Dos magistrados federales deben resolver si suspenden la medida ante reclamos presentados. El Ejecutivo debe contestar las demandas en su contra.
Dos jueces federales le pidieron al gobierno nacional información sobre el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri por el cual se le permitió a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales cuando la ley 27.260, aprobada en mayo por el Congreso lo prohibía expresamente. La exclusión alcanzaba a «los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados» de quienes entre el 1 de enero de 2010 a la actualidad hayan sido «Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal» o personal de organismos de inteligencia.
Los jueces en lo contencioso administrativo Rita Ailán y Esteban Furnari tienen a su cargo dos expedientes iniciados por una asociación civil y por un diputado nacional, en los que se solicita que se frene la aplicación del decreto 1206/2012, en el que Macri estableció que los familiares podrán ingresar al blanqueo «exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha» en que los funcionarios ingresaron a la función. Ese decreto se contrapone de manera directa con la ley, que había sido aprobada con los votos de Cambiemos, el Frente Renovador, el Justicialismo y parte del kirchnerismo, que tenía la expresa prohibición de acceso al blanqueo a familiares de funcionarios para evitar que estos últimos utilicen a sus allegados para beneficiarse con la norma.
Las causas a cargo de Ailán y Furnari fueron iniciadas respectivamente por la asociación civil «Abogados por la Justicia Social», y por el diputado nacional Felipe Solá, del Frente Renovador. Los magistrados aplicaron la nueva ley de medidas cautelares por la cual, ante una demanda contra el Estado, se le debe informar del proceso para que presente un informe y conteste el reclamo en su contra.
[blockquote author=»» pull=»normal»]El decreto de Macri es cuestionado porque beneficia a su propio padre. La Comisión del Congreso que controla los Decretos de Necesidad y Urgencia lo rechazó, y se iniciaron dos causas penales en las que fueron denunciados Macri, Peña y Prat-Gay.[/blockquote]
Aunque ambos jueces pusieron plazos breves (Ailán cinco días y Furnari tres), las respuestas pueden llegar a los juzgados recién en febrero, dada la feria judicial que comienza el próximo lunes. Recién entonces los magistrados podrían resolver si suspenden la aplicación del decreto, que fue firmado a fines de noviembre por Macri, su jefe de Gabinete Marcos Peña, y el ahora renunciado ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.
La medida generó críticas centralmente destinadas a marcar que el decreto de Macri beneficia a su propio padre, el empresario Franco Macri. La Comisión bicameral de control de los Decretos de Necesidad y Urgencia del Congreso Nacional rechazó el decreto 1206 y por otro lado, se iniciaron dos causas penales en las que fueron denunciados Macri, Peña y Prat-Gay, una presentada por diputados nacionales de Libres del Sur por abuso de autoridad y violación de deberes, que motivó que el fiscal federal Guillermo Marijuán imputara penalmente a Macri, Peña y Prat-Gay. La otra denuncia fue presentada por legisladores nacionales del Frente para la Victoria y allí el fiscal Gerardo Pollicita pidió medidas previas antes de resolver si imputa a los denunciados.
En base a Infobae
