Mientras se inicia el tratamiento en la Cámara de Diputados, un fallo judicial en Gualeguaychú declaró que el DNU de Macri es inconstitucional «porque no hay circunstancias excepcionales» que lo justifiquen. La diputada socialista Troiano dijo que al oficialismo «no le interesa la salud de los trabajadores sino las ganancias de las ART».
A pocas horas del tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que modifica el régimen de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), la Justicia de Entre Ríos declaró la inconstitucionalidad del DNU 54/2017 por infringir lo dispuesto por el artículo 99.3 de la Constitución Nacional.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 54/2017, el Poder Ejecutivo modificó la ley de ART y estableció la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como la instancia administrativa “previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención”, a fin de “reducir el incremento de demandas judiciales en contra de las indemnizaciones por enfermedad e incapacidad”.
Entre sus fundamentos, el Gobierno nacional argumentó que «esperar los tiempos habituales del trámite legislativo” pendiente ante la Cámara de Diputados de la Nación “irrogaría un importante retraso, que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida».
El decreto adoptó los lineamientos de la iniciativa que tiene media sanción en el Senado, sin embargo, el Gobierno decidió apurar las modificaciones y así esquivar el trámite parlamentario. Ante las críticas, el Ejecutivo finalmente resolvió convocar a sesiones extraordinarias y la iniciativa será tratada este miércoles el recinto de la Cámara baja.
En el marco de una demanda entablada por un trabajador metalúrgico, la Sala II Laboral de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú falló contra el DNU en en los autos «C. N. M. C/ Asociart Art S.A. S/ Accidente de Trabajo».
[blockquote author=»» pull=»normal»]El Gobierno nacional había argumentado que «los tiempos habituales del trámite legislativo” causarían un importante retraso. [/blockquote]
Los vocales Fabián Ronconi, Adrián Welp y Martín Romero explicaron que el Ejecutivo se “arrogó facultades legislativas invocando, solo formalmente, que lo hacía por razones de necesidad y urgencia, infringiendo palmariamente lo dispuesto por el artículo 99.3 de la Carta Magna”.
Los jueces recordaron que la norma «veda» tal proceder diciendo que “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”, y solo lo tolera “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”.
“Este enunciado resulta (…) un mero y vano intento de cubrir formalmente la exigencia constitucional mencionada, y lejos ha estado el redactor del mismo de alcanzar dicho objetivo”, sostuvo el fallo y agregó: “El Ejecutivo no indica cuales son las circunstancias excepcionales que le hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, y ello solo basta y sobra para declarar la invalidez del DNU en cuestión”.
Para los camaristas, resulta “indiscutible que el uso de los DNU sólo se justifica en casos excepcionalmente extremos”, ya que de “aceptarse la endeble justificación ensayada, no existiría norma que resistiese el trámite parlamentario”.
El Tribunal concluyó que “no hay necesidad ni urgencia que justifique el dictado del DNU 54/2017”, y resulta “indiferente lo que pueda dictaminar la Comisión Bicameral prevista en la Ley 26122 respecto de la legalidad del DNU”, dado que la misma “no podrá legitimar un instrumento cuya invalidez, o “nulidad” como dice la Constitución, es manifiesta por carecer de justificación”.
[blockquote author=»» pull=»normal»]La diputada Gabriela Troiano acusó: «La preocupación del oficialismo no está centrada en la salud de los trabajadores sino en las ganancias de las ART».[/blockquote]
EL PROYECTO, CON DICTAMEN
Mientras tanto, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría para su proyecto de modificar el sistema de ART con el fin de frenar lo que denomina «la industria del juicio» y este miércoles tratrará de convertirlo en ley. Para eso consiguió el apoyo del bloque justicialista y de parte del Frente Renovador. En contra se expresaron los bloques de izquierda, parte del Frente Renovador y el Frente para al Victoria-PJ, que lo hizo con dos dictámenes, uno de rechazo total y otro con observaciones al de mayoría.
En el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, que duró más de dos horas, quedaron expuestas las diferencias internas dentro del Frente Renovador, del FPV-PJ y de los diputados de extracción sindical.
El presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Alberto Roberti (Justicialista), señaló que «este proyecto viene a reducir la litigiosidad y es consecuencia del alto valor de la cuota de las ART», y auguró «que sirva para tener un trabajo mas decente y más digno». Tras cuestionar al gobierno por dictar un DNU con el contenido de la ley sin pasar por el Congreso, puso de relieve la importancia de la iniciativa, al sostener que «viene a corregir una situación en la cual hoy el trabajador está en situación de riesgo laboral y menos cubierto y ante un festival a medida de la industria del juicio».
En defensa del proyecto, el macrista Luciano Laspina, titular de la comisión de Presupuesto, dijo que el proyecto busca «frenar la aceleración marcada de la litigiosidad, que va sobre todo en contra de las pequeñas y medianas empresas, que son en definitiva las que tienen menos espaldas para bancarla».
Por su parte, la diputada Gabriela Troiano (Partido Socialista) dijo que «la actitud del gobierno es cambiar los mecanismos de aprobación de leyes según les conviene, hacen un uso discrecional de la labor parlamentaria», expresó en el plenario conjunto del Congreso Nacional sobre ART. La legisladora bonaerense cuestionó que el gobierno no consultó al consejo consultivo que forma la ley de las ART y acusó: «La preocupación del oficialismo no está centrada en la salud de los trabajadores sino en las ganancias de las ART».
A su turno, Margarita Stolbizer, del GEN, justificó su voto en contra al expresar que «se trata de un sistema absolutamente regresivo, que lo único que plantea es bajar la litiogiosidad» y que «demoniza al trabajador que va a los tribunales, buscando cercenarlo e impedir su derecho. Lo que hay que trabajar es para evitar los accidentes y las enfermedades», manifestó, al tiempo que insistió en que «no hay seguridad de que en tres meses el Congreso va a sancionar una ley» en ese sentido.
En la misma linea se pronunció el massista Facundo Moyano, quien dijo que «esta ley muestra el orden de prioridades del gobierno, porque proponen este tema antes que algo que hable de prevención».
En base a Diario Judicial y Télam.
