Más de 400 becarios de CONICET siguen sin saber qué va a pasar con sus proyectos de investigación y sus salarios. Desde el gobierno, silencio.
A pesar de haber generado, en principio, cierta expectativa tras la asunción de Macri que el Ministerio de Ciencia y Tecnología fuera el único en mantener a su titular, las cosas cambiaron demasiado rápido. A contramano de sus promesas de ampliar el presupuesto, el gobierno comenzó con un plan de recorte a los ingresos al CONICET -el principal organismo de investigación científica del país- una medida que dejaba afuera a más de 400 becarios que ya habían sido recomendados, lo que generó una encendida resistencia de parte de la comunidad científica y que tuvo como punto más álgido la toma de las instalaciones del Ministerio. La toma culminó a fines de año y tuvo como resultado un acuerdo entre ambas partes donde el ministro Lino Barañao se comprometió a no despedir a los más de 400 becarios que quedaron afuera e incorporarlos a otras áreas y otros organismos de ciencia y técnica donde se le respetaran tanto sus líneas de investigación como sus salarios.
Hoy, no obstante, el futuro es incierto. En comunicación telefónica con un investigador y miembro de la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados nos brindó un panorama: “La situación actual es poco clara y poco promisoria. Desde el comienzo del año las autoridades demoraron en llamar las reuniones de la comisión de seguimiento y, cuando lo hacían, no nos daban precisiones de fechas para efectivizar los ingresos. Luego de algunas reuniones donde sostuvieron que se respetaría lo acordado, hacia el final plantearon que no se iba respetar lo que se firmó en diciembre, sino que el ministerio ofrecería 400 cargos docentes en universidades nacionales (ni siquiera 500, que fue el número de despedidos, algo por lo cual no queda claro el porqué). Hay varios problemas con esta solución: no es equivalente en condiciones ni laborales ni salariales a las de CONICET. El trabajo es otro –dar clases en lugar de investigar, algo que muchos investigadores no quieren o no están capacitados para hacer-, la diferencia salarial es grande –un docente puede cobrar alrededor de 17.000 pesos, mientras que un investigador cobra alrededor de 24.000 pesos- y la inserción en otras universidades no implica que se mantenga la línea de investigación científica. Además, muchas universidades ya plantearon que no se tiene el presupuesto para absorber a nadie, incluída nada menos que la UBA, quien declaró a través de su propio Consejo Directivo que no se contaba con el dinero. Y esto sin mencionar que en muchas universidades ni siquiera es seguro que los becarios sean efectivamente incorporados, debido a que ni siquiera se trataría de cargos concursados”.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Lo que los becarios más reclaman es la perspectiva de largo plazo, de haber sido formados para investigación y que, como pasó en los 90, se empiecen a cerrar puertas, no se pueda uno planificar su propia vida, y que las probabilidades de tener un trabajo para el cual se estudió tanto sean cada vez menores.[/blockquote]
En línea con lo afirmado por este investigador de Conicet, conversamos con Flavio Sives, responsable técnico del Laboratorio de Magnetismo del Instituto de Física L
a Plata, miembro de Conicet y dirigente de ATE-Conicet, a quien le hicimos algunas preguntas para profundizar mejor en los detalles del conflicto:
¿De qué y dónde trabajás?
Soy responsable técnico del Laboratorio de Magnetismo del Instituto de Física La Plata, con cargo de personal de apoyo del Conicet. Mi formación es en física y electrónica. También formo parte del Grupo de Investigaciones y Servicios de Radioactividad en Medio Ambiente (Gisdrama) y del Laboratorio de Magnetismo y Espectroscopía Mössbauer (LAEMM), todos del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas en la UNLP.
¿Fuiste protagonista del reclamo?
He sido protagonista de los reclamos desde ATE-CONICET, refiriéndome no solo al conflicto de los 500 investigadores expulsados del sistema a fines de 2016, sino también como participante de las asambleas que se realizaron en La Plata, y asistente a las de CABA y otros lugares. Actualmente soy uno de los representantes por ATE-CONICET en la Mesa de Seguimiento en el MinCyT.
¿Por qué militás?
Comencé mis estudios de licenciatura en Física en La Plata en 1990. Me vi atravesado por la implementación de las políticas neoliberales de entonces y presencié las numerosas dificultades que implica estudiar una carrera así: docentes recién graduados que se iban, la necesidad de trabajar en una carrera que no está pensada para trabajadores, el esfuerzo de mis padres, a quienes el día a día se les hacía más complejo, la frustración de no poder resolverlo… Yo no logré completar mis estudios, mucho menos entrar al sistema como científico. Algunos de mis compañeros sí, otros no. No quiero que eso se repita, y milito para modificar esa realidad.
¿Cómo es ser becario? ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran, tanto en lo laboral como en lo profesional?
Los becarios del CONICET representan casi el 50% de los trabajadores del organismo (unos 11 mil actualmente). Están los doctorales, que representan tres cuartas partes del total, y los postdoctorales. Es la fuerza laboral más importante y más precarizada del organismo, al punto de que institucionalmente se les niega el derecho a ser reconocidos como trabajadores, a pesar que a cambio de un “estipendio” se les exige dedicación exclusiva, horarios, generar producciones académicas y a veces no tan académicas (no solo la tesis doctoral), carecen de licencias (sólo autorizaciones de ausencias por parte del director), no perciben aguinaldo ni antigüedad. Por eso desde ATE consideramos que son trabajadores y exigimos que se los considere como tales, quizás en el marco de un contrato a término, pero con los mismos derechos y obligaciones generales que el resto del personal del organismo.
¿En qué consistió el acuerdo que siguió a la toma? ¿Podrías darnos detalles?
Básicamente, el “acuerdo” es un compromiso por parte del Estado nacional de incorporar en el plazo de un año a los 498 investigadores que, por una subejecución presupuestaria, habían sido dejados afuera del sistema a pesar de haber ganado el derecho de ingresar a la carrera del investigador científico del CONICET. Si bien la gestión planteaba la incorporación de estos trabajadores a otros organismos de CyT, incluidas las universidades, la posibilidad de ingreso al CONICET no se invalidaba. A cambio –algo que generó controversias hacia otros puntos del país- las organizaciones se comprometían a dejar las ocupaciones del Ministerio y sedes regionales del CONICET.
Pero todo esto debemos enmarcarlo en el conflicto por el ingreso de 750 investigadores durante 2016, el recorte en el presupuesto de CyT para el 2017, el recorte explicitado en los ingresos al CONICET y la cantidad de becas para el 2017, la falta de pago de subsidios, el cierre y/o mayor la complejidad para el necesario financiamiento de las diferentes líneas de investigación, el hostigamiento y la desvalorización de aquellas disciplinas o estudios que no tengan un directo e inmediato correlato económico… El conflicto excede el problema con los becarios.
¿Por qué creés que el gobierno promete destinar fondos a investigación, pero quiere recortar en Conicet? Es decir: ¿a qué se debe que quieran reubicar investigadores en otros organismos?
Desde ATE, en función de lo que vemos en CONICET y otros organismos de CyT como INTA, INTI, CNEA, CONAE, entendemos que se pretende alinear al sector científico tecnológico con el resto de las políticas neoliberales que se vienen implementando. Esto es: un achicamiento, una funcionalización al servicio de las grandes empresas, la mayoría de ellas transnacionales. Para ejemplificarlo: no es casual que la biotecnología sea una de las líneas prioritarias del Ministerio de Ciencia. El desarrollo de híbridos resistentes a sequías cuyas patentes se entregan a grupos como los Grobo [Grobocopatel], la prohibición del uso de términos como “agrotóxicos” dentro del INTA, la compra de centrales nucleares a China cuando Argentina posee el know-how, el desfinanciamiento de todo lo vinculado a agricultura familiar, los parámetros de evaluación vinculados a “facturación” como algo estrictamente positivo; todo esto son indicadores de un mismo proceso de reacomodamiento del sector, en un nuevo contexto de destrucción de la (poca) industria nacional y de mayor concentración de la riqueza.
¿Qué explicación tiene el Ministerio frente al planteo de muchos becarios de que no se respetan sus proyectos de investigación?
Los proyectos de investigación no pertenecen a los becarios. Son los investigadores de carrera quienes definen las líneas de investigación. Y no es tan lineal la cosa entre lo que yo quiero y lo que yo hago. En realidad, hay mecanismos muy sutiles pero concretos que direccionan las líneas de investigación: la financiación, las políticas editoriales de las revistas, las evaluaciones y la aceptación de los proyectos de investigación y, finalmente, el contexto social. Con estas restricciones, lo que los becarios más reclaman es la perspectiva de largo plazo, de haber sido formados para investigación y que, como pasó en los 90, se empiecen a cerrar puertas, no se pueda uno planificar su propia vida, y que las probabilidades de tener un trabajo para el cual se estudió tanto sean cada vez menores.
¿Creés que el gobierno tiene una política científica clara? ¿O está improvisando y respondiendo a presiones sectoriales?
Ambas cosas. Tiene una política clara, donde la política científica no es más que un apéndice de una política socioeconómica. Mayor concentración de la riqueza en pocas manos, un país colonial al servicio de los países centrales, produciendo aquello que se entiende como condiciones naturales de ventaja y abandonando el mercado interno a mera realización de servicios. Aquí el sector científico tecnológico tiene un rol claro, algunas líneas de investigación se verán beneficiadas o bien directamente (biotecnología, TICS) o bien por moda (nanotecnología), mientras que la gran mayoría se verá en graves dificultades para su realización.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Todo “ahorro” económico que se realiza en sectores claves como educación, salud y ciencia termina siendo una hipoteca a futuro, cuyos costos (difíciles de evaluar) suelen ser varias veces superiores a los montos no destinados oportunamente.[/blockquote]
¿A qué creés que responden los lineamientos de esta nueva política científica?
En parte no son lineamientos nuevos. Fueron más o menos explícitamente parte de toda la gestión de Barañao y Ceccatto (en ese momento su viceministro) durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La diferencia era que –tanto en el Conicet como en otros organismos- había ciertamente una mirada neodesarrollista, como la del Dr. Salvarezza, la del Ing. Martínez en el INTI, que le ofrecía cierta resistencia y cuyo resultado fue una notable expansión en la cantidad de trabajadores. Ahora bien, el MinCyT siempre apostó a llegar al 1% del PBI subsidiando con diversos mecanismos (Fontar, Foncyt, ANR, etc.) las inversiones que las empresas se negaron a realizar, ya que la mirada general del sector productivo argentino no es la de apostar a desarrollos innovadores. Esto implicó una enorme masa de divisas tiradas o regaladas, cuando podrían haberse utilizado para generar emprendimientos productivos desde el mismo Estado. Esto explica la alta tasa de ingresos por un lado, pero también la cantidad y calidad de los acuerdos Estado-Privados por el otro. El plan 2020 es parte de estas contradicciones: mientras por un lado plantea ideales en la relación investigador/población, lo que implicaría aumentar mucho más la cantidad de trabajadores, no solo del CONICET, por el otro, no figuran las universidades, los propios trabajadores del sistema de CyT, o las ONG ambientalistas o de vanguardia, pero sí grandes empresas oligopólicas presentes en el país.
¿Creés que tiene sentido el argumento de que se trata de un ahorro presupuestario, cuando el impacto de Ciencia sobre el presupuesto es tan bajo y el propio gobierno prometió aumentarlo?
Primero que el presupuesto global ha crecido, así que hablar de ahorro es ya una falacia. Segundo, la condonación de deuda vinculada a amigos del poder ya es varias veces superior al recorte en el sector. Finalmente, todo “ahorro” económico que se realiza en sectores claves como educación, salud y ciencia termina siendo una hipoteca a futuro, cuyos costos (difíciles de evaluar) suelen ser varias veces superiores a los montos no destinados oportunamente.
¿Te parece que el gobierno va a profundizar esta línea de acción en otras áreas de la Ciencia?
De hecho ya lo está realizando, aunque confluyen dos fenómenos que vuelven menos visible el tema. Por un lado, la falta de organización de los trabajadores, que impide la puesta en escena de un conflicto. Por el otro, mecanismos sutiles, como la reorientación del financiamiento de las diferentes áreas dentro del INTA o el vaciamiento de laboratorios del INTI; todos asuntos que dificultan una discusión pública transparente y abierta.
En diciembre pasado hubo una campaña nacional muy activa y medidas de gran impacto de parte de la comunidad científica. ¿Quién creés que se vio beneficiado? ¿Le hizo bien al oficialismo el conflicto con el CONICET?
El ministro Barañao, que estuvo a punto de ser despedido el 23 de diciembre, logró sortear con éxito el conflicto y se ha visto fortalecido. Los acuerdos con los gremios «entreguistas», no solo en cuanto a lo salarial, sino también en lo referido a las revisiones de convenios colectivos y el agregado de suplementos distorsionadores como el presentismo y la productividad, han tenido su repercusión en los trabajadores. Hoy vivimos un reflujo del nivel de conflictividad pero a la vez una consolidación de la organización; en lugar de grandes acciones, la gente se organiza, se reúne, se afilia, elige delegados. Entendemos que estamos frente a una nueva etapa de disputa, en otros planos, menos mediáticos quizás, más ideológicos. Las elecciones de octubre serán otro espacio de resonancia, pero no deberían confundirnos, ya que en noviembre no habrá cambiado lo sustancial de la actual política de gobierno.
¿Cuál es la situación de los trabajadores afectados hoy? ¿Ves buena organización de parte de quienes reclaman un trato justo?
El universo de los “afectados” no es homogéneo. Un pequeño grupo (47) logró ingresar al CONICET mediante la revisión de sus evaluaciones. Algunos otros continuarán con beca postdoctoral hasta 2018. Unos pocos (30) ni siquiera se han presentado a estas becas especiales, lo que significa que tienen alternativas mejores. El resto, la absoluta mayoría, depende de tener un ingreso, y si bien muchos no están dispuestos a perder derechos, también es cierto que las alternativas que se les presentan para vivir de aquello para lo que invirtieron muchos años son pocas. El mayor problema no son estos afectados, que esta gestión parece querer contener al menos por un plazo de dos años más. El gran problema son las camadas de graduados y doctores que se estarán recibiendo en los próximos años, que se encontrarán sin becas ni oportunidades de hacer carrera en un organismo que, una vez más, se volverá sumamente elitista.
¿Quiénes son las agrupaciones más activas en la lucha?
En el CONICET existen dos sindicatos reconocidos, de los cuales uno le ha dado la espalda a cualquier pelea de los trabajadores. Junto a ATE, también han surgido varios agrupaciones autoconvocadas. Una de las más antiguas es Jóvenes Científicos Precarizados (JPC), con base en becarios y Personal de Apoyo Autoconvocado (PAA), también con fuerte sesgo de clase, que ha participado poco en este último año. También han surgido otros grupos como Científicos y Universitarios Autoconvocados (CyUA), Ciencia y Tecnología Argentina (CyTA), cada una con su sesgo, y otras más pequeñas con alcances incluso territorialmente mucho más limitados. Salvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todas han confluido a asambleas de trabajadores, siendo este el espacio de definición y acción por excelencia durante 2016. Hoy, gran parte de los más activos militantes de todas las organizaciones se están sumando a ATE, por el reconocimiento formal que ésta posee, y por un sentimiento de traición para con UPCN.
¿Qué pasos a seguir proponen?
Hay varios planos que se superponen. Frenar este fenomenal ajuste; lograr el ingreso de los afectados; la apertura de una paritaria sectorial para el CONICET y la discusión de un Convenio Colectivo de Trabajo propio; la articulación con otros organismos de CyT para la discusión de una política científica y tecnológica para una nación soberana económicamente, independiente tecnológicamente y liberada socialmente.
¿Qué ocurre en otras provincias? El caso de Santa Fe
Interesados por conocer la realidad a nivel provincial, consultamos al Secretario de Proyectos Especiales e Innovación Social del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe, David Asteggiano. El secretario abundó en detalles sobre la política que tiene la provincia en ciencia y tecnología y dio su opinión respecto de lo que está sucediendo a nivel nacional.
[blockquote author=»» pull=»normal»] El gran problema son las camadas de graduados y doctores que se estarán recibiendo en los próximos años, que se encontrarán sin becas ni oportunidades de hacer carrera en un organismo que, una vez más, se volverá sumamente elitista.[/blockquote]
Existe un proyecto aprobado que se propone promover la ciencia y la tecnología en la provincia. ¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto de ley tiene por objetivo central transformar en políticas de Estado las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación y las iniciativas de alto impacto que se vienen implementando en la provincia de Santa Fe desde el año 2007. Es decir, proyecta un marco institucional (jurídico-legal) adecuado para desarrollar de manera sostenible actividades con base en la ciencia, la tecnología y la innovación que motoricen el desarrollo soberano, inclusivo y sustentable de la provincia.
El proyecto es integral: no sólo establece el encuadre político conceptual y los objetivos específicos, sino que, además, crea los mecanismos de promoción y financiamiento, través de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación; establece la Planificación Estratégica con base en el corto, mediano y largo plazo, asegurando la participación pública y de la sociedad civil en el diseño de las políticas, y asegura el financiamiento con recursos genuinos provinciales, fijando un piso del 0,5% del presupuesto provincial. Este marco que se propone la ley es único en la Argentina.
Además, algunos de los objetivos específicos que propone el proyecto que deben perseguir las actividades científicas son, por ejemplo, el fortalecimiento de la competitividad territorial, la transformación de la matriz productiva a través de la incorporación de conocimiento y tecnologías que agreguen valor a la producción, la generación de soluciones innovadoras a problemas locales, la apropiación social de los beneficios de desarrollos científicos y aplicaciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida de la sociedad santafesina y el desarrollo de las capacidades institucionales de innovación del Estado provincial.
¿Va a ser tratado pronto en el Senado provincial?
En el 2016 se trató y aprobó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y existe una gran expectativa de distintos sectores para que sea tratado y aprobado en el Senado provincial en el corriente año.
¿Quién lo impulsó?
El proyecto fue impulsado por el ex gobernador de Santa Fe y actual Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, el diputado socialista Antonio Bonfatti. Él mismo fue acompañado por los distintos bloques aprobándose por unanimidad, lo que demuestra un importante consenso sobre la relevancia del tema y la alta probabilidad que el Senado la haga ley.
¿Qué organismos e instituciones científicas funcionan en la provincia? ¿Cuáles de ellos son provinciales?
Además de las instituciones académicas terciarias y universitarias de la provincia existen también institutos y centros de investigación y desarrollo, como por ejemplo dos Centros Científico Tecnológicos (CCT) dependientes de CONICET, algunos centros más específicos, como el Centro de Investigación de Métodos Computacionales (CIMEC), el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC) o el Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (IMAL), y también organismos como la Planta de Producción Pública de Medicamentos (Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas-UNR), el Instituto de Agrobiotecnología Rosario (INDEAR) (BIOCERES) o el Laboratorio Max Planck de Biología Estructural, Química y Biofísica Molecular de Rosario.
Por otro lado, trabajan cercanamente con el Estado provincial la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E. (Gobierno de la Provincia de Santa Fe) y distintos laboratorios, centros científicos y polos tecnológicos que abarcan toda la provincia.
¿En qué áreas impactaría la ley en caso de ser aprobada?
En caso de ser aprobada la ley, el establecimiento de una asignación presupuestaria y su incremento anual garantizaría la sostenibilidad de las políticas de ciencia, tecnología e innovación y daría un marco de confianza y estabilidad a las decisiones de inversión en conocimiento e innovación de empresas, emprendedores, científicos, instituciones educativas, productores. Además, sería un marco para la continuidad y el desarrollo de las iniciativas de innovación que se vayan emprendiendo y consolidando a partir de la aplicación de la ley.
El proyecto garantiza la representación del Estado, las instituciones del conocimiento, las empresas, los emprendedores y la sociedad en su conjunto, tanto en los objetivos como en los mecanismos. Las líneas rectoras se plantean desde una visión sistémica que integra los ejes social, productivo, científico-tecnológico, cultural, ambiental y estatal, de modo, de aprobarse, su impacto sería decisivo.
¿Qué opinión tiene respecto de la política del gobierno actual en cuanto al CONICET de aquí en más? ¿Y respecto de la política científica en general?
La política del gobierno nacional actual recién empieza a definirse. Ciencia, Tecnología e Innovación fue el único de los ministerios que tuvo continuidad con el Ministro Dr. Lino Barañao y algunos de sus colaboradores. Oportunamente, eso había sido una señal de que iba a haber continuidad en las políticas. Pero en los últimos meses del año pasado empezaron a verse algunos cambios. Por un lado -y esto es es de público conocimiento- hubo una disminución de los ingresos a la carrera de investigador científico de CONICET; por el otro, un atraso en la disponibilidad de los fondos para ejecutar los proyectos ya otorgados por Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica o por CONICET. A esto último, se suma el hecho de que la devaluación del peso también significó una disminución real de estos subsidios ya que la mayor parte de los insumos son importados. Todo esto se condice con una baja del presupuesto nacional para el área, si se ajusta a valores dólar. Hoy el Sistema Científico Tecnológico Nacional está mayoritariamente en alerta a estos cambios que se están dando y existe una creciente preocupación por la sostenibilidad y el crecimiento del sector a futuro.
