El aumento del gas en la Argentina es el resultado de una paulatina quita de subsidios al consumo. La contraparte está en el subsidio a las empresas como marco para el desarrollo de la explotación de hidrocarburos en nuestro país. Un trato injusto y, a la vez, un problema estructural.
El reciente aumento en la factura del gas vuelve a poner en cuestión la política específica. Pero esta vez el tema es bastante más complejo.
Cuando Cambiemos accedió al gobierno, había un gran desfasaje entre lo que pagaban los usuarios de gas y electricidad y el costo real de producción e importación. Dicha diferencia era saldada mediante un sistema de subsidios creado en 2002, cuyo monto crecía continuamente y que, para entonces, insumía una porción considerable de los fondos públicos. Además, la equidad de la medida era muy cuestionable, ya que el 20% más rico de la población percibía más del 30% de los subsidios mientras que el 20% con menores ingresos recibía sólo el 8%.
El nuevo gobierno decidió entonces dos cosas: eliminar enteramente los subsidios, salvo para los más desfavorecidos, y liberar los precios a las fuerzas del mercado.
Para ello estableció un cronograma de cuatro años, en el marco de un enfoque mayormente gradualista en temas macroeconómicos. En el caso del gas, esto se lograría incrementando paulatinamente la proporción que pagaba el usuario en relación al PIST (punto de ingreso al sistema de transporte), es decir del precio pagado al productor o importador. El PIST ideal, según el gobierno, se obtenía ponderando el costo promedio en función de los volúmenes y precios correspondientes a las distintas fuentes del fluido, obteniéndose el valor promedio de 6,80 dólares por millón de BTU. Valor que, casualmente o no, coincidía con el precio del gas licuado importado por barco, por lo que se tendía a comoditizar el precio doméstico. Así, el entonces ministro Aranguren planificó un escalonamiento desde los 1,29 que estaba pagando el usuario promedio hasta los 6,80, momento en el cual se dejaría actuar a las fuerzas de un mercado libre, hacia fines de 2019.
La contundente victoria que obtuvo el oficialismo en las elecciones de medio término podría indicar que la mayoría de la población tendió a convalidar esta política. Sin embargo, dos elementos nos sugieren preguntarnos si no se ha pasado ahora a subsidiar a la oferta.
[blockquote author=»» pull=»normal»]El nuevo gobierno decidió entonces dos cosas: eliminar enteramente los subsidios, salvo para los más desfavorecidos, y liberar los precios a las fuerzas del mercado.[/blockquote]
Por un lado, es tal vez cuestionable la continuación del Plan Gas, también llamado de estímulo a la producción incremental, que fuera originalmente ideado por Kicillof. El mismo consiste en el pago de una retribución diferenciada, de 7,50, para la producción no convencional, que en ese momento era toda una novedad en Argentina, una actividad apenas exploratoria.
El pago de un plus del 200% en relación a los 2,50 básicos se justificaba por dos motivos. Por un lado, un gas nacional de fracking a 7,50 seguía siendo más barato que buena parte del gas importado. Por otro, todo yacimiento tiene su propia curva de aprendizaje (la experiencia que necesitan los operadores para optimizar la producción en función de las características geológicas específicas) y los costos iniciales suelen ser elevados. Ahora bien, el caso es que dichos costos han caído mucho últimamente.
De hecho, como veremos más abajo, finalmente se han alcanzado los estándares norteamericanos. Es así que la producción se ha disparado, el gobierno tiene grandes planes para exportar gas y ya recomienzan los envíos a Chile durante el verano.
El tema radica en que el gobierno mismo estima que el breakeven price -es decir el precio a partir del cual resulta rentable una explotación-, del gas en Vaca Muerta ronda actualmente los 3 dólares, pero decide igualmente seguir pagando el diferencial establecido en el Plan Gas, bajándolo solamente de a 50 ctvs. por año (es decir a 7 en 2019). Lo lógico sería más bien que los frackers locales obtengan por su trabajo algo más cercano a 3, que es además el precio que obtienen sus colegas estadounidenses. Así las cosas, el Plan Gas podría cancelarse, más teniendo en cuenta que el fracking hace de reemplazo del gas convencional, por lo que el problema tiende a agravarse por ese lado. El gobierno ha hablado varias veces de terminarlo, pero no lo hace. Prefiere tal vez darles una parte del subsidio en bonos, es decir patear la pelota. Serían 700 millones de dólares en el presupuesto nacional para el año entrante. Eso forma parte del PIST ideal a partir del cual el gobierno calcula el supuesto subsidio a la demanda, cifra que está inflada
Y hay un tercer tema que es, en realidad, el que terminó inspirando este título. El actual secretario de Energía, Iguacel, llegó a ordenar un canon por la diferencia cambiaria entre el momento de contratación y el de pago, en la relación entre los productores y las distribuidoras. De la misma habrían de hacerse cargo, en 24 cuotas, los usuarios. Dicha imposición era de carácter retroactivo, lo que podría pensarse supone un desprecio para los afectados. Pero el carácter excepcional y único de la medida también supone un desprecio para las empresas y particulares de toda índole que no fuimos auxiliados en nuestra exposición a la devaluación. Por otro lado, si bien la presión social y política llevó a cancelar la disposición, el Estado nacional se hizo parcialmente cargo del monto involucrado, por lo que en definitiva seguimos siendo todos los argentinos quienes lo sufragamos, ya no en calidad de consumidores pero sí de contribuyentes .
Hay también un último punto para mencionar, y es que la gran devaluación sufrida por el peso en lo que va del año trastoca la última etapa de aumentos prevista por Aranguren. En efecto, si el precio PIST se siguiera pagando en función del dólar real nos encontraríamos con que el aumento para los clientes residenciales hubiera sido mayor. Sólo para comercios e industrias se duplicó la tarifa, acompañando la evolución del tipo de cambio. Así, entendiendo que parte de los costos que afrontan los productores son en pesos, el gobierno habría decidido bajar el precio PIST, al menos por el momento, de 5,2 dólares por millón de BTU a 3,8 dólares por millón de BTU al cambio actual.
Es así que la devaluación hizo saltar el escalonamiento de precios preestablecido, y ahora el gobierno ya no puede tener la meta de 6,8 como momento para su liberación. Sin embargo, todavía no ha anunciado cuál será su nuevo curso de acción al respecto.
[blockquote author=»» pull=»normal»]El gobierno parece estar lejos de optimizar los costos a la hora de comprar gas, ya sea que lo haga mediante licitación o a través de la tradicional asignación de un precio diferencial.»[/blockquote]
Además, los aumentos han sido erráticos, en cuanto distintas categorías sufren incrementos dispares -con diferencias de hasta el 150%- sin explicitarse el criterio.
Como fuere, el gobierno parece estar lejos de optimizar los costos a la hora de comprar gas, ya sea que lo haga mediante licitación, es decir acudiendo incipientemente a un mecanismo de mercado, o a través de la tradicional asignación de un precio diferencial que ya no parece tener sentido.
Sería lamentable que, sobre la base de la buena disposición de la ciudadanía a hacerse cargo de sus consumos, el gobierno termine derrochando su dinero.
Si hay cierto consenso en no subvencionar, debiera aplicarse a ambas partes. Es el modo de cuidar las finanzas públicas y privadas y a la vez asegurarse de que la riqueza del subsuelo argentino alcance a todos los habitantes.
