La criminalización de la comunidad mapuche tiene un nuevo capítulo. La desmesura de la represión en Villa Mascardi es un botón de muestra más de una justicia parcial y sesgada.
La tensión generada en los últimos días en torno al conflicto por la ocupación de tierras de titularidad de Parques Nacionales en Bariloche, que la Comunidad Mapuche Lafken Winkul Mapu reivindica como parte de su territorio ancestral, ha devenido en especulaciones políticas que, bajo el ropaje de una supuesta preocupación por el derecho a la propiedad privada, en realidad, insta divisiones en la sociedad, cargadas de discriminación e intolerancia, que pretenden ser aprovechadas por sectores de la oposición para caracterizar al gobierno, y viceversa.
En este juego de tensiones y especulación política, la fiscal del caso, quien ha desplegado sus facultades punitivas con tanta virulencia contra un sector vulnerable, por lo que es –en definitiva– un delito menor, desecha de antemano una denuncia realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, por delitos mucho más graves que la presunta ocupación ilegal de tierras, bajo una excusa retórica que contraviene sus propios actos.
La causa por la ocupación de tierras en conflicto se inicia el 10 de noviembre del 2017, cuando una encargada de la Delegación Sur de Parques Nacionales denuncia que un grupo de personas se habría instalado en el bosque colocando una bandera con la siguiente leyenda: “TERRITORIO MAPUCHE RECUPERADO LOF LAFKEN WINKUL MAPU”. No nos engañemos, es ese acto de reivindicación y no la usurpación en sí, lo que enciende las alarmas y exacerba el exceso en la vindicta pública, por cuanto se trata de espacios públicos abiertos, y si la misma ocupación hubiera sido llevada adelante por mochileros o simples ocupantes ilegales, sin consigna alguna, seguramente no estaríamos en un escenario “penal” sino ante instancias civiles, donde existen sobradas herramientas para discutir realmente la naturaleza de los derechos en pugna.
La misma fiscalía que ha ordenado reprimir manifestaciones y promovido causas contra manifestantes que realizaron actos de repudio contra los hechos de represión que se llevaron la vida de Rafael Nahuel, se inhibe de investigar manifestaciones que provienen de otro sector social, por no decir otro color.
Es muy fácil desde determinados sectores poner en tensión un falso dilema sobre el pleno ejercicio del derecho a la propiedad privada, propiciando la criminalización, ya que no es precisamente en ese ámbito donde la justicia resolverá los supuestos derechos en pugna. Sólo baste mencionar que la propiedad privada, ni siquiera resulta ser el bien jurídico protegido en el delito de usurpación, sino el dominio, que puede ser detentado legítimamente por una persona distinta del dueño, por una pluralidad de circunstancias que exceden el análisis penal. La actuación de la Justicia Federal en este caso no guarda relación ni proporcionalidad con la supuesta tutela de los derechos de la presunta víctima (Parques Nacionales) y resulta evidente que son otros los intereses que movilizan el proceso de criminalización.
Esto resulta incontrastable cuando vemos la doble vara de la fiscal que lleva el caso, quien desecha de plano la denuncia realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación contra una organizada agresión a la comunidad mapuche, acicateada por sectores de la oposición, expresando -recién en ese contexto- su preocupación por el derecho de las personas a manifestarse. Resulta irónico que la fiscalía eche mano a este tipo de argumentos, cuando en concreto ella ha impulsado el desalojo violento y criminalización de una comunidad mapuche, por haber realizado un acto simbólico de reivindicación de lo que considera su territorio ancestral, siendo que estos actos podrían ser caracterizados de manera inequívoca como una “manifestación” en los mismos términos jurídicos que la propia fiscal entiende para inhibirse de accionar contra los ciudadanos que fueron a “manifestarse” a Villa Mascardi.
La misma fiscalía que ha ordenado reprimir manifestaciones y promovido causas contra manifestantes que realizaron actos de repudio contra los hechos de violencia policial que se llevaron la vida de Rafael Nahuel, se inhibe de investigar manifestaciones que provienen de otro sector social, por no decir otro color. Resulta inquietante que en el preciso momento en que el estado nacional logra establecer un diálogo con la comunidad mapuche, para resolver el conflicto por vías pacíficas, aparezcan este tipo de tensiones, y que las mismas cuenten con el respaldo de una fiscalía que parece ser implacable para algunos y contemplativa para otros.
