El sindicato Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) firmó una vergonzosa paritaria con el gobierno que incluye beneficios por presentismo y productividad. En Argentina hay un sindicalismo que apoya el ajuste. En el gobierno, sonríen.
En una reunión celebrada este lunes entre el Ministro de Trabajo Jorge Triaca, su par de Modernización, Andrés Ibarra y Andrés Rodríguez, secretario general del gremio mayoritario de trabajadores del Estado Nacional, UPCN (Unión Personal Civil de la Nación), se cerró un acuerdo por una suba salarial del 20% en tres tramos que incluye beneficios por presentismo y productividad.
Lo convenido en el marco del encuentro debe leerse al menos en tres planos que evidencian la gravedad que reviste la cuestión. El primero refiere a la pauta salarial y a los índices que determinan el costo de vida en la Argentina de hoy. Las cuentas son sencillas y por lo tanto no presentan ninguna opacidad; la paritaria de los estatales en el 2016 fue de 31% en tres tramos; la inflación de acuerdo a las mediciones del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) fue de aproximadamente 40%. El año pasado se llevó, para quienes tienen a su cargo hacer efectivos nuestros derechos, cerca de 8 puntos de salario, y eso no puede subsanarse con las bondades inciertas de ninguna cláusula gatillo. Según un informe reciente de la CTA, el piso salarial de un trabajador estatal en la actualidad es de $10.622. El INDEC establece que la canasta familiar que marca la línea de pobreza se ubica en los $14.090 y tomando un estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria, la canasta de alimentos y servicios básicos para una familia tipo que reside en CABA, asciende por encima de los $30.000. Basta hacer un repaso por los números más elementales –o incluso por los bolsillos propios- para advertir que un 20% está muy lejos de representar un incremento salarial real.
La irrupción del presentismo y la productividad en la mesa de negociación supone, por su parte, una discusión más profunda. Si bien la extrapolación de lógicas y categorías que pretende realizarse desde el mundo privado hacia el terreno estatal no es novedosa, continúa siendo problemática por asumir como equivalentes ámbitos que no lo son. La idea de rentabilidad que constituye el horizonte primordial de las empresas no es compatible con las nociones de servicio público o de reconocimiento de derechos que son las que deberían guiar toda política pública. Y no lo es por una simple razón; el Estado no es una empresa. Los planes de gobierno, los objetivos trazados por los funcionarios, los presupuestos asignados por Ministerio y su ejecución, la estructura administrativa que los pone en marcha y quienes hacen de un programa o una política su tarea cotidiana no pueden medir sus logros o sus desaciertos del mismo modo que quien produce zapatos, manzanas o libros. Los derechos humanos, políticos, sociales y culturales no son productos, y es por ello que no pueden abordarse del mismo modo.
[blockquote author=»» ]La idea de rentabilidad que constituye el horizonte primordial de las empresas no es compatible con la noción de servicio público.[/blockquote]
Para establecer algunas líneas de reflexión diferenciadas, el plano que refiere al presentismo nos conduce directamente hacia la vulneración de los derechos laborales que esto supone para los trabajadores del Estado. Un plus por asistencia perfecta supone una lesión al derecho al estudio, al derecho a huelga, a los días por enfermedad, a la licencia por maternidad, etc. La precarización generalizada en la que se encuentra la mayoría de la plantilla estatal representa en sí misma una enorme deuda con el goce efectivo de estos derechos, derechos que dicho sea de paso, se encuentran reconocidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el decreto N º 214/06. Lo cínico del asunto –marca registrada de la gestión Cambiemos- es que en un contexto de depreciación salarial y encarecimiento de la vida, la sola idea de poder contar con un extra a fin de mes puede resultar adoctrinadora. Y como si esto no resultara poco, la Resolución N º 204-E/17 con la que el gobierno de Mauricio Macri quiso instrumentar el régimen de control de asistencia, no solamente tiene un rango menor al de la norma que pretende modificar –lo que constituye una inconsistencia legal- sino que además no menciona ningún plus salarial, sino solamente las sanciones que sobrevendrían de no cumplirse las metas de asistencia.
El tercer plano que hay que contemplar si se aspira a comprender qué es lo que está en juego en la definición de la paritaria estatal, es el de la productividad. Amén de las dificultades que puede presentar el desarrollo de instrumentos válidos para medir cuán eficientes y efectivos son los trabajadores del Estado Nacional en el cumplimiento de sus tareas, lo llamativo de la temática no deja de ser su procedencia. Las denuncias por áreas desarticuladas, desfinanciadas o paralizadas no han dejado de crecer en el último año y medio. La subejecución presupuestaria de muchos programas sensibles en términos sociales es alarmante. Funcionarios de diverso rango se han expresado desestimando la lógica pública en detrimento de la privada. En términos generales, la discusión en torno a la productividad de los trabajadores estatales es delicada porque puede conducir hacia la mercantilización de lo público. Si la discusión se abre en un Estado que tiende a replegarse y a no volcar sus recursos hacia más y mejores intervenciones sobre los aspectos inequitativos de la realidad social, ¿de qué productividad puede hablarse?
[blockquote author=»» ]Los funcionarios de la gestión Cambiemos aplicaron a la administración pública el mismo criterio que a las finanzas; los recursos fueron redirigidos a quienes menos los necesitan. [/blockquote]
Los funcionarios de la gestión Cambiemos aplicaron a la administración pública el mismo criterio que a las finanzas; los recursos fueron redirigidos a quienes menos los necesitan. Como sucedió con las partidas presupuestarias, ocurrió con el empleo estatal. La campaña de deslegitimación hacia los trabajadores del Estado legitimó cientos de despidos en todos los niveles de la administración. Sin embargo, la estructura interna se vio nutrida por nuevos cargos jerárquicos con salarios más que abultados. Ya lo diría Alejandra Dandan en su nota de abril del año pasado; el problema no son los ñoquis, sino los “ravioles”, esos puestos más que bien remunerados que los hombres y mujeres que llevan la austeridad como bandera han creado para sí mismos. Entonces, para fraseando a Carlos González, podríamos preguntar ¿quién controla a los que, ganando salarios exorbitantes, llegaron para ajustar? ¿Quién será el encargado de medir el presentismo o la productividad de funcionarios que toman más vacaciones que decisiones orientadas a mejorar su gestión? Eso, claro está, no se encuentra sobre la mesa de la negociación, y tampoco en la agenda pública. Por esa razón, el acuerdo alcanzado por UPCN no solamente es insuficiente en términos de dignidad salarial, sino que agrava sensiblemente la condición del trabajador estatal y lo debilita para hacer valer sus derechos de cara a la sociedad.
