El presidente se mete con los jueces laborales. Por ahora, son cinco los acusados.
Si bien es un lugar común la idea de que la abogacía es una profesión para pillos, bandidos y cualquier otra índole de profesiones delictivas, lo cierto es que la virulencia hacia los abogados, en general, no es para todos por igual. Cuando los ataques provienen de parte de la clase política o de algún sector del poder económico, la virulencia dirigida hacia los abogados laboralistas no tiene comparación. ¿O acaso alguien ha leído alguna vez sobre la “industria del juicio civil”? ¿Y sobre la “industria del juicio penal”? ¿Y la “industria del juicio comercial”? Y eso que, en muchos de esos fueros, los honorarios superan con creces a los que percibe un abogado de esta especialidad. No obstante, ahí están los hechos de nuestra agitada historia, que, penosamente, no revisten ninguna novedad: en julio de 1977, apenas comenzada la dictadura militar, la Junta mandó a secuestrar a cinco abogados laboralistas en Mar del Plata. Se la apodó “La noche de las corbatas” y ocurrió poco tiempo después del intento de parte de la dictadura de derogar la Ley de Contrato de Trabajo, que suprimió 25 artículos y modificó 98 de los 301 que la componen.
Una década después, Domingo Cavallo se constituyó en uno de los nuevos impulsores del ataque a los laboralistas. Según decía, existía entonces una «industria del juicio laboral» y una «mafia de abogados» que, con su defensa del derecho laboral, generaban la quiebra de Pymes y el aumento de la desocupación. Más de un cuarto de siglo después, con todas las reformas flexibilizadoras lideradas (y concretadas) por él y por el presidente Menem, la realidad social argentina empeoró, y no precisamente por culpa del derecho laboral.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Cuando los ataques provienen de parte de la clase política o del poder económico, la virulencia dirigida hacia los abogados laboralistas no tiene comparación.[/blockquote]
En noviembre de 2010 el asunto volvió a la arena pública bajo el mismo marco conceptual, aunque esta vez por parte de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner. En un discurso pronunciado en la Federación Argentina de Entidades Empresariales de Autotransporte de Cargas (FADEEAC), ella insistió en la existencia de una industria del juicio y comparó a los abogados laboralistas con caranchos, haciendo referencia a la película “Carancho”. En esa ocasión, llamó a terminar con la “doble vía” y a reformar la ley de accidentes de trabajo. Tiempo después, enviaría una nueva de Ley de Riesgos de Trabajo, que se votó con el apoyo del PRO y que, luego, la Corte Suprema consideraría inconstitucional.
Hace unas semanas atrás fue el turno del actual presidente Mauricio Macri, quien en una reunión con empresarios lanzó desde la Casa Rosada un mensaje contra, nuevamente, la industria del juicio laboral y la “mafia” de abogados laboralistas que, según el primer mandatario, destruye la generación de empleo futuro. Las declaraciones del presidente, sin embargo, no se tratan sólo de un discurso: desde el Ejecutivo se ha querido iniciar juicio político a cuatro jueces de la Cámara Nacional del Trabajo: Arias Gibert y Marino, por avalar la paritaria de los Bancarios, a Cañal y Raffaghelli, por reincorporar a trabajadores despedidos del AFSCA y a una jueza provincial, Temis, por intimar al gobierno provincial a devolver los días de huelga descontados a los docentes bonaerenses.
ATAQUE A JUECES
¿Por qué causa el gobierno quiere iniciarles juicio político? Los motivos oficiales son: “mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave e incumplimiento de la Constitución”. Arias Gibert y Marino fueron acusados luego de un fallo que avaló la paritaria del gremio de los Bancarios, un acuerdo que superaba la pauta pretendida por el oficialismo, y ante la cual la entidad de bancos extranjeros quiso negarse a pagar. En opinión de Arias Gibert, y según declaró al medio Radio Rivadavia, “la voluntad del sector patronal se da por mayoría, algo que se cumplía en este caso porque el acuerdo paritario lo habían suscripto cerca del 80 por ciento de las entidades. Por eso el sindicato plantea que hay una intromisión del Ministerio de Trabajo”, ante lo cual el juez definió que “se le darían diez días para que inicien una causa y, mientras tanto, no innovar. Lo importante era desactivar un conflicto que venía de frente. Fue una resolución que escribimos en lenguaje muy claro. Quien incumple la Constitución es el Estado cuando se arroga facultades que no son propias”. Sorprendido por el pedido de juicio político, Arias Gibert hizo duras declaraciones contra el Gobierno, ya que señaló que desde el Ejecutivo se le rastrea su Facebook privado, un pedido que recogió formalmente Mahiques, el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
Similar suerte corrieron los jueces Raffaghelli y Cañal, también denostados públicamente por el presidente, aunque, en esta ocasión, se debe a la reincorporación de nueve trabajadores despedidos del AFSCA. El argumento de los trabajadores fue que se les cumpliera el contrato, y el fallo de los jueces señala que, como fueron despedidos por pertenecer a una agrupación política, su despido es discriminatorio. Para el Gobierno, este fallo de los jueces amerita destitución y un juicio político, y lo mismo corre para Temis, por juzgar que el descuento de días de huelga no es legal.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Lo que busca el Ejecutivo es “instalar una maniobra distractiva ante el fracaso de las expectativas creadas sobre la reactivación económica para estos tiempos» señaló Horacio Schick. [/blockquote]
Al parecer, y según informaron a este medio fuentes cercanas al Consejo de la Magistratura, la ofensiva se debe a una insistencia persistente del presidente Macri, quien estaría obrando incluso contra el consejo de sus propios asesores y ministros.
El rechazo de los jueces a esta decisión del Ejecutivo contó con el apoyo tanto de diversos colegios de abogados como de reconocidos tratadistas del derecho, como es el caso del prestigioso académico Horacio Schick. El letrado, lejos de asociar la desocupación y la crisis de las Pymes a los juicios laborales, argumenta que lo que busca el Ejecutivo es “instalar una maniobra distractiva ante el fracaso de las expectativas creadas sobre la reactivación económica para estos tiempos, cuando lo que se ve es un escenario bien diferente y frustrante para vastos sectores”, una opinión que también va en línea de las declaraciones públicas de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APyME), quien a través de su titular, Eduardo Fernández, si bien se quejó de los juicios laborales, aclaró que los problemas se deben más bien a “la situación económica, las importaciones y la suba de los servicios”.
En opinión de Schick, la ofensiva gubernamental “prepara el clima propicio para el dictado de nuevas leyes regresivas para empeorar los estándares de protección de los trabajadores, experiencia ya aplicada en los 90 con el resultado ya conocido del colapso económico social del 2002 y una población laboral que quedó a la postre más desprotegida, vulnerable y precarizada. Estas acusaciones carecen de fuerza convictiva salvo para las corporaciones interesadas y los periodistas comprometidos con el gobierno o el escándalo del momento». «Sabrán que las garantías constitucionales de acceso a la justicia también les corresponden a los trabajadores. Que estos concurren a nuestros estudios. Que para hacer un reclamo existe un previo incumplimiento. Que no los hipnotizamos para que formulen sus demandas. Al final, si no hay razón, están los jueces para decidir. Si fuera como afirma el titular del PEN, que existe una combinación entre jueces y abogados, ganaríamos los abogados parte actora todos los juicios, cosa que como es obvio y conocido no resulta así. Basta ver las estadísticas de Sentencias de Cámara” concluyó el especialista en derecho laboral.
El Colegio de Abogados de la Capital Federal publicó, por su parte, un duro comunicado contra el Gobierno. Titulado con contundencia “La industria del juicio no existe”, el comunicado advierte que repudia “abierta y decididamente cualquier imputación a nuestra profesión, provenga de quien provenga y, gobierne quien gobierne”.
Consultado por este medio, Jorge Rizzo, presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal señaló “quiero creer que es imposible” que los jueces sean destituidos por los motivos que el Ejecutivo alega, que son “fallar contra Derecho”, algo que para Rizzo no tiene sentido. Consultado respecto de si existe un proyecto de ley de parte del Ejecutivo en línea con lo declarado por el presidente, Rizzo señaló que “todavía no bajaron proyecto alguno” pero que “los diarios dicen que se va a remitir al Congreso a instancias del Ministerio de Trabajo” un proyecto de ley para combatir esta supuesta “mafia”.
