A raíz de la degradación del Ministerio de Salud de Nación a Secretaría, el Partido Socialista, a través de su comisión de salud, expresó su descontento. Con la gestión de Santa Fe como respaldo, se cuestiona todas las implicaciones que hay detrás de esta decisión.
“La lucha por la universalización de la salud aparece como una parte intrínseca de la lucha por la democracia, así como la institucionalización de la democracia surge como condición para garantizar la salud como derecho de ciudadanía”. Esta frase de Sonia Fleury no parece estar en la mira del proyecto del gobierno nacional. Por el contrario, la lamentable decisión de desjerarquizar el Ministerio de Salud al rango de secretaría se corresponde con la matriz ideológica del proyecto del gobierno de la alianza Cambiemos, constituyendo un enorme retroceso institucional que la equipara a la tan desacertadas de las dictaduras de Pedro Eugenio Aramburu y Juan Carlos Ongania, en términos de recortes en la calidad de vida y salud de la población más vulnerable.
De este modo, se la incluye dentro de un paquete de recortes que implicó el cierre de otros ministerios, como el de Trabajo y el de Ciencia y Tecnología, con el propósito de reducir el gasto público en un desesperado pedido de socorro hacia el Fondo Monetario Internacional y a los capitales especulativos, frente a la autodesatada crisis cambiaria y financiera coherente con el horizonte elegido de las políticas neoliberales.
Ya con la denominada Cobertura Universal en Salud (CUS) la Argentina viene sufriendo un proceso de ajuste en el ámbito sanitario, conllevando a una virtual privatización de la salud pública. Diversos recortes en distintos programas nacionales -como el de vacunas, entre otros-, han sido un ejemplo de como, de manera autoritaria, se han discontinuado los envíos correspondientes a las provincias que no adhirieron a la CUS.
Con solo mirar hacia atrás en el pasado reciente las consecuencias de la crisis desatada por el tremendo ajuste en el 2001, podríamos prever el impacto que tendrán estas definiciones políticas y el cierre del Ministerio de Salud de la Nación promovidos por la gestión de Mauricio Macri.
Consideramos como parte fundamental de nuestro programa como Partido Socialista que la libertad, la igualdad y la solidaridad constituyen juntas los cimientos de una sociedad democrática: una sociedad sin privilegios, donde cada persona tiene su propio valor, el derecho a la autodeterminación y a la participación, a tener posibilidades de desarrollo, de definir sobre su vida, su cuerpo y su futuro. Una sociedad donde poder decidir libremente las formas de construir el bienestar, individual y colectivo, en el contexto en el que nos desarrollamos cotidianamente.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Construimos una política de salud colectiva, participativa, orientada hacia el fortalecimiento de una oferta pública en salud, que no sólo atiende a la enfermedad, sino que lucha continuamente contra las condiciones que limitan, en cualquier aspecto, nuestra vida.[/blockquote]
En una sociedad desigual, estas oportunidades están desigualmente distribuidas. Quienes están afectados por la desigualdad son también necesariamente menos libres para decidir sobre sus vidas y sus cuerpos, y son menos libres para discutir los condicionamientos sociales derivados de esas circunstancias. Por ello, la personas más débiles o en situación desventajosa, tienen el derecho a políticas de apoyo y de ayuda adicionales
En nuestra perspectiva es el Estado en una democracia el que debe garantizar a todos y todas el ejercicio de derechos. A través de sus políticas, debe construir los mecanismos necesarios para que los recursos colectivos se distribuyan equitativamente, garantizando así las oportunidades de decidir y participar.
En la gestión de la Municipalidad de Rosario y la Provincia de Santa Fe estas premisas estuvieron siempre presentes en los proyectos políticos y de gobierno. Desde esta mirada se planificaron políticas en salud, basadas en derechos, porque se entendió que trabajar en salud significa trabajar en la construcción de más democracia y más ciudadanía.
Construimos una política de salud colectiva, participativa, orientada hacia el fortalecimiento de una oferta pública en salud, que no sólo atiende a la enfermedad, sino que lucha continuamente contra las condiciones que limitan, en cualquier aspecto, nuestra vida.
Particularmente, con relación al derecho al aborto, se desarrollaron múltiples estrategias para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en nuestro país. Eso supuso adecuar la normativa local y generar herramientas de gestión para acompañar a las personas en capacidad de gestar y a los equipos de salud. Estas definiciones nos han permitido reducir a cero la mortalidad materna.
Es entonces, desde este proyecto de sociedad que repudiamos esta decisión. Es menester una transformación profunda del Estado nacional para garantizar una gestión del sistema de salud eficaz y transparente, y asumir efectivamente la autoridad de regulación en una perspectiva de cuidado de nuestras y nuestros ciudadanos.
Continuaremos luchando junto a todas las organizaciones, trabajadores y usuarios por más democracia y más derechos y en contra de estas medidas de ajuste antipopulares.
