Entre la ampliación de la oferta de espacios y la construcción de una política integral de cuidados, con la desigualdad como trasfondo preocupante y urgente. Diego Gurvich y Laura Hoorn analizan las desigualdades (de género, de clase) en la política de cuidados, con eje en la primera infancia, y los desafíos que presenta.
“Pero la solidaridad – al menos a escala nacional – no se define por la donación y la generosidad, sino por el compartir cotidiano y por un conjunto de obligaciones, deudas y acreencias en favor de aquellos a quienes no conocemos pero de los cuales nos sentimos responsables.” (François Dubet)
Aún cuando vivimos desde hace años en un mundo interconectado, tener que enfrentar un acontecimiento de escala global como la emergencia de COVID-19 no parece haber puesto a nuestras sociedades a reflexionar sobre las causas y efectos de este devenir. Muy por el contrario, la disputa geopolítica por la provisión de vacunas es un ejemplo bastante concreto de cómo las naciones más desarrolladas conciben su lugar en el planeta. Y el lugar de las demás también.
Las desigualdades no son nuevas: ya estaban ahí antes de la pandemia y, en muchos casos, seguirán allí después. No obstante, la visibilización inédita de las brechas de inequidad puede ser la oportunidad perfecta para presionar sobre las agendas públicas.
La política de cuidados surge, entonces, como una enorme deuda por parte de las administraciones públicas.
En ese contexto, las tareas de cuidado, con todas sus adyacencias, abandonan la clandestinidad para tomar relevancia. Es claro que, al menos discursivamente, los estados empiezan a hacerse eco de algunas demandas de política pública que hasta el momento permanecían en las sombras. La política de cuidados surge, entonces, como una enorme deuda por parte de las administraciones públicas.
Apoyado fundamentalmente sobre el sistema educativo -en versiones de lo más variadas-, sobre un conjunto desarticulado de instituciones sociales y sobre la desigual oferta del mercado, el esquema actual de cuidado de la primera infancia ofrece sustento a un modo de reproducción de las relaciones sociales.
El escenario de hoy hunde sus raíces en el modo de producción capitalista y, como tal, es parte garante de la reproducción de esas relaciones de desigualdad. ¿Puede el sistema de cuidados presente, tal como está planteado, dar respuesta a esas demandas?
DE DESIGUALDAD Y OTRAS YERBAS
Nuestras sociedades modernas se construyen en base a una ecuación más bien básica que durante mucho tiempo se mantuvo subterránea: las relaciones de producción están garantizadas por una serie de relaciones de reproducción que son mayormente invisibles, que no son rentadas, y que descansan -por imperio de la cultura- en las mujeres. Estamos hablando de las tareas domésticas y de cuidado de niñes: todo un universo de acciones que permanecen en el ámbito privado, naturalizadas, pero que contribuyen a la reproducción de la fuerza de trabajo. La división sexual del trabajo determina que sean justamente las mujeres quienes desempeñan esas tareas y, cuando no son ellas en forma directa, las tercerizan en otras mujeres.
Esas determinaciones culturales han alimentado por siglos el hecho de que la provisión de bienestar social de la primera infancia recayera casi exclusivamente sobre la esfera familiar y/o comunitaria. En lo que refiere a la esfera estatal y a la esfera del mercado, la provisión de cuidados está menos extendida. No sólo porque la oferta es reducida en términos generales, sino que además, en el caso del mercado, depende de las posibilidades económicas de cada familia.
Las relaciones de producción están garantizadas por una serie de relaciones de reproducción que son mayormente invisibles, que no son rentadas, y que descansan -por imperio de la cultura- en las mujeres.
Una característica del cuidado de niñes es que la oferta de espacios de cuidado por parte del estado y del mercado está condicionada por la fuerza cultural de las relaciones sociales de género: de acuerdo a las estadísticas, los centros urbanos que más oferta tienen -ya sea estatal y/o privada- son aquellos donde las mujeres tienen más inserción en el mercado laboral. En contraposición, en ciudades más pequeñas y donde la oferta es menor, la tasa de empleabilidad de las mujeres madres es menor también. Ahora bien, ambas variables se retroalimentan negativamente: allí donde no hay oferta, las mujeres no pueden/no quieren trabajar porque no tienen cómo resolver simultáneamente el cuidado de sus hijes. En el otro extremo, los estados -y el mercado también- no amplían la oferta porque las mujeres “eligen” (las comillas son adrede) quedarse en casa a cuidar a sus niñes.
Desde ese punto de vista, y ante la ausencia de una política de cuidados, la emergencia sanitaria vino a profundizar la brecha de desigualdad en diferentes escalas. Por un lado, desde un enfoque de género, porque las tareas de cuidado (esto incluye las tareas domésticas y el cuidado de los niños/niñas, que durante este tiempo involucró además el acompañamiento educativo) recae mayoritariamente sobre las mujeres. Por el otro, desde un enfoque de posicionamiento de clase, porque los sectores vulnerables no sólo se encuentran en peores condiciones que antes para acceder a servicios de cuidado -una situación que deviene en o se articula con subempleo de las mujeres-, sino que también se encuentran en desventaja para llevar adelante, por ejemplo, las tareas de acompañamiento educativo. ¿Cómo encajan en ese marco las instituciones que proveen cuidados? ¿Qué cuidados proveen y cómo contribuyen -si lo hacen- a reducir la desigualdad?
SOBRE LA COBERTURA DE LA PRIMERA INFANCIA
A diferencia del nivel primario, la educación inicial es uno de los segmentos más dinámicos de los sistemas educativos de Latinoamérica. También es el más nuevo en términos de instalación social y, en el derrotero de su consolidación, compite con otras instituciones, como la familia y/u otros actores estatales o no gubernamentales que -en el marco de las instituciones de crianza, enseñanza y cuidado- se inscriben explícita o implícitamente en el campo del desarrollo o la promoción social.
Al 2021, América Latina presenta una situación relativamente igualitaria en la que casi todos los países alcanzan una cobertura de asistencia al último año de pre-primaria superior al 80%.
Aún cuando el nivel inicial se encuentra actualmente en expansión, los sentidos o preconceptos sobre los que se construye el derecho a la educación de ese tramo etario están todavía en discusión. La influencia de un arraigado sistema de creencias y valores determina una competencia entre diferentes actores sociales que se disputan legitimidad en esa construcción.
Presentados de forma muy esquemática, pueden señalarse espacios más orientados al cuidado y la contención, por lo general administrados por el estado y/o organizaciones sociales y enmarcados bajo el paraguas del Desarrollo o Promoción Social para los sectores más vulnerables; y, por otro lado, espacios orientados a la enseñanza, la socialización e introducción en el sistema educativo, con concurrencia del sector estatal y el privado, para los sectores medios y circuitos de élite construidos en clave de servicio, donde emergen la creatividad y el despliegue de las habilidades y deseos de niñas y niños. Criterios y realidades dispares.
Abonando esta segmentación, la ausencia de respuesta estatal a la demanda de espacios de cuidado responde en gran medida a este anclaje cultural bajo el supuesto que las familias no usan, no necesitan o no eligen esos espacios para la crianza de sus hijes. A contramano, en los estratos más altos las mujeres no postergan su inserción laboral, ya sea porque cuentan con recursos suficientes para tercerizar el cuidado y porque pueden recurrir al mercado de instituciones privadas o de personas contratadas para tal fin.
Está claro que tal elección no es real, y ante la dificultad de encontrar una manera viable de conseguir sustento y cuidar a niñas y niños -sobre todo en sus primeros años de vida-, desde las esferas familiar y comunitaria se han instrumentado una serie de respuestas. Así, a lo largo del tiempo, se han consolidado, en cada territorio, jardines maternales comunitarios, centros de atención infantil y organizaciones sociales, entre otros.
Abonando esta segmentación, la ausencia de respuesta estatal a la demanda de espacios de cuidado responde en gran medida a este anclaje cultural bajo el supuesto que las familias no usan, no necesitan o no eligen esos espacios para la crianza de sus hijes.
De un modo u otro, las inequidades que condicionan el acceso al cuidado y a la educación son subyacentes, se encuentran en la base de la desigualdad que nos aqueja como sociedad y son anteriores a la pandemia. Se trata de un aspecto que la política pública parece no terminar de abordar. Sin embargo, aparece como un tema urgente durante la pandemia, dado que esta situación profundizó dramáticamente desigualdades de acceso y oportunidades.
El sistema de atención a la primera infancia y la red de crianza, enseñanza y cuidado en Argentina no son realmente ni un sistema ni una red. Se tratan más bien de un conjunto de estrategias para la reproducción social con pocos vasos comunicantes entre sí, integrado por formatos institucionales y no institucionales de lo más variados y orientados a dialogar con públicos específicos.
El estado ha presentado diferentes, pero muy acotadas, estrategias para atender la situación. Por un lado, desde las instituciones pertenecientes al sistema educativo la progresiva formalización del nivel inicial acompañada de la extensión de la obligatoriedad constituye una vía que ha demostrado su eficacia, a la par que encuentra rápidamente su límite. Eficacia en la medida en que los esfuerzos por garantizar la cobertura desde la sala de cuatro y cinco años permitió extender la inclusión de niñas y niños por encima del ochenta por ciento (80%) para la primera y de acceso casi universal (96,3%) para la segunda, como señalan Steinberg y Giacometti.
En relación al límite, podría señalarse algún reparo acerca de si es el sistema educativo formal el ámbito institucional mejor ponderado socialmente para hacerse cargo de niñas y niños de hasta tres años, más allá de la carga presupuestaria que significaría universalizar realmente espacios de cuidado para niñes de ese rango etario.
Respecto de la cobertura y el acceso a servicios de cuidados de la primera infancia, la evidencia es elocuente: no sólo no alcanza al universo de las niñas y niños comprendidos entre los 3 y 5 años -habida cuenta de la vigencia de leyes nacionales y provinciales que regulan al menos la obligatoriedad de la educación a partir de los 4 años-, sino que además provee servicios de calidades disímiles, reforzando la existencia de escuelas pobres para niñes pobres. Asimismo, y considerando la población que va de los 45 días a los dos años, encontramos una cobertura inexistente en la práctica, librada al azar del mercado y las chances de cada hogar de disponer recursos para eso. En la otra vereda, las organizaciones sociales proveen bienestar en la medida de sus posibilidades reproduciendo aquí también la segmentación.
DESAFÍOS DEL PRESENTE Y EL FUTURO
En la actualidad, el enfoque basado en el ejercicio de los derechos y la ciudadanía plena despeja el camino hacia la consecución de la igualdad a la vez que abre un debate profundo en aquellas sociedades donde los privilegios asociados a la posición de clase son persistentes, en detrimento del bienestar de las mayorías.
No obstante, es imperativo evidenciar los aspectos multidimensionales de la desigualdad: allí donde prevalece la desigualdad de ingresos aparecen también otros atributos que profundizan esa brecha. Así, el género, la etnia o la edad se constituyen en ejes de desigualdad que operan al interior de las posiciones de clase.
A través de los años, el cuidado de la primera infancia se ha visto envuelto en debates respecto de los beneficios de sumar tempranamente a les niñes a la escuela u otros ámbitos que se le parecen bastante. En ese debate -además de las preguntas sobre el bienestar de los niños y niñas- se mezclan también las necesidades de cuidado que se desprenden de la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. La pandemia de COVID-19 no sólo puso en evidencia esos déficits, también los hizo más profundos y dolorosos.
En la agenda que viene, las tareas de cuidado no pueden seguir en la trastienda de la vida productiva: contribuir a su visibilización es parte del camino a construir. En esa línea, el diseño de una política pública debe tener en cuenta la confluencia de la necesidad de sostener espacios que provean cuidados en virtud del derecho de los niños y niñas, y, también, en virtud del derecho de las mujeres a ingresar al mercado laboral. Asimismo, es necesario considerar que al interior de la primera infancia ya conviven espacios de cuidado que generan y refuerzan la desigualdad, de forma tal de incluir en ese diseño aspectos vinculados al desarrollo económico sostenible, que dé sustento a un modo nuevo y más igualitario de asunción de los cuidados y que, al mismo tiempo, ofrezca más y mejores opciones de inserción laboral a las mujeres.
En la agenda que viene, las tareas de cuidado no pueden seguir en la trastienda de la vida productiva: contribuir a su visibilización es parte del camino a construir. En esa línea, el diseño de una política pública debe tener en cuenta la confluencia de la necesidad de sostener espacios que provean cuidados en virtud del derecho de los niños y niñas, y, también, en virtud del derecho de las mujeres a ingresar al mercado laboral.
Reconocer la matriz hegemónica en el modelo de desarrollo también es una cuenta pendiente que atraviesa el cuidado de la primera infancia. En ese sentido, vale recalcar que los procesos de expansión del sistema educativo, en todos los casos, si bien contribuyeron en ampliar la oferta y en mejorar el acceso de los diferentes grupos etarios a la escuela, no lograron moderar la segmentación ni la fragmentación.
Para el nivel inicial en particular, estamos obligados a pensar ese acceso en dos vías. Una que contemple el bienestar de les niñes, su desarrollo integral e inclusión. La otra, que combine estos aspectos con la inserción laboral de las madres, y que en el mediano y largo plazo, contribuya a morigerar los efectos que la asunción de las tareas de cuidado tiene sobre las trayectorias vitales de las mujeres: más horas de trabajo, peores trabajos, peores salarios, menos oportunidades de formación y capacitación, menos tiempo de ocio.
Deberemos, a su vez, sumar a la discusión si es éste el modo de (re)producción que queremos reproducir como sociedad. Apoyado sobre estructuras y convenciones que relegan a las mujeres, forzando a las generaciones más jóvenes a elegir entre maternar o estudiar; o entre maternar o trabajar. Y en muchos casos, obligándolas a caer en la pobreza cuando no pueden cargar sobre los hombros la totalidad de esas tareas. ¿Qué sistema de organización social seremos capaces de construir en el futuro inmediato, con el desafío de garantizar el desarrollo humano sin reproducir las desigualdades que dice combatir? ¿Qué instituciones será necesario inventar para eso?
A un año y medio de la emergencia sanitaria, las condiciones de inequidad de la primera infancia siguen allí, aún más profundas que antes. La arquitectura de una política social que pretenda dar solución a la demanda de los cuidados es una agenda urgente que puja por alumbrar un horizonte de solidaridad.
