El gobierno de Córdoba lanzó un nuevo programa de empleo, pero que no hace nada para combatir la extendida situación de precariedad laboral que se vive.
El Gobierno de la provincia de Córdoba presentó un nuevo programa llamado PILA (Programa de Inserción Laboral para Adultos) que está destinado a varones desempleados, mayores de 25 años y hasta llegar a la edad jubilatoria. Esta iniciativa se suma al programa «Por Mí» que contempla a mujeres cordobesas, jefas de hogar desempleadas, que tengan entre 25 y 60 años.
Un dato paradójico es que Alejandra Vigo, Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo de la provincia de Córdoba y segunda candidata de Unión por Córdoba para diputados nacionales, es la responsable de generar programas contra la discriminación hacia la mano de obra femenina. Sin embargo, las mujeres incluidas en este programa perciben un ingreso de $3.000 por 20 horas semanales, mientras que el programa PILA prevé una retribución de $3.500 pesos para los varones, en las mismas condiciones.
También cabe resaltar que, al igual que el PPP (Plan Primer Paso) que apunta a jóvenes sin experiencia laboral entre 16 y 24 años, estos programas no cuentan con equipos de seguimiento, capaces de monitorear y actuar en casos donde se produzcan abusos o incumplimientos por parte de las empresas, quedando la parte más débil de esta relación sin posibilidad de expresarse y corregir irregularidades.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Es fundamental establecer políticas sociales activas que apunten, de manera responsable, a reducir el desempleo, generando puestos de trabajo con salarios justos y cumpliendo con las leyes laborales.[/blockquote]
En la escueta información que brinda la página oficial, tampoco queda claro la supuesta prioridad que tendrían los mayores de 40 años con este programa; sino que los beneficiarios serán los que resulten sorteados en Lotería de Córdoba. Es de suponer que si no existe un mecanismo real y serio que accione en ese sentido, las empresas no accederán a firmarles el formulario, teniendo la posibilidad de elegir gente más joven, al igual que ocurre en las búsquedas laborales regulares.
Es sumamente necesario que los gobiernos realicen acciones para la generación de empleo genuino, lo mismo que para la inserción de poblaciones que, por su condición, les resulta más difícil poder ingresar al mercado formal. Pero este no sería el caso, ya que estos programas apuntan a la mayoría productiva con experiencia laboral, que, por cuestiones de un mercado en crisis y de una creciente exclusión producida en un modelo social de acumulación, sufren el desempleo. Iniciativas como estas buscan disimular la desocupación engordando el número de trabajadores “ocupados” en cifras oficiales, por más que sean planes transitorios, que no brinden un salario sino una ayuda o incentivo que no cuenta con los beneficios de la seguridad social.
Más preocupante se vuelve si pensamos que la instalación de este programa no toma en cuenta las cifras del Indec, según las cuales una familia tipo necesita $15.024 para superar la pobreza y que el atrasadísimo Salario Mínimo Vital y Móvil que se encuentra desde el mes de julio de 2017 en $8.860 por jornada completa (piensan actualizarlo en Julio del año que viene, a otra atrasadísima suma de $10.000). ¿Cómo podemos entender, entonces, que el gobierno de Schiaretti largue un programa anual de 4 horas diarias por $3.500?
El desempleo y la precarización son problemas estructurales que no pueden encontrar solución en acciones marketineras que responden más a un complicado escenario electoral post-PASO que a la búsqueda de soluciones serias que intenten modificar la realidad que golpea a miles de cordobeses. Es por medio de estas políticas que el estado se vuelve cómplice y gestor de la generación de «empleo basura», en base a mano de obra barata, que se fortalece en cada crisis. Ni siquiera se intenta lograr un aporte mayor de las empresas beneficiadas para que la compensación llegue a ser algo digno.
Es fundamental establecer políticas sociales activas que apunten, de manera responsable, a reducir el desempleo, generando puestos de trabajo con salarios justos y cumpliendo con las leyes laborales. Hay que dejar de pensar en números y contiendas electorales inmediatas para sumar en calidad, dejar de actuar solo en función de una parte del mercado para volverla una política de estado que abarque el problema en su totalidad, atendiendo a todos los actores del sector productivo, dejar de decir que la educación y la capacitación son importantes para comenzar a invertir efectivamente en ellas.
