Una organización no gubernamental asegura que el gobierno de Honduras estuvo vinculado en la muerte de militantes sociales y ambientales.
La ONG Global Witness publicó un informe que menciona aimportantes dirigentes políticos y empresarios hondureños, vinculandolos al asesinato y el amedrentamiento de activistas sociales.
«Los beneficiarios de la corrupción son las élites políticas y empresariales, que usan medios delictivos para sacar provecho de la riqueza natural del país y, con el apoyo de fuerzas estatales, aterrorizan y asesinan a los que se atreven a interponerse en su camino», afirmó Billy Kyte, uno de los principales miembros de la ONG.
Con más de 120 activistas asesinados en los últimos siete años, Honduras se ha transformado en el país de mayor peligrosidad para los activistas medioambientales.
El caso de Berta Cáceres es uno de los más sintomáticos de esta situación. Cáceres, que encabezó las imponentes protestas contra un proyecto hidroeléctrico que destruiría las tierras en las que habían vivido sus antepasados, fue asesinada en marzo de 2016 por un grupo de sicarios.
Kyte afirmó que las investigaciones de Global Witness demuestran «que los crímenes a defensores de derechos humanos y el medioambiente son un mal endémico que arrasa el país y está arraigado en la corrupción y la impunidad»
Asimismo, el informe presentado por la organización, pide a Estados Unidos que revise su apoyo al ejército y la policía hondureña, a la vez que solicita a la Unión Europea a reconsiderar sus apoyos económicos y financieros a Honduras.
Según Ben Leather, otro de los dirigentes de la ONG, la comunidad internacional es cómplice de lo que sucede en Honduras en materia de derechos humanos.
Información en base a agencias
