La secretaria de Educación del Partido Socialista formula algunas preguntas frente al debate que propone el gobierno sobre la baja de imputabilidad penal a menores.
Algunas preguntas para hacerse antes de tomar una postura frente al debate que propone el gobierno sobre la baja de imputabilidad penal a menores.
– ¿Quién/es se benefician con este debate impuesto aquí y ahora? ¿La sociedad en su conjunto? Porque para que eso ocurra deberían ponerse sobre la mesa todas las categorías de análisis, en lugar de las pocas que presenta públicamente el ministro Garavano.
– ¿O acaso solo se beneficia el gobierno nacional que viene gestionando preponderantemente para una minoría? ¿El que dice postergarlo para “después de las elecciones” pero lo publicita hoy, con toda la intención de capitalizarlo de antemano en sus arcas electorales?
Es una propuesta esta, que se realiza sin brindar un relevamiento de datos que le den sustento, y carente de información completa al respecto. Por ejemplo sobre si ha dado resultado o no, en aquellos países adonde ya se llevó a cabo.
– ¿No mereceremos estar al nivel de los países de la región que realizan plebiscitos a la hora de tomar este tipo de decisiones, generando mayor participación y un favorable involucramiento de la comunidad toda? El Uruguay lo hizo y resultó rechazada la propuesta.
– ¿Sabemos todos/as a ciencia cierta qué significa la punibilidad para la ley penal, para encontrarnos reclamando como sociedad a viva voz la baja de la imputabilidad a nuestros niños de 14 años?
La baja en la edad de imputabilidad no ha dado resultado en los países que no dieron como paso previo u opcional, un abordaje interdisciplinario direccionado hacia la educación, la inclusión, la justicia y el accionar policial. Incluso algunos han debido retroceder en la medida.
[blockquote author=»» pull=»normal»]La propuesta se realiza sin un relevamiento de datos que le den sustento, por ejemplo sobre si ha dado resultado en países en que ya se llevó a cabo.[/blockquote]
– Si esta baja no ha sido una solución en sí misma en aquellos; ¿por qué no valernos de esos aprendizajes hermanos en lugar de unirnos a otros pueblos que aún lo experimentan, simplemente porque son varios? Como argumenta el ministro.
Existe una tendencia mundial desde hace décadas de des-institucionalizar a las diversas realidades que antiguamente se escondían tras altos cercos, para afrontarlas como sociedad adulta que se hace cargo de todas las partes que la componen.
– ¿Y nosotros/as nos propondremos andar el camino contrario encerrando a nuestra gurisada? ¿A cuántos de ellos seríamos capaces de poner bajo la alfombra para no verlos/as?
– ¿El gobierno tiene datos sobre el porcentaje de supuestos inimputables que participan de esos delitos graves sobre los que pretende enjuiciarlos como adultos/as? ¿No debería ser esa la primera información con la que tendría que contar la ciudadanía antes de comenzar la discusión?
Actualmente son sujetos del derecho penal, con reglas especiales, los menores de entre 16 y 18 años en conflicto con la ley. En su caso, el juez «dispone provisionalmente» de ellos; puede devolverlos con sus padres o destinarlos a un instituto. Pudiendo quedar «internados» en establecimientos especiales y exclusivos para menores.
Pareciera haber una creciente tendencia a desvincular lo social de lo penal, en lo que hace a los problemas estructurales de la sociedad, como si no estuviesen intrínsecamente relacionados. Y se ve en el incremento de la punitividad (acrecentamiento de las penas como sistemática medida de solución “omnipotente”), una forma de pretender resolver como por arte de magia las problemáticas de seguridad existentes.
[blockquote author=»» pull=»normal»]¿Qué institución pública y gratuita acoge hoy a un chico que fue tomado por el paco o por el narco? [/blockquote]
En momentos en que el Presidente Macri es cuestionado sobre unas cuantas medidas, resulta demagógico promover un superficial y oportunista debate sobre la baja en la edad de imputabilidad.
– ¿Por qué quienes nos decimos de izquierda siempre vamos corriendo detrás del uso reaccionario de estos temas?
Podríamos preguntarnos por ejemplo:
– ¿Qué institución pública y gratuita acoge hoy a un chico que fue tomado por el paco o por el narco? ¿Por qué no tomar la positiva experiencia uruguaya en ese sentido?
– ¿Por qué sobreponer la presunción mayormente colectiva de que el victimario siempre será “el hijo del otro”? Tenemos una gran capacidad para poder visualizarnos como posible víctima, más no tan frecuentemente lo hacemos como aquellos pasibles de ser juzgados/as.
Es importante que nuestro país comience a cumplir con los estándares mínimos contemplados en los tratados internacionales en la materia. Pero presentar esa premisa como excusa para invocar la reforma como una manera de combatir de alguna forma la “in- seguridad”; es por lo menos engañoso sino perverso.
Por ello valdría preguntamos; ¿adónde se encuentra puesto el foco en todo este asunto?
– ¿Alguna vez se ha podido observar el fracaso o recrudecimiento de una terca y rebelde conducta infantil, ante el intento de ser modificado por el solo efecto del aumento del castigo o penitencia? Esa es a esta altura una reacción tan estudiada, que se busca prevenir con otro tipo de abordajes. Se trata de una cuestión pedagógico- filosófica resuelta en el progreso de las sociedades, que no podemos desoír.
– Las organizaciones que constituyen #InfanciaEnDeuda advierten asimismo, que el Estado adeuda desde hace más de 10 años la designación del “Defensor del Menor” que debió haberse nombrado a los 90 días de sancionada la ley 26.061 (de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes) en 2005. Resulta inadmisible que se pretenda que el mismo Congreso en deuda esa designación, comience por tratar este proyecto de baja de edad en la imputabilidad penal de 16 a 14 años. Otras organizaciones como Unicef también se han expresado en contra de la baja propuesta.
– ¿Cuánto más deberíamos luego seguir bajando la edad según el promovido principio de que ofrece esto una solución al problema del delito en Argentina?
Existen algunas alternativas que no están formando parte de la postulación, como es por ejemplo una inimputable responsabilidad del menor. O sea: inimputable de las penas de un adulto, pero responsable del hecho y acreedor de una pena en un sistema paralelo.
[blockquote author=»» pull=»normal»]El Estado adeuda desde hace más de 10 años la designación del “Defensor del Menor”. ¿Es admisible que el mismo Congreso en deuda con esa designación, comience por tratar la baja de la imputabilidad penal?[/blockquote]
– ¿Por qué?, ¿por qué se propone un liviano debate en términos de blancos o negros, si la evolución de la sociedad ya no avanza en ese sentido reduccionista de resolución de problemáticas?
La Convención sobre los Derechos del Niño -1989, brinda protección integral a los menores de edad y garantiza a todos ellos sus derechos como tal, ya no se lo considera más un objeto al que haya que aplicarle medidas de represión sin reconocimiento de sus derechos.
Para eso deben de desarrollarse políticas adecuadas, programas y acciones acordes a convenciones como esas y al código vigente. Según el Código de los Niños y Adolescentes, el menor de edad, es aquella persona cuya edad no supere los 18 años, haciendo una distinción entre niño y adolescente.
Es decir que si los mismos cometiesen algún delito deben responden ante éstos pero no como un adulto, sino como un menor en proceso de desarrollo.
[blockquote author=»» pull=»normal»]El estado debe actuar “cuanto antes” con estos chicos dice Garavano, y sin embargo lo trata en el derecho penal, el último de los eslabones.[/blockquote]
– Ahora bien. ¿Estas cuestiones de fondo o importantes para cuándo se postergarían en la agenda que propone el gobierno?
La responsabilidad del Estado frente a la realidad que se amalgama en esta problemática, a la hora de considerar sancionar. Y un plan de acción concreto al respecto. Un Sistema Educativo a la altura de las circunstancias, que contenga, eduque para la vida y asegure oportunidades.
– ¿Pretendemos deslindar en el régimen penal la responsabilidad, la facultad y la virtud estatal de ser el educador?
– ¿Brinda el resultado esperado el Sistema Penitenciario Argentino actual como para estar recibiendo la posible incorporación de los niños de 14 años de edad?
– ¿Cómo se pretenden subsanar previamente las limitaciones del acceso a la justicia?
El estado debe actuar “cuanto antes” con estos chicos dice Garavano, y sin embargo lo trata en el derecho penal, el último de los eslabones.
¿Por qué apuntar a que la imputación del niño logre un efecto pedagógico, que podría igualmente darse pero con la protección que por su edad merece?
– ¿Es éste el mejor plan estratégico e integral que tiene para ofrecer el gobierno nacional para resolver la problemática delictiva, “ir por los niños?
En suma; debe tenerse mucha precaución de no caer en una trampa tendida por la agenda político- electoral de un sector que dice presentar un debate abierto pero ya adelanta cuáles serán sus conclusiones, como lo han hecho tanto el ministro Garavano como Patricia Bullrich. Realizarse estas preguntas en principio, ayudaría a profundizar la mirada que merece un tema tan especial para la comunidad toda, como lo es la infancia en Argentina.
