La ofensiva del gobierno nacional hacia los docentes recrudece y promete durar.
El mes de marzo pasó de largo y las paritarias docentes no sólo aún no se resolvieron, sino que el clima entre el gobierno y los colectivos docentes es aún más tenso que antes: a los reclamos que ya venía liderando el Frente Gremial -que nuclea a los maestros bonaerenses- se sumaron ahora las protestas de los profesores universitarios, que ya encabezaron varios paros y clases públicas y mostraron su solidaridad para con los maestros movilizados; todo en un contexto que ya saltó desde la provincia de Buenos Aires hasta el nivel nacional y que incluyó al propio Presidente de la Nación, quien salió a hacer declaraciones públicas contra los reclamos docentes, en sintonía con la gobernadora Vidal y el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.
Las respuestas del oficialismo son también parte del cada vez más difícil escenario: descuentos por huelga, rechazo a convocar una paritaria federal, intento de quitar personería jurídica a sindicatos, aumentos para quienes no adhieren a los paros; todas medidas que contaron con fallos adversos y que produjeron en el Ejecutivo bonaerense sistemáticos pedidos de recusación de jueces. La ofensiva, al parecer, no es sólo contra los gremios, sino también contra parte del poder judicial que falla a favor de sus reclamos. Y no es ningún secreto: desde la propia cartera laboral informaron que el Gobierno recusó a la jueza Dora Temis y apeló el fallo judicial que el jueves pasado ordenó al Ministerio de Trabajo de la Nación a convocar a una paritaria nacional: “Esta mañana se presentó tanto la apelación como la recusación con el pedido de nulidad”, según declararon al medio Télam de parte del Ministerio de Trabajo.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Las respuestas del oficialismo son también parte del cada vez más difícil escenario: descuentos por huelga, rechazo a convocar una paritaria federal, intento de quitar personería jurídica a sindicatos, aumentos para quienes no adhieren a los paros.[/blockquote]
Pero no es todo: ahora, decidido en su pelea, el gobierno vuelve a la ofensiva: declarar servicio esencial a la educación pública y condicionar el derecho a huelga de los docentes.
Así las cosas, el conflicto sigue y se agravó con un hecho reciente, nada menos que un día domingo.
LA ESCUELA ITINERANTE
El domingo pasado, un grupo de docentes y dirigentes sindicales tuvieron la iniciativa de instalar una carpa pública, llamada “Escuela itinerante”, frente al Congreso. Al llegar, se encontraron con un cordón policial, lo cual desembocó en forcejeos, detenidos y hasta el uso de gas pimienta por parte de las fuerzas policiales, en un confuso episodio donde desde los gremios señalan que se pidió permiso y se avisó a las autoridades de la instalación de la carpa y desde el Gobierno señalan que no hubo permiso y que por eso se procedió a disponer un cordón policial.
Las acusaciones cruzadas no faltaron: el propio Ministro de la Educación, Esteban Bullrich, declaró públicamente que los docentes quisieron instalar la carpa “a la fuerza” y que no se esperó “la autorización de Espacio Público”, tras lo cual criticó el accionar docente y señaló que el operativo policial “es parte de educar también” y que “tenemos que entender que cuando un oficial de la policía de la ciudad o de cualquier policía de cualquier provincia, nos da una instrucción, tratando de cumplir la ley, lo tenemos que obedecer”. En la misma línea, Rodríguez Larreta defendió el accionar de la policía, al igual que el presidente Macri, quien se quejó públicamente de la actitud de los maestros.
Con el paso de los días, el oficialismo se mostró más sosegado y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, anunció en conferencia de prensa que el Gobierno de la Ciudad entregó “el permiso para instalar la carpa itinerante docente en la Plaza del Congreso”, y que se accedió al plazo que pidieron los gremios docentes, hasta el día 18 de abril. Por su parte, los gremios docentes, la CGT, la CTA y legisladores opositores respondieron con repudios y denuncias hacia funcionarios.
En un vaivén que parece no tener fin, los sindicatos docentes convocaron ayer a otro paro, esta vez en rechazo de la represión a los docentes, y en reclamo, nuevamente, de los pedidos que aún siguen vigentes: convocatoria de una paritaria nacional, recomposición salarial por la inflación de 2016 y un mejor acuerdo para 2017.
¿CÓMO SIGUE?
Hoy miércoles el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió finalmente convocar a los representantes de los gremios docentes. Se tratará de una reunión de la comisión técnica salarial y será el lunes 17 de abril, en La Plata.
Amparados en su voluntad de diálogo y tras un pedido “urgente” de parte de los gremios, el Gobierno cedió y propuso la convocatoria con el fin de avanzar en la resolución del conflicto educativo.
[blockquote author=»» pull=»normal»] Los gremios señalaron que las propuestas salariales del gobierno provincial (del 18 y 19 por ciento en cuotas) implican “condicionar a una importante cantidad de docentes a seguir percibiendo salarios por debajo de la línea de pobreza».[/blockquote]
Los representantes de maestros y profesores, por su parte, dieron a conocer un comunicado en el que sostienen que la gobernadora María Eugenia Vidal «no quiere comprender, ni reconocer que sin el recupero integral de la pérdida del poder adquisitivo salarial 2016 los docentes estaríamos negociando salarios a la baja» y recordaron que la inflación de 2016 superó largamente las estimaciones (fue del 41% en lugar del 25%) y que actualmente se proyectó un aumento inflacionario de “entre un 12 y 17 %.», cuando según varias mediciones la inflación anual 2017 se estima “en más de un 25 % anual». Según un informe del Centro para el Desarrollo Nacional Atenea -que estudió el planteo de los docentes y llevó los dichos a números- “si se toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor de CABA, el salario bruto real de un/a maestro de grado de nivel primario con 10 años de antigüedad por una jornada de 4 horas en la provincia de Buenos Aires cayó un 9,3 por ciento, entre diciembre de 2015 y febrero de 2016. Teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor Congreso, dicho salario perdió un 8,5 por ciento para el mismo período. El promedio entre las dos mediciones arroja una pérdida de 8,9 por ciento del poder adquisitivo”. Este estudio, que otorga fundamentos al reclamo de los gremios, señala que ese deterioro salarial en la gestión de María Eugenia Vidal parece ser el eje del conflicto, junto con la decisión gubernamental de suprimir la paritaria nacional docente, hecho que desde el centro de estudios consideran “el detonante” del conflicto. Esto se debe a que la negociación colectiva no sólo involucra cuestiones salariales, “sino también aquellas referentes a condiciones de trabajo y formación docente”, reclamos que los docentes consideran esenciales, y que quieren que esté presente en la paritaria nacional.
Según el relevamiento realizado por los investigadores, si se tiene en cuenta que el INDEC fijó en 13.673,50 pesos la canasta básica para una familia compuesta por una pareja con dos hijos, en 18 de las 24 provincias del país los docentes con un cargo y 10 años de antigüedad no llegan a cubrir las necesidades básicas.
En este sentido, los gremios señalaron que las propuestas salariales del gobierno provincial (del 18 y 19 por ciento en cuotas) implican “condicionar a una importante cantidad de docentes a seguir percibiendo salarios por debajo de la línea de pobreza», ante lo cual señalaron la importancia de reclamar un “recupero salarial en 2016 y un aumento salarial en 2017 que garantice que ningún docente esté por debajo de la línea de pobreza», al tiempo que pidieron también la devolución de los días de paro, que consideraron “ilegal, arbitraria e improcedente” y «un mayor presupuesto educativo” para garantizar infraestructura, comedores, cargos docentes y formación docente.
Fuentes: Infogremiales, Mundo Gremial, Página web de Atenea
