Pasaron tres ministros. Investigaciones por corrupción y espionaje a empresarios, sindicalistas, políticos y periodistas. El gobierno cedió el gobierno de la seguridad a policías de la vieja escuela. Llegando a un record de homicidios. Extorsiones. Abandono de la Nación.
Los santafesinos y santafesinas recordamos con asombro la campaña electoral de 2019, donde se eligió al actual Gobernador de la Provincia. En aquel momento, y desde hacía tiempo, la inseguridad era una problemática creciente. Encabezaba el podio de las principales preocupaciones sociales en las ciudades de mayor volumen.
Omar Perotti y su equipo de campaña supieron entender rápidamente ese ánimo social. Encararon una campaña basada en la seguridad, con enormes críticas a la gestión del Frente Progresista Cívico y Social. Su slogan fue: “Ahora, la Paz y el orden”.
La campaña supo generar expectativa en una población conmovida por el miedo y la inseguridad, más la unificación del peronismo, lograron que Perotti se convierta en Gobernador después de doce años de gestiones del Frente Progresista.
El Gobernador asumió el 11 de diciembre de 2019, con promesas de cumplir lo que había dicho durante la campaña, graves y falsas acusaciones y severas críticas a la gestión anterior. Puso en funciones a Marcelo Saín como Ministro de Seguridad y decidió cerrar el Estado en enero (vieja práctica del Peronismo santafesino de los noventa).
ESPIONAJE Y AUDIOS
El nuevo ministro de Seguridad comenzó a tener rápidamente un papel central en el gobierno. Su estilo “beligerante” comenzó a llamar la atención de periodistas y de algunos actores políticos. Saín se dedicó a salir constantemente en los medios de comunicación, fustigando la gestión anterior, a los líderes de la oposición, a referentes de la sociedad y también a periodistas con declaraciones rimbombantes. Empezaron a circular sus famosos audios de WhatsApp.
Mientras veíamos crecer el perfil mediático del ministro y dinamitar los canales institucionales empezaron a subir los índices de delito. Lo que logró bajar durante la gestión del Frente Progresista comenzó a subir nuevamente. También el descontrol policial, la falta de presencia policial, de prevención y de políticas sociales integrales.
La falta de plan y de equipos con experiencia, idoneidad y voluntad para gestionar una realidad profundamente compleja, se hizo cada vez más notoria.
Dio de baja los programas de prevención e inclusión como el Plan Abre, Vuelvo a Estudiar y limitó el Nueva Oportunidad.
El gobierno no sólo no innovó en políticas contra la inseguridad, sino que eliminó o redujo las políticas integrales heredadas, que tenían aceptación social y política y que habían demostrado efectos positivos en la reducción del delito.
Abandonó el Plan Abre para reemplazarlo por el Plan Incluir, que equiparó a los barrios más vulnerados de las ciudades con cualquier localidad para el mero reparto de fondos. Dio de baja el Vuelvo a Estudiar y limitó el Nueva Oportunidad.
Asimismo, abandonó los dispositivos multiagenciales: espacios de encuentro territorial donde convergían autoridades ministeriales, policiales, municipales y de la propia justicia para actuar en conjunto a través de allanamientos, políticas de pacificación y fomento de la convivencia, obras públicas y políticas sociales pensadas para cada uno de los territorios a abordar.
DESGOBIERNO POLITICO DE LA SEGURIDAD
Mientras el descontento iba creciendo se empezaron a conocer noticias sobre desmanejos y posibles actos de corrupción dentro del propio Ministerio de Seguridad que llevaron a la salida del ministro Saín.
Marcelo Saín y muchos integrantes de su equipo están imputados en una causa por corrupción por el intento de dirigir una compra de armas multimillonaria hacia una empresa israelí. También está siendo investigado por supuesto espionaje ilegal contra políticos, periodistas, sindicalistas y empresarios.
A casi tres años de la asunción de Omar Perotti como gobernador, el Ministerio de Seguridad pasó a estar en manos de un tercer ministro. Cedió el control político a un ex integrante de la Fuerza policial como es Rimoldi.
El aumento de extorsiones y balaceras al Centro de Justicia, a escuelas, a lugares gastronómicos y espacios públicos son noticias cotidianas.
Vemos con mucha preocupación como los índices han empeorado notoriamente. En Rosario superamos los 215 homicidios dolosos. Las proyecciones indican que vamos a superar la marca más alta y dolorosa ocurrida en nuestra ciudad que data del 2013. La muerte de niños y niñas, así como el involucramiento de mujeres en redes delictivas es cada vez más frecuente. El aumento de extorsiones y balaceras al Centro de Justicia, a escuelas, a lugares gastronómicos y espacios públicos son noticias cotidianas.
La reacción del gobierno es casi nula. No sólo no se conoce un plan concreto ni equipo político que acompañe al Ministro, sino que los niveles de subejecución del presupuesto en materia de seguridad y áreas sociales son alarmantes e inexplicables para una provincia con las complejidades descritas.
Se le suma el constante cambio de jefes policiales y sus equipos y las graves dificultades de gestión que hacen que ni siquiera veamos patrulleros recorriendo las principales ciudades.
CRIMEN ORGANIZADO, GOBIERNO DESORGANIZADO
Nadie dice que sea fácil gestionar la seguridad en una Provincia tan compleja. Nadie dice que pueda hacerse sólo, sin las otras fuerzas políticas e institucionales y sobre todo sin el Estado Nacional. Lo que sí decimos es que hace falta un plan y un gran acuerdo político a diez años para tratar a la seguridad como una cuestión de Estado.
Ese acuerdo debe abordar la cuestión policial y su control, debe tratar de reforzar la justicia penal, pensar y ejecutar políticas sociales de calidad, pero sobre todo debe tener una pata nacional.
Necesitamos que el gobierno nacional … aborde con seriedad el control de los 32 puertos provinciales, su hidrovía y las rutas nacionales, que se implemente el sistema acusatorio y se ponga la mirada en la justicia federal.
En Santa Fe necesitamos que el gobierno nacional sea un pleno integrante de sus políticas, que se aborde con seriedad el control de los 32 puertos provinciales, su hidrovía y las rutas nacionales, que se implemente el sistema acusatorio y se ponga la mirada en la justicia federal (prácticamente inexistente), que todas las fuerzas de seguridad que tengan presencia permanente lo hagan de manera estable y bajo un control político coordinado.
En definitiva, necesitamos un gobierno que se plante ante el gobierno nacional y que convoque a todos los actores políticos a construir consenso, pero sobre todo que entienda que la seguridad es cosa seria y que no se puede hacer demagogia electoral con ella, porque aquí vemos los resultados: aumento de inseguridad, angustia y desesperanza.
