos Aires ha sido muy perjudicada en relación a los ingresos que recibe en concepto de coparticipación de impuestos, particularmente durante la última década.
Concretamente, el distrito con mayor población y con un aporte del 35% del PBI del país recibe un magro 18,5% del total, mientras que hasta 2003 recibía una cifra cercana al 24%.
Esta pérdida de ingresos ha afectado la prestación de los servicios básicos de la provincia y ha generado un incremento muy importante de la presión tributaria provincial. Por otra parte, la falta de recursos ha generado ajustes permanentes del gasto público al punto de verificarse incrementos anuales inferiores a la inflación real.
La situación descrita es elocuente para entender el deterioro progresivo que se verifica en la provincia. Este desequilibrio tan profundo hace que, en estas condiciones, la provincia sea inviable.
Ante estos hechos, la gobernadora, respetando la lógica de alinearse verticalmente con su jefe político, muestra una postura muy dócil con el gobierno nacional. Por el momento no consigue la implementación de modificaciones sustanciales al sistema de coparticipación y se apoya en los mecanismos discrecionales que le pueda ofrecer el Ejecutivo nacional ante necesidades puntuales.
Sin embargo, de modo poco creíble al tratarse de miembros del mismo espacio político, la provincia planteó un reclamo ante la Corte Suprema para solicitar le reintegre 48.000 millones de pesos correspondientes a recursos de la coparticipación federal que fueron derivados a la Anses y la AFIP en los últimos 5 años.
Asimismo se reclama el cese de la retención del 15% de la coparticipación, que se deriva al Anses, y el 1,9% de la recaudación aduanera, que se deriva a la AFIP.
Claramente, las soluciones deberían conseguirse de otra manera:
Viabilizar la provincia de Buenos Aires requiere armonizar la relación entre los ingresos fiscales y las necesidades del gasto público que permitan comenzar a transitar un camino de verdadero progreso sostenido.
Es necesario el compromiso político con los ciudadanos de la provincia para reclamar mecanismos de distribución de recursos que contemplen las necesidades de la población, teniendo en cuenta el peso del aporte que la provincia realiza al país en su conjunto.
Las herramientas pueden ser a partir de una modificación de la coparticipación o de la creación de un fondo especial que compense las pérdidas de ingresos sufridas durante los últimos años.
Paralelamente, el gobierno provincial deberá generar estrategias de viabilización a modo de generar flujos de fondos propios evitando depender exclusivamente de incrementar la presión tributaria a una población con poco margen para solventar incrementos adicionales.
Por sobre todas las cosas es necesario implementar políticas serias para comenzar a revertir la grave situación social que enfrenta nuestra provincia. El ajuste como herramienta y el relato que representa la trillada teoría del derrame no son suficientes.
Desde nuestra perspectiva el principal tema a resolver es el de la pobreza y para hacerlo es necesario desarrollar políticas públicas activas que apunten a un verdadero cambio estructural para transformar la realidad de nuestra provincia.
