Esta semana se conoció la noticia: por el derrame de cianuro en Veladero fue procesado un científico del CONICET que dirigía el ente a cargo del inventario de glaciares. También fueron procesados tres ex funcionarios de Ambiente, pero ningún directivo de la empresa Barrick Gold, propietaria de la mina responsable del desastre. El autor de esta nota, quien coordina el grupo de investigación en Filosofía de la biología en la UBA, plantea aquí tres preguntas insoslayables.
Preguntas pendientes, un suceso doloroso. En el año 2010 se generó una ley que buscó proteger los glaciares que podían verse afectados por explotaciones mineras en la cordillera argentina. Para ello, debía hacerse un inventario. Dicho inventario quedó a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) dirigida por entonces por el científico mendocino Ricardo Villalba. En el mencionado inventario se tomaron algunas decisiones, una de las que luego sería más criticada es que no serían inventariados glaciares de menos de una hectárea, a pesar de que la ley establecía que todos los glaciares debían incluirse.
Una de las empresas directamente interesadas en ese criterio fue y es la empresa Barrick Gold, megaminera canadiense que realiza explotaciones en la provincia de San Juan desde hace varios años en busca de oro. Desde el 2010, y con este escenario, la Barrick Gold logró continuar con sus explotaciones en la mina Veladero. Y en el 2015 ocurrió lo que podía ocurrir: un derrame de cianuro, que afectó a las comunidades y naturaleza de la región. Luego habría otros. Eventos graves que dejan consecuencias irreversibles.
A raíz de dichos sucesos, la Asamblea de Jáchal denunció el incumplimiento de la Ley de Glaciares y el documento creado por el IANIGLA del año 2010 donde se establecía, entre otros, la restricción de una hectárea. Fue entonces cuando el juez federal Sebastián Casanello procesó a Villalba y a tres ex secretarios de Ambiente de la Nación por la violación de la ley de Glaciares. En los últimos días esto motivó diversas reacciones. Por ejemplo, desde la comunidad científica se sostiene la buena intención de Villalba.
También se alegan cuestiones técnicas que justificarían la exclusión de los glaciares de menos de una hectárea, así como los estándares internacionales considerados. También se alega que nadie de la Barrick Gold fue procesado, y que la Justicia mira algunas cuestiones y no otras.
[blockquote author=»» pull=»normal»]El caso de Jáchal expone como pocos que ciertas decisiones tienen efectos y que en la cadena de responsables, nuestro lugar como científicos involucrados no es menor.[/blockquote]
Y entonces se nos plantea que no hay nada más que decir. ¿Pero en serio no hay nada más que pensar y que hablar? Este suceso doloroso nos obliga a recuperar preguntas en las que hemos trabajado desde hace muchos años. Me detendré solo en tres aspectos entre los numerosos interrogantes que podemos y que debemos hacernos:
i) El saber del científico es presentado (otra vez) como neutro. Se entiende al científico como un técnico que describe, y que las consecuencias de sus actos recaen exclusivamente en los decisores, funcionarios y empresarios -al menos en este caso-. La co-responsabilidad de estos últimos está fuera de discusión. Incluso, la decisión de llevar la responsabilidad legal de Barrick Gold a la justicia provincial se reconoce como clara estrategia de protección para el sector empresarial. Pero con todo, el caso de Jáchal expone como pocos que ciertas decisiones científicas tienen efectos concretos y que, en la cadena de responsables, nuestro lugar como especialistas involucrados no es menor.
ii) En ningún caso las decisiones técnicas (“razones operativas y de precisión de las fotos satelitales” en palabras de Villalba) que se tomen desde aquellos órganos pueden optar por no resguardar nuestra salud y el medio ambiente. La función del Estado debe ser básicamente esa, ¿cuál otra si no? Más allá del cumplimiento legal, se trata también de una responsabilidad ética y política, de decisiones en las que debe primar, en todo sentido, el cuidado de nuestras comunidades y de los territorios.
iii) Y, por último, continuamos sin considerar en las tomas de decisiones las voces de las comunidades que están en el territorio. Hemos naturalizado que las comunidades en los territorios no participen de su suerte. La asamblea de Jáchal había reclamado la incorporación de todos los glaciares en el inventario, no sólo pidiendo cumplir con la ley sino buscando cuidarse y cuidar. Esas voces aquí tampoco fueron escuchadas (como en otras tantas ocasiones), por más que los daños recaigan en primera instancia sobre ellos.
En esta situación tan dolorosa por diferentes motivos, tenemos la oportunidad y la obligación de recuperar aquellos aspectos fundamentales para pensar y buscar nuestra democracia y buen vivir. Queda en nosotros habilitar e impulsar esos diálogos necesarios.
