Su único antecedente en relación con los Derechos Humanos fue defender a un acusado de violarlos.
El Gobierno que encabeza Mauricio Macri propuso al abogado mendocino Carlos Horacio de Casas para que integre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de la Argentina. La designación provocó polémica, como no podía ser de otro modo: el abogado propuesto, que no tiene destacados antecedentes en la materia, fue en cambio, defensor de un militar acusado de violaciones a los derechos humanos.
Cuestionada periodísticamente, impugnada por diputados opositores, objetada por aliados del Gobierno como el diputado radical Ricardo Alfonsín, por el momento la propuesta sigue en pie.
El abogado, que es especialista en Derecho Penal y docente en la Universidad de Mendoza, es el único candidato argentino, y competirá por uno de los tres puestos de comisionados que se renovarán en el organismo. El profesional se defiende: dice que el militar al que representó «no es un genocida» y que “fue echado del Ejército por oponerse al golpe”.
En un comunicado, las organizaciones de derechos humanos sostienen que el perfil del abogado es de «total ajenidad» a la temática y en cambio está vinculado «al derecho penal empresarial, financiero y tributario que nada tiene que ver con la labor de promoción y protección de los derechos humanos».
La postulación fue realizada la semana pasada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que deberá definir la designación.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Es un abogado con experiencia, pero en relación con los Derechos Humanos su único antecedente destacado es defendiendo a un acusado de violarlos. [/blockquote]
OBJECIONES
Voces diversas se alzaron contra el nombramiento. Distintos organismos de derechos humanos, entre ellos las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Hijos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), exigieron que se retire la propuesta, en un comunicado público en el que dicen que la elección de De Casas como candidato es una muestra de la “total indiferencia, desinterés y desconocimiento de la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país y nuestro continente», por parte del Gobierno de Mauricio Macri.
Desde la oposición, un grupo de diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ) impugnaron el nombramiento ante el Ejecutivo y la Organización de Estados Americanos (OEA). Los diputados Héctor Recalde, Diana Conti, Teresa García, Julio Solanas, Luana Volnovich entre otros, enviaron una carta al presidente Macri planteando que “a la ausencia de trayectoria en la defensa de los derechos humanos en la región, debe sumarse el hecho de que De Casas se ha desempeñado como defensor de un acusado por crímenes de lesa humanidad”. Alli consignan que De Casas defendió a Enrique Blas Gómez Saa, quien tiene suspendido un juicio oral por privaciones abusivas de la libertad y torturas cometidas entre 1976 y 1978 contra tres militantes comunistas.
A la vez, el diputado radical Ricardo Alfonsín reclamó una explicación del Gobierno sobre la designación de De Casas, cuyo nombre fue, paradójicamente, propuesto desde su propio partido. Alfonsín dijo que “el Gobierno debe aclarar a los argentinos si son ciertas o no las informaciones que se vierten sobre la persona propuesta para integrar la CIDH. Es necesaria una explicación clara sobre el tema, para que los argentinos, eventualmente, no sean víctimas de falsas informaciones”. Agregó que espera que su partido, “lejos de juzgar inapropiada esta solicitud de aclaración, por el país y por Cambiemos, se sume a ella”.
También Libres del Sur pidió que la canciller Susana Malcorra y el ministro de Justicia, Germán Garavano, se presenten en el Congreso para “explicar la capacitación profesional y ética del candidato a la CIDH”. En el mismo sentido se expresaron desde el bloque de diputados del Partido Socialista.
Desde el Frente Renovador, Alberto Fernández azuzó: “Es la lógica del gobierno de Macri en su evidente y proverbial desprecio por los derechos humanos”, se sumó Alberto Fernández, del Frente Renovador. La diputada Cecilia Moreau de ese mismo espacio dijo que es un nuevo “insulto a los valores democráticos por parte del Gobierno, uno más que, junto a lo de Gómez Centurión, se suma a una larga lista que nos avergüenza y entristece, y nos hace pensar si el objetivo último del Gobierno no es demoler la política de derechos humanos en la Argentina”.
[blockquote author=»» pull=»normal»]La propuesta de De Casas como comisionado ante la CIDH aparece entre numerosas acciones de gobierno que chocan de frente contra una de las pocas políticas de Estado que nadie objeta en la Argentina democrática: Memoria, Verdad y Justicia sobre el pasado reciente. [/blockquote]
CURRICULUM Y CONTROVERSIA
El Gobierno, en cambio, dice que el abogado De Casas “tiene amplia experiencia en materia de derecho penal, garantías del debido proceso y derechos humanos, educación, responsabilidad social empresaria, responsabilidad de jueces, fiscales y abogados y asesoramiento en general de organizaciones de la sociedad civil”, como lo afirma en el currículum vitae que la Argentina adjuntó a la candidatura oficial. “Ha actuado internacionalmente en derechos humanos ante la CIDH (Washington DC) y ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Ginebra). En esos casos ha trabajado tutelando los derechos de periodistas perseguidos y sentando precedente a nivel interamericano en materia de plazo razonable para la prisión preventiva”, agrega sin mayores detalles el CV con que el Gobierno candidateó a De Casas en la OEA.
Sin embargo, al parecer esos precedentes no se refieren más que a las medidas cautelares que De Casas y sus socios pidieron en resguardo de la vida de Damián Pachter, quien fue el primero en tuitear, en enero de 2015, que el cuerpo sin vida del ex fiscal Alberto Nisman había sido hallado en un charco de sangre en el baño de su departamento. El otro caso que tuvo en la CIDH no tiene vinculo, por más que se intente, con la temática: se ocupó de defender a los cuestionados banqueros uruguayos Jorge, José y Dante Peirano Basso por la demora en un proceso judicial, caso que ganó.
Por otro lado, De Casas muestra un perfil que poco tiene que ver con la defensa de los derechos humanos: miembro del Opus Dei, defensor de financistas, declarado enemigo del matrimonio igualitario y de la legalización del aborto, cuesta entender que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no se haya preocupado por su perfil.
Los antecedentes de De Casas no muestran particular interés en el tema Derechos Humanos. Pero sí lo muestran muy vinculado a la UCR mendocina: durante la gobernación del radical Santiago Llaver dirigió la Dirección de Asuntos Penales, fue abogado de la Asesoría de Gobierno y apoderado en Mendoza del Banco Central. Es concuñado del ex gobernador Roberto Iglesias y mantiene un vínculo cercano con quien fuera titular de la UCR, Ernesto Sanz.
El abogado dijo a un diario mendocino que lo desacreditan sin conocerlo. “Yo defendí a un militar inocente que nunca fue condenado. Se enfrentó a la dictadura, lo echó Benjamín Menéndez por oponerse al golpe militar. Aún así, los derechos humanos son para todos, incluso para los considerados como los peores”, afirmó. Al diario La Nación le añadió: «Si yo pensara que fue un torturador, o si me constara, no lo hubiera asistido. Rechazo el plan sistemático de desapariciones y la historia tristemente vivida en esa época».
Lo cierto es que la imputación a Gómez Saa ya no podrá aclararse: el juicio oral contra el militar está suspendido, tras haber sido declarado insano. El juicio orgal, que debia realizarse en noviembre de 2013, nunca empezó: “Gómez Saa fue declarado inimputable por incapacidad mental”, contó Pablo Salinas, quien es abogado querellante en ese expediente y en muchas otras causas por delitos de lesa humanidad. Salinas dijo que “se hicieron cuatro pericias más y el acusado se puso cada vez peor. Hay muchos represores en esa condición: quedaron incapaces y no se los pudo juzgar”.
[blockquote author=»» pull=»normal»]De Casas muestra un perfil que poco tiene que ver con la defensa de los derechos humanos: miembro del Opus Dei, defensor de financistas, declarado enemigo del matrimonio igualitario y de la legalización del aborto.[/blockquote]
SILENCIO, TORPEZA E INTENCIÓN
Desde el Gobierno han mantenido silencio sobre esta nueva polémica, aunque desde la Secretaría de Derechos Humanos dijeron extraoficialmente que no sabían del trabajo de De Casas como defensor de represores, y aseguraron que la recomendación llegó desde la UCR.
La propuesta de De Casas como comisionado ante la CIDH es notable porque aparece en un contexto que exhibe numerosas acciones de gobierno que chocan de frente contra una de las pocas políticas de Estado instaladas que nadie serio objeta en la Argentina democrática: la de obtener Memoria, Verdad y Justicia sobre el pasado reciente.
Como si se pretendiera avanzar, a modo de prueba, en pequeñas pero crecientes provocaciones, para revertir esa política de Estado: desde la presencia de un carapintada impresentable como Gómez Centurión y su negacionismo hasta las expresiones de Lopérfido discutiendo la cantidad de víctimas de la dictadura, pasando por la discusión por el feriado del 24 de Marzo, la decisión de dejar de apelar las prisiones domiciliarias, hasta el punto más grave de esa cadena: las declaraciones del Presidente de la Nación hablando de “guerra sucia” o desentendiéndose de la cuestión.
En política pareciera que nada es azar, por lo cual la designación de De Casas se inscribe claramente en esa lista. No hay otro modo de verlo: se trata de un abogado con amplia experiencia en otros aspectos, pero cuyo único antecedente en relación con los Derechos Humanos es, penosamente, defendiendo a un acusado de violarlos.
En base a Los Andes, Centro de Informaciones Judiciales, Letra P, Página/12 y La Nación.
Foto: Diario Los Andes
