El beneficio del 2×1 a represores y genocidas ha generado un sinfín de interpretaciones y críticas. Vuelve la injusticia. Permanece la resistencia por la verdad, la memoria, el juicio y el castigo a los responsables de la última dictadura militar.
Cuando lo juzgaron en 2011, Luis Muiña hacía todo lo posible por escabullirse. Joven, delgado, algo rubio y vestido con ropa modesta. Su presencia quedaba relegada a un último plano al lado de Reynaldo Benito Bignone, el último presidente de facto de la Argentina, y del ex brigadier Hipólito Mariani, quien comandaba la represión en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Sin embargo, fue ese represor casi desconocido quien logró revolucionar los juzgados federales tras beneficiarse con un 2×1 de la propia Corte Suprema, abriéndole una puerta inesperada a quienes cometieron delitos aberrantes durante la última dictadura cívico-militar.
Durante el juicio, Muiña había pedido no cruzarse con Gladis Cuervo, la enfermera que el 25 de noviembre de 1976 había sido secuestrada dentro del mismo Hospital Alejandro Posadas por el llamado “Grupo SWAT”, una guardia de seguridad conformada por personal que había sido mandado en comisión desde el Ministerio de Bienestar Social para combatir dos peligros, según puede leerse en una carta enviada por el interventor militar Ricardo Estéves: la villa Carlos Gardel – pegada al policlínico – y la “subversión” interna.
“Pidió dejar la sala cuando iba a declarar. No quería mirarme a los ojos”, protesta la enfermera jubilada de 78 años. Gladis lo recuerda de esos días. Era joven, rubio, callado y andaba siempre armado. En realidad, todo el “Grupo SWAT” hacía ostentación de armas dentro del propio centro sanitario. Sus integrantes habían ocupado un chalet – que, hasta marzo de ese año, cuando fuera ilegalmente detenido había sido ocupado por el director interino. Allí montaron un centro clandestino y ahí Gladis vio al médico Jorge Roitman y escuchó a los represores decir que Jacobo Chester había muerto en la tortura. A la esposa de Chester, Marta, y a su hija, Zulema, les dieron un certificado de defunción.
[blockquote author=»» ]»Pidió dejar la sala judicial cuando iba a declarar. No quería mirarme a los ojos”, dijo Gladis Cuervo, víctima de Luis Muiña. [/blockquote]
Para el fiscal Javier De Luca – que tuvo a cargo la acusación pública en el juicio por los crímenes en el Hospital Posadas – las muertes de Chester y Roitman son los principales argumentos para desafiar la argumentación de la propia Corte Suprema. “No es un hecho aplicable”, insiste.
El miércoles, los ministros nombrados por Mauricio Macri, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, junto a Elena Highton de Nolasco – la jueza que ha logrado seguir en el máximo tribunal aun después de los 75 años – sostuvieron que a Muiña se le debía aplicar la ley del 2×1, que estuvo en vigencia entre 1994 y 2001, porque los delitos por los que fue condenado eran permanentes: las privaciones ilegales de la libertad continúan mientras los desaparecidos no aparezcan. El argumento – al decir de la abogada y exdiputada Myriam Bregman – parece favorecer a los represores por el hecho de los que desaparecidos sigan desaparecidos.
Al momento de sancionarse la ley del 2×1, no es ninguna novedad que el Congreso no contempló a los acusados por crímenes de la dictadura. Su investigación había quedado clausurada en 1987 con la sanción de la ley de Obediencia Debida, que sólo dejaba por fuera de sus alcances tres crímenes: la apropiación de niños y niñas, el robo de bienes y la violencia sexual. Recién para 1998 – cuatro años después de sancionada esa ley – Jorge Rafael Videla fue detenido por el robo de bebés.
[blockquote author=»» ]Al momento de sancionarse la ley del 2×1, el Congreso no contempló a los acusados por crímenes de la dictadura. Regían las leyes de impunidad.[/blockquote]
En esa época, no se seguía ningún proceso contra Muiña. El represor – nacido en noviembre de 1954 – recién fue detenido en octubre de 2007 por orden del juez federal Rafecas. El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 ya le había concedido la libertad condicional y se enteró del fallo supremo desde su casa.
SU LABERINTO
Highton fue la primera mujer en llegar a la Corte en la democracia. Fue parte en los fallos que pusieron fin a la impunidad y, hasta no hace mucho, se congratulaba por lo que se habían atrevido a hacer. Sin embargo, algo se quebró. Desde los organismos de derechos humanos, le apuntaron a Highton de Nolasco por el fallo. No dijeron que se tratara de su impulsora, sino que señalaron que cambió la forma en que venía fallando. En general, rechazaba estos recursos sin más y esta vez constituyó la mayoría junto con los recién llegados.
Durante los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia, Highton tendió puentes con la Casa Rosada y lo mismo parece suceder durante la era Macri. El gobierno desistió de apelar el fallo que le permitirá a la suprema seguir en la Corte después del 7 diciembre, cuando cumple los 75 años. En su libro Los Supremos, Irina Hauser cuenta que Highton no había estado en desacuerdo con el nombramiento en comisión de Rosenkrantz y Rosatti, pese a las versiones periodísticas que indicaban lo contrario.
[blockquote author=»» ]Highton de Nolasco, que votó favorablemente el beneficio para represores y genocidas, tiende puentes con el actual gobierno como antes lo hizo con el de Cristina Kirchner.[/blockquote]
Dos semanas antes del fallo Muiña, la Corte le había concedido la prisión domiciliaria a Jorge Felipe Alespeiti, condenado como jefe de área de la Capital Federal y de 85 años. Highton y Lorenzetti no habían acompañado el voto de la mayoría.
En los dos fallos, los ministros abordaron un problema que hace tiempo marcan los organismos y la propia Procuradoría de Crímenes Contra la Humanidad: que los fallos no están firmes. Se hace mención a las prisiones preventivas prolongadas – un argumento también invocado por el ministro de Justicia, Germán Garavano – que son provocadas por las mismas dilaciones en las que incurren los tribunales o la propia Corte, en última instancia.
RESISTENCIAS
Hasta ahora, los abogados de los represores que se presentaron a reclamar el beneficio del 2×1 para sus defendidos no cosecharon buenos resultados. Según la Procuración, de acuerdo, con el fallo podrían ser beneficiados cerca de 278 represores, lo que constituiría una liberación masiva y supondría un riesgo para la continuidad del proceso de juzgamiento. ¿Se animarían las víctimas a seguir declarando con los represores en la calle?
Ayer, un tribunal de San Juan rechazó por inconstitucional la aplicación de la ley del 2×1 para un condenado por delitos de lesa humanidad. En La Plata, el TOF 1 apura una decisión sobre un planteo de uno de los personajes más escalofriantes de la represión: el cura Christian Von Wernich, condenado en 2007 por siete homicidios y más de 40 secuestros en el circuito Camps. El planteo del cura – que sigue pudiendo oficiar misa pese a la condena firme con la que cuenta — se conoció en la misma semana en la que la Iglesia llamaba a discutir los años ’70, para desandar el camino hacia la “reconciliación”, que mereció el repudio de los organismos de derechos humanos.
Hasta ahora, el principal logro del fallo de la Corte fue generar una conmoción en los tribunales federales, con jueces preparando escritos para aplazar decisiones si les toca resolver pedidos de los represores más tristemente emblemáticos del terrorismo de Estado.
El viernes pasado, TOF 5 de Capital Federal le rechazó los pedidos a Jorge Magnacco, el obstetra de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y con quien debutó HIJOS en los ’90 con los escraches. El mismo tribunal no hizo a lugar a un planteo de Héctor Girbone, condenado por la apropiación de Pablo Gaona Miranda. En Mendoza, el TOF 2 se opuso al beneficio para Norberto Mercado. Hay otros tantos planteos que deberán resolver en el plazo de esta semana, que incluyen, entre otros, a Juan Antonio Azic – el apropiador de Victoria Donda y quien torturó al bebé de Carlos Lordkipanidse en la ESMA.
Los fiscales ya se pronunciaron por la no aplicabilidad del fallo – como lo han hecho Pablo Parenti o Abel Córdoba. La fiscal Ángeles Ramos planteó su inconstitucionalidad ante el TOF 6 en relación a un pedido de Víctor Gallo, condenado en 2012 a quince años de prisión por la apropiación de Francisco Madariaga Quintela, el hijo de Abel Madariaga, el secretario de Abuelas de Plaza de Mayo.
El fallo ya trascendió las fronteras y el país se ganó una advertencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, Amerigo Incalcaterra, que recordó la obligación del Estado de brindar justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Gladis Cuervo ya presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo mismo que el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el dirigente de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Rizzo, que casualmente es quien patrocina a Ricardo Lorenzetti en su batalla contra Elisa “Lilita” Carrió. ¿Será su presentación un efecto expansivo de la tensión que se vive al interior del máximo tribunal argentino?
En los tribunales de Comodoro Py, la reacción más clara al fallo vino de la mano del fiscal Guillermo Marijuán, a quien nadie podría acusar de ser un aliado de los organismos. Le pidió al juez Daniel Rafecas que de curso a la denuncia presentada por el abogado Marcelo Parrilli a fin de determinar si con su fallo de la semana anterior los tres ministros habían contrariado «el contrato social de los argentinos». Hace años que Lorenzetti dice que los juicios de lesa son parte esencial de ese contrato.
El gobierno tomó nota del descontento que generó la decisión de la Corte y tras algún traspié del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que saludó la resolución y se trenzó en una discusión con la líder de Abuelas, Garavano y Marcos Peña trataron de tomar distancia. El mismo Avruj salió el domingo a desdecirse. Desde el Ministerio de Justicia, insisten que no serían más de ocho los represores que podrían beneficiarse, un número alejado de los 278 que arriesga la Procuración General de la Nación. ¿Cuál es la diferencia? En el ministerio de Garavano, creen que los tribunales aplicarían un criterio restrictivo y sólo le concederían el 2×1 a represores presos entre 1994 y 2001, algo que no se condice con el propio Muiña.
[blockquote author=»» ]El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se manifestó favorable al 2×1. Luego, ante el descontento general, el gobierno intentó tomar distancia.[/blockquote]
No es novedad que los organismos de derechos humanos miran con recelo a la administración macrista. Fue el propio Avruj el que puso en debate la prisión domiciliaria para los represores días antes del 40° aniversario del golpe o dijo esta semana que los años ’70 están en discusión nuevamente. Se desmantelaron áreas que contribuían a los juicios – como la encargada de relevar archivos en el Ministerio de Seguridad — y se les restituyeron beneficios a los militares, como atenderse en sus propios hospitales o ser trasladados a la unidad penal de Campo de Mayo. Según cifras del propio Servicio Penitenciario Federal, Campo de Mayo es la dependencia que aglutina a la mayor cantidad de represores en todas las cárceles: 113.
Mañana a las 18, los organismos llevarán su reclamo a Plaza de Mayo y volverán a usar la frase que el fiscal Julio Strassera grabó en la memoria de la sociedad argentina durante su alegato en el Juicio a las Juntas: “Señores Jueces: Nunca Más”.
