Se necesita el aporte mensual de más de 400 empleados públicos para cubrir las pensiones que cobrará la Vicepresidenta. En esta nota se propone analizar desde la ética la validez de la actitud de CFK y de la clase dirigente que, pudiendo modificarlo, mantiene esas prerrogativas de privilegio.
Una trabajadora monotributista que integra una cooperativa en Concepción del Uruguay logró, después de trámites y diálogos interminables y derivas de un funcionario a otro, que le reconocieran un subsidio como parte de una cooperativa de trabajo en medio de la pandemia. El monto parecerá irrisorio, pero le venía muy bien ese complemento después de meses casi sin ingresos: 6 mil pesos por mes. La buena noticia se convirtió en indignación al mes siguiente: le dieron de baja la AUH por su único hijo. Por el subsidio de 6 mil pesos perdió los 3.717 que le correspondían. Desde entonces ha hecho incontables reclamos, hasta el momento sin éxito.
En 2017 la actual Vicepresidenta del Estado argentino litigó contra el propio Estado que ahora vicepreside para cobrar dos pensiones de privilegio, una propia como ex Presidenta, la otra de su marido muerto, ex Presidente. Suman, aproximadamente, dos millones de pesos por mes. Por supuesto, no fue ella quien inventó ese privilegio. Lo disfrutan varios ex presidentes vivos y también familiares de otros fallecidos. Lo que nunca había sucedido es que una ex Presidenta que cobra su pensión de privilegio, pretendiera cobrar también la de su ex marido. No hay otro caso similar, porque salvo María Estela Martínez de Perón, no hay otras parejas ex-presidenciales. Aún así, “Isabel” cobra la suya y, por su marido, una pensión militar de unos 100 mil pesos mensuales.
En una decisión administrativa del Gobierno anterior, a Cristina Fernández de Kirchner le indicaron que debía optar, que no podía cobrar ambas. Pero apeló la medida y ahora la justicia le dio la razón: no sólo podrá cobrar las dos, sino que se le deben abonar los retroactivos, cerca de 100 millones de pesos. Además, la Vicepresidenta tiene su sueldo mensual que asciende a 328.419,59 pesos (hasta septiembre de 2020, última cifra consignada en Datos.gob.ar, el sitio de Presidencia: ver aquí).
Lo que nunca había sucedido es que una ex Presidenta que cobra su pensión de privilegio, pretendiera cobrar también la de su ex marido. No hay otro caso similar, porque salvo María Estela Martínez de Perón, no hay otras parejas ex-presidenciales.
Mientras tanto, también en Concepción del Uruguay, un jubilado municipal se encadena en la plaza porque no puede llegar a fin de mes: cobra menos de 20 mil pesos. Y el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, calificó la decisión judicial como «pornográfica«. Señaló que cuatro millones de jubilados y jubiladas (más de la mitad del total) cobran, como el encadenado, la mínima: 19 mil pesos mensuales. Pero además, indicó que a una persona que cobra una pensión por discapacidad (14 mil pesos) se la cancelan si fallecen sus padres y quiere cobrar sus beneficios previsionales.
Para mayor pornografía, la información de la decisión judicial se conoció el mismo día que se aprobó la nueva reforma previsional, reforma gracias a la cual los millones de jubilados y jubiladas que cobran una miseria… seguirán cobrando esa miseria.
DERECHOS Y PRIVILEGIOS
La decisión judicial no fue automática o de oficio: se requirió que la Vicepresidenta litigara, se presentara ante la justicia y demandara al Estado para que le reconozcan ese “derecho”. ¿Qué digo “derecho”?: la prerrogativa que posee la Vicepresidenta es claramente un privilegio, no un derecho.
Privilegio que comparte con sus colegas ex presidentes, como lo recordaron en las redes sus adláteres: Aníbal Fernández (el acomodaticio funcionario de Menem, Duhalde y los Kirchner que fue, en 2002, coautor ideológico del asesinato de Kosteki y Santillán) la justificó recordando que ese mismo privilegio lo tienen Menem, Duhalde, Rodríguez Saá, la viuda de De la Rúa y Macri, “el mamerto que apoyaste”, porque supone que quien cuestiona la decisión de CFK es macrista (en sus anteojeras mentales, nadie que no sea macrista podría cuestionar nada de lo que haga la Vicepresidenta). En suma: para Aníbal Fernández (y muchos seguidores de CFK) el privilegio injustificable se justifica porque hay otros privilegiados injustificables.
No se informó con exactitud cuánto cobrará por mes la Vicepresidenta, pero parece que será alrededor de 2,4 millones entre ambas pensiones y su sueldo. Equivale a algo más de lo que ganan 126 jubilados sumados.
La decisión de la Vicepresidenta (y de la justicia) vuelven a mostrar que en la Argentina conviven mundos diferentes. El de los poderosos, sus privilegios y prerrogativas inmorales, y el de trabajadores y trabajadoras de a pie, para los cuales el servicio de justicia sigue siendo más parecido a un laberinto kafkiano que a lo que su nombre designa.
Hace casi un año, en otro artículo, analizamos el caso del ex vicegobernador entrerriano Adán Bahl, quien con 52 años y apenas cuatro como vicegobernador, tiene el absurdo “derecho” de jubilarse por ese cargo, con una remuneración cercana a los 200.000 pesos. Cuestionamos no solo el monto y el hecho de que equivalga a más de 10 jubilaciones mínimas, sino la paradoja de que el mismo Bahl había salido a reclamar una reforma del sistema jubilatorio porque, aseguraba, “no es sustentable”. Sacamos la cuenta en ese momento: ¿cuántos docentes en actividad se necesitan que aporten para que la Provincia le pague la jubilación privilegiada a Bahl? Respuesta: veintiséis docentes y medio. Ese es el aporte de Bahl a la sustentabilidad del sistema.
La decisión de la Vicepresidenta (y de la justicia) vuelven a mostrar que en la Argentina conviven mundos diferentes. El de los poderosos, sus privilegios y prerrogativas inmorales, y el de trabajadores y trabajadoras de a pie, para los cuales el servicio de justicia sigue siendo más parecido a un laberinto kafkiano que a lo que su nombre designa.
UN ANÁLISIS DESDE LA ÉTICA
Creo, sin embargo, que dejando la bronca de lado (inevitable para cualquiera que vive de ingresos fijos cada vez más estragados por la inflación y la desigualdad), como ciudadanas y ciudadanos, como comunidad, podemos y debemos analizar la cuestión desde una perspectiva ética. Y en ese sentido podemos preguntarnos, más allá de cualquier preferencia partidaria: ¿Cuáles son los estándares éticos que debemos exigir a nuestros gobernantes? Y en especial ¿tenemos elementos para establecer un juicio ético en este caso?
En ética hay diferentes perspectivas para analizar las acciones humanas, siempre en torno de una perspectiva más amplia que supone que las acciones individuales no deben ser incompatibles con el bien común. Esas perspectivas son la del deber (deontológica), la que jerarquiza las consecuencias de las acciones (utilitarismo) y la de la virtud (la ética “aristotélica”: ¿qué tipo de personas queremos ser? Las acciones se analizan en función de esa pregunta).
Desde la perspectiva general del bien común, parece claro que la actitud de la Vicepresidenta, al decidir litigar contra el Estado para poder cobrar ambas pensiones, sostiene una posición que va en contra de los valores que dice defender, ya que al priorizar su beneficio personal antes que el bien colectivo, contribuye a desfinanciar el sistema previsional. ¿Por qué? El sueldo promedio de los empleados públicos del Estado nacional ronda los 50 mil pesos. Y su aporte jubilatorio es del 11% de su remuneración. No es difícil sacar la cuenta: se requiere el aporte mensual de 418 trabajadores del Estado para cubrir la suma total que percibirá la Vicepresidenta cada mes.
La Vicepresidenta tuvo dos períodos en los que pudo haber impulsado la supresión de ese privilegio, para ella y para la posteridad. No lo hizo (tampoco lo impulsó su sucesor Mauricio Macri, vale decirlo). Podría haber no litigado, ahorrarle un millón de pesos por mes al Estado. La pregunta deontológica es: un mundo (o un país, o una provincia) donde todos actuaran como ella ¿sería deseable o indeseable?
Desde un punto de vista deontológico, ¿cuál sería su deber? Quienes la justifican dicen que no es la única que posee ese privilegio. Citan a cada ex Presidente reciente o a sus deudos. No obstante, la decisión de hacer uso de ese privilegio o de rechazarlo es de la Vicepresidenta. No es una obligación, sino una decisión. La historia argentina exhibe casos (pocos, pero los hay) en donde funcionarios renunciaron a esa prerrogativa por considerarla inmoral. Elpidio González (vicepresidente de Alvear), Arturo Illia, y más cerca en el tiempo, Raúl Alfonsín, quien renunció al 50% de la suya solicitando que se destinara al PAMI de Chascomús. Además Alfonsín –que fue legislador después de ser Presidente– declinó cobrar sus dietas. En 2018 María Eugenia Vidal eliminó la jubilación de privilegio de que gozaban los gobernadores y vice bonaerenses, y por tanto, que hubiera gozado ella al concluir su mandato. La Vicepresidenta tuvo dos períodos en los que pudo haber impulsado la supresión de ese privilegio, para ella y para la posteridad. No lo hizo (tampoco lo impulsó su sucesor Mauricio Macri, vale decirlo). Podría haber no litigado, ahorrarle un millón de pesos por mes al Estado. La pregunta deontológica es: un mundo (o un país, o una provincia) donde todos actuaran como ella ¿sería deseable o indeseable?
Desde la perspectiva que pone el énfasis en las consecuencias de los actos de las personas: las pensiones de Cristina ¿afectan a la sostenibilidad de la ANSES? Si se precisan aportes de casi 420 trabajadores para cubrirlas ¿reducen las posibilidades de que el Estado argentino supere sus problemas de déficit o contribuyen a agravarlas
Por último, desde la perspectiva de la virtud, la persona virtuosa es quien no sólo sabe juzgar lo que es bueno para ella sino para todas. ¿Puede ser considerado virtuoso desde algún punto de vista el aceptar ese privilegio, pero además, demandar al propio Estado que se presidió, para efectivizar el cobro también del de su marido?
PREGUNTITAS
El único argumento que se esgrime para defender la actitud de la Vicepresidenta es exhibir que otras personas gozan de ese privilegio inmoral. Y es tan débil que merece la respuesta que todas las personas alguna vez recibimos de nuestras madres: “Si tus amigos se tiran a un pozo ¿vos también te tirás?”.
No he visto argumento en su defensa que encuadre en alguna perspectiva ética. Tal vez, con algo de cinismo, podría decirse que la política (y la vida, y la convivencia) son solamente lucha de poder y entonces la única virtud real consiste en obtener todo el beneficio posible mientras sea legal (algunas personas, como hemos visto en estos años ante casos como el de Amado Boudou, también están dispuestas a sostenerlo aún si no es legal).
Pero lo cierto es que esa justificación no se puede defender desde ninguna mirada ética. Sería apenas una versión justificatoria y levemente sofisticada de la brutal competencia que desarrolla cualquier mamífero superior macho por prevalecer en la alimentación y la reproducción, o si se quiere, de la versión neoliberal que considera que la sociedad es una jungla y se impone el más hábil para sacar provecho. Sí, es la noción que suelen evidenciar muchas personas en diálogos de brutal honestidad. Pero ¿es una perspectiva deseable para nuestra comunidad? ¿Tiene algo que ver con los ideales que se defienden en público?
El racismo, la meritocracia, el sexismo, la falta de empatía, el egoísmo, el neoliberalismo como código de conducta, no son rasgos exclusivos de nuestras clases dirigentes. Pero, y ésta es la buena noticia, si somos mejores, seguramente serán mejores también quienes nos gobiernan.
Estas preguntas –presentadas sin esperanza de que se las plantee la Vicepresidenta, o el resto de quienes integran nuestras clases dirigentes– son válidas para que nos las formulemos todas las demás personas. Ya sea como experimento mental (“¿Qué haría yo si estuviera en el lugar de Cristina?”) o en relación a nuestros propios dilemas éticos cotidianos. Porque no creo que nuestros gobernantes sean muy diferentes de la sociedad que somos. El racismo, la meritocracia, el sexismo, la falta de empatía, el egoísmo, el neoliberalismo como código de conducta, no son rasgos exclusivos de nuestras clases dirigentes. Pero, y ésta es la buena noticia, si somos mejores, seguramente serán mejores también quienes nos gobiernan.
Mientras tanto, o quizás para lograrlo, ejerzamos el derecho y el privilegio de dar estas discusiones. Porque lo más grave que tienen episodios como éstos es que no seamos capaces de visualizar su gravedad. Y porque es fundamental que nos eduquemos para parecernos a gobernantes diferentes. Solo así llegarán. Aunque eso no mitigue, ni por asomo, la bronca de la trabajadora monotributista a la que le cancelaron la AUH ni la de Juan José, el jubilado encadenado que no llega a 20 mil pesos mensuales.
