El fiscal Zoni imputó al Presidente en el caso de la deuda del ex Correo. Es la quinta acusación que recibe en la justicia federal en catorce meses de gestión. Aquí un resumen de las cinco.
Mauricio Macri puede ostentar un triste récord, que difícilmente enorgullezca a quienes lo votaron a la espera de un cambio “republicano” en el manejo de la res publica: la causa por el acuerdo con el ex Correo es la quinta imputación que recibe en lo que va de su mandato, en apenas catorce meses. A continuación se resumen las cinco.
ACUERDO CON EL EX CORREO
El fiscal federal Juan Pablo Zoni pidió que se inicie “una investigación criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal tramitado en el expediente N° 94360/01 caratulado Correo Argentino s/ Concurso preventivo”. En ese acuerdo, el Estado argentino aceptó resignar casi el 99% de una deuda que sostiene desde hace 13 años el ex Correo Argentino, empresa a cargo del grupo Socma, entre cuyos propietarios está el Presidente. El juez a cargo es Ariel Lijo. El fiscal Zoni acumuló varias denuncias presentadas ante la justicia al conocerse, la semana pasada, el escandaloso acuerdo.
PANAMÁ PAPERS
El fiscal federal Federico Delgado impulsó una investigación judicial en abril del año pasado contra Mauricio Macri por las sociedades offshore cuyo directorio integra el Presidente y que fueran conocidas a través de la investigación periodística conocida como «Panamá Papers». Delgado investigará si hubo omisión maliciosa de las empresas en paraísos fiscales en las que figura Macri. La causa se abrió a partir de una denuncia realizada por el diputado nacional kirchnerista Norman Darío Martínez. El juez a cargo es Sebastián Casanello.
BLANQUEO DE FAMILIARES
En diciembre de 2016, el Presidente, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el entonces ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay fueron imputados por el fiscal federal Guillermo Marijuan por firmar el decreto que extendió los beneficios del blanqueo de capitales a familiares de funcionarios públicos. La denuncia investiga si los funcionarios incurrieron en el delito de abuso de autoridad, y está a cargo del juez federal Ariel Lijo. La denuncia penal había sido presentada por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur.
EMISIÓN DE LEBACS
También en diciembre, el presidente Macri, el anterior ministro Prat Gay y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, fueron imputados por la emisión de títulos de deuda de corto plazo (Lebacs) bajo la sospecha de que habrían «manipulado» el «verdadero valor de la divisa». Fue a partir de una denuncia de diputados del PJ. La fiscal Paloma Ochoa le pidió al juez federal Daniel Rafecas una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación. Sostuvo que la «emisión abusiva» de títulos de deuda pública interna (a través de la herramienta financiera de los Lebacs) y externa (por medio de bonos) «habría ocasionado un significativo detrimento de las arcas del Estado nacional en beneficio de determinados grupos económicos».
ACUERDO CON QUATAR
La misma fiscal Ochoa fue quien imputó al Presidente y a la vicepresidenta Gabriela Michetti por la firma de un memorándum con Qatar que involucra fondos de Anses por inversiones por 1.300 millones de dólares. La causa está también en manos del juez Rafecas. Otros ocho funcionarios están acusados en esta denuncia, además del ex tenista Gastón Gaudio como intermediario. La presentación judicial, a partir de una nota periodística, la hizo el titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez, quien sostuvo que el acuerdo es secreto y que no contemplaría el pago de impuestos, que no se conoce la cantidad de dinero que aportará Argentina ni por qué se deben tomar fondos del Anses y que se omitió darle intervención al Ministerio de Economía de la Nación y al Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En base a archivos de diferentes medios digitales y del sitio Fiscales.gob.ar
