Las cámaras de seguridad se han vuelto una presencia constante y extendida en nuestro paisaje urbano. Gian Guido Nobili nos advierte sobre sus potencialidades, riesgos y limitaciones al momento de encarar una política integral y eficaz de seguridad.
En la Argentina acostumbramos discutir sobre políticas de seguridad como de fútbol, con más emoción que información empírica. Predomina el componente ideológico. Las políticas preventivas basadas en los expandir derechos sociales son correctas según una perspectiva progresista. Las políticas preventivas basadas en mayor vigilancia son las adecuadas desde una retórica en la que predomina un control eficiente para el derecho a la propiedad. Lo cierto es que cotidianamente conviven, mientras gana terreno el uso de la tecnología y la videovigilancia, cada vez más barata.
Buscando más claridad dialogamos con Gian Guido Nobili, director del Foro Italiano de Seguridad Urbana, jefe de seguridad Ciudadana y Legalidad de la región Emilia-Romagna. Pero en lugar de aportar certezas tranquilizadoras, cuestiona uno de los objetos de deseo más frecuentes entre los demandantes de seguridad: “La videovigilancia parece resultar escasamente eficaz para reducir la criminalidad en los centros urbanos y en zonas residenciales, y, en contrapartida, consigue los mejores resultados en espacios relativamente limitados y con un acceso controlado. Influye escasamente en los delitos relacionados con el consumo de alcohol y los actos de violencia no deliberados, mientras que arroja mejores resultados en delitos con un mayor grado de premeditación”.
Lo cierto es que la oferta genera demanda: los promotores de las compañías que producen tecnología de vigilancia cada vez más barata ofrecen soluciones a la preocupación ciudadana difíciles de rechazar. Mientras, se adhiere acrítica a la fantasía del control virtual ofrendando su privacidad. Nobili, en conversación con La Vanguardia, nos ayuda a revisar algunas categorías rígidas y analizar la prevención integrando estrategias.
«El uso del espacio público influye de manera contundente sobre la percepción de seguridad. Sabemos que los espacios públicos muy poco utilizados y desolados provocan miedo».
¿Las políticas de seguridad ciudadana y prevención se parecen cada vez más en gobiernos progresistas y conservadores?
El hecho de que las medidas tradicionales, tanto disuasivas como rehabilitativas, no hayan demostrado ser eficaces en contrastar el crecimiento de la criminalidad y de la tasa de encarcelamiento, ha causado al final del siglo pasado la búsqueda de nuevas estrategias. Consecuentemente, de nuevos actores y nuevos contextos por la realización de actividades preventivas.
Sin duda, cuando se desarrollaron las primeras medidas de prevención en Europa, surgieron dos modelos de prevención muy distintos según el enfoque político. Mientras en la Europa del Sur, bajo la influencia de un modelo francés de prevención promovido en principio en particular por los alcaldes socialistas, se acentuó hasta algún tiempo atrás la prevención social y comunitaria. En el contexto inglés, hegemonizado por un enfoque conservador, se dio siempre más relevancia a la prevención situacional y al conjunto de las medidas de carácter social-comunitario que confluyen bajo el concepto de community safety.
El primer modelo refuerza la cohesión social abordando las vulnerabilidades de los grupos sociales urbanos marginados o excluidos y contribuye a disminuir las brechas sociales. La prevención social busca también fortalecer las instituciones democráticas y la defensa de los derechos de los ciudadanos a través de la participación y la corresponsabilidad.
El segundo modelo de la prevención situacional, que se afirmó en los años ochenta del siglo pasado en el Reino Unido, prioriza las características físicas o ambientales que propician la violencia. Se basa en el principio de que la vigilancia natural de los espacios a cargo de los mismos vecinos permite obstruir la comisión de delitos al reducir las oportunidades de los delincuentes potenciales. A la vez, pone énfasis en las circunstancias ambientales que favorecen la perpetración de delitos. La prevención situacional se articula con las políticas urbanas de mejoramiento de la infraestructura básica, los espacios públicos y barrios. Es esencialmente disuasoria.
Sin embargo, la distinción entre estos dos modelos ahora es más imprecisa y creo que se puede reconocer una homogeneización a nivel europeo de una extrema relevancia de la prevención situacional y la declinación de la prevención social, tanto en el discurso como en las prácticas.
¿Por qué hay un predominio de las políticas ambientales?
A nivel mundial las ciudades se enfrentan a importantes desafíos y amenazas como el terrorismo y el crimen organizado, pero también a los actos incivicos, a los delitos definidos menores y a los nuevos riesgos para la salud, que afectan a la sensación de seguridad de los ciudadanos.
Estos retos perjudican la vitalidad y la seguridad de los espacios públicos urbanos y amenazan el bienestar de las poblaciones. En este contexto, el miedo a la inmigración, el aumento de la diversidad, el crecimiento de la polarización social y económica, la privatización y la fragmentación del espacio público nos llaman a desarrollar «la capacidad de vivir con la diferencia». Este factor se pone como la cuestión clave de nuestro tiempo.
Los espacios públicos son lugares donde conviven diferencias, emociones, espontaneidad, diversión e incluso imprevisibilidad; donde diversas poblaciones se unen, coexisten e interactúan en encuentros inciertos. En los espacios públicos se combinan con presencia y proximidad física con relativo anonimato.
El uso del espacio público influye de manera contundente sobre la percepción de seguridad. Sabemos que los espacios públicos muy poco utilizados y desolados provocan miedo. A diferencia de otros bienes públicos, donde cuánto más otros los utilizan menos valor tiene para el individuo, el espacio público no sufre la congestión de la misma forma, de modo que un determinado uso puede ser beneficioso para todos. No obstante, existen puntos de quiebre cuando los espacios públicos son dominados por ciertos grupos, lo que los hace menos acogedores para los demás. Además, las políticas de seguridad ciudadana en los espacios públicos a veces pueden generar conflictos con otros bienes públicos o privados.
En las últimas décadas, muchas autoridades tanto locales como estatales han tratado de fortalecer la seguridad en los espacios públicos a través de varias estrategias de prevención situacional de la criminalidad y mantenimiento del orden, pero al hacerlo o intentarlo de manera exclusiva corren el serio riesgo de convertir estos espacios en zonas estériles, en fortalezas excluyentes.
Además, existe una tendencia general de las políticas públicas a nivel mundial a preferir las soluciones tecnológicas, es decir, el hardware, a las soluciones humanas con respeto al tema de la seguridad ciudadana y a la preocupaciones de las comunidades, con menos preocupación por la intersección entre los procesos sociales y tecnológicos.
«La videovigilancia parece resultar escasamente eficaz para reducir la criminalidad en los centros urbanos y en zonas residenciales, y, en contrapartida, consigue los mejores resultados en espacios relativamente limitados y con un acceso controlado».
¿Las cámaras y los centros de monitoreo están sobrevalorados como la respuesta prioritaria a la seguridad?
Comúnmente se tiende a confundir los conceptos de la función de disuasión (deterrence) y de detección de la videovigilancia. La primera se refiere a la capacidad del instrumento de prevenir el delito y la segunda, a la capacidad del instrumento de identificar al autor del delito cuando ya fue cometido. La primera es una función típica de las políticas locales de seguridad ciudadana, la segunda, de detección, es una función típica de las políticas nacionales de seguridad.
Los estudios científicos más rigurosos desarrollados a nivel internacional muestran que tanto en los centros urbanos como en los transportes públicos los efectos varían según la tipología de delito que se desea prevenir o contrastar. En general los resultados son tendencialmente modestos. Se asiste a una baja contenida de la delincuencia, estadísticamente poco significativa. Sólo en los estacionamientos de coches se asiste a una drástica reducción de la delincuencia, estadísticamente significativa, con una contracción importante de los robos sobre los vehículos. La reducción se refiere sólo a este tipo de delitos y no al total de la delincuencia.
La videovigilancia parece resultar escasamente eficaz para reducir la criminalidad en los centros urbanos y en zonas residenciales, y, en contrapartida, consigue los mejores resultados en espacios relativamente limitados y con un acceso controlado (los aparcamientos de coches, hospitales, centros comerciales, etc.). Asimismo, influye escasamente en los delitos relacionados con el consumo de alcohol y los actos de violencia no deliberados, mientras que arroja mejores resultados en delitos con un mayor grado de premeditación. Otros estudios también señalan la presencia de un «efecto halo» (es decir, la reducción de la criminalidad en áreas colindantes) y, con menor frecuencia, un desplazamiento de los delitos. Las características técnicas de cada sistema concreto parecen ejercer una influencia marginal, ya sea en positivo o en negativo, sobre la eficacia del mismo.
En todo caso parece que la videovigilancia es más eficaz en contener los delitos contra la propiedad privada. En este sentido, los delitos de tipo instrumental como los robos o los atracos, que regularmente descienden de motivaciones oportunistas, resultan influenciados por la presencia de las cámaras, mientras en los delitos de tipo expresivo, que nacen de acciones impulsivas, (como las agresiones o el vandalismo contra bienes públicos) los beneficios son bastante reducidos.
Los efectos de los sistemas de videovigilancia son más prometedores si se pasa de la prevención del crimen a la investigación criminal, en esta diferente perspectiva estos sistemas se presentan como una herramienta más valiosa para buscar evidencias una vez que se ha cometido un delito, sin embargo, también hay estudios recientes que cuestionan estas específicas conclusiones.
Las cámaras de seguridad son muy solicitadas, posiblemente asociadas con el deseo de la vigilancia absoluta: ¿logran alcanzar los resultados o al menos a satisfacer las expectativas ciudadanas?
Según las conclusiones de encuestas de victimización y otros estudios de investigación, hay escasas pruebas de que la videovigilancia reduzca el miedo a la delincuencia.
La videovigilancia no desempeña una función relevante frente al miedo a la delincuencia. En efecto, quienes son conscientes de la presencia de cámaras admiten mayores niveles de temor que quienes no son conscientes de ellas. La presencia de videovigilancia en una zona aumenta la inquietud sobre la delincuencia, quizás debido a que la supuesta necesidad de estos sistemas hace parecer la zona más problemática de lo que los residentes pensaban en un primer momento.
En conclusión, la mayoría de las encuestas más rigurosas realizadas al público en todas las áreas cubiertas por los sistemas de videovigilancia estudiados, pusieron de manifiesto la escasez de indicios de que se hubieran producido cambios significativos en el comportamiento de los sujetos o bien en los niveles de temor o preocupación por la delincuencia.
Según Kevin Haggarty, un criminólogo canadiense que escribe sobre temas de vigilancia, tal vez uno de los mitos más seductores que debamos cuestionarnos sea la suposición, aparentemente tranquilizadora, de que existen «soluciones de vigilancia» para afrontar problemas sociales.
«El operador humano a menudo constituye un escollo clave en los sistemas de videovigilancia, ya que tiene que ocuparse de las cantidades ingentes de información proporcionada».
El abaratamiento de las cámaras de seguridad y de los software analíticos de imágenes los hace más accesibles: ¿A qué tipo de problemas de seguridad deben orientarse?
Los importantes avances tecnológicos de los últimos años también han afectado a la videovigilancia, que rápidamente se está volviendo «inteligente». El operador humano a menudo constituye un escollo clave en los sistemas de videovigilancia, ya que tiene que ocuparse de las cantidades ingentes de información proporcionada. En la mayor parte de los casos, la gran cantidad de cámaras hace que resulte imposible para los oficiales de policía poder ver todo el material en tiempo real.
Por ello las empresas de desarrollo tecnológico han intentado producir sistemas inteligentes. Elaboran herramientas que podrían asistir al operador a la hora de seleccionar las pantallas en las que se producen incidentes. En la actualidad, las cámaras controladas por ordenador son capaces de identificar, rastrear y clasificar objetos en su campo visual. El análisis del contenido del vídeo es capaz de analizar automáticamente el material, detectar y determinar actos basándose en más de una imagen.
El análisis del contenido del vídeo también puede rastrear personas en un mapa calculando su posición a partir de las imágenes, conectar muchas cámaras y rastrear a una persona a través de un recinto, haciendo posible el seguimiento del sujeto sin tener que analizar cientos de horas de filmación. Hay una diferencia significativa entre el tratamiento de datos dentro de las cámaras y el realizado por un servidor central.
Otro tipo de software que se usa en los sistemas de videovigilancia en varios países es el Reconocimiento Automático de Matrículas (ANPR, por sus siglas en inglés). Esta tecnología utiliza cámaras para leer y almacenar los números de matrícula de los vehículos que pasan, mediante un software de reconocimiento de patrones. Es capaz de captar imágenes de una gran cantidad de vehículos y alertar a la policía sobre vehículos o propietarios registrados perseguidos por algún delito.
En el Reino Unido estas grabaciones se almacenan en el Centro Nacional de Datos ANPR y luego se cruzan con una variedad de bases de datos, incluido el Registro Informático de la Policía Nacional, los sistemas locales de inteligencia y la Agencia de Licencias de Conductores y Vehículos. Se pueden almacenar cerca de 50 millones de matrículas por día en el Centro de Datos ANPR. El ANPR registra datos de todos los vehículos, no sólo aquellos implicados en un delito. Los datos recabados permanecen almacenados durante cinco años.
Las cámaras detectan imágenes o matrículas y en algunos casos una fotografía nítida del conductor. Hay que agregar que los opositores como Privacy International han criticado el almacenamiento de imágenes sin consentimiento cuando no se ha cometido ningún delito. En algunos países, como Italia, este sistema proporciona también información sobre si se han pagado seguros de los autos o cuándo se realizó la última verificación técnica.
De esta manera, el desarrollo de inteligencia en los sistemas de videovigilancia, puede facilitar la obtención de pruebas, la gestión de incidencias y la reducción del delito, más que todo situacional, ya sea mediante la prevención o por la vía de la disuasión.
Todos estos sistemas del futuro traerán consigo problemáticas particulares respecto de la respuesta policial y la sensación de seguridad de las personas; pero también podrían repercutir en la percepción de intromisión por parte del gobierno en la vida privada.
Si la eficiencia del monitoreo con cámaras es limitada, ¿por qué cree que sigue expandiéndose?
Al observar los usos diferentes de la videovigilancia y la evolución histórica de estos sistemas en los distintos países, se pueden identificar algunas variables que permiten explicar la demanda de videovigilancia por parte de la asociación de ciudadanos.
El hecho de que otras ciudades ya utilicen tecnologías como la videovigilancia puede ser un factor que determine la decisión de adherirse a ellas. En un territorio dado, la presencia de videovigilancia puede ejercer presión en otros territorios cercanos para instalarla en el mismo lugar. Las ciudades o los diferentes barrios de una misma ciudad no desean quedarse rezagadas: un funcionario local puede que no quiera dar la impresión de que no hace todo lo que esté a su alcance, incluido el uso de tecnologías de punta, para brindar seguridad a los ciudadanos locales. Más allá del mimetismo o de la posible información sobre buenas experiencias, existen casos en los que las autoridades locales se ven obligadas a ponerse al día, en especial cuando deben evitar el efecto del desplazamiento en sus territorios. Por ejemplo, si en los municipios aledaños se ha instalado un sistema de videovigilancia, es posible que algunos actos no deseados se desplacen al municipio cercano que no cuente con dicho sistema.
Además, hay que considerar que la oferta crea su propia demanda, entonces no podemos subestimar el papel de los actores privados. Las ofertas que realizan las empresas privadas de seguridad a centros comerciales, edificios públicos y al transporte público también pueden identificarse como un factor que ha contribuido a la utilización de tecnología de vigilancia y a reforzar la demanda por parte de la asociación de ciudadanos. Los fabricantes han vendido, y quizás en exceso, sistemas de videovigilancia, dispuestos a rentabilizar los temores de las personas y la preocupación de los políticos por dar con la «panacea» capaz de aplacar al electorado angustiado por la delincuencia callejera y de proporcionar «resultados» rápidos, bajo la forma de cámaras.
«Los fabricantes han vendido, y quizás en exceso, sistemas de videovigilancia, dispuestos a rentabilizar los temores de las personas y la preocupación de los políticos por dar con la «panacea» capaz de aplacar al electorado angustiado por la delincuencia callejera y de proporcionar «resultados» rápidos, bajo la forma de cámaras».
¿Llegó el momento de empezar a retirar cámara?
Desde mi punto de vista, sugerir que la videovigilancia es un fracaso resulta igual de engañoso que escuchar las voces excesivamente triunfalistas que desde el sector de las empresas de seguridad trompetean su éxito incuestionable.
Teniendo en cuenta que la tecnología proporciona a las autoridades locales y regionales nuevas herramientas y oportunidades, los sistemas de videovigilancia deben ser integrados en una estrategia de seguridad urbana local, inclusiva y de varias agencias, que aborde las complejidades subyacentes a la inseguridad ciudadana y no se reduzca a una mera gestión técnica del riesgo.
En este sentido, es importante destacar que la videovigilancia no debería considerarse una solución en sí misma, sino más bien una de tantas herramientas que se utilizan para implementar la estrategia general de seguridad ciudadana. La instalación de un sistema no constituye un fin en sí mismo y su instalación se justificará si el equipo se estima «necesario». La videovigilancia no es más que una herramienta: exige la intervención del ser humano, adecuadamente preparado y entrenado, para funcionar con el máximo nivel de eficacia y hay también que agregar que los problemas que ayuda a resolver son muy complejos.
En este sentido, también es necesario fomentar una mayor concientización de la clase política y de las comunidades locales: reducir y prevenir el crimen no es tarea fácil. Una solución mal planificada, desproporcionada o inadecuada, muy difícilmente va a funcionar a pesar de las inversiones económicas y humanas que se puedan eventualmente activar.
Como se indicó en la “Carta para el uso democrático de la vigilancia por vídeo” del Foro Europeo para la Seguridad Urbana, la pregunta clave no debe ser «queremos instalar el sistema de videovigilancia, ¿cómo podemos justificarlo?», sino más bien: «¿cuál es la solución más adecuada a este problema de seguridad?».
Asimismo, es importante subrayar que el despliegue de un sistema de videovigilancia debe ser adecuado y proporcionado al problema identificado. La proporcionalidad es, por encima de todo, la adecuación entre los objetivos definidos y los medios empleados para lograrlos. Finalmente, el equilibrio y la adecuación exigen que los sistemas de videovigilancia no sean la única respuesta desarrollada para la prevención del delito, sino que formen parte de un plan de seguridad general e integral capaz de tomar en cuenta todos los elementos del contexto ambiental, social y económico.
