Un año atrás, el Congreso Nacional ratificó el Acuerdo de Escazú, algo tan importante que nunca se menciona en la agenda de la superficialidad, sea o no tiempo electoral. Sin embargo este tratado no es uno más: es una herramienta de primera importancia para quienes luchan por una salida a la catástrofe ambiental que viene.
Este 2021 comienza el Decenio de las Naciones Unidas sobre Restauración de Ecosistemas. Tiene que ver con que los seres humanos hemos estado explotando y destruyendo gran parte de los ecosistemas del planeta. Hay datos muy conocidos e impactantes. Dos ejemplos: 1) cada tres segundos se pierde una superficie de bosque del tamaño de una cancha de fútbol; 2) en el siglo XX destruimos más de la mitad de los humedales del planeta, el 63% según estima la ONU.
Revisar el daño a los ecosistemas nos lleva a la idea de “Antropoceno”, una palabra relativamente nueva. A veces se dice que “lo que no nombramos no existe”, pero no es cierto: antes de descubrirlos y darles nombre, los virus, los agujeros negros y el genoma ya existían. Lo que sí es cierto es que solo cuando nombramos, tomamos conciencia. Por eso creamos neologismos.
La palabra “Antropoceno” nació en el año 2000, en un encuentro científico, y se le ocurrió al premio Nobel de química Paul Crutzen, fallecido el año pasado. Hablaban sobre la era en la que se encuentra nuestro planeta, según la geología: el holoceno. Y Crutzen, hombre preocupado por la cuestión ambiental, pensó que la palabra era incorrecta, porque en los últimos siglos “el mundo ha cambiado mucho, y ha sido a causa de la acción humana”. Por eso dijo, casi gritando: “¡No estamos en el holoceno, estamos hace rato en el Antropoceno!”. Crutzen sabía de lo que hablaba. Su premio Nobel fue por mostrar cómo la acción humana perforaba la capa de ozono, afectando la temperatura terrestre.
En griego, antropos significa “ser humano”. Es decir que esta etapa de la vida terrestre se caracteriza porque la acción humana empezó a modificar las condiciones del planeta de manera notable. Así nació este término, que fue adoptado por la mayor parte de la ciencia digna, preocupada por el destino de la vida humana y de las demás especies.
Esta etapa de la vida terrestre tiene como característica principal que la acción humana empezó a modificar las condiciones del planeta de manera notable.
ANTROPOCENO Y DESPUÉS
El Antropoceno se caracteriza por aspectos que se pueden medir: el aumento de la temperatura del planeta, la extinción masiva de especies, el deshielo de los polos, la pérdida de biodiversidad, la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera, la acidificación de los océanos, y otras variables.
Hay consenso científico en que las causas principales son la forma en que producimos 1) energía (el uso de combustibles fósiles), y 2) alimentos (la agricultura y la ganadería industriales). La ciencia digna viene advirtiendo desde hace décadas que si no modificamos ambas cosas, el cambio climático será irreversible y sufriremos las consecuencias nosotros mismos y las próximas generaciones.
Sin embargo, quienes lideran el mundo no toman conciencia. Es poco lo que se hace para dejar de usar energía basada en hidrocarburos, aunque hace tiempo que contamos otras alternativas. Líderes importantes se manifiestan “escépticos” respecto del cambio climático y del antropoceno. El actual gobierno argentino (como el anterior y el anterior) apuesta a extraer hidrocarburos (con Vaca Muerta como Vaca Sagrada), suponen que dejará mucho dinero, y parecen ignorar que contribuirá a empeorar las cosas. En cambio hay países que sí lo toman en serio y modifican el modo en que producen energía (Portugal, Islandia, Alemania, Noruega, Costa Rica y Uruguay son algunos de los que ya están cerca del 100% de energía limpia).
En abril de este año, más de cien Premios Nobel dirigieron una carta pública a la Cumbre Climática, pidiendo que se deje de usar combustibles fósiles. Afirmaron que “es necesario eliminar gradualmente la producción actual e invertir en energías renovables”. Sostienen que “la crisis climática y la consiguiente destrucción de la naturaleza” son “el gran problema moral de nuestro tiempo”. Los Premios Nobel insisten: la quema de combustibles fósiles explica casi el 80% de emisiones de dióxido de carbono, y por eso es inadmisible que esa industria (petróleo, carbón y gas) continúe creciendo. Y lo dicen con claridad: “Durante demasiado tiempo, los gobiernos se han quedado, escandalosamente, por detrás de lo que exige la ciencia y de lo que un creciente y poderoso movimiento popular no deja de repetir: es necesario actuar urgentemente”.
LA SALIDA SEGÚN LOS EXPERTOS
¿Y qué hay que hacer? “Mantener los combustibles fósiles bajo tierra”, explican, y sugieren tres acciones globales: primero, frenar cualquier nuevo proyecto de extracción de petróleo, gas y carbón, tal como lo pide el Grupo de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU. Segundo, eliminar la producción actual de petróleo, gas y carbón, gradualmente, mientras se avanza en el tercer punto: invertir en un plan de acceso al 100% a las energías renovables en todo el mundo, en una transición global justa, que apoye a las economías que dependen de esos recursos para que puedan dejarlos. Entre los firmantes de este reclamo están:
– Veintiocho Premios Nobel en Química.
– Treinta y un Premios Nobel en Fisiología o Medicina.
– Veintitrés Premios Nobel en Física.
– Seis Premios Nobel en Economía al que hay que sumar otro economista, premio Nobel de la Paz.
– Es decir: 89 premios Nobel de ciencias. Los once restantes son Premios Nobel de la Paz y de Literatura.
Si hay personas expertas entre la humanidad, son éstas. Sus voces deberían ser escuchadas atentamente por las demás personas antes de que sea tarde. Las tecnologías para producir energía de manera limpia existen desde hace décadas. Tienen razón los Premios Nobel al decir que es “el gran problema moral de nuestro tiempo” y que las generaciones futuras nos lo reprocharán.
Quienes lideran el mundo no toman conciencia. El actual gobierno argentino (como el anterior y el anterior) apuesta a extraer hidrocarburos con Vaca Muerta como Vaca Sagrada.
TRES OPCIONES
Frente a esto surgen algunas preguntas. Si los líderes no les dan respuesta a ellos ¿por qué nos escucharían a nosotros? ¿Qué sentido tiene restaurar ecosistemas si no modificamos lo que causa el daño? ¿Qué pasa con nuestros líderes? Y no me refiero a Biden o Putin, sino a cada uno de los nuestros: los Fernández, pero también cada gobernador, cada intendente, cada legislador o legisladora… Arriesgo opciones:
1) No creen en lo que la ciencia dice que está pasando (como Trump o Bolsonaro), o bien 2) creen que la ciencia ya encontrará la forma de solucionar el asunto.
En los dos casos se trata de pensamiento mágico, inmaduro, infantil: una fe irracional frente a un problema gravísimo que, como advierte la ciencia digna, no nos da más tiempo.
Se suele decir que la causa de la crisis que estamos viviendo es un problema de conocimiento. Es decir, de los límites del conocimiento: cuando dio inicio la Revolución Industrial –hace casi tres siglos– la humanidad no tenía conocimiento de los cambios que producía en los ecosistemas esa civilización que construimos. Nuestros antepasados no podían imaginar el cambio climático y la extinción de miles de especies. Es cierto: las crisis ambientales son evidencia de los límites de nuestro conocimiento. Pero si eso excusa en parte el comportamiento de nuestros ancestros, ya no vale para nosotros. Hace mucho que sabemos que esto está ocurriendo.
Y cuesta entender que líderes de hoy, informados, actualizados, razonen así. Quizás haya una tercera opción que explica su inoperancia: 3) No se animan a hacer lo que se debe hacer. Temen al costo político.
HAY “EXPERTOS” Y EXPERTOS
¿Se imaginan frenar el desarrollo de todos los proyectos de explotación de petróleo, gas y carbón? ¿O renunciar a una producción basada en agroquímicos? El temor no es irracional.
Aquí es donde cobra importancia otra pregunta: ¿cómo se deben tomar las decisiones acerca de cuestiones que nos van a afectar a muchas personas? ¿Quiénes deben participar del proceso por el cual se autoriza una acción privada o pública cuando se sospecha que será riesgosa para la salud o el ambiente? ¿Está legitimado un órgano del Estado para autorizar acciones que nos perjudicarán, sin que tengamos la posibilidad de opinar, y mucho menos, de decidir al respecto?
Es una de las discusiones contemporáneas más importantes y, paradójicamente, casi nunca es abordada en estos términos. Por lo general, se discute cuando se consumó algún hecho que amenaza a las comunidades, o peor aun, cuando el desastre ya se produjo. Un ejemplo del primer caso fue la autorización a la instalación de Botnia frente a Gualeguaychú. Un caso del segundo tipo fue el derrame de un millón de litros de solución cianurada en San Juan, en la Mina Veladero, en 2016.
¿Pueden esas personas decidir en nombre de las personas que serán afectadas? ¿Es ético? ¿Es democrático? No. Ni ético, ni democrático. Nadie puede decidir por otros, porque en eso consiste la idea de autonomía. Es la misma razón por la que no puede haber más esclavitud. Si trasladamos la idea de autonomía de lo individual hacia lo colectivo, hablamos de “soberanía”: si algo afecta a todos, debemos decidirlo entre todos.
Pero ¿estamos de acuerdo en que si algo nos afectará a todos, debemos decidirlo entre todos? En la respuesta a esta pregunta está la clave de la respuesta que demos a los problemas ambientales. Quienes defienden el actual estado de cosas (gobiernos, “expertos”, empresarios) dicen que a estas cosas las deben definir ellos, no las puede decidir la comunidad, porque (según ellos) no sabemos de estas cosas. Y dicen que nos quedemos tranquilos, que ellos deciden según lo que le dicen los expertos.
Es cierto: las crisis ambientales son evidencia de los límites de nuestro conocimiento. Pero si eso excusa en parte el comportamiento de nuestros ancestros, ya no vale para nosotros. Hace mucho que sabemos que esto está ocurriendo.
AMBIENTALISMO BOBO
Pero es mentira. Deciden según lo que les dicen algunos expertos, los expertos vinculados a las empresas, los expertos que representan a quienes ganan con este sistema que destruye ecosistemas, especies y posibilidades presentes y futuras de la humanidad, expertos interesados en hacerles ganar dinero a algunas personas, y no expertos en que todos vivamos mejor.
Ya vimos que los principales expertos del mundo –premios Nobel, investigadores e investigadoras de la ciencia digna, equipos de investigación en Cambio Climático de las Naciones Unidas– les dicen con claridad lo que deben hacer… y no lo hacen. Y a quienes planteamos estas cosas, nos dicen que practicamos un “ambientalismo bobo”, que frena el progreso, que necesitamos dinero para hacer una sociedad sustentable y que está bien que salga de Vaca Muerta, o de la agroindustria depredadora. Porque, añaden, no hay otra manera de hacer las cosas.
En cambio hay cantidad de expertos que nos dicen que sí podemos vivir de otra manera, y muestran evidencia que lo sostiene. Por eso quienes queremos que las cosas no sigan así podemos decir: “Quiero que se instrumente la consulta a las comunidades. Quiero que las comunidades puedan escuchar a todos los expertos y formar su opinión. Prefiero confiar en el criterio de las comunidades y no en el de líderes que solo escuchan y hacen lo que le dicen expertos puestos por las empresas”.
LA IMPORTANCIA DE ESCAZÚ
La buena noticia es que ya tenemos elementos jurídicos para reclamarlo. Un detalle que gobiernos, expertos y comunicadores que se oponen a la licencia social no mencionan: nuestro país ya ha firmado compromisos internacionales en ese sentido. El principal es el llamado “Acuerdo de Escazú”.
Hace un año, el Congreso de la Nación ratificó el Acuerdo de Escazú, que en su artículo 7° establece “el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones ambientales, especialmente cuando existan acciones que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente o para la salud de la población”. Los tratados sobre derechos humanos que la Argentina ratifica pasan a tener jerarquía constitucional. De modo que el principio fundante de la licencia social, la idea que de la ciudadanía debe participar en la toma de decisiones que la afectan, ya está en nuestro entramado institucional.
El Acuerdo de Escazú establece en su artículo 7° “el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones ambientales cuando existan acciones que puedan tener un impacto sobre el medio ambiente o la salud de la población”.
En el prefacio se explica que con este Acuerdo, “asegurando la participación del público en todas las decisiones que lo afectan y estableciendo una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, nuestros países refutan la falsa dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. No puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente, y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías”.
El artículo 7 se dedica específicamente a la participación de la comunidad en las decisiones ambientales, y consta de 17 incisos (algunos de ellos que se subdividen en más puntos) detallando en ellos la forma en que debe ser garantizada la participación del público en los procesos de toma de decisiones.
Desde hace un año. Falta que se empiece a cumplir. Aunque la agenda electoral, política y mediática lo ignore deliberadamente y por completo.
