La clase trabajadora brasileña va a la huelga general. Contra la reforma laboral de Temer y los retrocesos de una política de derecha antisocial e insolidaria. Temer comienza su larga noche.
El miércoles 26 de abril de 2017, la Cámara de Diputados de la República Federativa de Brasil aprobó, con 296 votos favorables, y 177 en oposición, una declaración de guerra contra las conquistas de la clase trabajadora, existentes desde hace más de cincuenta años.
El proyecto de Reforma Laboral que obtuvo media sanción prevé la ampliación de la jornada laboral de 44 a 48 horas semanales, permitiendo la discontinuidad de los horarios de trabajo a lo largo del día; permite a la patronal fraccionar los días de vacaciones en hasta tres fracciones anuales; permite, transcurrido un período, la recontratación de un trabajador despedido de la planta como tercerizado, y extiende los contratos temporales a 180 días, prorrogables otros 90 días más. Por encima de estos abusos, la nueva legislación reduce las posibilidades del trabajador de reclamar ante la justicia; hace prevalecer los acuerdos entre trabajadores y empresarios por encima de los mínimos establecidos por la legislación vigente, inclusive en cuestiones relativas a insalubridad laboral, y elimina la contribución sindical obligatoria, equivalente a un día de salario de cada trabajador, que permite a los sindicatos la organización autónoma.
[blockquote author=»» ]La reforma laboral de Temer es una declaración de guerra contra las conquistas de la clase trabajadora. [/blockquote]
Esta reforma, que Michel Temer sostiene necesaria para modernizar las relaciones del trabajo en Brasil, y que el propio líder de la bancada de su partido en el Senada calificó como hecha a medida de “la banca y el sistema financiero (…) rechazada por toda la población”, llamando a su oposición, no es sino una de las patas de un paquete de retrocesos generalizados para los derechos obtenidos por los trabajadores brasileños a lo largo de décadas.
Hace menos de dos meses, fue aprobada la Ley que permite la tercerización irrestricta de actividades empresarias, mientras el gobierno ajusta la versión definitiva del proyecto de reforma previsional que aumentaría los tiempos de contribución y subiría hasta doce años la edad mínima de jubilación, colocándola, para los estados más empobrecidos del nordeste, por encima de la expectativa de vida de la población.
La última encuesta encargada por la Central Única de Trabajadores a la firma Vox Populi da cuenta de un rechazo a las reformas laboral y previsional de más del 90% de la población, y una aprobación de la gestión de Temer que alcanza apenas al 4% de la población. Más allá de esta fuente, ninguna encuesta conocida otorga al presidente no electo un apoyo superior al 10% del país, y todas confirman el abrumador rechazo a las reformas legislativas propuestas por su administración. Los datos duros marcan que el desempleo alcanzó en el último trimestre el record histórico de 14,8 millones de personas, y las perspectivas, tras dos años consecutivos de caída del producto por encima del 3%, son de un crecimiento cercano a cero para este año.
En ese contexto fue convocada por las principales centrales sindicales del país la huelga general del 28 de abril, tal vez la primera verdadera huelga general desde la sanción de la Constitución de 1988.
La intención de las centrales de poner un freno a las reformas propuestas desde las calles choca de frente con las sólidas mayorías que, tras la destitución de Dilma Rousseff, constituyó la derecha en el ámbito político, mediático y judicial.
[blockquote author=»» ]La última encuesta encargada por la Central Única de Trabajadores a la firma Vox Populi da cuenta de un rechazo a las reformas laboral y previsional de más del 90% de la población.[/blockquote]
Ante una medida de proporciones muy superiores a cualquiera de las anteriores protestas antigubernamentales, resultó llamativo que el Jornal Nacional, el noticiero más importante de la emisora Globo, no informara siquiera cuestiones de interés general ligadas a la huelga, tales como funcionamiento de servicios o transportes. Por otro lado, la recorrida por los portales de Folha u O’Globo en la mañana del viernes daba lugar de importancia excluyente a los bloqueos de rutas y calles, así como algunos actos de sabotaje, y sólo marginalmente cubría los efectos de la medida sobre el nivel de actividad.
Por su relevancia política y económica, San Pablo constituyó el principal foco de la huelga y también de la reacción. Allí, el prefecto João Doria, del PSDB, un millonario empresario que, desde el descontento generalizado con la clase política, pretende construir una candidatura presidencial como outsider, amenazó descontar el día de paro, una medida considerada ilegal y antisindical por especialistas brasileños, al tiempo que prometió facilitar servicios de Über y taxis para que los trabajadores gubernamentales vayan a trabajar. Mientras tanto, desde el Poder Judicial se dictaron medidas cautelares, tanto en San Pablo como en Brasilia, obligando a los sindicatos de transporte a garantizar servicios mínimos, que fijaron hasta en un ochenta por ciento de los correspndientes a un día normal, bajo penas que van desde cientos de miles hasta más de un millón de reales en caso de incumplimiento.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos concertados, subtes, trenes y ómnibus amanecieron paralizados.
Las enormes manifestaciones contra la corrupción, mayoritariamente protagonizadas por las clases medias y altas, que galvanizaron la caída de Dilma Rousseff, no se repitieron desde aquel momento, a pesar de que el actual gobierno tiene ocho ministros bajo investigación, sólo por el escándalo petrolero.
Ausente aquella presión, Temer avanza en sus reformas con apoyo de su mayoría parlamentaria, las centrales empresarias y los medios de comunicación, fuertemente concentrados. Con una versión precarizada de las reformas españolas, que el presidente señaló como inspiración, la apuesta será atribuir cualquier crecimiento, fruto del rebote de la recesión, a la recuperación de la confianza de los mercados. El nuevo empleo, de generarse, será invariablemente más precario, peor pago, y con menos derechos. La impopularidad no será impedimento para un gobierno que no necesitó de los votos para acceder al poder, y que no aspira, ni siquiera potencialmente, a legitimarse en la próxima elección federal. El programa de gobierno adoptado, derrotado en las últimas cuatro presidenciales desnuda el carácter sustancialmente golpista de la destitución de Dilma Rousseff.
[blockquote author=»» ]Temer avanza en sus reformas con apoyo de su mayoría parlamentaria, las centrales empresarias y los medios de comunicación, fuertemente concentrados. [/blockquote]
La huelga intentará frenar el paso a la agenda del gobierno devolviendo la presión a las calles, y haciendo sentir el malestar generalizado. Mientras, desde la política institucional, los cañones comienzan a apuntar de lleno a la presidencial de 2018. La izquierda, los trabajadores organizados y sectores progresistas esperan una candidatura de Lula que, con los recuerdos de un pasado mejor, encabeza todas las encuestas. Enfrenta un alto nivel de rechazo, y la presión judicial que, a partir de causas de corrupción, podría tornarlo inelegible. Desde el establishment, la apuesta será por un rostro novedoso, que permita legitimar democráticamente las medidas tomadas por el actual gobierno, desde un discurso de ruptura con los rostros conocidos y las prácticas corruptas habituales. Los candidatos, en ese caso, van desde el prefecto Doria hasta el fascista Bolsonaro.
La partida está abierta en Brasil. Los trabajadores muestran que ellos también participan.
