Después de las escuchas que involucran directamente a Temer en un caso de sobornos y corrupción, se abre un nuevo escenario en Brasil. La izquierda intentará forzar una enmienda constitucional que permita elecciones directas e inmediatas. El golpista cae por su propio peso.
Dilma Rousseff fue destituida por una serie de maniobras contables que, a menor escala, habían realizado todos sus antecesores, a los fines de cumplir con los objetivos fiscales fijados por la legislación. Una falta administrativa. Según las transcripciones conocidas, el principal articulador de aquel proceso y su vicepresidente y sucesor fueron capturados en medio de un esquema de corrupción destinado a ocultar delitos relacionados muy probablemente al propio impeachment, así como sus antecedentes y sobrevinencias. La imposible equivalencia entre la gravedad de uno y otro caso, y el resultado del primero, deberían por sí solas determinar las salida de Michel Temer.
“Tiene que mantener eso”. Esas pocas palabras, casi descuentan los analistas,marcarán el final de la intervención de Temer en la vida democrática brasileña. El presidente habría avalado así efectuar pagos a Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados, impulsor del impeachment sin crimen de responsabilidad que terminó en la destitución de Dilma Rousseff, y condenado en otra causa de corrupción a quince años de cárcel, a cambio de mantener silencio respecto del actual gobierno y su base parlamentaria.
Las grabaciones, realizadas por los dueños de la gran exportadora de carne JBS en el marco de un acuerdo de delación premiada, terminarían también con la carrera de Aécio Neves, presidente nacional del PSDB, candidato derrotado en la última elección presidencial, y nieto del mítico presidente Tancredo Neves. Habría sido grabado pidiendo coimas por dos millones de reales, en medio de curiosas sugerencias de matar a eventuales delatores.
El escenario sorprende. Es cierto que la posibilidad de una salida anticipada de Temer por las esquirlas de alguna investigación de corrupción no resultaba demasiado descabellada. La delación de Oderbrecht, en la causa Lava Jato, lo acusaba de haber negociado él mismo un pago ilegal de cuarenta millones de reales, y sólo la inmunidad presidencial respecto de hechos anteriores a su mandato frenaba la investigación sobre su persona. El contenido de las grabaciones, de comprobarse, daría prueba directa de un acto de corrupción flagrante por parte de un Presidente de la República en ejercicio de su mandato, que, para peor, constituiría un caso de obstrucción de la Justicia. Una situación absolutamente inédita.
[blockquote author=»» ]El sistema político brasileño está al borde del abismo.[/blockquote]
En este marco, un sistema político al borde del abismo deberá gestionar desafíos urgentes. Apenas días pasaron de la primera huelga general en décadas, convocada por todas las centrales sindicales, y el gobierno se encontraba embarcado en aprobar las cuestionadísimas leyes de flexibilización laboral y reforma previsional, mientras intentaba consolidar una muy débil recuperación, tras el ciclo recesivo que hizo a Brasil decrecer en cerca de ocho puntos de su Producto Bruto interno. Las reformas regresivas y el relato de una mejora de la situación nacional quedarán seguramente para otro momento, y la prioridad será mantener flote un gobierno que antes este escándalo era rechazado en las encuestas por casi 9 de cada 10 brasileños. Difícilmente lo consigan.
Una eventual salida de Temer obligaría, según la regla constitucional, a que el Congreso, y no el pueblo, eligiera un nuevo presidente hasta 2018. La legitimidad de los legisladores es escasa. Más de la mitad están involucrados en alguna causa de corrupción.
En este marco, todos los partidos de izquierda y centro izquierda opositores intentan capitalizar el escenario abierto y forzar una enmienda constitucional que permita convocar elecciones directas e inmediatas.
[blockquote author=»» ]Una eventual salida de Temer obligaría a que el Congreso eligiera un nuevo presidente hasta 2018. Pero la legitimidad de los legisladores es escasa. La izquierda puede pedir elecciones.[/blockquote]
Entre todos quienes asoman su cabeza ante a la debacle oficial, un Lula favorecido por el recuerdo de tiempos mejores, tras dos años de pérdida de empleos y de derechos entre trabajadores y sectores postergados, se vería en ventaja frente a una derecha dispersa, y sin tiempo para instalar un candidato. Las últimas encuestas conocidas favorecen su candidatura.
Nada es sin embargo obvio ni lineal en el Brasil actual, y mientras se espera la homologación y publicación judicial de las grabaciones obtenidas por Globo, cualquier escenario hipotético resulta aventurado sin saber cuál será el lugar que asumirá el Poder Judicial. Las investigaciones, sus tiempos y orientaciones determinarán el futuro del país quizás en mayor medida que la voluntad popular y las decisiones de los legisladores.
Si la noticia de hoy es una bomba contra el Presidente en ejercicio, la noticia en estos últimos días era la voluntad expresada por Antonio Palocci, ex ministro de Lula y de Dilma, de acogerse al régimen de delaciones premiadas. El contenido de la delación, anticipan, podría ser explosivo para el PT y para Lula.
Casi sin sectores políticos ajenos al escándalo judicial, los jueces, fiscales y policías compiten por el favor de los medios y cobran un protagonismo creciente en la vida pública. Cifras de activos recuperados de la corrupción, políticos y empresarios encarcelados constituyen la parte más brillante de un cuadro que oculta cientos de miles de empleos perdidos en empresas paralizadas por las investigaciones, violaciones masivas a las garantías del debido proceso y el uso extensivo de la prisión preventiva como forma de extorsión contra los sospechosos.
[blockquote author=»» ]Casi sin sectores políticos ajenos al escándalo judicial, los jueces, fiscales y policías compiten por el favor de los medios y cobran un protagonismo creciente en la vida pública. [/blockquote]
En medio de una de las peores crisis política y económica de la historia brasileña, el excesivo protagonismo judicial constituye otro riesgo para la democracia.
Mientras Temer ve erosionar los últimos restos de su legitimidad, y la izquierda y los movimientos sociales se preparan para salir a la calle a pujar por elecciones directas e intentar el regreso de Lula y de tiempos mejores, no sería de extrañar que, bajo presión mediática, una decisión del Poder Legislativo termine consagrando a algún juez o jueza de relativo prestigio y con pretensiones redentoras al frente de la atribulada República.
El escenario está abierto.
